Ambiente
6/3/2026
Cinco versos sobre glaciares y megaminería
La ley que promueven Milei y los gobernadores no trae más empleo sino mayor saqueo.
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Lo único que queda es destrucción ambiental.
Milei prometió en la apertura de sesiones del Congreso que “la minería se desplegará por toda la cordillera y nos dará miles de puestos de trabajo”. En un país donde todos los días cierran empresas y otras despiden, nos quiere vender que se van a generar mejores empleos en otro lado, y el sector estrella de este relato es la minería. La realidad es que todo (desocupación, vaciamiento industrial, multinacionales mineras) es parte del mismo régimen de saqueo, y a nosotros lo único que nos queda son los resultados de la depredación ambiental. Desmintamos los cinco versos del lobby extractivista.
1. Creación de empleo y crecimiento económico
Esta es la estafa más cínica, porque busca generar un aval social apelando a las privaciones del pueblo trabajador. Pero no; la minería no es un aporte a resolver las recurrentes crisis económicas del país ni revierte la destrucción de empleo. El único “crecimiento” es para las ganancias de multinacionales, que se fugan al exterior, mientras pauperiza la calidad de vida de las poblaciones afectadas.
Sin ir más lejos, desde la asunción de Milei la actividad minera (incluyendo hidrocarburos) es uno de los pocos rubros que anduvo bien en Argentina, junto con el agro y la especulación financiera. Pero aunque creció un 16,9% entre el cuatro trimestre de 2023 y el de 2025, se perdieron un 7,9% de puestos de trabajo en el sector, según la consultora Quantum.
Si vemos los datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación, que llegan a septiembre de 2025, contando extracción, producción y servicios trabajan en la minería metalífera y de litio 26.214 personas, mil quinientas menos que al inicio del mandato libertario. Esto a pesar de un crecimiento del 50% en valor de las exportaciones en estos dos años, derivado más que nada de los altos precios del oro y la plata.
Nos retrucan que al menos genera un ingreso de dólares al país, ¿es así? Hasta ahí. Solo por la baja de retenciones al oro, cuyo precio más que se duplicó en los últimos dos años, el Estado dejó de recaudar más de 600 millones de dólares, según Cepa; divisas que fueron embolsadas como renta extraordinaria de las multinacionales. Estas luego fugan todas sus ganancias al exterior, incluso evadiendo el cepo cambiario. Los pulpos mineros están entre los mayores responsables de la deuda externa privada por maniobras financieras con sus propias casas matrices, acumulando un pasivo trucho de casi 13.000 millones de dólares.
Lo mismo puede decirse de las maniobras regulares de subfacturación de las exportaciones. Una investigación del Conicet publicada en 2021 probó que Minera La Alumbrera de Andalgalá, operada por Glencore, vendía de contrabando tierras raras sin declarar por más de 8.000 millones de dólares al año. Un fraude posible gracias a que comercia con el exterior desde su terminal privada en Puerto General San Martín, sobre la Hidrovía del Paraná. Lo mismo se probó con Livent, que exportaba litio declarando un quinto de su valor real. Al día de hoy los informes del Indec no tienen precisiones sobre el comercio de metales preciosos porque rigen acuerdos de confidencialidad, como el oro que se exporta a la India o la plata a China. Más que brillante, es un negocio bien opaco.
Nada hay entonces que se parezca a un “efecto derrame” en la economía. Un ejemplo lo tenemos en que el boom de los precios de exportación significó un ingreso de nada menos que 2.300 millones de dólares a las mineras que operan en Santa Cruz, según el discurso del gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones legislativas, mientras que la docencia tiene los salarios congelados y crece la desocupación en la provincia. Para combatir el desempleo hay que empezar por el triunfo de los obreros de Fate y seguir su ejemplo hasta derrotar al gobierno de Milei y la ofensiva capitalista.
2. “Rocas congeladas que no sirven para nada”
No es que haya que tomarse en serio los discursos de los senadores, y menos lo que ingresan al Congreso porque la legisladora titular está hasta las manos en causas por narcotráfico, pero lo que dijo el libertario Enzo Fullone en la sesión que dio media sanción a la modificación a la Ley de Glaciares sirve para desmentir otro verso.
Si los glaciares son “rocas congeladas a 4.000 metros que hoy no sirven para nada” naturalmente no habría motivos para protegerlos. Sería un simple conservacionismo de grupos ambientalistas. La verdad es que la ley actual es el resultado de años de luchas y hasta puebladas contra la megaminería, porque realmente compromete la calidad de vida de amplias poblaciones, especialmente su acceso al agua. En esa pelea se demostró que los glaciares inciden no solo en las comunidades cercanas sino en millones de personas y en la biodiversidad de la región.
Las zonas protegidas como ambientes glaciares y periglaciares donde se prohíbe la minería, ubicadas fundamentalmente en la Cordillera de Los Andes, abarcan algo más de 8.400 kilómetros cuadrados. Equivale apenas al 0,3% de la superficie continental de Argentina, pero es la naciente de los ríos que sostienen casi la mitad de las cuencas hídricas del país, por lo que cumplen funciones importantes como reguladores climáticos y son los mayores reservorios de agua dulce del país, alimentando naturalmente los cursos de agua en las épocas secas.
