27 de septiembre de 2017

Nuevos spots del Frente de Izquierda: contra la reforma laboral y educativa

Por Redacción

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda lanzó una nueva tanda de spots animados, centrados en la denuncia de las reformas laboral y educativa que promueve el gobierno. La semana pasada, la coalición presentó los primeros spots de campaña hacia octubre, protagonizados por muñequitos,
 
Los videos cuentan con la presencia de los candidatos bonaerenses Néstor Pitrola (al Senado) y Romina del Plá (al Congreso) y de Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
 
La izquierda denuncia que el "gobierno quiere acabar con los convenios colectivos y la estabilidad en el trabajo" y convoca a "hacerle frente" a la flexibilidad laboral votando a sus candidatos.
 

En relación con la reforma antieducativa, enfrentada con una lucha de cerca de un mes por los secundarios porteños, el spot denuncia que “el gobierno va por un nuevo golpe a la escuela pública con el Plan Maestro: quieren mandar a los jóvenes a trabajar gratis a las empresas  y eliminar el estatuto del docente. Degradan el trabajo y también la educación”, mientras que en relación a la reforma laboral, se señala que “el gobierno quiere terminar con los convenios colectivos y la estabilidad en el trabajo” y se destaca que “los supuestos opositores gobernaron con un 40% de precarización”.
 

A estas avanzadas contra la clase obrera y la juventud, es necesario hacerle frente con los trabajadores y la izquierda. Es lo que plantean los videos, llamando a colocar representantes del FIT en el Congreso Nacional y en las legislaturas.

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El sábado 19, el Polo Obrero realizó un plenario nacional que recogió la experiencia y el balance de nuestro desarrollo de este primer semestre 2018. La mesa reunió a 17 distritos del Gran Buenos Aires de las zonas sur, oeste, norte y La Plata, a referentes del interior de la provincia de Buenos Aires (estuvieron San Nicolás, Mar del Plata y Bahía Blanca), Chaco, Salta, Tucumán, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén. Por distintos problemas no pudieron llegar los responsables de San Juan y Tierra del Fuego.

Al plenario lo abrió el compañero Néstor Pitrola, con un completo informe de situación política. Pitrola remarcó que “explotó el programa económico por sus propias contradicciones. El plan de guerra de Macri sigue su camino, intentan apagar el fuego con nafta”.

 

 

La primera conclusión fue tomar iniciativas para promover la irrupción de los trabajadores, impulsando una campaña por el paro activo nacional y por un plenario de delegados de base con mandato. 

Los movimientos sociales

La necesidad del frente único por las reivindicaciones frente al ataque del gobierno, a la vez que la delimitación con las otras organizaciones sociales y piqueteras, fue un punto de debate político. El triunvirato de San Cayetano discute un nuevo acuerdo con el gobierno y su inclusión en la CGT, la misma que pacta con Macri las reformas antiobreras.  Es  el mismo camino del “partido piquetero” anunciado por De Gennaro, que querrá venir a disputar el espacio conquistado por la izquierda (FIT-PO).

Cada regional presentó un informe de su provincia y algunas intervenciones fueron muy destacadas por la concentración de problemas políticos que se cristalizan, como por ejemplo Santiago del Estero. Allí, el gobierno provincial (Frente Cívico) está integrado por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, y se expande en los barrios con caja y apoyo del Estado. En septiembre habrá elecciones en la capital y uno de los candidatos por el oficialismo es el dirigente de Barrios de Pie (¡!). Algo similar ocurre en Mendoza, donde esta agrupación  forma parte del gobierno antiobrero de Alfredo Cornejo.

La lucha por las reivindicaciones

Un tema clave del plenario fue la lucha por al aborto legal. La compañera Silvina, del Plenario de Trabajadoras de Córdoba, intervino sobre el tema y llamó a profundizar esta agitación en todo el país. Concluimos su intervención realizando un pañuelazo.

La lucha por las reivindicaciones incluyó también la cuestión de la vivienda. En Córdoba capital (Cabildo) ganamos las viviendas para más de 130 familias con la ocupación. Formamos un cuerpo de delegados y con esta experiencia nos dimos el trabajo de abrir  más de 20 barrios, que están extendiendo nuestro trabajo a toda la provincia.

El problema de las inundaciones también nos ha tenido a la cabeza de la lucha con movilización y corte de puentes; en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, también se realizarán marchas en reclamo de asistencia integral de los damnificados por las lluvias y por un plan de obras hídricas para terminar con este flagelo.

Perspectivas

El Polo Obrero debe trabajar intensamente en la organización de las masas agredidas por el gobierno y en defensa de todas las reivindicaciones populares, desde la lucha por la tierra y la vivienda,  contra los tarifazos, el reclamo de trabajo genuino y la defensa de los planes sociales ante la amenaza de las bajas y la pulverización de los ingresos por la inflación. Con el método del empadronamiento, la asamblea barrial, y la lucha piquetera en frente único, debemos abordar el desafío de ser un canal de organización de las masas contra el ajuste en unidad con los trabajadores ocupados.

Con esta caracterización, el plenario votó un programa de emergencia y un plan de resoluciones, que incluye el empadronamiento por trabajo genuino, movilización a los municipios, plan de lucha nacional junto al bloque de organizaciones y los sectores que estén dispuestos a romper la tregua, campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, participación en la marcha Ni Una Menos del 4J y movilización a la reunión del Consejo del Salario mínimo.

