La semana pasada, luego del encuentro en Madryn, los gobernadores patagónicos emitieron un comunicado en “defensa” de YCRT, del que se desprende una propuesta: a saber, pedirle al gobierno que “no privatice” y “hacer un acuerdo de productividad donde todos hagamos el esfuerzo, para producir más, producir bien, generar energía y comercializar el carbón…”.

No se sabe cuál sería el “esfuerzo” de los gobernadores. Aquí lo que hacen es comprometerse en nombre de los trabajadores a reducir derechos del convenio laboral, achicar la planta de personal y otras medidas de ajuste que ayuden a generar la “rentabilidad”.

Es una declaración de “buenas intenciones”, en la que además menciona faltando a la verdad “un pasado rentable” y simplifica el problema de la empresa como un tema de corrupción o sea el “negocio de unos pocos”. La declaración cae en el lugar común de que a Milei le “vaya bien” y pretende formalizar “acuerdos estratégicos” con el presidente.

En resumen, los gobernadores se presentan como defensores de la empresa nacional, pero solo realizan un saludo a la bandera y sus planteos son de ajuste contra los laburantes.

Un programa obrero para la cuenca carbonífera

El capital financiero que es ampliamente dominante en estas regiones se limita a la explotación de los recursos naturales, petróleo, minería, pesca hasta agotar el recurso y migrar. Santa Cruz es un ejemplo de una gran provincia que no tiene prácticamente industria manufacturera. El “libre mercado” solo asegura que el desierto siga siendo un desierto. La explotación ovina y su decadencia son otra muestra.

Por su parte, el nacionalismo burgués ha hecho ensayos de integración de los cuales el enclave carbonero es un caso tipo: en los años 50 se construyó un ferrocarril de 270 km desde Río Turbio a Río Gallegos y se instaló el campamento que daría lugar a los pueblos de la cuenca carbonífera. En paralelo se construyó la central térmica de San Nicolás, cuyos planos e instalación se hicieron para quemar el carbón de Río Turbio.

Si bien se ha presentado este enclave en la frontera sur con Chile como un tema de soberanía, paradojalmente en los primeros 50 años dominaban entre los mineros los trabajadores chilenos, que iban en colectivos de la empresa a Puerto Natales (Chile) distante 30 kms, lo que fue un factor de integración muy importante con el vecino país.

En los ‘90, con Néstor en Santa Cruz y Menem en el país, YCRT fue privatizada por la vía de un concesionamiento subsidiado. La usina de San Nicolás se privatizó y sus nuevos dueños la pagaron comprando carbón de Río Turbio a un precio especial. Taselli, concesionario de YCRT desde 1993, recibía ese precio especial y el pago de la nómina salarial por parte del Estado nacional. Esa nómina salarial se mantuvo a pesar de que Taselli redujo más de la mitad del personal hasta un mínimo de 700 compañeros en Río Turbio. Además desguazó la empresa, vendió activos, desconoció derechos, precarizó a los compañeros hasta extremos imposibles, lo que provocó inmensos procesos de lucha con ocupaciones de la mina en 1994, 1998 y 2000. El final de los ‘90 encontró a conducciones clasistas en ATE Turbio y el gremio docente ADOSAC.

Los primeros congresos del carbón organizados por los delegados mineros votaron “Fuera Taselli” como consigna central que expresaba la necesidad de anular la privatización y apareció el reclamo de una superusina, consigna que plantea una salida productiva para la región: la carboeléctrica estatal y el control obrero.

Este programa obrero sigue vigente y fue levantado por el Partido Obrero en sus proyectos de ley sobre YCRT, en proyectos firmados por Néstor Pitrola que seguimos impulsando que se traten a pesar del paso de los años.

Una reestatización nunca completada

Finalmente, Duhalde intervino la empresa en 2002, intervención que continua como figura legal desde hace 22 años. En 2004 un incendio totalmente prevenible se llevó la vida de 14 mineros y la repercusión de esa tragedia fue tan tremenda que el gobierno de Kirchner realizó inversiones en la mina y, sobre todo, inició el proceso que llevaría a la construcción de la usina de 240 y la llegada del interconectado nacional a estas latitudes.

La usina no se terminó para 2015, el kirchnerismo entregó el poder sin asegurar una figura legal que mantuviera unida a la usina y el yacimiento en una única empresa estatal. Macri produjo 800 despidos en 2018. Después de meses de lucha con los yacimientos ocupados, se logró reincorporar a todos los que no aceptaron el despido.

Ya desde que asumió Alberto F. no había interventores que se establecieran en el lugar. Apenas venían de visita, salvo un corto periodo de Peralta al fin del mandato. Con el ascenso de Milei apenas ha habido una visita del nuevo Interventor Henry Decoud.

La desidia de las distintas administraciones no ha permitido que funcione todavía la usina, que padece sucesivas paradas técnicas y ahora directamente Decoud dio orden de mandar el carbón a Río Gallegos para cargar un barco que se exporte y sume divisas. La mina ha estado produciendo fuerte y las vías se reactivaron. Muchos trabajadores temen que sin mantenimiento e inversiones, esto lleve a roturas de la maquinaria en los frentes y a problemas en la circulación de los trenes con posibles descarrilamientos.

En la cuenca carbonífera el ajuste en YCRT empezó con rebaja salarial directa, desconociendo actas salariales, amenazando con descontar días de paro y se combinó con el abandono provincial sobre escuelas y hospitales en situación lamentable.

Ante esta situación han comenzado las asambleas en la empresa. El sueldo de febrero se ha cobrado recién el 16 de marzo. Los rumores de privatizar la usina, hacerla trabajar a gas y desguazar la mina tiene en vilo a la población de toda la cuenca.

El próximo paso es la Asamblea Comunitaria, para sumar a todo el pueblo en la defensa de la empresa y la unidad con los demás sectores de trabajadores afectados por los aprietes de Milei y por el ajuste en la provincia.

La independencia política respecto a Vidal y los gobernadores del sur es vital para no terminar entrampados en un planteo de “ajuste estatal” o alternativas aún peores.

No a la privatización, No al desguace del yacimiento, usina, ferrocarril y puerto. Aumento de salarios y vigencia de los derechos convencionales. Carboeléctrica estatal bajo gestión de los trabajadores.