Los glaciares regulan así los ciclos hídricos que influyen en la vida de millones de personas que consumen agua en las ciudades y se alimentan con productos cuya elaboración también depende de ella. La megaminería no afecta solo algunos lindos paisajes, sino a todos nosotros.
3. Minería sustentable y con licencia social
La primera mina a cielo abierto en operar en el país fue Bajo La Alumbrera, a mediados de los ‘90, con el mismísimo Carlos Menem inaugurando desde Catamarca la extracción. Fue luego de firmar con los gobernadores el Acuerdo Federal Minero que fijó un tope de regalías provinciales en el 3% y estabilidad fiscal por 30 años (el Rigi no inventó mucho). Dos décadas después los directivos de la empresa fueron condenados como responsables de la contaminación del aire, la tierra, aguas superficiales y subterráneas con químicos nocivos, causando patologías oncológicas a la población y daños ambientales a lo largo de los 320 kilómetros del mineraloducto que desemboca en Tucumán.
Otra denuncia corroborada en sede judicial es el envenenamiento masivo por el derrame de cianuro, mercurio y desechos químicos por parte de Veladero en San Juan, que afectó al Río Jáchal y a los acuíferos de la región. Las condenas, tanto a ejecutivos como a los funcionarios provinciales que encubrieron los hechos, fueron irrisorias; pero el impacto fue la privación de las comunidades al acceso al agua, la destrucción de la pequeña producción ganadera y agrícola de la zona, desplazamiento de población y pobreza. La Barrick Gold, que explota el yacimiento, es quien llevó hasta la Corte Suprema el planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares luego de su sanción, apoyada por el gobierno provincial.
En la misma San Juan se pretende habilitar con esta reforma el megaproyecto Vicuña de cobre, oro y plata, ubicado a más de 4.000 metros de altura en la cordillera. Uno de los gigantes mineros detrás del emprendimiento es la australiana BHP, condenada en Brasil por ser responsable de uno de los mayores desastres ambientales de su historia en 2015, cuando cedió una represa derramando millones de metros cúbicos de desperdicios tóxicos y ocasionando 19 muertos en el estado de Minas Gerais. Estudios recientes, de 2026, alertan que los cultivos de la región como plátano y mandioca absorben aún hoy metales tóxicos que quedaron en el suelo desde entonces, volviendo riesgoso su consumo.
Ante de empezar la construcción, el megemprendimiento Vicuña ya abrió una crisis con el prominero gobierno sanjuanino, porque requiere un monumental consumo energético que pretende cubrir con obras que le permitan abastecerse de electricidad en forma prioritaria por sobre las familias e industrias de la provincia. El agua no será tan importante como la energía para el gobernador Marcelo Orrego, pero estos chispazos refutan el relato del progreso social asociado al desarrollo minero.
Es evidente que las grandes luchas populares contra la megaminería tienen motivos suficientes. Pero contra ello se divulga otro mito, que refiere a que hoy la actividad ya cuenta con “licencia social” y quienes enfrentan la ofensiva megaminería en realidad atentan contra los anhelos de la mayoría de la población. El caso más ilustrativo es el de Mendoza, donde dos rebeliones provinciales frenaron el intento de habilitar la megaminería, y ahora pudieron avanzar a fuerza de represión y encarcelamiento de manifestantes ordenados por el gobernador Alfredo Cornejo. Una “licencia” forzada, como también se aplica con la persecución judicial a vecinos en Chubut y Andalgalá.
A eso se suma la cobertura seudocientífica al relato de la minería sustentable. No hay mucho misterio acerca de cómo consiguen las mineras ese aval: otros que fueron condenados son las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán por el desvío de fondos que La Alumbrera le giraba, mientras era parte de la trama de encubrimiento que dilató las causas por contaminación años y años, en los que la extracción tuvo vía libre. Cuando eso no alcanza, está el recurso de la censura, como hicieron con las investigaciones del Conicet en Mendoza para habilitar los estudios de impacto ambiental del resistido Proyecto San Jorge.
4. Gobernadores a cargo del inventario, o el zorro cuidando el gallinero
La reforma a la Ley de Glaciares promovida por Milei cuenta con el apoyo de los gobernadores cordilleranos, que en caso de sancionarse la norma son quienes se quedarían con la atribución de definir qué zonas quedan protegidas y cuáles no. Las provincias son, en última instancia, las comisionistas de la explotación de las riquezas del subsuelo argentino.
El interés de los gobernadores está fuera de duda. La promoción de la megaminería es una constante hace décadas, sea con mandatarios peronistas, radicales, macristas, libertarios o de armados provinciales; aunque en ese camino se toparon con fuertes movilizaciones populares que a menudo los obligaron a dar marcha atrás. Ahora serán esos gobiernos los que definan cuáles considerar ambiente glaciar y qué función hídrica cumplen, algo ilógico teniendo en cuenta que los ríos y acuíferos que dependen de ellos no están restringidos al territorio de cada provincia.