 
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Tras el anuncio del pacto con el FMI, Macri convocó a los gobernadores del PJ para solicitarles su apoyo a las negociaciones. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, no demoró ni 24 horas en hacerlo.

Rápidamente salió a desmarcarse del proyecto que limita el tarifazo, que sus propios diputados habían votado (entre ellos, su esposa), señalando que el Senado debe rechazar el proyecto porque la “fijación de tarifas es atribución del Poder Ejecutivo”. Una semana después, Schiaretti recibió a Macri en Córdoba y también apoyó el planteo de “acelerar la reducción del déficit fiscal”.

Schiaretti ha montado en la provincia un esquema de endeudamiento usurario que sigue el colapso macrista y que en los últimos dos años ha hecho crecer la deuda provincial en un 333%, pasando de 18.500 millones al 31 de diciembre de 2015 a los 61.745 millones de pesos actuales, luego de la devaluación. Además, Schiaretti ya emitió los decretos respectivos para contraer nueva deuda por 700 millones de dólares, lo que llevaría el total de deuda a 79.203 millones de pesos, que representa más del 50% del presupuesto provincial. 

Pero allí no termina la historia. Córdoba tiene gestiones de préstamos con el Banco Mundial (BM) por 300 millones de dólares. También con el Deutsche Bank por 100 millones de dólares, con el BBVA, con fondos de los Emiratos Arabes y de Kuwait, y con la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep). El conjunto de esas operaciones puede hacer llegar la deuda de la provincia a los 100.000 millones de pesos en el corto plazo. La provincia también se lanzó de manera desembozada a timbear con las Lebac (11.733 millones de pesos).

El fenomenal endeudamiento ha tenido como objetivo refinanciar deuda anterior y sostener un plan de obras públicas que regentean los Odebretch y los Calcaterra. 

Para seguir alimentando este saqueo de las finanzas provinciales, Schiaretti apoya el pacto de Macri con el FMI. Considerando que el 95% de la deuda ha sido emitida en dólares, el programa del gobierno es entregar la provincia al capital financiero. 

Schiaretti apoya el curso adoptado por Macri porque el programa del FMI plantea la agenda de los capitalistas que mandan en la provincia. En primer lugar, la devaluación de la moneda ha sido saludada por el capital sojero (que mantenía retenida la cosecha en silos-bolsas a la espera de una depreciación del peso) y por las terminales automotrices. En la visita de Macri mencionada, Fiat anunció una inversión en la planta local cercana a los 100 millones de dólares. Ese programa establece mayores beneficios para los empresarios, como la baja de ingresos brutos que el gobierno dispuso de acuerdo con el pacto fiscal y, por otro lado, mayores cargas a los trabajadores con la “reducción del déficit fiscal” y la desvalorización de los salarios.

Una parte fundamental de ese programa se está discutiendo en las calles de Córdoba. Schiaretti viene lanzando provocación tras provocación a los trabajadores de Luz y Fuerza, con el objetivo de modificar su convenio colectivo, hacer pasar la reforma laboral y los despidos, y finalmente privatizar la empresa de energía pública (Epec). En la visita de Macri hubo una reunión con las principales patronales metalmecánicas y metalúrgicas, y con la burocracia del Smata y UOM, donde el tema central fueron los convenios colectivos de trabajo. Esto se complementa con otra parte del ajuste que ya se impuso a comienzo de año con las paritarias a los trabajadores estatales y de salud del 11% y a los docentes del 15%; el salario inicial de maestro no llega a los 16.500 mensuales de pesos.

Crisis del PJ

El apoyo de Schiaretti a Macri también busca una salida a la crisis terminal del PJ local. En las últimas elecciones, el peronismo alcanzó apenas el 30% de los votos y Cambiemos le sacó 18 puntos de ventaja. Al mismo tiempo, la Legislatura viene siendo el escenario de un acercamiento entre Schiaretti y Cambiemos, cuyas partes (UCR-PRO-Juez) han votado toda la política oficial. La última maniobra, en este sentido, fue levantar la sesión especial por el aborto legal, que se había resuelto a iniciativa de Eduardo Salas del PO-FIT. El “gran acuerdo nacional” puede ser la prenda de cambio de un acuerdo en desmedro de la oposición burguesa provincial, o incluso excusa para una integración, que le despeje el camino de la reelección a Schiaretti.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazamos el pacto con el FMI y planteamos una salida de los trabajadores a la crisis: inmediata reapertura de las paritarias de estatales, docentes y de todos los trabajadores; no a la reforma laboral, abajo el ataque a los CCT; anulación de los tarifazos, la nacionalización de los recursos energéticos y control obrero de la Epec; no pago de la deuda usuaria provincial y nacional; que se retire de inmediato de los fondos de Lebac, para comenzar ya un plan de viviendas populares. Al valor actual se podrían construir cerca de 17 mil casas.

Por un paro activo y un plan de lucha y un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero cordobés.

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El ataque oficial a los obreros del Subte forma parte de una acción consciente de vasto alcance, no sólo para los compañeros que trabajan en los túneles, sino para todo el movimiento obrero.

La represión al Subte fue un hecho premeditado, al igual que la detención de Segovia y otros 15 delegados y activistas. El ataque montado implica un desconocimiento del derecho de huelga y la decisión política de sostener los techos paritarios a sangre y fuego.

