Ambiente
27/12/2025
Debate: el proyecto de aumento de regalías presentado por el Partido Obrero de Santa Cruz
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Cerro Vanguardia
Los compañeros del comité de Santa Cruz presentaron un proyecto para elevar las retenciones a las mineras en la provincia del 3 al 15% de las exportaciones. El proyecto tiene el enorme problema de que hace descansar el financiamiento a los futuros aumentos salariales, la obra pública o las jubilaciones, en la permanencia e inclusive ampliación de la actividad megaminera, que provoca daños irreversibles al ambiente en la provincia.
El Partido Obrero de Santa Cruz juega un rol destacadísimo en las luchas provinciales, especialmente por el salario docente y contra el ajuste a la educación pública. Ha estado en la primera línea de la recuperación de Adosac para la lucha, del impulso del plenario obrero contra la reforma laboral y de las huelgas durante todo este año.
El proyecto obedece a que el aumento del precio del oro le generó una ganancia extraordinaria a la actividad minera. Este aumento contrasta con el empobrecimiento de la provincia de Santa Cruz, que atraviesa una ola de despidos, parálisis de la obra pública, y en donde se produjo una larga lucha salarial del gremio docente. El gobierno niega los aumentos y busca un endeudamiento provincial con el argumento de que le fueron recortados los ingresos nacionales por coparticipación y otros rubros, en el marco del ajuste presupuestario del gobierno nacional. En Santa Cruz hay cinco megamineras que explotan oro y plata entre otros metales y que están percibiendo ganancias extraordinarias.
La actividad minera prácticamente no tributa impuestos en el país. En las provincias, las regalías máximas ascienden al 3% por la Ley Nacional 24196, que fija, además, diferentes exenciones en el pago del impuesto a las ganancias, la exención de derechos de importación sobre la maquinaria, los insumos y los procesos de exploración, y la imposibilidad de modificar los tributos. El 3% que pagan las mineras de derechos de exportación tampoco es tal, porque pueden deducir los gastos de transporte, molienda o modificación del producto fuera de la mina, comercialización y administración. O sea, que no pagan, literalmente, nada.
Esta ley establece además un corsé para nuevos aumentos de impuestos que, por lo tanto, están congelados desde su sanción en… ¡1993! Inclusive, penaliza con el descuento de la coparticipación federal a las provincias que aumenten las regalías mineras, si las mineras reclaman contra el aumento. Es un verdadero régimen de saqueo colonial.
La cuestión del “financiamiento de los reclamos”
Pero que este régimen sea de saqueo no quiere decir que haya que plantear que los reclamos se financien con impuestos a la megaminería. El gobierno de Milei instala permanentemente que se debe plantear de dónde salen los recursos para los reclamos. Pero esta herramienta que usa contra el reclamo por discapacidad, la universidad o los aumentos salariales, no la utiliza a la hora de otorgar exenciones impositivas al gran capital, pagar intereses usurarios de la deuda o desfinanciar el sistema jubilatorio. En realidad, Milei está ejecutando una brutal transferencia de ingresos en favor del capital. Y una de las grandes perjudicadas son las arcas provinciales. La política de componenda de los gobernadores no impidió un enorme recorte, que se traslada con ajuste a los docentes, estatales y al pueblo de cada provincia.
Pero atar el financiamiento del reclamo salarial, jubilatorio o de obra pública a un ítem puntual de recaudación es un error, peor aún si se trata de la megaminería. En un momento en el que se está llevando adelante una brutal transferencia de ingresos al conjunto del capital, los reclamos toman fuerza en la medida que cuestionan integralmente esta política. Es una concesión al gobierno tener que plantear, en el cuadro de un saqueo generalizado, “de dónde salen” los fondos para tal o cual partida de aumentos. Plantear una vía de financiamiento alternativa mediante la megaminería saca del eje de que el reclamo docente, estatal y jubilatorio de Santa Cruz y de todo el país, solamente puede conseguirse quebrando este plan de ajuste y transferencia de ingresos en favor del gran capital. Lo contrario es generar, entre los trabajadores, una expectativa en que un tratamiento parlamentario sobre impuestos al desarrollo minero contaminante sea la vía para resolver los problemas de la población, cuando en realidad el gran problema es cómo extender nacionalmente las luchas para quebrar el plan de ajuste. Por existir una ley nacional, incluso, un aumento parcial de regalías exigiría una lucha a fondo contra el gobierno nacional. Desviar la atención de este problema no aporta a la claridad que tenemos que tener para encarar las luchas que se vienen.
Es Milei el que extorsiona a las provincias para que aprueben proyectos contaminantes que puedan servir como fuentes de financiación alternativas a los recortes que promueve el gobierno nacional, un ejemplo, son las salmoneras de Tierra del Fuego.
El Partido Obrero frente a la megaminería
La presentación del proyecto llamó la atención porque nuestro Partido Obrero, y el Frente de Izquierda, tienen una larga tradición de impulso con la lucha contra la megaminería. Es que el rechazo de la megaminería es un punto fundamental de la lucha de clases en el país. Ha provocado puebladas, como ocurre en Mendoza o Chubut, plebiscitos multitudinarios, luchas emblemáticas como la de Andalgalá, Jachal, etc. El motor de estas luchas (y de nuestra participación en ellas) es el carácter destructivo de esta actividad. La denuncia del régimen impositivo la integramos en esta denuncia general. Es una lucha de fondo, de defensa de las condiciones de vida de pueblos enteros, frente a una actividad con daños irreversibles al ambiente. Y es un parteaguas entre la izquierda y el kirchnerismo, que fue un gran impulsor de la megaminería, comenzando por Santa Cruz.
