5 de diciembre de 2017

Caso Maldonado: el juez Otranto acusa a las víctimas

Por Antonia Torrebruna

La justicia pone patas para arriba la mesa que investiga el caso Santiago Maldonado. Cuando aún no hay ningún gendarme llamado a indagatoria por la muerte del joven de 29 años y la brutal represión en Pu Lof Cushamen, el juez Guido Otranto -que está a cargo de la investigación por la protesta previa realizada sobre la ruta 40, en Chubut- quiere llamar a indagatoria a Matías Santana, miembro de la comunidad mapuche, y al cantante chileno Nicasio Luna, presente en la protesta, como sospechosos de haber provocado heridas a los gendarmes Ernesto Yañez y Emmanuel Echazú.

Pasado en limpio: una criminalización de las víctimas. 

En una clara provocación, Echazú señaló en una entrevista con Clarín publicada el domingo pasado que si Santiago “se hubiera entregado, estaría vivo”. El cinismo del gendarme evita señalar que si no se hubiera llevado a cabo el brutal operativo represivo contra los manifestantes, Maldonado hubiera conservado la vida.

Escalada

Pero el avance de Otranto y las declaraciones de Echazú deben ser leídas al calor del mensaje de impunidad emanado desde las más altas esferas del poder político. Bullrich, que defendió cerradamente a la Gendarmería, le dio un espaldarazo también y "carácter de verdad" a la versión de la Prefectura sobre un supuesto enfrentamiento en el caso de la represión en Villa Mascardi, donde fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel y hubo otros heridos con balas de plomo. La vicepresidenta Gabriela Michetti se sumó a la defensa del accionar de los prefectos desde el programa de Mirtha Legrand.

El gobierno prepara una nueva escalada represiva con el burdo pretexto de la persecución al ignoto RAM -del que la propia Bullrich admitió que es una especie de nombre genérico- por medio de la Justicia Federal bajo “el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica 'otros atentados al orden público, figura similar al terrorismo”, con medidas de cárcel de 3 a 8 años.  

Este operativo concertado del gobierno, la justicia y las fuerzas represivas custodia los intereses capitalistas en la Patagonia y reprime el reclamo de tierras de los pueblos originarios.

Otranto

Matías Santana es uno de los testigos de la comunidad mapuche que declaró en la justicia y Nicasio Luna es un cantante chileno, solidario con la causa, que se encontraba presente en la protesta. En un testimonio brindado a la televisión chilena, Luna dijo: “eran muchas balas, muchos insultos, no había un momento de silencio en el que no se escucharan los impactos. Eran más de cincuenta. Después de un momento arrancamos. Nos tiramos al río entre las ramas de los sauces, era bastante ancho, con cauce. Lo que gritaban era: ‘fuego limpio’”.

El juez Otranto es dueño de un prontuario: fue recusado de la investigación principal por la desaparición de Maldonado -cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre- debido al pedido de la querella de la familia, dado que había manifestado su negativa a investigar a los gendarmes y había mostrado una parcialidad manifiesta contra los mapuche. Otranto no había ordenado el allanamiento de los regimientos sino hasta que hubieron pasado varios días después del 1 de agosto y, por el contrario, al allanar la comunidad Pu Lof mantuvo encintados y sin posibilidad de comunicarse a los mapuche que se encontraban en el lugar, a la vez que ordenó la única detención por el caso Maldonado: una mapuche que se había atrevido a faltarle el respeto, según señalaron en aquel momento fuentes judiciales.

Según Otranto, los gendarmes ingresaron al predio ocupado de Cushamen bajo la figura jurídica de “flagrancia”, figura promovida por el ministerio de Seguridad para proceder a la represión exprés de la protesta social. El juez encubre que los gendarmes actuaron más allá de la orden emanada de su juzgado, circunscripta al desalojo de la ruta 40. Una vez cumplida, la Gendarmería protagonizó un allanamiento ilegal y desató una cacería que le costó la vida a Maldonado.