El operativo, además, formó parte de una acción represiva más vasta, como la que sufrieron los despedidos de Cresta Roja en la madrugada del jueves 17 de mayo o la militarización del Inti, impidiendo el ingreso al predio de quienes vienen luchando hace tres meses por su reincorporación.

El Subte y sus implicancias

Los compañeros de la AGTSyP vienen realizando, desde hace más de 20 días, distintas medidas progresivas, que comenzaron con aperturas de molinetes, siguieron con paros parciales y alternados en horarios no pico y, finalmente, con paros en horarios importantes también de a una línea por día. Su reclamo es incuestionable: el rechazo a la paritaria del 14% en cuotas (con descuento sindical compulsivo general del 1%) firmada por la patota de UTA, en lugar de la verdadera representación obrera. Y, por ende, el reclamo de una mesa de negociación paritaria con la AGTSyP, para reabrir la discusión.

Cuando se debatía entre los trabajadores cómo seguirla (la Línea B reclamaba un paro de 24 horas), se produjo la andanada de sanciones de la patronal: 150 suspensiones, de las cuales 114 son a delegados o directivos, muchos de los cuales empezaron a recibir la notificación del pedido de desafuero por parte de la patronal.

El gobierno de Rodríguez Larreta se puso a la cabeza del operativo de represión e ilegalización de la huelga. Se pretexta que la AGTSyP es un sindicato ilegal, lo cual es completamente falso, aún después de habérsele usurpado la personería gremial, ello, porque de cualquier manera es un sindicato inscripto, al igual que decenas de otros sindicatos y centrales en la Argentina, como las distintas CTA.

Ciertamente, Tomada le otorgó al Subte la personería pocos días antes del fin del gobierno kirchnerista, cuando ya había perdido las elecciones. En los doce años anteriores, el kirchnerismo priorizó a la UTA, e incluso fue blanco de la gran huelga de más de diez días que conmovió al movimiento obrero de la época, precisamente contra la connivencia de Tomada con la UTA y el resto de la burocracia.

Un fallo de la Corte ordenó repetir la compulsa para determinar qué sindicato tiene más representatividad, cuestión que Triaca jamás implementó. El objetivo es muy claro, ilegalizar al sindicato al que sigue el 85% de los trabajadores del Subte, y que encarna la tradición histórica del cuerpo de delegados clasista que conquistó las seis horas.

En la mira del gobierno está el ataque al convenio, especialmente las seis horas, la gran conquista del post Argentinazo a la que contribuimos desde la banca de Altamira en la Legislatura porteña. Y esto tiene especial relevancia cuando a fin de año vence la concesión de Metrovías. En este cuadro, el ataque a la organización sindical apunta a flexibilizar las condiciones laborales para el propio grupo Roggio o cualquiera de los grupos nacionales o internacionales que se preparan para explotar la concesión de los subtes. Para ello, Larreta y Macri apuntan contra el derecho de huelga (se habla ya de declarar la actividad servicio esencial), pero también contra las huelgas que no sean dictadas por los sindicatos centrales con personería gremial. En la mira están todos los sindicatos simplemente inscriptos -la docencia universitaria, la construcción, estatales y otros sectores. Pero también los cuerpos de delegados fabriles o seccionales locales que encabezan luchas contra despidos masivos, ataques a condiciones convencionales, reclamos salariales o por accidentes de trabajo. Los pactos del gobierno con los Barrionuevo y los Daer han tenido siempre esta perspectiva.

Primer capítulo de la ofensiva del FMI

Este ataque es parte indisoluble de la “solución FMI” al derrumbe de la política económica del gobierno, y cuyo estallido sólo logró postergar al precio de concesiones leoninas a los banqueros. La más importante es la rebaja de los encajes, que les permitirá a los banqueros obtener rendimientos del 40% anual por el dinero que antes se encontraba inmovilizado.

Con un endeudamiento reforzado, la devaluación y el conocido tarifazo, se comienza a negociar un acuerdo con el FMI que podría alcanzar 50.000 millones de dólares, y que estará destinado a asegurarle el pago de los compromisos de deuda al capital internacional.

Aunque el eje del ajuste vendrá en el Presupuesto 2019, el gobierno debe mostrar hoy señales respecto de su capacidad política para imponer ese plan. Luego, están los aumentos tarifarios que alimentarán la caldera inflacionaria del segundo semestre, junto a los que serán disparados por la devaluación.

A este paso, la inflación anual difícilmente baje del 30%, un escenario que estará acompañado por una mayor recesión.

Hay que quebrar la entrega de la burocracia sindical

Los desafíos del movimiento obrero marcarán la próxima etapa. Somos la fuerza social capaz de enfrentar a Macri, al FMI y a sus socios políticos. Sintetizando, podemos decir que enfrentamos la tercera fase del ajuste de Macri -y los gobernadores-, tras los dos primeros años y las reformas previsional, tributaria y laboral lanzadas después de las elecciones de octubre pasado. Ahora, con “ministro de economía fuerte”, el FMI, que delega en el ministro Nicolás Dujovne el monitoreo de la tarea sucia. La presente fase, sin embargo, es el resultado de la quiebra de la propia política macrista, un dato crucial para los trabajadores que salen a enfrentarla.

La burocracia sindical, golpeada por las rebeliones de diciembre y su acompañamiento al gobierno, sufre el mismo desconcierto de la oposición patronal que cogobernó con Macri. Los gobernadores del PJ y sus legisladores advierten la inquietud política de los trabajadores y la caída del capital político del propio Macri.

