18 de octubre de 2017

Caso Maldonado: “Estuvimos ocho horas al lado del cuerpo porque no confiamos en nadie”

En la conferencia de prensa que brindaron Sergio y Andrea, hermano y cuñada de Santiago, realizaron una denuncia sobre el régimen político.
Por Diego Rojas

Descarnada. Así fue la conferencia de prensa que ofrecieron Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada de Santiago, el joven que desapareció el 1 de agosto y cuyo cuerpo quizás haya sido encontrado el martes 17. “Estuvimos ocho horas al lado del cuerpo porque no confiamos en nadie”, dijo Andrea en la conferencia realizada en Esquel, desde donde se aguarda que parta un vuelo a Buenos Aires para realizar las pericias forenses sobre el cadáver encontrado. “Creo que sí”, dijo Sergio ante la pregunta sobre si el cuerpo podría haber sido plantado en el río Chubut, donde fue encontrado flotando luego de 78 días de su desaparición.
 
“Ya se habían realizado tres rastrillajes por el mismo lugar”, dijo la abogada Verónica Heredia para graficar la dificultad de que el cuerpo hubiera aparecido sin que se lo haya detectado antes. El martes un nuevo rastrillaje ordenado por el juez Gustavo Lleral culminó con la aparición de un cadáver flotando en el lugar donde se produjeron los acontecimientos represivos del 1 de agosto, cuando la Gendarmería despejó la ruta 40 y persiguió dentro de la comunidad Pu Lof Cushamen a los manifestantes que reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala. Entre ellos se encontraba Santiago Maldonado, que ese día desapareció.
 
Las palabras de la familia de Santiago Maldonado suponen una denuncia del régimen político estatal, cuyo aparato represivo no solamente se arrojó contra los manifestantes sino que también realizó la desaparición forzada de Santiago, según los manifestantes que lo vieron por última vez a la vera del río mientras los gendarmes le daban la voz de alto. “Ya está”, dicen los mapuche que dijo Maldonado frente a los represores. “Tengo a uno”, dijo un gendarme que escuchó en su declaración testimonial. Setenta y ocho días después, un cadáver apareció flotando en ese lugar -aunque el comunicado oficial de la fiscalía indica que fue encontrado 300 metros río arriba, lo cual desafía cualquier posibilidad de la lógica y de la física.
 
“Carrió dijo barbaridades”, dijo Andrea Antico en referencia a los dichos de la diputada de Cambiemos, que no sólo afirmó que Maldonado se encontraba en Chile sino que el mismo martes en que se encontró el cuerpo -que será peritado en Buenos Aires para establecer su identidad fehacientemente, así como los motivos de su muerte- hizo bromas y lo comparó con Walt Disney.
 
Más que nunca se deben establecer las responsabilidades políticas de un caso que conmueve a la nación. Patricia Bullrich debe renunciar de inmediato.
 
 

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La CGT Regional Córdoba, dirigida por el legislador del oficialismo provincial José Pihen, ha convocado para el próximo aniversario del Cordobazo (29 de mayo) una movilización general en la provincia con las consignas: “No al tarifazo, No al FMI, No a la reforma laboral, No a la reforma previsional, No al ataque contra las organizaciones sindicales”. A la convocatoria adhieren la CGT Rodríguez Peña, que integran moyanistas y kirchneristas, la CTA Yasky y la CTA Autónoma.

La movilización aparece en apoyo a la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza, que vienen enfrentando las provocaciones de Juan Schiaretti: el gobernador ha arremetido contra el convenio colectivo con reformas inconstitucionales desde la Legislatura y ha impuesto un lockout patronal en la prestación de servicios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), con el objetivo de privatizarla.

El 29 de mayo habrá una gran jornada obrera de lucha en Córdoba, arrancada y protagonizada principalmente por el paro de los trabajadores de Luz y Fuerza; que en pocas semanas han protagonizado permanentemente asambleas generales, paro, piquete y movilización e incluso coparon la sede central de la empresa. Luz y Fuerza es la avanzada de la enorme presión que se desarrolla entre las bases obreras contra los planes de Macri y Schiaretti. Ya el Suoem (municipales) anunció que realizará abandono de tareas y en otros sindicatos se discute lo mismo.

La iniciativa contrasta con el papel de contención de los trabajadores que viene sosteniendo Pihen, quien integra el gobierno provincial. Schiaretti apoya toda la reforma laboral macrista y la quiere aplicar en Córdoba contra el convenio colectivo de Luz y Fuerza, pero también contra el de Smata y UOM. Los diputados de Córdoba votaron el robo a los jubilados y el pacto fiscal. El gobierno local viene imponiendo tarifazo tras tarifazo en la luz, agua, transporte y otros. Schiaretti fue el primer gobernador en apoyar el pacto con el FMI y en recibir a Macri luego del anuncio. También impulsa la devaluación que reclaman las terminales automotrices y los sojeros.

Todos estos ataques han sido acompañados por una agenda anti sindical de Schiaretti con ataques directos al movimiento obrero, como fueron los casi 200 despidos en la UTA o en la aprobación y reglamentación, también ilegal, de la ley de “servicios esenciales” que impide la libre acción sindical y pena con la cárcel al trabajador que participe de una huelga. El propio Pihen se ha sumado con su firma a esos ataques, como fue el 11% de aumento salarial 2018 para los estatales y trabajadores de Salud, donde se desconoce la organización sindical UTS; o su voto en la Legislatura contra el Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza.

Pihen busca con esta movilización reacomodarse para continuar su labor política de correa de transmisión de Schiaretti hacia el movimiento obrero e imponerle la derrota. El año pasado Pihen y la CGT Rodríguez Peña convocaron una movilización para el último día de la huelga de UTA, para no convocar el paro que necesitaban los trabajadores y para luego vaciar la lucha y abrir camino a los despidos. También busca desplazar a la izquierda, que ha alcanzado gran protagonismo político en todas las luchas obreras, por ser la única fuerza que moviliza su apoyo y plantea una salida a la crisis capitalista. La adhesión de la CGT Rodríguez Peña y de la CTA, ambas kirchneristas, tiene la orientación de unidad con el PJ de Schiaretti y Pihen, no para luchar ahora sino para presentarse en el 2019.

