Cuarenta y siete años después, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la inspección de la dependencia policial de CABA ubicada en avenida Vélez Sarsfield 170, en el límite entre Parque Patricios y Barracas, lugar donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas en la última dictadura cívico-militar.

Pese a que informen que funciona como comisaria, los propios oficiales que desarrollan tareas en el lugar -el edificio de la ex dependencia n°28- mantiene alojados a detenidos en condiciones de hacinamiento. En el mismo lugar donde hace casi cinco décadas se aplicaban severos tormentos a detenidos desaparecidos.

Dicha orden de inspección se encausa en la investigación por la desaparición forzada de Ricardo Cattadini, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) afín a Montoneros, detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina el 17 de agosto de 1976. “Según el testimonio de otra persona que fue detenida con él, Ricardo fue llevado en patrullero a la comisaría 28. Desde entonces está desaparecido. Su caso es el más evidentes (hay condenas firmes por el secuestro y las torturas) que sustentan el pedido para que se identifique y señalice el lugar como Centro Clandestino de Detención” (Sur Capitalino, 1/5).

Decisión y sentencia judicial que incumplió el Ejecutivo local de Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio-Pro) quien firmó destinar dicho emplazamiento como espacio para descomprimir la cantidad de reos albergados en las comisarías. “Es muy fuerte ver los calabozos que aún hoy siguen utilizando, de 2×1, sin ventanas, en condiciones de hacinamiento terribles (…) Yo nunca había estado en este lugar. Es conmovedor pensar que en este espacio Ricardo pudo haber vivido sus últimos momentos, es trágico”, afirman Roberto y Graciela, hermanos del joven activista desaparecido.

El pasado 30 de abril, vecinos y trabajadores de la Asamblea Popular de Barracas, junto a organizaciones sociales y derechos humanos, realizaron una marcha de antorchas a las puertas de la ex comisaria, en reclamo del cumplimiento de señalización, y la apertura de los documentos de la dictadura, que permita saber qué sucedió con los compañerxs detenidxs desparecidxs.

A cuarenta y ocho años del golpe, y cuarenta del retorno de la democracia, las denuncias por las paupérrimas condiciones de vida, en las mismas celdas donde antes funcionaba un centro de torturas y exterminio, son las demostración que las bases para desarrollar la represión al pueblo trabajador no cambian, en dictadura cívico-militar o democracia. Represión para poder seguir llevando adelante la entrega de las riquezas del país a los grandes pulpos empresariales.

Más que nunca, para derrotar al gobierno ultraderechista, negacionista y proimpunidad, encabezado por Javier Milei, como sucedió el pasado 24 de marzo con una histórica y multitudinaria movilización, a seguir ganando las calles por el juicio y castigo a los criminales de ayer y hoy, tanto a los responsables políticos y materiales del terrorismo de Estado. Por la inmediata apertura de los documentos de la dictadura. Basta de represión, desmantelamiento del aparato represivo. Terminemos con el maltrato y hacinamiento de los detenidos.

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