Sus senadores negocian cómo evitarle un veto por tarifas a Macri, que puede terminar ocurriendo de todos modos. Pero ya han hecho un pacto de caballeros: que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso, para no quedar pegados a un obligado voto a favor, cuando el conjunto de la burguesía volvió a cerrar filas con el pacto fondomonetarista y la devaluación.

La CGT acompaña las maniobras de “gobernabilidad” y evalúa el momento de un paro para descomprimir, del tipo del 6 de abril del año pasado. Quieren seguir marcando el paso en el mismo lugar, mientras enormes luchas obreras soportan el aislamiento. Moyano, en tanto, organiza un 25 de Mayo “patriótico”, no dirigido a una lucha sino a un rescate personal de su figura.

Las CTA se reagrupan con Moyano, la Iglesia, o ambos a la vez. La Marcha Federal de fin de mes, motorizada por el trío papal, la pastoral social y la conferencia episcopal, levanta las consignas de emergencia alimentaria, asistencia a la economía popular y otras demandas apoyadas por el Banco Mundial e incluso por Lagarde, a sabiendas que la magnitud del ajuste significa un mar de pobreza a contener.

Una ruta del clasismo para toda la clase obrera

En oposición a estas políticas de derrota, la dirección clasista del Sutna y el plenario de delegados del gremio han convocado a todo el sindicalismo clasista, antiburocrático y a las luchas, a un encuentro para el 24 de mayo. En Neuquén, un plenario de 500 dirigentes, delegados y activistas en apoyo a la formidable huelga docente de esa provincia, que lleva más de 40 días, resolvió adherir.

El propósito es rodear las luchas con iniciativas de apoyo, convocar a la calle a luchar contra el pacto con el FMI, por la reapertura de paritarias en rechazo a la reforma laboral, por aumento de emergencia a los jubilados, y por la ocupación de las fábricas que cierren o despidan masivamente. Con ese objetivo se pondrá a discusión la convocatoria conjunta a un congreso obrero en fecha próxima, por parte de los sindicatos y cuerpos de delegados presentes. Su propósito es el impulso, en todos los sindicatos, a un paro activo nacional con abandono de tareas y un congreso de delegados mandatados por asambleas para arrancarlo. Es el camino para la irrupción de la clase obrera y el movimiento popular con carácter de masas, la multiplicación por diez de las jornadas de diciembre, el camino de la huelga general.

De inmediato hay que reforzar el apoyo a los docentes neuquinos, al subte, a Cresta Roja, al Inti, a Crivea, a los docentes universitarios y a todos los sectores en lucha.

La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de decenas de sindicatos, es un gran punto de apoyo para orientar a un movimiento obrero que todos los días demuestra sus enormes reservas de lucha. El punto es superar el freno de la burocracia sindical para derrotar al enemigo de clase. Se acercan momentos decisivos, tenemos que actuar a la altura de ellos.

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Toda la tarde duró la audiencia en el Ministerio de Trabajo entre la Intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Intersindical de los cuatro gremios de la empresa (ATE, Luz y Fuerza, Personal Superior y La Fraternidad) más la representación del ramal ferroportuario de Río Gallegos.

La audiencia fue convocada en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la Intervención de YCRT y viabilizado por el ministerio de Triaca en tiempo récord. La Intersindical reclamó contra este encuadre y dejó planteada la impugnación del procedimiento.
En este marco controvertido y después de cuatro meses de huelga se discutió la reincorporación de unos 170 compañeros que no aceptaron el retiro voluntario. Desde el 24 de enero, las instalaciones están ocupadas por los trabajadores. Cuando el gobierno, en marzo, intentó enviar la Gendarmería, una pueblada le cortó el paso en el puente de acceso a la cuenca sobre la ruta 40, hasta que después de horas de negociación los gendarmes decidieron retirarse.

Esta posición de fuerza, el apoyo de toda la comunidad, el viaje a Buenos Aires que instaló la lucha a escala nacional, las reiteradas movilizaciones en Turbio y también en Río Gallegos, explican este primer gran triunfo.

Como contrapartida la empresa logró, bajo presión, la salida de varios centenares de compañeros por medio de los “retiros voluntarios” y ha instalado en el ministerio un ilegal “preventivo de crisis” que pretenderá usar para imponer la anulación de los convenios.

El triunfo de los mineros premia la firmeza de las medidas adoptadas por las sucesivas asambleas, el aguante del acampe a pesar de los temporales y del frío, así como la decisión de los 170 compañeros, que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la liquidación final depositada en sus cuentas bancarias, aceptaron el despido.

La empresa intentaba poner la reincorporación como carnada para que los gremios aceptaran la rebaja del convenio y el preventivo de crisis, lo cual los trabajadores y la Intersindical han resistido durante toda una semana llegándose a este desenlace, que es un gran paso adelante (se les reconocen los sueldos caídos y se reincorporan a la misma situación laboral anterior al despido) en un conflicto que sin lugar a dudas no ha terminado.

Desde enero, el Partido Obrero y la CTA regional hemos reclamado que se convoque una Asamblea Popular Comunitaria, planteo que en las nuevas circunstancias está más vigente que nunca ante las tensiones que se vienen en la empresa y en el marco de un conflicto salarial de los gremios provinciales y municipales que han apoyado la causa de los mineros.

¡Vamos los mineros! Unidad de los trabajadores.

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La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero, estrictamente y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud.