En Córdoba están dadas las bases para una gran movilización de la clase obrera, que enfrente el programa del FMI que defienden Schiaretti y Pihen. Para que triunfe la lucha obrera no hay que confiar ni por un instante en la burocracia sindical. Por el contrario hay que exigir y preparar el paro activo, con abandono de tareas y movilización a la casa de gobierno, y un plan de lucha general. Para superar a los Pihen es necesario establecer un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero, que oponga al programa del FMI un programa de salida a la crisis que sea para la clase obrera.


Desde el PO y la Coordinadora Sindical Clasista llamamos a los trabajadores a movilizar masivamente el próximo 29 de mayo, en defensa de los trabajadores de Luz y Fuerza y de todas las luchas, conformando una columna clasista y combativa que levante el programa de los trabajadores. A 49 años de aquella gesta histórica del proletariado, es definitivamente necesario otro  Cordobazo. 

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El llamado al FMI y el nombramiento de un ministro “coordinador” han buscado, de parte del gobierno, trasmitir el mensaje de que la crisis desatada por la corrida contra el peso habría terminado.

Lejos de esto, las tratativas con el FMI se han convertido en un revulsivo, en primer lugar, de la crisis política. Una expresión de ello es el choque en torno a las retenciones, y el anuncio de que está en carpeta mantenerlas para la soja y reimplantarlas, en parte, para el trigo y el maíz. Este viraje tiene lugar luego de que el gobierno suspendiera por 60 días la aplicación de nuevas subas en las tarifas. Este giro representa un enfrentamiento con dos sectores claves de la política económica del macrismo. Es un resultado, en principio, de la exigencia de ajuste fiscal adicional exigida por el Fondo – que superaría los 8.000 millones de dólares.  Además de estos sectores, la exigencia de podas impondría “examinar, por ejemplo, los subsidios a muchas actividades económicas” (La Nación, 24.5), como “el caso de la importación y ensamblado de electrónicos” (id). El mismo diario señala que un recorte, en este caso, tocaría “al alter ego de Macri, Nicolás Caputo”. 

De conjunto, se asiste a un choque entre el gobierno y el FMI en torno del tipo de cambio. El FMI exige una devaluación mayor para detener una nueva corrida cambiaria y el creciente déficit de la cuenta corriente con el exterior. El acuerdo ‘stand by’ que propone el Fondo excluye la posibilidad de financiar una fuga de capitales. Sólo aporta al sostenimiento de un ajuste impulsado por la devaluación. Es un acuerdo de ‘asistencia’, no de rescate.

Devaluación 

En torno de esta misma cuestión –la de la devaluación – el derrumbe de la política macrista ha acentuado las fisuras entre las facciones capitalistas que sostienen al gobierno y, naturalmente, en el propio gabinete. El clan Caputo-Quintana, que ha comandado las operaciones de deuda desde el 2016 hasta acá –y sostiene los vínculos con los fondos internacionales que siguen especulando con la bancarrota argentina– está interesado en “clavar” el dólar en los niveles actuales, para no golpear a los tenedores de Lebac y de deuda pública, contratadas en pesos. Sin embargo, el ‘desarme’ de la deuda por Lebac, de 1.3 billones de pesos, al 40% de interés, que dice haber puesto en marcha Sturzenegger, llevaría un tiempo larguísimo, el cual es incompatible con una superación de la fuga de capitales. En oposición a este planteo, la salida devaluacionista del FMI es apoyada por la burguesía agraria e industrial asociada a la exportación. 

Pero la combinación de la devaluación con el régimen de dolarización de tarifas conduce inexorablemente al rodrigazo que ya se ha desatado, y cuyas consecuencias plenas aún no se desplegaron del todo. Por lo pronto, el dólar a 25 pesos debe llevar a la virtual duplicación de los ya confiscatorios aumentos de tarifas del mes de abril. El lobbysta de los petroleras, Aranguren, ya se encargó de informarle al ministro coordinador que “la nafta tiene un atraso en su precio del 40%, y (…) los combustibles deben recuperar su valor en el segundo semestre” (Clarin, 25.5). En el caso de la electricidad y el gas, sus actuales valores –con el reciente tarifazo incluido- responden a un dólar calculado en…18,50 pesos. Los privatizadores, por lo tanto, ya reclaman por el “atraso tarifario”.  

En la deliberación del gabinete y de la propia burguesía, campea, desde luego, el fantasma de una rebelión popular contra el `rodrigazo` en curso. Mientras tanto, el gobierno defiende a rajatablas unas paritarias del 12% anual para los estatales, y ha renovado su oleada de cesantías en las reparticiones (INTI, ministerios). Procura que una renegociación de salarios tenga lugar desde un piso que permita concesiones. En esta línea ha concentrado sus ataques en el movimiento obrero combativo, con la intención armar un frente macartista con la burocracia sindical y el peronismo. Los candidatos a quedarse con la concesión del servicio de subterráneos han puesto la condición de una ‘limpieza laboral’ en el subte. 

Un propagandista del gobierno, Willy Kohan, dice, sin embargo, que “no aparece claro el camino para recomponer la confianza en un modelo que se quedó sin nafta” (“Ya no se sabe si gana en 2019”, Cronista 24.5). Sin nafta, la ofensiva del gobierno va más allá de su capacidad para lograr sus objetivos.  

El pretendido gobierno monolítico y “ungido” por el FMI, es, por el contrario, un régimen en crisis, que debe enfrentar, en el corto plazo, los sacudones de una crisis financiera que no se ha cerrado, y una lucha de trabajadores, que debemos esforzarnos que crezca y se desarrolle. 

Vamos por un congreso obrero del clasismo, por un paro activo nacional, y por un Congreso de bases de las centrales obreras, para desarrollar una alternativa obrera al derrumbe capitalista. 
 
