Sindicales

22/2/2024

Bariloche: trabajadores acompañantes terapéuticos en lucha

El sector de trabajadores AT dice basta. Se ponen de pie ante el Estado y las obras sociales privadas.

AT

Decenas de trabajadores se organizan ante la precarización e incertidumbre, ante el nuevo cuadro político. Luchan para exigir al Estado la regularización de sus situaciones. Compartimos por este medio un comunicado donde expresan cuál es su situación; dicha nota se ha presentado ante la Comisión Legislativa Povincial y el Concejo Deliberante de la ciudad.

San Carlos de Bariloche, 29 de Enero de 2024

A quien corresponda:

Los Acompañantes Terapéuticos Autoconvocados de Bariloche y Zona Andina (a partir de ahora ATABZA) queremos dar a conocer la situación de emergencia en que nos encontramos. Desde 2017 hemos hecho los reclamos correspondientes (adjuntamos una de las notas de reclamo de dicha fecha), y luego de soluciones parciales, volvemos a encontrarnos en la misma situación de vulnerabilidad, agudizada por el contexto sociopolítico actual.

A continuación desarrollamos y contextualizamos dicha situación para poner en público conocimiento la crisis que estamos enfrentando:

A. En relación a la Matriculación

La mayoría de los ATABZA contamos con más de diez años de experiencia en la profesión, teniendo una trayectoria de trabajo y formación continua y, pese a ello existen trabas burocráticas que nos impiden ejercer. Todos contamos con gran experiencia y formación en el área habiendo realizado formaciones que a partir de la resolución de 2015 quedaron excluidas pues no estaban reconocidas por el ministerio de Salud ni de Educación. Los AT que no han podido acceder a la matricula y/o revalidarla estamos sometidos a una gran precarización y a la imposibilidad de continuar ejerciendo la profesión que elegimos y que es una prestación de suma importancia para las personas con discapacidad o con problemáticas de salud mental. Entendemos como agentes de salud que el nuestro es un rol fundamental para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y para cumplir con la ley de Salud Mental 26657. Entre nosotros hay compañeros que cuentan con formaciones informales, que facturan a Obras Sociales como Acompañantes terapéuticos, que cuentan con gran experiencia en el área y hoy está en riesgo su fuente de trabajo por no contar con las exigencias y formalidades que puntualiza la resolución, imposibilitando la posibilidad de obtener su matrícula. Exigimos una solución para que ningún AT quede por fuera de la posibilidad de ejercer como tal.

Desde el ministerio de Salud de la provincia de Río Negro se comprometieron en su momento a brindar la Tecnicatura en el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) para profesionalizar la actividad del acompañante terapéutico y para facilitar la posibilidad de matriculación a quienes contaban con una matrícula provisoria. Dicha formación abrió solamente por un período lectivo, en 2019 (siendo que la matrícula provisoria tenía una duración de 5 años y deberíamos haber contado con esa posibilidad durante todo ese período de tiempo), dejando afuera a muchos que no obtubieron la vacante para cursar. Exigimos la matriculación de todos nuestros compañeros y la apertura de la formación pública para poder profesionalizarnos y para que la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico figure dentro de la oferta académica provincial de manera pública, gratuita y laica.

Por otro lado, hoy tenemos compañeros cuyas matrículas están por vencer sin posibilidad alguna de una revalidación. Exigimos que esta situación sea resuelta de manera definitiva por las autoridades competentes.

En los últimos años, las opciones para revalidar la matrícula que surgieron fueron otorgadas por instituciones privadas, negando el acceso a muchos compañeros que no cuentan con la posibilidad económica para repetir una formación, ya que en una primera instancia, la mayoría comenzó a profesionalizarse en el ámbito privado con cursos, talleres y formaciones que hoy no habilita oficialmente la resolución vigente.

B. En relación a Obras Sociales y Prepagas (Valores, ausencia de nomenclador oficial de la profesión, fechas de pago)

Entendemos que desde la resolución vigente se considera la hora Ipross como valor de la hora de prestación. Ipross reintegra hoy a los usuarios $1581.30 la hora (valor congelado con el último aumento de un 7% en el mes de Noviembre), valor que es irrisorio considerando los índices inflacionarios de los últimos meses, donde incluso nos ha aumentado el monotributo un 110%, requisito básico para poder ejercer y facturar a las Obras Sociales. Exigimos un valor mínimo de $7500 la hora a partir del mes de enero y con aumentos acordes a la inflación y también un nomenclador oficial que regule nuestros salarios.

Exigimos también el pago directo a los prestadores ya que desde nuestra experiencia hemos trabajado en casos donde nuestro dinero ha quedado en manos de los usuarios y quedamos sin orientación y contención legal para solucionarlo. Es de público conocimiento que los reintegros de las Obras Sociales y prepagas son de entre 30 a 90 dias. Considerando los índices de inflación, que también son de público conocimiento, es incoherente mantener este sistema de cobro ya que repercute de manera brutal sobre la calidad de vida de los trabajadores. Exigimos que nuestro

pago sea a 10 días hábiles de presentada la factura correspondiente al igual que se exige que nosotros paguemos el monotributo dentro de ese lapso de tiempo. Hemos decidido como colectivo de profesionales NO brindar prestaciones a usuarios de Ipross hasta que se regule la situación. Además, sumamos a esta medida de fuerza contra las obras sociales y prepagas que precariza nuestro trabajo; aquellas que figuran en el siguiente listado:

Ipross / OSSdeB (los valores están desactualizados)/Osuthgra (tenemos el conocimiento de que ha dejado deudas pendientes con algunos acompañantes de 2016)

Exigimos también la derogación de la Ley Ómnibus por ser inconstitucional y rechazamos todas las modificaciones que pretenden hacerse a la ley de salud mental.

Por último, como prestadores de servicio de salud, rechazamos rotundamente la resolución 2484/2023 que pretende perseguirnos mediante mecanismos de geolocalización. Exigimos la derogación ya.

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