La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del Presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, señalan ahora que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página/12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que, en alguna medida, se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y -cuanto menos- ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo.

Dujovne y las provincias

Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Nicolás Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con madame Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el Presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras públicas prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (ídem) -o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”.

Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro -el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros- y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo-oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” o negociar el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita, de este modo, el escarnio público de tener que discutir la letra inevitablemente leonina del acuerdo, y la oposición pejotista de dejar sus huellas en esta entrega.

Otra vez las tarifas

Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas -y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante-, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo con el esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (ídem). La magnitud de este ‘tarifazo sobre el tarifazo’ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero, al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiari, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la ‘megadevaluación’.

El movimiento obrero -y en primer lugar, el clasismo y la izquierda- debe tomar cuenta de ello.

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La interpelación al jefe de Gabinete, Marcos Peña comenzó de una manera insólita: el funcionario dijo que no iba a responder agresiones ni prepotencias. Y, con esta excusa, se preparó para responder solo sobre aquellos temas o preguntas que él quisiera. Es decir, exactamente lo contrario de una interpelación. 

Esto, además, cuando su gobierno acababa de reprimir de manera brutal a los trabajadores del subte, que realizaban una medida de fuerza contra la paritaria de miseria del 13% firmada por la burocracia de la UTA. Y, luego, cuando fueron a reclamar a la comisaría por la libertad de sus  16 compañeros detenidos en la protesta. 

Esto también cuando el INTI volvió a amanecer hoy, por segundo día consecutivo, bloqueado por un descomunal operativo policial para evitar el ingreso de los científicos despedidos, cuando su entrada estaba garantizada por un acuerdo que suscribió la patronal.

Y cuando los trabajadores de Cresta Roja que realizaban un piquete en la puerta de la empresa fueron reprimidos con balas de goma,  gases e hidrantes por 1.300 efectivos de la Gendarmería, que los persiguieron durante más de dos horas hasta lograr dispersarlos.

 

Ante esta maniobra del funcionario, la diputada del Bloque Frente de Izquierda–Partido Obrero, Romina Del Plá, le respondió que “la única prepotencia es la del gobierno contra la clase obrera”. Y denunció que “hoy le enviaron carneros a los docentes neuquinos tratando de quebrar su huelga”. 

El gobierno, con mayor agudeza desde que negocia el acuerdo con el FMI y por obvia exigencia de éste, avanza hacia una militarización de los conflictos obreros. Es que el ajuste del ajuste que sigue al acuerdo con el FMI supone un ataque a fondo a las condiciones salariales, laborales y de vida de los trabajadores que solo pueden ser impuestos por esa vía.
“Nos hablan de gradualismo, pero en realidad estamos viviendo un rodrigazo: supertarifazos, devaluación monetaria (del 43% de noviembre a mayo), una carestía infernal, y encima pretenden que los trabajadores aceptemos paritarias de un 15% en cuotas”, dijo Del Plá. 

El peronismo, que le hace de segundo violín al gobierno, aceptó que el ruinoso acuerdo con el Fondo no sea discutido en el Congreso, donde lo colocaría ante la alternativa de tener que votar su aprobación. 
Por su parte, la burocracia sindical, aliada al PJ y cómplice del ajuste oficial al que deja pasar sin oponer la más mínima resistencia (y apoyando muchas de sus medidas, como, por ejemplo, la reforma laboral) ni siquiera responde ante las repetidas represiones a las luchas obreras ni al brutal ataque que se viene, impuesto como condición por el FMI.

Los gremios, seccionales y comisiones internas combativas, el activismo de todos los gremios, debe preparar e impulsar con asambleas el planteo de paro activo nacional y plan de lucha para enfrentar el ajuste: por la reincorporación de los compañeros cesanteados, basta de despidos, por la reapertura de las paritarias, fuera el FMI! 
 

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La atención pública excluyente que ganó el conflicto del subte en estas horas no es un hecho fortuito: la lucha de los metrodelegados concentra –y anticipa– cuestiones centrales de la actual situación política. 

En primer lugar, la lucha del subte ha colocado al rojo vivo la cuestión de la reapertura de las paritarias: a esta altura, y con una perspectiva inflacionaria del 28-30% para este año, los acuerdos paritarios del 15% y en cuotas plantean la perspectiva de una caída del salario del orden del 13-15% para 2018, ello, sin considerar nuevas corridas o saltos devaluatorios en puerta.

El gobierno y las patronales se escudan en “cláusulas de revisión” que en el pasado reciente incluso fueron desconocidas, y que en cualquier caso van a desconocer el brutal desfasaje provocado por la megadevaluación y la carestía ulterior. La gran pulseada entre el Estado y la clase obrera pasa ahora por esta tentativa de desvalorización del salario y las jubilaciones. Detrás del reclamo de Metrovías, puede abrirse la puerta de las decenas de gremios que, de la mano de todas las fracciones de la burocracia, han firmado paritarias ruinosas. 

“Personería”

Pero la escalada oficial va más lejos que la  superación  del techo en las paritarias. Quieren la liquidación e ilegalización del sindicato del subte, con su secuela en términos de despidos. Tenemos aquí a una primera tentativa de reforzamiento del gobierno contra las masas, de cara al acuerdo con el FMI.