 
 

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El aparato comunicacional del gobierno macrista puso en marcha un operativo de corte fascista en contra de los trabajadores de Metrovías y, en particular, de sus delegados sindicales. En la página www.metrodelegados.com los seguidores de Macri, Marcos Peña y Durán Barba realizaron un videojuego interactivo cuya consigna es: “Tu misión es encerrar a todos los metrodelegados. Tenés que ingresar a cada línea… ¡y atraparlos para que no paren el subte”. Todo esto acompañado por la imagen de un patrullero policial. Los delegados son identificados por su apellido y, al “atrapar” a cada, aparece en pantalla el rostro de Rodríguez Larreta con alguna leyenda como “preso otra vez” o “marche preso.  Se trata de una persecución alevosa y violenta contra los representantes gremiales de los trabajadores y contra los trabajadores en sí.

Luego de la represión que ejerció el Estado sobre los obreros del subterráneo por las medidas de fuerza que realizaron por la reapertura de la paritaria y un acuerdo salarial a tono con el alza del costo de la vida -en vez del 15% en cuotas que firmó la UTA-, se conformó todo un operativo comunicacional nefasto y de sustrato fascista del cual forma parte este malintencionado “juego”.

El sitio fue creado en 2009, según consta en los archivos, pero recién hoy adquiere visibilidad y relevancia con este infame “jueguito”.

El aparato comunicacional del gobierno, basado en cybertropas que hacen pasar por “verdad” las infamias y operaciones que suelen realizar, se puso en marcha para atacar a los metrodelegados, como antes lo habían hecho frente a los reclamos por Santiago Maldonado o la “reforma previsional” que le robó 100 mil millones de pesos a los jubilados. Influencers, es decir, personalidades que responden al macrismo ya sea por afinidad ideológica o por contratos, como Gustavo Noriega o el subdirector de Radio Nacional Pablo Ciarlero dan cuenta del tamaño de la operación contra los obreros de Metrovías.

“La página fue compartida profusamente por los trolls macristas, que se financian con dinero público y por alguno de los voceros más impresentables del gobierno de Cambiemos, por ejemplo Gustavo Noriega. Sin embargo, y en lo que constituye un hecho gravísimo, el brulote cibernético también fue compartido por Pablo Ciarliero, subdirector de Radio Nacional, - el mismo que tratara a los trabajadores de RNA de terroristas por ejercer el derecho a huelga - quién en su cuenta de Twitter se jactó de la cantidad de metrodelegados que había encerrado en su match. La liviandad con la que Ciarlero se subió a esta virilización fachistoide es incompatible con su permanencia en un cargo al frente de la radio pública”, dice en su comunicado el sindicato ATRANA (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional). Ciarlero fue denunciado reiteradamente por los trabajadores de la emisora por sus actitudes intimidatorias y patoteriles.

Se debe denunciar la represión a los trabajadores, la respuesta de fuerza del Estado y coincidir con la declaración de ATRANA sobre el rol de los funcionarios en el sistema de medios que reproducen este tipo de ataques fascistoides. Todo el apoyo a los trabajadores del subte.

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El reciente veto del intendente kirchnerista de la localidad bonaerense de Moreno, Walter Festa, a la cuestionada adjudicación a la empresa IPS Group del “estacionamiento medido” -que creará tarifas para quienes estacionen en las calles de la ciudad-, dejó al desnudo el manto de negociados que cubre tanto a oficialistas como a “opositores”.

Con el “veto” sólo pretende rediscutir en el Concejo Deliberante los detalles técnicos y legales de la empresa adjudicataria con el resto de los bloques patronales (Cambiemos y Frente Renovador), que pelean por ver a cuál de sus empresarios amigos se les adjudicará. Y no es para menos.

Todos son Cristóbal López…

El gobierno tuvo que dar marcha atrás luego del escándalo de la denuncia pública del concejal Leonardo Cóppola (Cambiemos) contra la adjudicataria IPS Group, cuyos accionistas estarían vinculados con el grupo Tallión, empresa investigada en la justicia por la causa de lavado de dinero de Cristóbal López y compañía (a partir de los fondos públicos entregados bajo el kirchnerismo). La denuncia de Cóppola poco puede ofrecer en cuanto a la búsqueda de “transparencia”: se trata del mismo bloque político que mantuvo en la CABA al régimen monopólico de las empresas Dakota y BRD, que durante más de una década fueron apañadas por el macrismo en el negociado del Estacionamiento Medido, bajo la canilla de los subsidios, licencias vencidas desde el 2001 y ganancias exorbitantes, que a partir de este año serán repartidas junto a otros testaferros y empresarios.

El negocio del Estacionamiento Medido se reparte en distintas ciudades del país bajo el amparo de todos los gobiernos municipales -sean estos kirchneristas o macristas-, bajo el argumento de una “recaudación” que no es otra cosa que el saqueo al bolsillo de los trabajadores -que tienen que hacerle frente a otras tantas decenas de impuestos, como también a la carestía y a los tarifazos en marcha. Como contrapartida a los montos que se intentarán aplicar al estacionamiento, a los empresarios del distrito se los continúa premiando con impuestos irrisorios y nuevas concesiones a cambio de servicios deplorables, como sucede por ejemplo con el monopolio de transporte La Perlita o la empresa de recolección El Trébol.

Es necesario oponerse a este circo armado por Cóppola-Festa. El Estacionamiento Medido busca continuar descargando la crisis sobre el bolsillo popular y a la medida de un esquema de ‘empresarios amigos’. Intentan cobrar el derecho a estacionar incluso cuando las propias calles de la ciudad están destruidas y el presupuesto de la obra pública se destina a financiar a los empresarios vaciadores del distrito.

Por esto, frente a la crisis distrital llamamos a organizarnos por una alternativa independiente. Que se abran los libros contables del municipio. Audiencias públicas donde los vecinos accedan a los destinos del presupuesto. ¡No al Estacionamiento Medido!