El llamado a indagatoria de Santana y Luna se produce cuando ni siquiera se ordenó peritar los celulares de Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que se encontraba en el lugar coordinando la represión.

Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Fuera Bullrich.


 

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La corte de casación de Francia –la máxima instancia judicial del país galo– confirmó el fallo que ordenó extraditar al genocida Mario Sandoval a la Argentina, para ser juzgado por al menos 500 casos de desapariciones y torturas llevadas a cabo durante la dictadura del 76.

La decisión de la corte francesa estuvo precedida por una profunda e incansable lucha de los familiares de Hernán Abriata –militante de la JP secuestrado el 30 de octubre de 1976, por cuyo caso está acusado Sandoval–, y de los organismos de derechos humanos. La familia de Abriata contó con la adhesión de organismos de derechos humanos y personalidades como Nora Cortiñas, Elía Espen, Mirta Baravalle, Adolfo Pérez Esquivel y Carlos Loza, de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos, entre otros.

Mario Alfredo Sandoval fue oficial de Coordinación Federal (Policía Federal) durante la dictadura del '76, operando en conjunto con el Grupo de tareas 3.3.2 con asiento en la Escuela de Mecánica de la Armada. A "Churrasco" se lo vincula como uno de los represores que participó en el secuestro de Abriata y allanó la casa de sus padres. La familia recuerda que el jefe del operativo se presentó como Sandoval.

Hernán Abriata permaneció cautivo en "capuchita", en el centro clandestino que funcionaba en la Esma junto con su compañera. Hernán continúa desaparecido y su caso está siendo tratado en la megacausa Esma. Sandoval se radicó en París y se presentaba como miembro del Consejo de Defensa de Sarkozy y en su currículum se destaca por dictar cursos en La Sorbona. Como parte de la comitiva francesa integró las negociaciones para liberar a Ingrid Betancourt de manos de las FARC. El juez federal Sergio Torres, quien lleva adelante la instrucción de un nuevo tramo de juicio Esma, pidió su captura internacional a Interpol, y la extradición que finalmente fue concedida. No obstante ello, la abogada de la familia, Sophie Thonon, advierte sobre la necesidad de que la expulsión de Sandoval de Francia se realice inmediatamente para evitar que se profugue.

Celebramos este triunfo de la lucha popular y exigimos al gobierno de Francia arbitre los medios necesarios para que Sandoval llegue a la Argentina de inmediato y sea juzgado.

Hernán Abriata, ¡presente!

 

 

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En el día de la fecha el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata dio a conocer la sanción impuesta contra nuestra compañera Pía Garralda, militante de Apel e integrante del colectivo Justicia Ya! La Plata, a raíz de la denuncia realizada por el defensor de genocidas Juan José Losinno, luego de la sentencia del juicio que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en el centro clandestino “La Cacha”. Losinno denunció a Garralda por no haberlo saludado en los pasillos de tribunales y haberle expresado que no saludaba defensores de genocidas.

La sanción consiste en una advertencia, más las costas del proceso. El Tribunal de Disciplina consideró que “las palabras empleadas por la denunciada se consideraron en el contexto como agraviantes, o en su defecto como un desprecio por las normas de estilo. Independientemente de las razones que determinaron que motivaron el uso de la terminología que se cuestiona (…) La negativa a saludar al colega en razón de la defensa de una persona acusada de un delito de lesa humanidad o en su defecto por la forma en que el denunciante ejerciera la defensa de sus clientes y la afirmación en términos de represores o genocidas constituye una afrenta innecesaria y desmedida”.

Sin embargo, durante todo ese juicio, el defensor Losinno acechó a sobrevivientes y familiares en los pasillos de los tribunales, los agravió mientras prestaban testimonio y protagonizó toda clase de chicanas y provocaciones con el fin de dilatar las audiencias de un demorado juicio, que se desarrolló 38 años después de los hechos. Durante todo el proceso, el abogado mostró su profunda compenetración con los métodos y la ideología de los represores. El hostigamiento por parte de Losinno motivó que el Tribunal Oral N°1 lo apercibiera, precisamente, por su actitud “poco ética”. La sanción fue comunicada al Colegio Público de Abogados de La Plata para que investigue su actuación profesional, cosa que este no hizo ni tomó como antecedente a la hora de resolver.

