El pasado 11 de enero en Villa La Angostura se reunieron los gobernadores de las provincias patagónicas, incluyendo La Pampa, pero sin la participación de Santa Cruz. El gobernador de esta última provincia se reunió con Milei días antes, al cual llenó de elogios y decidió desertar. Al finalizar el encuentro, los gobernadores dieron a conocer una declaración. Del cónclave variopinto participaron gobernadores del PJ, aliados de UxP e incluso de JxC. Un arco político que no tuvo fisuras a la hora de defender los negocios capitalistas instalados en sus jurisdicciones provinciales.

En ese sentido, dicha declaración es toda una confesión de partes, porque si bien marca algunos roces con el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, lo cierto es que esos roces no hacen otra cosa que expresar la defensa de los intereses capitalistas que esos gobernadores representan en sus respectivas provincias. E incluso las aristas de algunos de esos roces ya han sido limadas por el propio gobierno nacional en función de un consenso que mantenga lo esencial del DNU y el proyecto Ómnibus. Una estrategia a la cual la declaración de los gobernadores se aviene como el guante a la mano.

Tres grandes ejes tiene esa declaración: federalismo, hidrocarburos y concesiones de las hidroeléctricas.

Federalismo

En este tema, los gobernadores le reclaman al gobierno nacional que le otorgue poder de “decisión” y “protagonismo” ¿Para qué? Vale un ejemplo: en sus términos, el federalismo sería que las patronales del transporte de pasajeros urbano e interurbano reciban mas subsidios para corregir lo que se denuncia como “las asimetrías en el reparto” con las patronales del conurbano. Otro acto de “protagonismo” sería que se garantice que el Estado siga financiando las obras en manos de la patria contratista que no sean rentables para los inversores privados.

Así, bajo un ropaje “estatista”, terminan admitiendo que no se privaticen “todas” las empresas provinciales, lo cual quiere decir que podrían privatizarse algunas y transformar las que no se privaticen en empresas “eficientes”, es decir, abrir curso a los tarifazos, a los despidos para bajar costos y al arancelamiento de servicios que prestan, sobre todo en zonas alejadas de cada provincia.

En el punto que llaman “federalismo fiscal” reclaman mayor giro de partidas de coparticipación impositiva desde Nación.

Es muy interesante el sincericidio que hacen sobre un punto clave: el “impuesto al salario”. Se oponen a eliminar la elevación del piso de Ganancias que dejó el gobierno nacional anterior porque “el impacto económico que tiene ese dinero en nuestras provincias y la distribución del mismo en la comunidad es mayor a lo que perciben por coparticipación nuestras arcas provinciales”. Es un punto de vista patronal ante la caída de los consumos populares, no la defensa del salario. Lo cual no deja de confirmar, con datos oficiales, que la recaudación del Impuesto a las Ganancias esta basada mayormente en los salarios, y no en la ganancia capitalista.

Hidrocarburos

Como hace décadas, ninguno de los gobiernos de las provincias donde se produce más del 90% de los hidrocarburos a nivel nacional, objetó los resultados prácticos del artículo 6º de la ley madre, la N.º 17.319, que permite que las verdaderas poseedoras del dominio, una vez extraído, son las petroleras y no los Estados provinciales. Punto que tampoco altera el proyecto de Milei.

Por eso, luego de tanta proclama “federalista”, dicen en la declaración: “compartimos la modificación respecto de la cual los objetivos principales bajo el cual el Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional hidrocarburífera, será maximizar la renta”. Esto dicho unos renglones después donde con veleidades independentistas dicen oponerse a ser “una colonia”. Maximizar la renta como el objetivo de la política hidrocarburífera es precisamente eso, llevar los términos del coloniaje energético y ambiental al extremo.

Y si alguna duda podría quedar sobre los reales intereses que defienden, en la declaración se oponen a la facultad del gobierno nacional de llevar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos del 8% al 15% y por eso piden “que el monto máximo a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8% actualmente vigente”.

Un pedido dictado por Techint, PAE y la propia YPF S.A. junto a todas las petroleras. En se sentido realizan otro pedido especial: “en cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), es importante tener en cuenta que, si bien tanto los sectores de energía, como petróleo y gas son considerados dentro de dicho régimen, la redacción actual descartaría, en principio, proyectos de explotación hidrocarburífera, por lo que solicitamos su adecuación”.

Concesiones hidroeléctricas

Dejan las manos libres al Estado nacional para que prorrogue las concesiones actuales o llame a nuevas licitaciones. Eso sí, reclaman poder designar funcionarios en los directorios de cualquiera de las variantes que opte el gobierno nacional.

Si esto ocurre, el cacareado argumento del dominio sobre los recursos naturales (lagos, ríos, cursos de aguas, etc.) quedará archivado como lo fue en la época que estas mismas fuerzas políticas, ahora travestidas con otros nombres, impulsaron la privatización de las “joyas de la abuela” bajo el menemismo.

Conclusión política que deja la declaración

Se concluye que ninguno de estos gobiernos es un escollo para los planes de Milei-Sturzenegger y su entorno. Lo cual tiene una fundamental incidencia ante una estrategia general de los gobiernos provinciales para subordinar, en función de los roces con las medidas propuestas por el gobierno nacional, al movimiento obrero y popular, poniéndolo como furgón de cola de los intereses capitalistas que predominan en cada provincia.

El planteo de Kicillof de armar multisectoriales con sectores del capital o las PYMEs, que desde la más pequeña hasta las grande no tienen el menor interés en derrotar el capítulo que anula las conquistas y derechos laborales, es una vía muerta. El federalismo de los gobiernos provinciales es una cobertura política para enchalecar las reacciones desde abajo que están surgiendo en todos lados.

La intervención de cara al paro y movilización del próximo 24 de enero, para quienes se reclaman de izquierda y del clasismo, debe expresar una posición y organización con independencia política de los gobiernos, el Congreso, el sistema judicial y las burocracias sindicales.

Vamos por una columna que exprese políticamente esa independencia. Debe ser la gran conclusión nuestra, en la reunión del 17/1 y en el plenario del 20/1.

https://prensaobrera.com/politicas/ley-omnibus-la-oposicion-allana-el-camino