En la voz de su funcionaria de La Rioja, Alcira Brizuela, el gobierno de Ricardo Quintela anunció la semana pasada el incremento de un 100% en el pasaje de colectivo de la empresa Riojabus. El boleto común pasará de $150 a unos $300. Pero las modificaciones no se limitan únicamente a la tarifa urbana, sino que también abarcan las líneas rurales. En este caso, el costo del pasaje variará en función de los tramos y la ubicación de la localidad. Un tramo tendrá un valor de $1.000, dos tramos costarán $1.500 y tres tramos ascenderán a $2.000. Como frutilla del postre (de la patronal) se anuncia que el boleto aumentará mensualmente.

Según Alcira Brizuela, secretaria de Transporte, este aumento es acorde al salario de los riojanos. Se olvidó de aclarar que ella es parte del gobierno que paga uno de los salarios más bajos del país. Por ejemplo, los docentes cobran $300.000 de salario inicial y los trabajadores estatales cobrarán recién en abril $310.000. Esto cuando la canasta básica alimentaria (indigencia) en febrero superó los $320.000 y la canasta básica total (pobreza) los $690.000. Estos números son la muestra del golpe demoledor que significa para todos los riojanos el tarifazo en el boleto.

A este ataque brutal a las condiciones de vida de la población en general hay que sumarle un ataque a las condiciones laborales de los choferes de la empresa de transporte. El gobernador riojano Ricardo Quintela, ante la quita de los subsidios al transporte por parte del nefasto gobierno de Javier Milei, había decidido un mes atrás disolver la empresa estatal de transporte urbano (era una Sociedad Anónima Unipersonal de Transporte) para convertirse en un ente provincial de transporte público. Por eso, Alcira Brizuela anunció que “los choferes tendrán un contrato especial como empleados del Estado, trabajarán 8 horas de lunes a lunes con seis francos y van a cobrar $475.000, con aumentos que se otorgarán al igual que los trabajadores del Estado cada vez que lo anuncie el gobernador”.

De esta manera, los choferes no solo son obligados a renunciar a varios derechos que contempla el convenio colectivo de trabajo de UTA, sino también a aceptar una pérdida superior al 50% del salario. Hoy un chofer que está bajo convenio de UTA está cobrando $1.200.000, aproximadamente.

Como si esto fuera poco, y como solo un 70% de los choferes aceptó quedarse, la empresa bajó la frecuencia de los coches. Frecuencia que ya antes de esta medida era absolutamente deficiente: algunas líneas no funcionan de noche, hay barrios enteros en los que no ingresan, etc.

Como podemos ver, la reforma laboral que Milei y empresarios impulsan en el Congreso da sus pasos en las provincias de la mano de los gobernadores del PJ. La burocracia sindical no abre la boca ante esto y solo se dedica a colocarse del lado del gobierno provincial ante el enfrentamiento patronal que tiene Quintela con La Libertad Avanza. Es el mismo silencio que mantuvieron todos estos últimos años en los que Brizuela llevó adelante toda una política de persecución y hostigamiento contra quienes quieren organizarse para defender sus derechos.

Si se analizan las últimas medidas adoptadas en el sistema de transporte urbano, el gobierno busca mantener el negocio fabuloso que significaron los subsidios al transporte, negocio que ahora intentan sostener aplicando un tarifazo para los usuarios y la flexibilidad laboral a los trabajadores del mismo.

Por eso urge abrir los libros contables de la “empresa” para conocer los verdaderos costos del funcionamiento de transporte. Organicemos asambleas y tomemos las calles para que el gobierno de paso atrás en el tarifazo y se proceda a la estatización del transporte bajo control de los choferes y usuarios.

Reclamemos un urgente paro nacional a las centrales sindicales como parte de un plan de lucha que nos lleve a la huelga general hasta derrotar la motosierra de Milei y Quintela.

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