Vale recordar que Lossino es un militante de la derecha católica y fue defensor del pedófilo Julio César Grassi, de policías de gatillo fácil y recientemente asumió la defensa del urólogo abusador de Ensenada, Pablo Colaci.

Finalmente, el pupilo de Lossino, Claudio Raúl Grande, personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar, fue condenado a 13 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad en complicidad con el delito de genocidio.

Lossino llevó adelante su denuncia, como un elemento más de ataque a la querella de Justicia Ya!, cuando la sentencia del juicio ya se encuentra en la Sala uno de la Cámara de Casación, por lo que intentará por todos los medios que se revoque la condena contra su defendido.

Esta denuncia, que representa un claro ataque a los organismos de derechos humanos independientes y a sus militantes, recibió un contundente rechazo, expresado en las más de 400 firmas al petitorio por el desistimiento de la denuncia, que va fue presentado ante las autoridades del CALP, junto a las presentaciones realizadas por su parte, ATE provincia de Buenos Aires, Suteba La Plata y la FULP, entre otros. Asimismo, cabe resaltar que todos los colegas que firmaron el petitorio rechazando la sanción luego también fueron denunciados por Losinno ante el CALP; entre ellos, denunció a una abogada sobreviviente de la dictadura y a un abogado de la secretaria de Derechos Humanos ante sus superiores.

El CALP sanciona a nuestra compañera en un contexto de intento de reconciliación y negacionismo, en el cual una gran parte de los genocidas condenados fueron beneficiados por la prisión domiciliaria, o la libertad por vencimiento de prisión preventiva. El presidente del CALP, Hernán Colli, quien además es miembro del Tribual Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, posee vínculos estrechos con el gobierno de Cambiemos.

Exigimos la nulidad de la sanción contra la abogada Pía Garralda y que se sancione la conducta del defensor Lossino por su repudiable actuación en el juicio por el centro clandestino de detención La Cacha.

 

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La reforma penal que impulsa el gobierno nacional se caracteriza por la aplicación de la receta de la “mano dura” en general, y en particular contra la protesta y las movilizaciones sociales. Buena parte de esta reforma ya cuenta con media sanción del Senado.

Como lo presenta acertadamente el diario La Nación (14/5), básicamente, se trata del “proyecto de ley que pretende encarcelar a piqueteros, entre otras medidas”.

Es que se ha elegido elevar las penas a los tipos penales que la justicia suele aplicar para perseguir a las movilizaciones obreras y populares. 

Por ejemplo, el artículo 194, que pena la interrupción de las vías de transporte (piquetes), elevará su pena máxima de 2 años a 3 años. Quien arroje proyectiles contra otra persona en una marcha recibirá hasta 2 años de prisión (este tipo penal solo se aplicaba a quien arrojara objetos contra un tren o colectivo). Pero si la víctima es un policía, la pena será de 3 años. Con esto se pretende respaldar la persecución a los luchadores contra la reforma previsional, a los que enfrentaron la planificada represión el 18 de diciembre y a los que la Gendarmería atrapó al boleo en los alrededores de Congreso el 14, y que se encuentran procesados.  

El proyecto se complementa con la incorporación de la “ley de flagrancia” en el Código Procesal Penal y su aplicación respecto de detenidos y detenidas en protestas. La aclaración de que sólo se aplicará a “delitos comunes” (daño, lesiones o atentado y resistencia a la autoridad, típicamente usados contra manifestantes), va de suyo, porque lo habitual, cuando se pretende penalizar la protesta, es recurrir a tipos “comunes”. Claramente apunta a lograr condenas inmediatas para quienes se movilizan contra el ajuste y la represión. El Código Procesal reformado también incluye la regulación de las llamadas “Técnicas Especiales de Investigación”, entre ellas el “ciberpatrullaje” –el espionaje de las redes sociales y las “detenciones preventivas” de tuiteros– y la convalidación de las “escuchas” telefónicas a discreción, aun en el marco de la Corte Suprema. 