 

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Al calor de la crisis y del pedido de rescate al FMI, el gobierno de Vidal presentó en la Legislatura un proyecto de modificación del Pacto Fiscal que firmó con los municipios. Esta profundiza lo establecido en la ley votada a fines del año pasado, explicitando que el gasto público no puede crecer por encima de la inflación prevista por el gobierno nacional para el año entrante –la “meta” del 15%– y que “el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de cargos ocupados adecuada a las características de cada jurisdicción” –es decir despidos. Acto seguido, agrega el compromiso de no aumentar la carga impositiva a las empresas.

En simultáneo, legisladores de Cambiemos afirmaron que no se aprobará en la Legislatura ningún proyecto que tenga afectación presupuestaria, a excepción de los del Ejecutivo. Esta política, que hace de la Legislatura una escribanía oficial, tiene por objetivo ´amarrocar´ hasta el último peso como garantía del endeudamiento, que continúa creciendo. La semana pasada, el gobierno de Vidal emitió Letras por más de 4.400 millones de pesos a una tasa del 37%, que se suman a los bonos en pesos ya emitido por 30.000 millones al 27%, mientras pretende imponer un 15% en cuotas a los trabajadores del Estado. Bajo la gestión de Vidal, la provincia acumula un endeudamiento que se aproxima a los 300.000 millones (la mayor parte en dólares).

Esta exacerbación del Pacto Fiscal no tiene otro fin que asegurar el repago de la deuda, ya que la Provincia cuenta con fondos que no fueron incluidos en la previsión de recursos del Presupuesto 2018. Por ejemplo, los 37.000 millones de pesos que recibió de Nación por el Fondo del Conurbano, a lo que se suma que la recaudación del primer cuatrimestre se ubicó un 5% por encima de lo proyectado según un informe de Arba, ratificando la impugnación que presentó el FIT al tratarse el Presupuesto por subestimar éste los recursos reales con que cuenta la Provincia.

En este cuadro se recrudecen los despidos en el Estado provincial, los descuentos por medidas de fuerza, la exclusión de la mayor parte de las licencias como causales para no perder el presentismo, y la amenaza de perpetrar otro robo a los jubilados del IPS que hizo abrir el paraguas a la burocracia de UPCN y Suteba denunciando el vaciamiento del organismo. Junto a la presentación del Pacto Fiscal, se dio a conocer el decreto que habilita la oferta de ´retiros voluntarios´. Mientras el gobierno perfila estos nuevos ataques, la provincia se encuentra cruzada por los cierres de plantas y despidos masivos, y entre la juventud trabajadora la desocupación alcanza un 20% y hay otro 10% de subocupación según datos del Ministerio de Trabajo.

El parazo docente es, del otro lado del mostrador, la muestra cabal de la voluntad de lucha que anida en los trabajadores, que buscan un canal para enfrentar este plan de guerra que solo beneficia a los que especulan con la quiebra del país. Lo mismo se expresó en las masivas movilizaciones del Astillero Río Santiago. La militarización de los conflictos obreros como el INTI, el Subte y Cresta Roja confirman que el gobierno pretende doblegar esta predisposición a la lucha a fuerza de represión, allí donde no alcanza la contención o el boicot directo de la burocracia sindical.

En oposición a este plan de guerra de un gobierno que está hundiendo al país, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, a través de la banca que ocupa Guillermo Kane, denunciará este pacto ajustador y opondrá un programa de salida a la crisis para ajustar a los ajustadores, que sirva de contribución a la deliberación que recorre los lugares de trabajo.

No al pago de la deuda usuraria, gravamen progresivo sobre las grandes fortunas, ningún despido y pase a planta permanente de todos los precarizados, salario igual a la canasta familiar, IPS bajo control de los trabajadores.

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La Legislatura de Córdoba aprobó con el voto del oficialismo (PJ) dos leyes para cambiar aspectos clave del convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza. Por una de ellas, se les comenzará a cobrar el consumo eléctrico, lo que constituye una rebaja salarial, ya que forma parte del salario conformado, mientras que la otra elimina el aporte de la empresa (Epec) al fondo compensador para garantizar el 82% a los jubilados.

Las dos leyes votadas son ilegales, ya que una ley provincial no puede modificar una ley nacional, que es el status del convenio colectivo. Una parte de Cambiemos (mayoritaria) se abstuvo y otra votó en contra, en base a este argumento.

El gobierno de Schiaretti tiene conciencia del problema jurídico implicado en la votación, pero como destacó Eduardo Salas en su intervención, su propósito es colocar a los trabajadores y su convenio como los responsables del costo elevado de las tarifas para dar paso a una reestructuración del sistema energético y un nuevo marco regulatorio en beneficio de los grupos capitalistas.

La bancada del Frente de Izquierda denunció que atrás de este ataque está la intención de ocultar que hay un vaciamiento en curso de la empresa para proceder a su desguace (separando la generación, distribución y transporte) y posterior privatización directa o indirecta (vía tercerizaciones). De la Sota, en el 2001, –cuando Schiaretti era su ministro de Producción– intentó llevar adelante este objetivo, pero la gran lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza, con un gran acompañamiento popular, lo impidieron. Ahora retoman la ofensiva sobre los lucifuercistas.

Solo nuestro partido ha desnudado esta intención. Así quedó reflejado en el debate parlamentario de la sesión del miércoles 23. Adjuntamos la intervención de nuestro legislador, Eduardo Salas, denunciando al gobierno y a Cambiemos por esta política de liquidación de la Epec.

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El presidente de la empresa de agua de la provincia de Chaco (Sameep), Claudio Wettstein, fue interpelado en la Cámara de Diputados. Fue convocado por iniciativa de la banca de Aurelio Díaz, el diputado del Partido Obrero. 

Como desarrollamos en el cuestionario elaborado por el PO, debía responder sobre las falencias en las condiciones de seguridad que produjeron la muerte de seis obreros en 2017 y el cumplimiento actual en la materia; los aumentos de tarifas y su relación con los costos de producción del agua, los convenios con clubes (ver nota), la falta de depósito de los aportes previsionales de los trabajadores en la caja previsional de la provincia, y las denuncias de persecución sindical contra los compañeros del sindicato de obras sanitarias (Sosch).