 Para desconocer el reclamo salarial, el gobierno alude a la “incapacidad legal” del sindicato del subte para discutir paritarias, ello, por el fallo de la Corte que le negó este derecho a la AGTSyP y mandó para atrás todo el trámite de reconocimiento integral de su personería gremial. Es la personería que el kirchnerismo nunca le quiso otorgar a la AGTSyP durante su mandato, como parte de los pactos de “gobernabilidad” que sostenía la ex presidenta CFK con el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. La inscripción gremial sólo le fue otorgada al subte días antes del traspaso presidencial de 2015. 

Ahora, el Estado se vale de la proscripción gremial que él mismo armó – a pesar de que la AGTSyP concentra la adhesión del 85% del subte – para rechazar siquiera una negociación con los metrodelegados. Semejante acto de violencia “institucional” demuestra hasta dónde llega la coacción y el despotismo de los poderes del Estado cuando está planteada una lucha contra la clase obrera. Los operadores mediáticos que se escandalizan con los piquetes de los trabajadores del subte no dicen una palabra de esta monumental operación de despojo de los derechos sindicales, y que apunta a la liquidación lisa y llana del sindicato del subte. A eso apuntó el vicejefe de gobierno Santilli, cuando mandó a los metrodelegados a “que vuelvan a la UTA”.  Esta labor fue completada, en los túneles, con palos, gas pimienta y detenciones contra los trabajadores que organizaban la huelga.

Estos mismos “mediáticos” le admiten a los metrodelegados que “paren”, si quieren, pero sin “impedir que otros trabajen” (en este caso, los supervisores a quienes la patronal intentó poner a hacer funcionar los trenes). Pero la huelga no es el derecho `individual` a no trabajar. Es el derecho colectivo de los trabajadores a interrumpir la producción con todos sus métodos de lucha. Sólo está acción colectiva puede enfrentar a la inmensa conspiración del gobierno, el concesionario parásito y la “justicia” contra los trabajadores. No hay subterfugios para sostener este camino: con estos mismos métodos, los metrodelegados defendieron en el pasado la seguridad y la salud de los pasajeros, frente a formaciones contaminantes y en pésimo estado de mantenimiento. 

Adónde vamos 

La invocación hasta el hartazgo del fallo de la Corte contra la AGTSyP demuestra que la escalada legal contra el subte – y cuya directiva tendió a minimizar – sería fuertemente explotada por el gobierno a la hora de atacar a los metrodelegados. Es cierto, sin embargo, que un sindicato es mucho más que un papel o una personería – lo demostró el contundente paro general de este martes, después de las 16 detenciones. Pero para derrotar esta escalada,  el sindicato debe ser la fuerza colectiva de los trabajadores actuando contra el capital y el Estado.

El reclamo de la reapertura de paritarias, de una mesa de negociación con los metrodelegados, de levantamiento inmediato de todas las sanciones y procesos judiciales exige de un plan de lucha que debe contemplar la preparación de la huelga general, en conexión con todo el movimiento obrero que soporta, también, la perspectiva de una liquidación inflacionaria de sus salarios. Sobre esa base, exijamos a los sindicatos y a las centrales obreras acciones de apoyo, con paros, movilizaciones y piquetes al poder político de la Ciudad.

El gobierno que ha enviado las tropas a los andenes pretende mostrar una fortaleza que no tiene a la hora de contener la fuga de capitales, el desmadre económico y la bancarrota de su propia política. Las consecuencias devastadoras de ese derrumbe lo sufre toda la población trabajadora que se transporta para el subte. Es necesario ganarla a los propósitos de esta lucha con una campaña enérgica en defensa del derecho a huelga, a la reapertura de todas las paritarias y a la propia seguridad en el transporte, siempre amenazada por el parasitismo del concesionario que arrancó un tarifazo del 66% pero pretende que “sus” trabajadores se arreglen con un 15%.

Encaremos una campaña en toda la Ciudad en defensa de los trabajadores del subte. 

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El llamado del gobierno de “Cambiemos” al Fondo Monetario Internacional es una confesión rotunda de la crisis económica y política a la que están llevando al país. Después de dos años de ajuste y endeudamiento por 140.000 millones de dólares, el macrismo ha llevado  a la Argentina a una nueva crisis nacional.

Para afrontar este desastre, el gobierno y el Fondo Monetario discuten ahora una salida a costa de los trabajadores y el pueblo: una profundización en el ajuste y la entrega que ya están aplicando. 

Pero incluso antes de firmar este acuerdo, que tiene el aval de Trump y el  resto del imperialismo, el FMI ya impuso su primera exigencia: una gran devaluación de la moneda, que ha desvalorizado en una cuarta parte a los salarios y haberes jubilatorios, y a todos los gastos sociales. Esta devaluación representará otro salto en la carestía: en los alimentos y productos de primera necesidad; en las cuotas de los deudores hipotecarios atados al régimen UVA de capital y cuotas ajustadas por inflación. 

Y principalmente, llevará a otro salto en los tarifazos, porque el gobierno ha dolarizado los valores de la energía y los combustibles.    

¿A dónde irán a parar estos recursos arrebatados a los trabajadores? A resarcir a los fondos internacionales que obtienen beneficios extraordinarios con la deuda argentina. A los que se benefician ahora de la nueva y precaria “bicicleta” financiera que recreó el gobierno, y que le asegura a estos especuladores rendimientos del 40% anual. Semejante nivel de saqueo, sin embargo, no le servirá al gobierno para zafar de una mayor crisis y nuevas protestas. 