Por otra parte, el proyecto más ambicioso de reforma del Código podría “incorporar una exención de responsabilidad penal a la punibilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, que provoquen lesiones o la muerte de una persona durante el cumplimiento de sus deberes y con el uso de las armas en forma reglamentaria” (ver en canalabierto.com.ar). Esto es, ni más ni menos, la traducción jurídica de la “doctrina Chocobar”.

Otra incorporación será la responsabilidad penal de las personas jurídicas para ciertos delitos, un cambio significativo ya que tradicionalmente el sujeto de la persecución penal eran solamente las personas físicas, a la vez que equipara organización celular a terrorismo. 

El proyecto fue presentado por los senadores Rodolfo Julio Urtubey y Pedro Guillermo Ángel Guastavino, ex integrantes del bloque del FPV, actualmente del Bloque Justicialista, actualiza y amplía las reformas impulsadas por el kirchnerismo. Al macrismo le han venido como anillo al dedo.
 

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En la tarde del domingo 20 se vivió un nuevo caso de abuso policial en la capital de Santa Cruz. Claudio, un joven de 27 años, fue detenido, golpeado y llevado a la comisaría mientras esperaba que le lleven dinero para pagar en una estación de servicio.

Prensa Obrera mantuvo comunicación con Claudio, quien denunció que los policías lo sacaron del auto, tirándolo del cuello y la ropa, para luego proceder a golpearlo. La madre de Claudio fue apartada con agresividad también cuando trataba de evitar que sigan con la golpiza.

También explicó que lo llevaron encapuchado a la comisaría, evitándole mirar hacia dónde lo llevaban. Una vez ahí, en la comisaría 4ta de Río Gallegos, procedieron a seguir golpeándolo. Además, trataron de hacerle firmar papeles y certificados en blanco, a lo cual Claudio se negó.

Un aparato represivo y en descomposición

No es un caso aislado, la policía de Santa Cruz viene de protagonizar auténticas razias en un pub frecuentado por la juventud de Río Gallegos, llevándose detenidos y agrediendo a jóvenes a mansalva. Es la misma policía que hace semanas protagonizó un tiroteo en estado de ebriedad con la policía Federal, y que en los barrios persigue y atormenta a la juventud que va a la plaza a jugar a la pelota o a tomarse una birra.

También es la policía que está al servicio del gobierno de Alicia Kirchner y que en represiones le ha costado la visión a un compañero municipal en 2016. En ese mismo año mató a base de tortura a Gustavo Geréz en Caleta Olivia, y se le entregó el cuerpo destruido a la familia mientras se lo quería hacer pasar por una sobredosis y se filtraba las imágenes de un grupo de WhatsApp de oficiales donde se burlaban de lo hecho a Gustavo.

Denunciamos la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de un aparato repodrido y represivo, que sólo cumple la función de perseguir y amedrentar a la juventud y reprimir la protesta social. Son dos elementos claves sin los cuales no pasaría el ajuste que llevan a cabo el gobierno provincial de Alicia Kirchner en consonancia con Macri contra el pueblo trabajador y la juventud.

La única manera de enfrentar estos atropellos, evitar que sigan hostigando, golpeando y matando más pibes y pibas, es organizando a la juventud y a la clase obrera en los barrios y luchar por el desmantelamiento del aparato represivo.

Justicia por Gustavo Geréz. Basta de persecución y abuso policial.

 

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El gobernador Alberto Weretilneck impulsa una legislación, avalada por el Superior Tribunal de Justicia, que autoriza a la Policía a detener menores, bajo la figura de “prevención y contención”. Según el diario Río Negro (17/5), “el gobierno rionegrino pretende adaptar la facultad de la Policía para demorar menores ‘en actitud sospechosa’ que circulen por la vía pública...”. De esta manera el gobierno quiere dar vía libre a la policía de Río Negro para detener menores.

