El gobierno de Uñac condena a las mujeres y diversidades sanjuaninas a la pobreza, dejándolas inermes frente a todo tipo de violencias. A su vez, la injerencia clerical en las diferentes esferas del Estado obstruye el derecho al aborto, conquistado mediante la lucha callejera.

Desde el año 2015, Adriana Ginestar es Directora de la Mujer, Género y Diversidad y poco ha cambiado la situación: los casos registrados de violencia de género en la provincia durante el 2022 fueron 8.700 y hubo dos femicidios. Se trata de un subregistro dado que el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) solo recibe denuncias en caso de violencia física. Además, no están contabilizadas las víctimas que no radican la denuncia por falta independencia económica para emanciparse del agresor o por el trato revictimizante que reciben las mujeres de parte de la Justicia.

Por otro lado, la impunidad es la norma: las denuncias terminan, en el mejor de los casos, con perimetrales que no se cumplen y penas, cuando las hay, de hasta 6 meses de cumplimiento condicional, es decir, se cumplen en libertad.

A su vez, las asistencia estatal a las víctimas de violencia de género es absolutamente insuficiente. Muestra de ello es que existen solo dos refugios en toda la provincia, que suman 55 plazas, donde solo reciben a madres con hijas mujeres e hijos varones de hasta 12 años de edad. Tampoco existe ningún tipo de ayuda económica para las mujeres en esa situación, más allá del miserable monto del Programa Acompañar. El gobierno de Uñac, por su parte, se encarga de ajustar año a año el presupuesto de género y de subejecutarlo.

En la provincia, la situación de las trabajadoras es cada vez peor. La brecha salarial entre varones y mujeres alcanza el 25,6%, una de las más altas del país. Al mismo tiempo, son las principales afectadas por la precarización laboral. Sin ir más lejos, las cosechadoras de uva reciben entre $80 y $100 por gamela de 20 kgr y deben llevar sus hijes a las fincas con ellas al no existir dispositivos estatales donde sean cuidados.

Los gobiernos de los Gioja, Orrego y Uñac son los primeros en precarizar a las mujeres trabajadoras: en el sector público dejan de cobrar el ítem de productividad aquellas que presentan licencias por período menstrual. Tampoco garantizan lactarios y jardines de cuidado de niñes dentro de las dependencias estatales.

Por otro lado, el fuerte entrelazamiento con las iglesias bloquea derechos fundamentales de las mujeres y las diversidades como la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (Ley ESI) y la interrupción voluntaria del embarazo. Es moneda corriente que las personas que acuden a los hospitales de la provincia para practicarse un aborto sean hostigadas por sectores antiderechos.

Frente a este panorama alarmante, es necesario dar una lucha consecuente por las demandas de las mujeres y diversidades, contra el ajuste fondomonetarista de los gobiernos nacional y provincial y por la separación de la iglesia del Estado.

Este 14 de mayo votemos masivamente a la izquierda para reforzar la pelea por un Consejo de la Mujer Autónomo, con presupuesto propio; trabajo genuino con un sueldo básico de $200.000 para todos las y los trabajadores; la aplicación laica y científica de la ESI; la efectiva implementación de la Ley IVE en las clínicas, sanatorios y hospitales; entre otros reclamos.

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