En medio de este derrumbe económico y político, el gobierno “Cambiemos” ha salido a plantear un “Gran Acuerdo Nacional”. Quieren un blindaje político para el acuerdo con el FMI, y las medidas antiobreras y antipopulares que se preparan. Este llamado va dirigido a una oposición patronal que, desde el Congreso a las gobernaciones le ha votado y avalado al gobierno todas las leyes de ataque a los trabajadores y entrega del país, desde el pacto con los fondos buitre en adelante. Denunciamos a esta oposición patronal cómplice que, en aras de ese pedido del gobierno, ya ha comenzado a negociar la postergación, modificación  –o incluso el archivo definitivo- de la ley que ellos mismos redactaron sobre el recorte a los tarifazos, aun cuando ésta ya tenía un alcance ultramezquino. El kirchnerismo dice oponerse a esta política, pero sin ningún planteo de medidas para que la crisis la paguen los que la provocaron y no el pueblo trabajador. Todos los gobernadores K aplican el ajuste macrista, como Alicia Kirchner en Santa Cruz que implementó un congelamiento salarial. En definitiva, son los mismos que, cuando gobernaron el país durante 12 años, pagaron puntualmente la deuda externa fraudulenta y usuraria –así lo hicieron en beneficio del propio FMI - y también la acrecentaron. 

La burocracia sindical de la CGT y la CTA, en sus diferentes variantes, sigue este libreto cómplice de la oposición patronal.  Más allá de los lamentos verbales sobre el FMI, o la promesa difusa de algún paro aislado ¡para dentro de un mes!- carecen de cualquier política de lucha para enfrentar este saqueo.  El triunvirato de la CGT pactó la ley de reforma laboral y todas las cúpulas sindicales ahora nos llaman a que esperemos sentados “hasta el 2019” los mismos que hoy, ante la enorme crisis nacional, no pueden ofrecernos ni una política en defensa de los trabajadores, ni un rumbo de lucha. 

Los opositores de los partidos patronales y burócratas sindicales que se suban a este pretendido “Gran acuerdo”, sólo pueden terminar hundidos junto al propio gobierno. El Frente de Izquierda, por el contrario, luchará por unir y poner de pie a la clase obrera y a sus organizaciones, a las mujeres y a la juventud, para derrotar esta nueva tentativa antiobrera y colonial y abrirle paso a una salida de los trabajadores a esta crisis nacional. 

Por eso, llamamos a empeñar todos los esfuerzos por la victoria de las luchas en curso, y, en primerísimo lugar, del gran paro provincial de los docentes de Neuquén, en defensa del salario y la educación pública, de los trabajadores de Cresta Roja, de los despedidos del hospital Garrahan, de los terciarios contra el proyecto de UNICABA, de los trabajadores del Subte, de los tercerizados del Sarmiento, de los obreros de la ex Stani, de las enfermeras del Posadas. Repudiamos la represión a estas luchas obreras,  la cual, a fuerza de palos y detenciones,  pretende terminar con el derecho de huelga. 

Con lucha se han arrancado las reincorporaciones de todos los mineros en lucha en el Turbio y de un sector de los delegados de INTI, de los trabajadores de Ferrobaires y de los estatales del Ministerio de Hacienda y Finanzas.  En esa línea, el FIT apoya los esfuerzos del sindicalismo clasista y combativo por reagruparse para resolver acciones de lucha dirigidas a poner de pie a las grandes organizaciones obreras levantando un programa propio de los trabajadores de salida a la crisis nacional.  

Los trabajadores tienen que seguir el rumbo de las grandes movilizaciones de diciembre de 2017 contra el robo a los jubilados y profundizarlo, para reunir la fuerza capaz de derrotar al gobierno. 

Contra el plan antiobrero del gobierno, el FMI y sus cómplices de la oposición patronal, planteamos un programa de los trabajadores: 

    -Abajo el acuerdo entre Macri y el FMI. No pago de la deuda externa, y que esos fondos vayan a salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

    -Reapertura de las paritarias, abajo el techo salarial del 15%, ajuste mensual de salarios y jubilaciones de acuerdo a la inflación. Basta de despidos.  No a la reforma laboral

    -Anulación de los tarifazos desde enero de 2016 hasta hoy. Apertura de cuentas a las privatizadas a comisiones de control obrero, fin de concesiones a las empresas privadas. Nacionalización de la industria energética y de transporte. Estatización de todas las empresas privatizadas, bajo gestión de los trabajadores y el control de los usuarios populares. 

    -Nacionalización de la banca y del comercio exterior. Por un plan económico de la clase obrera que le dé solución a todas las demandas del pueblo.  Por un gobierno de trabajadores. 

    -¡Abajo la represión a las luchas obreras!

Para impulsar este programa, el Frente de Izquierda gana las calles, lugares de trabajo y estudio, con una primera jornada de movilización el próximo 30 de mayo. Llamamos a debatir en todos los sindicatos y centrales obreras la exigencia de un inmediato paro activo nacional, y un plan de lucha en el camino de preparar la huelga general hasta la derrota del plan de los capitalistas, su gobierno y sus partidos.   

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 22/5/2018

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El Concejo Deliberante de General Enrique Godoy se ha vuelto un gran campo de intervención y lucha política para la banca del PO-FIT, que conquistamos en las últimas elecciones y que está colocada al servicio de la organización y los reclamos más perentorios de la población trabajadora de la ciudad, al tiempo que es también una tribuna de denuncia del régimen social y de los crímenes del imperialismo contra distintos pueblos del mundo.