El gobierno quiere ampliar las facultades de una de las fuerzas represivas más cuestionadas. Carga en su haber con numerosos casos de gatillo fácil en la provincia, todos impunes, entre ellos menores asesinados. También con el crimen de tres jóvenes el 17 de junio del 2010 en Bariloche y la desaparición seguida de muerte del policía Lucas Muñoz, cuya causa está totalmente trabada. El reforzamiento de las facultades de una institución entrelazada con las redes de trata y el tráfico de droga no ofrecerá ninguna mejora en la seguridad ciudadana.

La nueva medida impulsada por Weretilneck y la justicia de Río Negro se inscribe en la orientación de reforzamiento represivo de Macri y Patricia Bullrich, cuyo verdadero objetivo es hacer pasar el ajuste y garantizar la entrega del país. Esta política se inició con la desaparición de Santiago Maldonado y continuó con el crimen de Rafael Nahuel y la condecoración al policía Chocobar.

Alejandro Palma, referente del Colectivo Al Margen de San Carlos de Bariloche, denunció que no se conocen detalles de cómo sería el protocolo, lo cual genera aún más preocupación (En Estos Días, 20/5). Además, agregó, dado que los menores serían derivados a los Centros de Admisión y Derivación (CAD), pero de estos solo existe uno en la ciudad de Viedma, finalmente éstos terminarán detenidos en las comisarías. 

La represión como política de Estado está a la orden del día. La juventud y los menores son el blanco. Cuando el gobierno nacional y provincial quieren llevar a fondo el ajuste más necesita de las fuerzas represivas, la legislación impulsada en Río Negro avanza en este sentido.

Abajo el protocolo para detener menores en Río Negro.

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En el marco de la celebración de los 427 años de la fundación de la ciudad de La Rioja, las Madres del Dolor volvieron a marchar en el desfile cívico militar, donde el año pasado sufrieron un brutal operativo represivo que golpeó a algunos familiares y mantuvo detenidos en el propio desfile a otros. En una hipócrita tentativa de lavar culpas, esta vez los funcionarios “permitieron” que la columna pase frente a un palco colmado por encubridores.

En la columna de los familiares de víctimas de impunidad se encontraban los familiares de Emanuel Garay, el joven asesinado por la policía tras ser torturado cuando se presentó a hacer los entrenamientos para convertirse en policía; también estaba la familia de Pitu Albornoz, víctima de un incidente de tránsito provocado por un funcionario del gobierno alcoholizado; y la familia de Mario Taboada, asesinado por una banda narco vinculada al poder, entre otros casos. También estaba Ana Paula Ortiz, hermana de Peli Mercado, desaparecida hace 13 años por redes de trata. Los familiares esta vez pudieron marchar pero no se les permitió la lectura de un documento denunciando la situación de sus causas. 

La policía actuó de inmediato al ver que las madres llevaban un megáfono, para poder leer la nota, y un oficial se encargó de pedirles la nota y prometerles que llegaría a manos del locutor para que lo lea, lo cual sabemos que es una absoluta mentira, ya que en ese documento justamente se hace visible la complicidad del gobierno y el aparato represivo. Igualmente, las madres lograron expresar su reclamo frente al palco.