La interpelación fue un triunfo, dado que el PJ pretendía voltearla apelando a los pactos parlamentarios que mantiene con la UCR. Finalmente, se acordó que se realice en una reunión ampliada de comisiones de Obra Pública y Legislación del Trabajo. La presión de Aurelio Díaz arrancó la presencia en la misma de los dirigentes del sindicato y de la prensa. La interpelación se realizó en una Cámara rodeada por movimientos sociales y trabajadores de Sameep, que realizaron un acto exigiendo justicia por los compañeros fallecidos.

La presentación inicial de Wettstein estuvo llena de chicanas contra la redacción de las preguntas y los redactores del proyecto. No respondió sobre las responsabilidades por las muertes, aludiendo vagamente al encargado de seguridad e higiene de la empresa, y se excusó de dar más detalles diciendo que la causa tiene secreto de sumario. Tampoco informó sobre el sumario interno que la empresa dice haber realizado. Pasó por alto su propia responsabilidad sobre la situación, cuando los compañeros estaban trabajando descalzos, sin ningún tipo de elemento de seguridad. 

Sobre las condiciones de seguridad actuales en la empresa, sostuvo que formaron un equipo de trabajadores con capacitación y equipos apropiados para los trabajos en profundidad en el sector cloacas. Daniel Tabares, del Sosch, preguntó por qué no se tomó esa resolución luego de las muertes de compañeros en Tres Isletas, con lo que se habrían podido evitar las muertes del accidente de Vilelas, ocurrido seis meses después. No obtuvo respuesta, lo que ilustra las responsabilidades criminales de la empresa en las muertes. En el sector de cloacas, por fuera de este equipo, se sigue trabajando como antes de que se produjeran las muertes. 

Los responsables de Sameep negaron la precarización laboral en la empresa, cuando hay más de 150 contratados y 400 jornalizados, que no gozan de estabilidad. Tampoco dieron datos concretos ni fundamentados sobre la recaudación de la empresa luego del último aumento de tarifas. Eludieron dar los datos de los gastos de Sameep en convenios de publicidad con clubes, un arma de cooptación durante la presidencia de Gustavo Martínez. Defendieron estos convenios sosteniendo que son un “aporte social”, pero lo cierto es que se destinan preciosos recursos que podrían invertirse en condiciones de seguridad y en la mejora del servicio.

La bancada del radicalismo introdujo la cuestión de la calidad del agua. Como siempre, Sameep respondió sosteniendo que sus estudios de laboratorio marcan que el agua está en condiciones óptimas; sin embargo, es necesaria una auditoría interna porque en estos estudios, la empresa es juez y parte y cuando se produjeron informes negativos (por ejemplo, en 2013) no fueron dados a conocer a la opinión pública.

Retención de aportes

La empresa reconoció que tiene una deuda de 900 millones de pesos con el INSSSEP. De acuerdo a datos aportados por el Partido Obrero, sobre la base de un informe de la sindicatura de la caja jubilatoria, la deuda ascendería en realidad a 1.300 millones. La empresa aludió a que está tramitando un pago por parte del Estado provincial de dicha deuda, basado en que el Estado debe a la empresa sumas importantes en concepto de uso del agua. Convalidan una estafa contra la caja previsional, sobre la base de que existe otra estafa, la del Estado provincial contra la Empresa, y someten el pago de la deuda de la empresa al pago del Estado a Sameep. Aurelio insistió con que esta política puede llevar a la crisis al INSSSEP, y que se basa en una estafa a los trabajadores, a quienes se les aplica el descuento pero la patronal no realiza los aportes correspondientes.

Respecto a las acusaciones por persecución sindical, Wettstein sostuvo que interpuso una denuncia penal contra el sindicato por "usura" en los préstamos a los afiliados. Pero la pericia financiera de la justicia desmintió la acusación. También destacó otra acusación penal por "ruidos molestos" contra las jornadas de lucha del sindicato. Sostuvo que es "atribución del directorio" trasladar de su puesto al secretario general del sindicato, ignorando una cautelar que la empresa no cumple de restituirlo en su tarea. Reconoció que la empresa le hace firmar a los empleados una declaración jurada para "ratificar" la afiliación, un verdadero apriete para la desafiliación compulsiva.

Numerosas intervenciones –incluso de diputados del oficialismo– atacaron esta política anti sindical de la empresa, como así también los puntos débiles de la argumentación y las respuestas de la presidencia de Sameep. En su intervención final, Aurelio Díaz advirtió contra esta gestión, sosteniendo que los desmanejos de la empresa le dan argumento a las posiciones privatistas contra Sameep. Para superar esta situación, planteamos la gestión obrera de la empresa de agua.

En este camino, tenemos por delante una lucha política importante, dado que los compañeros del Sosch han decidido ir a la pelea por el vocal obrero de la empresa, contra los sindicatos alineados con esta gestión. El apoyo a las candidaturas del único sindicato independiente que ha luchado por los derechos de los trabajadores de la empresa contra la gestión de Wettstein es fundamental para crear un contrapeso capaz de defender los intereses de usuarios y trabajadores de Sameep. 

Sameep: el Estado debe 10 millones de pesos por la boleta de agua de la Iglesia Católica

Entre los datos suministrados por el presidente de Sameep, Claudio Wettstein, en la última interpelación, se encuentra el de la deuda acumulada por el Estado provincial por la factura  del agua para la Iglesia Católica. Esta asciende, según el informe de la empresa, a 9.826.812 pesos, entre el período 2009-2017. 

La Iglesia católica también está exceptuada por ley del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales. De esta forma, la totalidad de los chaqueños, con nuestros impuestos, subsidian a la iglesia Católica. 