En este último período hemos presentado diversos proyectos y declaraciones, entre ellos uno para eliminar las “sesiones secretas” del Concejo Deliberante para que este delibere de cara a la población de la ciudad. El oficialismo decidió mantenerlas argumentando, insólitamente, que como “no hay nada secreto”, las iban a mantener… secretas.

Por el contrario, desde la banca que ocupamos hemos hecho públicas todas las iniciativas que impulsamos, generando importantes debates y reacciones positivas dentro de la comunidad. 

Hemos desarrollado una intensa actividad de clarificación política respecto de los bloques del FPV y la UCR, que se han alternado en el poder del Estado municipal y lo han utilizado en su beneficio. 

Esto nos ha permitido introducir entre los trabajadores y la juventud de la localidad y de una parte de la provincia la perspectiva de un partido que defiende los intereses de la clase trabajadora. 

Entre otros, presentamos un Proyecto de Ordenanza sobre Seguridad Vial y en los próximos días se estaría aprobando un texto que incorpora todos nuestros planteos. Asimismo, en una reciente sesión del Concejo Deliberante se aprobaron los proyectos de declaración presentados por nuestro bloque en contra del tarifazo, a favor del aborto legal, seguro y gratuito y contra la guerra imperialista en Siria.

El proyecto contra los tarifazos -al igual que el de repudio a la agresión imperialista en Siria-fue aprobado por unanimidad, lo que supuso un gran triunfo político de nuestra banca ya que el mismo contrasta con las posiciones de una “oposición” que ha dejado pasar gran parte del tarifazo, además de despidos y cierres de fábricas  en toda la provincia.

El que más polémicas generó fue el de apoyo a la aprobación del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, que finalmente fue aprobado por mayoría, con la abstención del edil radical. 

Es un triunfo frente a un Estado municipal fuertemente influenciado por la presencia clerical. Planteamos la necesidad de acompañar la aprobación del proyecto para que el Estado garantice el aborto, que hoy se ejecutan de manera clandestina y en condiciones de insalubridad extremas y exigimos la separación de la Iglesia del Estado.

El Partido Obrero se ha presentado como un organizador, con un claro programa de defensa de los intereses de los trabajadores, que también señala que solo la unidad de los trabajadores con la izquierda dará una salida a la crisis detrás de un programa obrero y socialista.

 

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“Tenemos quince compañeros detenidos, varios de ellos miembros de la comisión directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)”, dice a Prensa Obrera Christian Paletti, delegado de la línea C y miembro de la Agrupación Naranja del Subte.

–¿Cómo se originaron las medidas?

–Todo empezó cuando nos retiraron la personería gremial por parte del ministro Jorge Triaca y que se la concedió a la UTA de Roberto Fernández. Luego, esa burocracia firmó un acuerdo paritario por el diez por ciento de aumento, cuando la inflación ya supera el treinta por ciento para 2018. Iniciamos medidas de fuerza hace unas semanas, pero el gobierno redobló el ataque y mandó suspensiones y desafueros a delegados, incluso a mí, que me quieren desaforar. Entonces definimos un plan de lucha. Estaba programado un paro en la línea E y la línea H, pero Larreta reprimió a los trabajadores y por eso hoy el paro está en la totalidad de las líneas del servicio.

–¿Qué plantea la Naranja del Subte?

–Planteamos que haya un paro de todos los sindicatos de la Capital. Sabemos que Ademys adelantó su paro, lo pasó de día, para solidarizarse con este conflicto y ese debe ser el camino. La represión a los trabajadores del subte, la militarización del Inti: son todos signos de cómo quiere el gobierno fortalecer su ajuste. Ahora viene por el sindicato del Subte y por sus delegado y no lo podemos permitir.

–¿Cuál es el ánimo de sus compañeros?

–Hay un ánimo de luchar. Entienden que es la única manera de contrarrestar el ajuste. Esto nos pone firmes a los trabajadores y trabajadoras del subterráneo.

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–La UTA representa formalmente a los operarios de Metrovías, ¿cómo ve a sus compañeros afiliados a ese sindicato?

–Todo cayó mal incluso en los sectores de la UTA, varios de los cuales pararon con nosotros. Esta situación y esta paritaria del ajuste nos toca a todos. Hay una conmoción en el sindicato de la UTA. Hay un proceso de discusión en ese gremio dirigido por una burocracia.

–¿Cómo evalúa la actitud de los pasajeros y usuarios del subte?

–A ningún pasajero le gusta que haya una problemática en el transporte, pero ese pasajero no está ajeno al cuadro general del ajuste. Creo que los pasajeros saben que todos somos trabajadores que estamos luchando por condiciones de vida que están siendo vulneradas, en nuestro caso y en los suyos.

En una entrevista que le realizaran en C5N, Christian Paletti, destacó que todas las líneas se encuentran paralizadas por la represión del gobierno de Rodríguez Larreta contra los compañeros que estaban llevando adelante un paro contra el acuerdo salarial de miseria que firmó la burocracia de la UTA. Destacó que ya hay más de cien compañeros suspendidos o con diversas sanciones y añadió que a él mismo la empresa le ha pedido el desafuero para proceder a un eventual posterior despido. Planteó que la medida de lucha debe mantenerse hasta lograr no solo la libertad de los compañeros sino también que se consigan los reclamos pendientes.

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