Un palco lleno de encubridores

El nuevo aniversario de la fundación de La Rioja tuvo dos actos oficiales, uno encabezado por el gobierno provincial con el desfile cívico militar y el otro por el intendente Alberto Paredes Urquiza, otrora kirchnerista que ahora se perfila como candidato de Cambiemos para 2019, que hizo rancho aparte con la inauguración de la Avenida 1ro de Marzo. Sin embargo, más allá de las chicanas para la tribuna, lo que unificó a ambos palcos fue la presencia de ajustadores y encubridores de todos los casos de impunidad que denunciaron las madres en el desfile. Mientras en la 1ro de marzo encabezaba un acto Paredes Urquiza, el principal encubridor de la desaparición de Peli Mercado, en el Parque de la Ciudad se montó un palco con el ex gobernador denunciado por abuso de menores Luis Beder Herrera, el secretario de Gobierno Alejandro Moriconi, agente vinculado a las fuerzas armadas y los servicios y un cúmulo de perpetradores de la impunidad. Allí, el gobernador Sergio Casas, al recibir el reclamo de Ana Paula Ortiz por Peli Mercado, posó para las cámaras con la imagen de Peli, tratando de esconder que se trata de un reclamo contra el mismo gobierno del que él es parte hace décadas y que mantiene impunes a las redes de trata. 

El Plenario de Trabajadoras denunció inmediatamente este acto de usurpación y de burla a quienes luchan por la aparición con vida de Peli, contra quienes hace un año golpeaban en el Parque a Ana Paula. Sostenemos que no hay nada que “agradecerle” a Moriconi por “dejarnos marchar”, sino que tenemos todo por exigir a esta camarilla gobernante que ajusta, reprime y encubre los crímenes vinculados al poder. No hay que olvidar que esto se da apenas días después de un vergonzoso fallo de la  justicia de Chilecito que absolvió al único imputado por el femicidio de Celestina Oropeza.

Exigimos justicia por todos los casos de impunidad que se viven, queremos que los responsables y cómplices cumplan su condena.

Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata.
Elección y revocabilidad de jueces y fiscales.
Apertura de los libros de las comisarías a la consideración popular.
Desmantelamiento del aparato represivo y control obrero y popular de la seguridad ciudadana.
Ni Una Menos. El Estado es responsable.

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La Cámara de Casación acaba de dictar un gravísimo fallo contra Fausto Jones Huala y Lautaro González, dos miembros de la comunidad mapuche que el 24 de noviembre fueron atacados por Prefectura en una represión en la que fue asesinado Rafael Nahuel. El fallo, que revoca la excarcelación de ambos, les imputa el delito de “atentado al orden constitucional y a la vida democrática”. A los mapuches aún les queda la posibilidad de apelar a la Corte Suprema.

El voto mayoritario del tribunal –el juez Mahiques votó en disidencia- fue redactado por Eduardo Riggi, presidente de la cámara, nombrado juez por Videla y ascendido a Casación por Menem. Vinculado al Opus Dei, su nombre trascendió por las escuchas del caso Mariano Ferreyra, donde era mencionado como “el amigo Eduardo” por los interlocutores de José Pedraza durante la tentativa de soborno para liberar a sus patoteros. De aquella causa lo sobreseyó Norberto Oyarbide pocos días antes de jubilarse. Actualmente es servil al gobierno de Macri.

Por otra parte, la Justicia de primera instancia, en lugar de avanzar sobre los prefectos que dispararon armas de fuego contra los mapuches en Villa Mascardi, se lanza a una caza de las víctimas. Lo mismo ocurre en el caso Maldonado: el juez Guido Otranto, apartado de la causa por la desaparición de Santiago debido a su parcialidad, ordenó ahora el procesamiento del testigo mapuche Matías Santana, al que acusa de haber participado del corte del 1 de agosto, previo a la incursión criminal de Gendarmería en Lof-Cushamen. En cambio, los responsables de aquel operativo fueron favorecidos. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, no fue investigado y el gendarme Emmanuel Echazú fue ascendido.

Este mundo del revés encuentra su explicación en la orientación del gobierno de Macri y Patricia Bullrich, que desde el primer día de los hechos dieron un respaldo incondicional a las fuerzas represivas. La justicia sigue el libreto. Lo que está de fondo es garantizar la entrega de la Patagonia a los grupos empresarios como Benetton.