Sostener estos privilegios para la Iglesia cuando se aumentan un 60% las tarifas de agua para los residentes, se aplica un tarifazo en la luz y se sostienen salarios prácticamente congelados frente a la inflación galopante es un agravio. La Iglesia representa al oscurantismo, contraria al progreso científico y al avance de los derechos elementales, especialmente de las mujeres, como ha mostrado recientemente en el debate sobre el aborto. 

Reclamamos la separación de la Iglesia del Estado y presentaremos en la Cámara de Diputados un proyecto para eliminar todos estos privilegios, que se cargan sobre la espalda de los trabajadores del Chaco.

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El sábado 19, el Polo Obrero realizó un plenario nacional que recogió la experiencia y el balance de nuestro desarrollo de este primer semestre 2018. La mesa reunió a 17 distritos del Gran Buenos Aires de las zonas sur, oeste, norte y La Plata, a referentes del interior de la provincia de Buenos Aires (estuvieron San Nicolás, Mar del Plata y Bahía Blanca), Chaco, Salta, Tucumán, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén. Por distintos problemas no pudieron llegar los responsables de San Juan y Tierra del Fuego.

Al plenario lo abrió el compañero Néstor Pitrola, con un completo informe de situación política. Pitrola remarcó que “explotó el programa económico por sus propias contradicciones. El plan de guerra de Macri sigue su camino, intentan apagar el fuego con nafta”.

 

 

La primera conclusión fue tomar iniciativas para promover la irrupción de los trabajadores, impulsando una campaña por el paro activo nacional y por un plenario de delegados de base con mandato. 

Los movimientos sociales

La necesidad del frente único por las reivindicaciones frente al ataque del gobierno, a la vez que la delimitación con las otras organizaciones sociales y piqueteras, fue un punto de debate político. El triunvirato de San Cayetano discute un nuevo acuerdo con el gobierno y su inclusión en la CGT, la misma que pacta con Macri las reformas antiobreras.  Es  el mismo camino del “partido piquetero” anunciado por De Gennaro, que querrá venir a disputar el espacio conquistado por la izquierda (FIT-PO).

Cada regional presentó un informe de su provincia y algunas intervenciones fueron muy destacadas por la concentración de problemas políticos que se cristalizan, como por ejemplo Santiago del Estero. Allí, el gobierno provincial (Frente Cívico) está integrado por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, y se expande en los barrios con caja y apoyo del Estado. En septiembre habrá elecciones en la capital y uno de los candidatos por el oficialismo es el dirigente de Barrios de Pie (¡!). Algo similar ocurre en Mendoza, donde esta agrupación  forma parte del gobierno antiobrero de Alfredo Cornejo.

La lucha por las reivindicaciones

Un tema clave del plenario fue la lucha por al aborto legal. La compañera Silvina, del Plenario de Trabajadoras de Córdoba, intervino sobre el tema y llamó a profundizar esta agitación en todo el país. Concluimos su intervención realizando un pañuelazo.

La lucha por las reivindicaciones incluyó también la cuestión de la vivienda. En Córdoba capital (Cabildo) ganamos las viviendas para más de 130 familias con la ocupación. Formamos un cuerpo de delegados y con esta experiencia nos dimos el trabajo de abrir  más de 20 barrios, que están extendiendo nuestro trabajo a toda la provincia.

El problema de las inundaciones también nos ha tenido a la cabeza de la lucha con movilización y corte de puentes; en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, también se realizarán marchas en reclamo de asistencia integral de los damnificados por las lluvias y por un plan de obras hídricas para terminar con este flagelo.

Perspectivas

El Polo Obrero debe trabajar intensamente en la organización de las masas agredidas por el gobierno y en defensa de todas las reivindicaciones populares, desde la lucha por la tierra y la vivienda,  contra los tarifazos, el reclamo de trabajo genuino y la defensa de los planes sociales ante la amenaza de las bajas y la pulverización de los ingresos por la inflación. Con el método del empadronamiento, la asamblea barrial, y la lucha piquetera en frente único, debemos abordar el desafío de ser un canal de organización de las masas contra el ajuste en unidad con los trabajadores ocupados.

Con esta caracterización, el plenario votó un programa de emergencia y un plan de resoluciones, que incluye el empadronamiento por trabajo genuino, movilización a los municipios, plan de lucha nacional junto al bloque de organizaciones y los sectores que estén dispuestos a romper la tregua, campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, participación en la marcha Ni Una Menos del 4J y movilización a la reunión del Consejo del Salario mínimo.

 
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Tras el anuncio del pacto con el FMI, Macri convocó a los gobernadores del PJ para solicitarles su apoyo a las negociaciones. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, no demoró ni 24 horas en hacerlo.

Rápidamente salió a desmarcarse del proyecto que limita el tarifazo, que sus propios diputados habían votado (entre ellos, su esposa), señalando que el Senado debe rechazar el proyecto porque la “fijación de tarifas es atribución del Poder Ejecutivo”. Una semana después, Schiaretti recibió a Macri en Córdoba y también apoyó el planteo de “acelerar la reducción del déficit fiscal”.

Schiaretti ha montado en la provincia un esquema de endeudamiento usurario que sigue el colapso macrista y que en los últimos dos años ha hecho crecer la deuda provincial en un 333%, pasando de 18.500 millones al 31 de diciembre de 2015 a los 61.745 millones de pesos actuales, luego de la devaluación. Además, Schiaretti ya emitió los decretos respectivos para contraer nueva deuda por 700 millones de dólares, lo que llevaría el total de deuda a 79.203 millones de pesos, que representa más del 50% del presupuesto provincial. 

Pero allí no termina la historia. Córdoba tiene gestiones de préstamos con el Banco Mundial (BM) por 300 millones de dólares. También con el Deutsche Bank por 100 millones de dólares, con el BBVA, con fondos de los Emiratos Arabes y de Kuwait, y con la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep). El conjunto de esas operaciones puede hacer llegar la deuda de la provincia a los 100.000 millones de pesos en el corto plazo. La provincia también se lanzó de manera desembozada a timbear con las Lebac (11.733 millones de pesos).