Si los gobernadores son los que reprimen y persiguen a los vecinos y luchadores socioambientales que denuncian la contaminación y defienden el agua, ¿qué se puede esperar de ellos como autoridad a cargo de la habilitación y control de la megaminería en estos delicados ecosistemas? El antecedente directo es lo que ocurrió con la Ley de Bosques, que deja el ordenamiento territorial a cada jurisdicción, y desde que está en vigencia vimos una deforestación a gran escala con la complicidad de los gobiernos.
Incluso, como dijimos, el Estado provincial de San Juan respaldó el recurso que presentó la Barrick Gold para bloquear la implementación de la Ley de Glaciares alegando inconstitucionalidad, el cual finalmente fue desestimado en la Corte Suprema. En paralelo no solo mintieron a la población para esconder los derrames tóxicos de Veladero, sino que hasta rechazaron los pedidos de la comunidad para acceder a la información sobre los niveles de contaminación de los cursos de agua.
Que sean los mandatarios provinciales los que tengan a su cargo las áreas protegidas equivale a convertir toda la ley en papel mojado.
5. ¿Intromisión del Estado o conquista popular?
Tal vez la falsedad más grande de todas sea la presentación que hace Milei y sus funcionarios de la Ley de Glaciares como una herencia de una época de estatismo ya fracasada. Su modificación sería así parte de la desregulación para dar vía libre al desarrollo económico. La realidad es exactamente al revés: la ley actual, aún con sus limitaciones, fue arrancada en una lucha de años contra el Estado.
La primera sanción de la norma se conquistó en 2008. Pocos años antes se había hecho escuchar en toda la Argentina el grito de “no a la mina” en Esquel, una pueblada provincial que se saldó con la ley 5001 que prohibió la minería a cielo abierto; la misma que sería defendida con los Chubutazos contra los sucesivos gobiernos. Con ese ejemplo, en Mendoza un proceso de movilizaciones que comenzó en el Valle de Uco y se extendió en toda la provincia logró en 2007 la sanción de la Ley 7722 “guardiana del agua”. Se destacó también la lucha del pueblo de Andalgalá, que tras una década de saqueo de Bajo La Alumbrera se plantó contra el emprendimiento Agua Rica, el cual ahora nuevamente se busca poner en marcha. “Famatina no se toca”, fue otra consigna que logró recorrer el país, a partir de la pelea del pueblo riojano.
Esa primera ley nacional fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner… diciendo que atentaba contra el desarrollo económico de las provincias, especialmente de San Juan donde la Barrick Gold pretendía sumar la explotación de Pascua Lama a más de 4.000 metros de altura (luego de verse obligada a suspender la operación del lado chileno por la lucha de las comunidades trasandinas). Cualquier similitud de argumentos con la actualidad no es coincidencia, sino que revela una política de Estado en favor de las multinacionales. En ese momento, el decreto fue popularmente conocido como el “veto Barrick”.
En 2010 se logró nuevamente la sanción, de lo que es la actual Ley de Glaciares. Como repasamos, eso tampoco terminó con las presiones de las multinacionales, que buscaron impugnarla en la Justicia. Al igual que sucedió con la 5001 en Chubut o la 7722 en Mendoza, fueron los pueblos en lucha los que impidieron un mayor avance de la megaminería, no los gobiernos que fueron parte del lobby extractivista. La reiterada represión muestra que la preservación de zonas fundamentales fue una conquista contra el Estado.
Por eso va a ser también la movilización popular la que derrote esta ofensiva y enfrente al régimen de saqueo, que solo nos deja destrucción ambiental. Un espejo en el cual mirarse es lo que está sucediendo ahora con el abandono de los pozos petroleros del sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, con localidades emblemáticas de la actividad petrolera como Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia sufriendo desocupación creciente, cortes de agua y deslizamiento de los cerros. Es lo que se denomina como “zonas de sacrificio”, mientras las ganancias se las llevan un par de pulpos mineros al exterior.
Las luchas socioambientales de Argentina muestran que, contra el lobby minero y los gobiernos, el pueblo puede derrotar ofensivas como esta. La clave pasa por impulsar una pelea común con los trabajadores que enfrentan el ajuste y los despidos, en la perspectiva de la huelga general hasta enterrar todo el rumbo antiobrero y de saqueo de Milei y sus cómplices.
No a la modificación de la Ley de Glaciares. Basta de megaminería contaminante. Poder de veto de las comunidades afectadas y ampliación del inventario nacional de glaciares. Expulsión de las mineras y progresivo cierre de las minas a cielo abierto preservando todos los puestos de trabajo en tareas de remediación ambiental, a cuenta de las multinacionales y bajo control de comités de obreros, vecinos y técnicos. Basta de saqueo, nacionalización de las grandes explotaciones mineras y del comercio exterior bajo control de los trabajadores. Fuera Milei.