El fallo contra Jones Huala y González se inscribe en la línea de convertir jurídica y simbólicamente al reclamo de las comunidades mapuche en una acción de grupos terroristas. Se trata de una orientación impulsada por el Ministerio de Seguridad, que presentó desde un principio a la lucha por la tierra como “amenazas del grupo RAM”. Ahora, se adjudican estas acciones a un grupo llamado MAP, que actuaría con violencia. Se trata, en realidad, de una criminalización de la protesta social.

El fallo es un peligroso precedente contra cualquier reclamo organizado contra el Estado. Llega en el momento en que el gobierno más lo necesita: cuando se dispone a hacer un acuerdo con el FMI que exigirá un gran ataque contra las masas.

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Se conoció el arribo a Neuquén de una delegación oficial del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de retomar la construcción de una base militar en la meseta neuquina -presentada como un Comité de Emergencias para ayuda y apoyo a Defensa Civil Provincial, bajo el eufemismo de “ayuda humanitaria”.

La construcción se reanuda luego de su paralización en 2012, en buena medida debido al escándalo que significó un emprendimiento en la misma línea en Chaco – que expuso que la llamada “ayuda humanitaria” representaba el espionaje ilegal, “formación de las policías provinciales” en la represión interna y secuestros clandestinos.

La construcción se hará en cercanías de la autovía norte – lugar estratégico para el circuito petrolero – y del aeropuerto internacional de la provincia. Los fondos aportados para la misma vienen de donaciones del Comando Sur de los Estados Unidos. Esta institución, integrada y conformada por varios organismos militares de EE.UU (Ejército, Fuerza Aérea, Marina) se encarga de la “seguridad” en zonas conflictivas o de alto interés para el imperialismo; es, entre muchos otros despliegues, responsable de la defensa del Canal de Panamá y sus principales jefes han participado en las masacres de Afganistán e Irak.

Al servicio de las multinacionales y la represión de la protesta

La instalación de esta base constituye un nuevo ataque a la soberanía nacional, como parte del avance de la injerencia imperialista en la región allanado por el macrismo y los gobernadores.

Es, a su vez, parte de los operativos represivos que el partido de gobierno provincial (MPN) y el macrismo (como antes el kirchnerismo) vienen desplegando en la zona, por exigencia de las multinacionales del negocio hidro-carburífero. Ya en el año 2014, la justicia neuquina y el gobierno provincial firmaron un acuerdo con el FBI para el desarrollo de capacitaciones en inteligencia contra la protesta social; a lo que siguió la militarización y el traslado masivo de Gendarmería nacional a la Patagonia en “zonas conflictivas” –signadas por los reclamos de los pueblos originarios y conflictos obreros. 

En momentos de una enorme inquietud popular, la base militar (Comité de Emergencia) apunta a desplegar un vasto y aceitado aparato de espionaje y represión de la protesta social.


El Partido Obrero impulsa el más enérgico rechazo y la coordinación de acciones de lucha para su retiro definitivo.

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En las primeras horas de la mañana la Gendarmería avanzó con balas de goma y carros hidrantes contra trabajadores de Cresta Roja en lucha contra despidos, en el marco de un gigantesco operativo represivo montado para romper el piquete que sostenían en el ingreso de la fábrica, en el distrito bonaerense de Ezeiza.

Tras la represión los obreros se reagruparon y realizaron un piquete en la ruta 205 reclamando por dos trabajadores detenidos, que fue levantado alrededor del mediodía con el compromiso de que serían liberados. Allí se acercaron diversas delegaciones solidarias -entre ellas la del Partido Obrero, que se hizo presente con el diputado provincial del PO-Frente de Izquierda Guillermo Kane.

Represión y carneros

Desde anoche, trescientos trabajadores de la planta 2 de Cresta Roja hacían guardia en el acampe que vienen sosteniendo desde hace dos semanas en planta 1 de la localidad de La Unión (Ezeiza). Las negociaciones con la nueva patronal Wade, del Grupo Tres Arroyos, entraron en punto muerto desde que la compañía planteó prescindir de 500 trabajadores entre las dos plantas, y que necesitaba retomar la faena con sus condiciones. La patronal de esta manera chantajeó con que era eso o nada, presionando a un sector de trabajadores de Planta 1 para retomar la faena. 