El fenomenal endeudamiento ha tenido como objetivo refinanciar deuda anterior y sostener un plan de obras públicas que regentean los Odebretch y los Calcaterra. 

Para seguir alimentando este saqueo de las finanzas provinciales, Schiaretti apoya el pacto de Macri con el FMI. Considerando que el 95% de la deuda ha sido emitida en dólares, el programa del gobierno es entregar la provincia al capital financiero. 

Schiaretti apoya el curso adoptado por Macri porque el programa del FMI plantea la agenda de los capitalistas que mandan en la provincia. En primer lugar, la devaluación de la moneda ha sido saludada por el capital sojero (que mantenía retenida la cosecha en silos-bolsas a la espera de una depreciación del peso) y por las terminales automotrices. En la visita de Macri mencionada, Fiat anunció una inversión en la planta local cercana a los 100 millones de dólares. Ese programa establece mayores beneficios para los empresarios, como la baja de ingresos brutos que el gobierno dispuso de acuerdo con el pacto fiscal y, por otro lado, mayores cargas a los trabajadores con la “reducción del déficit fiscal” y la desvalorización de los salarios.

Una parte fundamental de ese programa se está discutiendo en las calles de Córdoba. Schiaretti viene lanzando provocación tras provocación a los trabajadores de Luz y Fuerza, con el objetivo de modificar su convenio colectivo, hacer pasar la reforma laboral y los despidos, y finalmente privatizar la empresa de energía pública (Epec). En la visita de Macri hubo una reunión con las principales patronales metalmecánicas y metalúrgicas, y con la burocracia del Smata y UOM, donde el tema central fueron los convenios colectivos de trabajo. Esto se complementa con otra parte del ajuste que ya se impuso a comienzo de año con las paritarias a los trabajadores estatales y de salud del 11% y a los docentes del 15%; el salario inicial de maestro no llega a los 16.500 mensuales de pesos.

Crisis del PJ

El apoyo de Schiaretti a Macri también busca una salida a la crisis terminal del PJ local. En las últimas elecciones, el peronismo alcanzó apenas el 30% de los votos y Cambiemos le sacó 18 puntos de ventaja. Al mismo tiempo, la Legislatura viene siendo el escenario de un acercamiento entre Schiaretti y Cambiemos, cuyas partes (UCR-PRO-Juez) han votado toda la política oficial. La última maniobra, en este sentido, fue levantar la sesión especial por el aborto legal, que se había resuelto a iniciativa de Eduardo Salas del PO-FIT. El “gran acuerdo nacional” puede ser la prenda de cambio de un acuerdo en desmedro de la oposición burguesa provincial, o incluso excusa para una integración, que le despeje el camino de la reelección a Schiaretti.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazamos el pacto con el FMI y planteamos una salida de los trabajadores a la crisis: inmediata reapertura de las paritarias de estatales, docentes y de todos los trabajadores; no a la reforma laboral, abajo el ataque a los CCT; anulación de los tarifazos, la nacionalización de los recursos energéticos y control obrero de la Epec; no pago de la deuda usuaria provincial y nacional; que se retire de inmediato de los fondos de Lebac, para comenzar ya un plan de viviendas populares. Al valor actual se podrían construir cerca de 17 mil casas.

Por un paro activo y un plan de lucha y un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero cordobés.

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El ataque oficial a los obreros del Subte forma parte de una acción consciente de vasto alcance, no sólo para los compañeros que trabajan en los túneles, sino para todo el movimiento obrero.

La represión al Subte fue un hecho premeditado, al igual que la detención de Segovia y otros 15 delegados y activistas. El ataque montado implica un desconocimiento del derecho de huelga y la decisión política de sostener los techos paritarios a sangre y fuego.

El operativo, además, formó parte de una acción represiva más vasta, como la que sufrieron los despedidos de Cresta Roja en la madrugada del jueves 17 de mayo o la militarización del Inti, impidiendo el ingreso al predio de quienes vienen luchando hace tres meses por su reincorporación.

El Subte y sus implicancias

Los compañeros de la AGTSyP vienen realizando, desde hace más de 20 días, distintas medidas progresivas, que comenzaron con aperturas de molinetes, siguieron con paros parciales y alternados en horarios no pico y, finalmente, con paros en horarios importantes también de a una línea por día. Su reclamo es incuestionable: el rechazo a la paritaria del 14% en cuotas (con descuento sindical compulsivo general del 1%) firmada por la patota de UTA, en lugar de la verdadera representación obrera. Y, por ende, el reclamo de una mesa de negociación paritaria con la AGTSyP, para reabrir la discusión.

Cuando se debatía entre los trabajadores cómo seguirla (la Línea B reclamaba un paro de 24 horas), se produjo la andanada de sanciones de la patronal: 150 suspensiones, de las cuales 114 son a delegados o directivos, muchos de los cuales empezaron a recibir la notificación del pedido de desafuero por parte de la patronal.

El gobierno de Rodríguez Larreta se puso a la cabeza del operativo de represión e ilegalización de la huelga. Se pretexta que la AGTSyP es un sindicato ilegal, lo cual es completamente falso, aún después de habérsele usurpado la personería gremial, ello, porque de cualquier manera es un sindicato inscripto, al igual que decenas de otros sindicatos y centrales en la Argentina, como las distintas CTA.

Ciertamente, Tomada le otorgó al Subte la personería pocos días antes del fin del gobierno kirchnerista, cuando ya había perdido las elecciones. En los doce años anteriores, el kirchnerismo priorizó a la UTA, e incluso fue blanco de la gran huelga de más de diez días que conmovió al movimiento obrero de la época, precisamente contra la connivencia de Tomada con la UTA y el resto de la burocracia.

Un fallo de la Corte ordenó repetir la compulsa para determinar qué sindicato tiene más representatividad, cuestión que Triaca jamás implementó. El objetivo es muy claro, ilegalizar al sindicato al que sigue el 85% de los trabajadores del Subte, y que encarna la tradición histórica del cuerpo de delegados clasista que conquistó las seis horas.

En la mira del gobierno está el ataque al convenio, especialmente las seis horas, la gran conquista del post Argentinazo a la que contribuimos desde la banca de Altamira en la Legislatura porteña. Y esto tiene especial relevancia cuando a fin de año vence la concesión de Metrovías. En este cuadro, el ataque a la organización sindical apunta a flexibilizar las condiciones laborales para el propio grupo Roggio o cualquiera de los grupos nacionales o internacionales que se preparan para explotar la concesión de los subtes. Para ello, Larreta y Macri apuntan contra el derecho de huelga (se habla ya de declarar la actividad servicio esencial), pero también contra las huelgas que no sean dictadas por los sindicatos centrales con personería gremial. En la mira están todos los sindicatos simplemente inscriptos -la docencia universitaria, la construcción, estatales y otros sectores. Pero también los cuerpos de delegados fabriles o seccionales locales que encabezan luchas contra despidos masivos, ataques a condiciones convencionales, reclamos salariales o por accidentes de trabajo. Los pactos del gobierno con los Barrionuevo y los Daer han tenido siempre esta perspectiva.

Primer capítulo de la ofensiva del FMI

Este ataque es parte indisoluble de la “solución FMI” al derrumbe de la política económica del gobierno, y cuyo estallido sólo logró postergar al precio de concesiones leoninas a los banqueros. La más importante es la rebaja de los encajes, que les permitirá a los banqueros obtener rendimientos del 40% anual por el dinero que antes se encontraba inmovilizado.

Con un endeudamiento reforzado, la devaluación y el conocido tarifazo, se comienza a negociar un acuerdo con el FMI que podría alcanzar 50.000 millones de dólares, y que estará destinado a asegurarle el pago de los compromisos de deuda al capital internacional.

Aunque el eje del ajuste vendrá en el Presupuesto 2019, el gobierno debe mostrar hoy señales respecto de su capacidad política para imponer ese plan. Luego, están los aumentos tarifarios que alimentarán la caldera inflacionaria del segundo semestre, junto a los que serán disparados por la devaluación.

A este paso, la inflación anual difícilmente baje del 30%, un escenario que estará acompañado por una mayor recesión.

Hay que quebrar la entrega de la burocracia sindical

Los desafíos del movimiento obrero marcarán la próxima etapa. Somos la fuerza social capaz de enfrentar a Macri, al FMI y a sus socios políticos. Sintetizando, podemos decir que enfrentamos la tercera fase del ajuste de Macri -y los gobernadores-, tras los dos primeros años y las reformas previsional, tributaria y laboral lanzadas después de las elecciones de octubre pasado. Ahora, con “ministro de economía fuerte”, el FMI, que delega en el ministro Nicolás Dujovne el monitoreo de la tarea sucia. La presente fase, sin embargo, es el resultado de la quiebra de la propia política macrista, un dato crucial para los trabajadores que salen a enfrentarla.

La burocracia sindical, golpeada por las rebeliones de diciembre y su acompañamiento al gobierno, sufre el mismo desconcierto de la oposición patronal que cogobernó con Macri. Los gobernadores del PJ y sus legisladores advierten la inquietud política de los trabajadores y la caída del capital político del propio Macri.

Sus senadores negocian cómo evitarle un veto por tarifas a Macri, que puede terminar ocurriendo de todos modos. Pero ya han hecho un pacto de caballeros: que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso, para no quedar pegados a un obligado voto a favor, cuando el conjunto de la burguesía volvió a cerrar filas con el pacto fondomonetarista y la devaluación.

La CGT acompaña las maniobras de “gobernabilidad” y evalúa el momento de un paro para descomprimir, del tipo del 6 de abril del año pasado. Quieren seguir marcando el paso en el mismo lugar, mientras enormes luchas obreras soportan el aislamiento. Moyano, en tanto, organiza un 25 de Mayo “patriótico”, no dirigido a una lucha sino a un rescate personal de su figura.

Las CTA se reagrupan con Moyano, la Iglesia, o ambos a la vez. La Marcha Federal de fin de mes, motorizada por el trío papal, la pastoral social y la conferencia episcopal, levanta las consignas de emergencia alimentaria, asistencia a la economía popular y otras demandas apoyadas por el Banco Mundial e incluso por Lagarde, a sabiendas que la magnitud del ajuste significa un mar de pobreza a contener.

Una ruta del clasismo para toda la clase obrera

En oposición a estas políticas de derrota, la dirección clasista del Sutna y el plenario de delegados del gremio han convocado a todo el sindicalismo clasista, antiburocrático y a las luchas, a un encuentro para el 24 de mayo. En Neuquén, un plenario de 500 dirigentes, delegados y activistas en apoyo a la formidable huelga docente de esa provincia, que lleva más de 40 días, resolvió adherir.

El propósito es rodear las luchas con iniciativas de apoyo, convocar a la calle a luchar contra el pacto con el FMI, por la reapertura de paritarias en rechazo a la reforma laboral, por aumento de emergencia a los jubilados, y por la ocupación de las fábricas que cierren o despidan masivamente. Con ese objetivo se pondrá a discusión la convocatoria conjunta a un congreso obrero en fecha próxima, por parte de los sindicatos y cuerpos de delegados presentes. Su propósito es el impulso, en todos los sindicatos, a un paro activo nacional con abandono de tareas y un congreso de delegados mandatados por asambleas para arrancarlo. Es el camino para la irrupción de la clase obrera y el movimiento popular con carácter de masas, la multiplicación por diez de las jornadas de diciembre, el camino de la huelga general.

De inmediato hay que reforzar el apoyo a los docentes neuquinos, al subte, a Cresta Roja, al Inti, a Crivea, a los docentes universitarios y a todos los sectores en lucha.

La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de decenas de sindicatos, es un gran punto de apoyo para orientar a un movimiento obrero que todos los días demuestra sus enormes reservas de lucha. El punto es superar el freno de la burocracia sindical para derrotar al enemigo de clase. Se acercan momentos decisivos, tenemos que actuar a la altura de ellos.

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