La justicia dictaminó que las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería Nacional, debía garantizar que “estén despejadas” las calles de ingreso a la planta para que ingresen trabajadores reclutados como rompehuelgas. Fue así que se dispuso un gigantesco operativo de 1.300 agentes munidos con palos, gases, balas de goma, caballos, carros de asalto y carros hidrantes.

Un grupo de gendarmes avanzó hacia el piquete y, ante los insultos de los obreros contra ellos y contra los "carneros" (que esperaban a dos cuadras en la estación de servicio de la ruta) leyeron la resolución de desalojo; los obreros deliberaron en asamblea y resolvieron resistir.  Apenas pasadas las 6 comenzó la represión; los obreros respondieron con lo que tenían a mano. Frente a las balas de goma y el avance con los carros hidrantes, el piquete obrero se desplazó hacia la ruta y las vías -donde los esperaba un operativo mayor, con la montada y decenas de carros de asalto, infantería, y más hidrantes. Los obreros les siguieron haciendo frente en la ruta 205 y las vías hasta que movimientos de pinzas de las fuerzas represivas los fueron dispersando; se produjo una batalla campal durante más de una hora. 

 

 

Tras ello se reagruparon y sostuvieron el nuevo piquete en la ruta.

¡Viva la lucha de los trabajadores de Cresta Roja! ¡Ningún despido! ¡Si triunfa la lucha de Cresta Roja ganamos todos!

 

 
Repudiamos la represión en Cresta Roja

Repudiamos la represión en Cresta Roja, libertad a los compañeros detenidos. Ningún despido, todos adentro!

Posted by Guillermo Kane on Wednesday, May 16, 2018

 

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Siete militantes neonazis fueron condenados en Mar del Plata a entre 4 y 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por violentos ataques a grupos trans y defensores de la igualdad de género cometidos entre los años 2013 y 2016. Previo a estos acontecimientos existían antecedentes de otros hechos de violencia y xenofobia protagonizados por esta organización, como los ataques al Monumento a la Memoria, emplazado en la base naval (ex Centro Clandestino de Detención) y al centro de residentes bolivianos y han colaborado en la represión a la movilización del Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata, entre otros.

En su fallo los jueces consideraron que existió entre los condenados una organización criminal que profesa “una ideología totalitaria, racista y violenta”. El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani jugó a favor de la patota, pidiendo una condena atenuada. En el pasado reciente, el fiscal Pettigiani ha sostenido que los crímenes cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) no debían ser considerados delitos de lesa humanidad o intentó reducir penas en juicio a responsables de redes de trata. En esta oportunidad, actuó pidiendo penas menores.

El principal responsable por la impunidad de estos grupos fascistas es el Estado, el cual  le ha otorgado legalidad y personería al partido de Carlos Pampillón, jefe de esta patota neonazi, para presentarse a elecciones. Su última participación fue en las legislativas del año 2017. Además, cuentan con vínculos con el aparato represivo y el clero católico. En consonancia con la campaña por parte del gobierno de la reconciliación con los genocidas y el reforzamiento de la represión para frenar las luchas, estos grupos derechistas se sienten amparados. Pampillón visitó a al genocida Miguel Etchecolatz, al cual considera un “patriota”, mientras cumplía “prisión domiciliaria” en su vivienda del bosque Peralta Ramos.  

Estos grupos fascistas actúan en zonas liberadas por la policía y el poder político local (ayer Pulti, hoy Arroyo). Es imprescindible una investigación más profunda sobre este grupo y sus lazos con el Estado y las fuerzas de represión. Convocamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones obreras y populares a impulsarla.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda y el Polo Obrero, junto a otras organizaciones, acompañamos desde el primer momento y en cada instancia durante estos años, hasta llegar a este veredicto condenatorio, el cual tiene todos los límites anteriormente señalados, reivindicando la movilización popular como método y camino para lograrlo.

 

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