En este momento, por ejemplo, hay dos detenidos en Chubut por luchar contra la megaminería, y nuestro compañero y diputado provincial Santiago Vasconcelos estuvo hasta hace poco tiempo imputado por una causa similar. Hoy mismo se elevó a juicio la causa contra participantes de la lucha contra Agua Rica en Catamarca. Entre quienes irán a juicio está nuestra compañera, del Partido Obrero, Ailén Saracho Diamante.
Estas luchas han desenmascarado a fondo el régimen productivo de la megaminería: volar las montañas alterando en forma irreversible el ambiente, luego triturar el mineral para bañarlo a cielo abierto, usando cantidades monumentales de agua, con todo tipo de químicos contaminantes, especialmente el cianuro. Luego de eso, trasladar los residuos líquidos a “diques de cola” donde quedan almacenados en forma indefinida. Es un verdadero régimen de saqueo capitalista. El resultado es arrasador: contaminación del agua, filtraciones de cianuro, daño permanente a la fauna y la flora, e inhabilitación de todo otro tipo de actividad productiva.
Por eso hemos planteado reiteradamente la nacionalización del conjunto de las explotaciones, la expulsión de los pulpos mineros, el no a la megaminería, y la continuidad de los puestos de trabajo en tareas de remediación, así como el planteo a las empresas de resarcir el daño ambiental con las enormes ganancias generadas en la actividad, que incluyen, por supuesto, el saqueo al fisco.
Andalgalá es Argentina. Santa Cruz también
En el año 2010 titulamos en tapa de Prensa Obrera “Andalgalá es Argentina” en apoyo a la rebelión antiminera en ese pueblo. No solamente rechazábamos la instalación de Bajo La Alumbrera y Agua Rica, sino que denunciamos como una coima el aporte que realizaban las mineras a la Universidad Nacional de Tucumán, que recibía entonces 60 millones de pesos (una suma considerable entonces), de las mineras. Ahora, corresponde decir: “Santa Cruz es Argentina” para mostrar que el régimen de saqueo capitalista de Santa Cruz, armado por los Kirchner y sostenido a lo largo de todos los gobiernos, tiene las mismas consecuencias sociales y ambientales en Santa Cruz que en el resto del país.
El consumo masivo de agua es el primero, en una región donde el agua es especialmente escasa. Agua que sale de los acuíferos subterráneos y también de fuentes de agua de ríos de deshielo. Y que equivale, de acuerdo a diferentes estudios, a varias veces el consumo de agua de la Ciudad de Río Gallegos. En segundo lugar el uso de compuestos de cianuro, con los consiguientes derrames que han sido frecuentemente denunciados en el caso de Cerro Vanguardia. En tercer lugar, la permanencia de los deshechos en forma indefinida en la meseta.
Toda esta explotación que deja zonas verdaderamente sacrificadas a la voracidad del capital, además, tiene fecha de vencimiento. Por ejemplo, en el caso de Cerro Vanguardia, el plan de cierre está aprobado para 2028. Para continuar, deberá tomar nuevas zonas y vetas, ampliando la contaminación. Al final del camino, cuando queda un terreno yermo, el agua contaminada, el daño irreversible, la empresa hace las valijas y se retira de la escena, con sus millones de onzas de oro producidas, y la población queda devastada. Es el destino que le espera a Puerto San Julián y otros pueblos mineros. Hay que remarcar que, desde la época de Kirchner, la provincia es socia de toda esta explotación a través de la minera estatal, Fomicruz.
A la luz de todo lo dicho, hacer depender la financiación del salario docente o estatal, las jubilaciones o la obra pública de la megaminería es un enfoque incorrecto del problema. Conduce a la ilusión de que un mayor desarrollo minero servirá para resolver los problemas de la población trabajadora, una ilusión peligrosísima en momentos en que el gobierno va por la ley de glaciares y por nuevos emprendimientos de megaminería en todo el país.
Las vulgaridades del MST
El MST salió con los tapones de punta en la crítica a nuestro proyecto. En opinión del MST, “no importa” si las regalías mineras son 3%, 15% o 40%. “El porcentaje opera como una mentira ideológica, desplaza el debate del qué al cuánto” sostiene Jessi Gentile. Pero para los capitalistas, los obreros y los pueblos, el problema del “cuánto” es un componente fundamental de la ecuación. Es más, en la historia del siglo XX, los porcentajes de regalías y la propiedad de los recursos mineros y petroleros fueron motivo de golpes de Estado, rebeliones populares, intervenciones militares del imperialismo, entre otros pequeños detalles que para el MST son totalmente secundarios.
Por eso, para hacer un video efectista y no discutir con seriedad, el MST cae en una posición absurda. La cuestión impositiva forma parte del régimen de saqueo al igual que el problema ambiental. Deben ser denunciados como parte del paquete. Las rebajas impositivas hacen posible la explotación de proyectos de menor ley, con menor productividad y mayor daño ambiental. El blindaje impositivo apunta a garantizar la continuidad de estos negocios, que requieren grandes inversiones.
En su trayectoria oscilante, el MST pasó de integrar frentes con Binner y Juez y marchar con De Angelis en contra de la 125 y su secuela de destrucción con glifosato, a un ambientalismo que por momentos roza lo ridículo, como cuando promueve (como lo hizo en Córdoba) proyectos de ley para prohibir infinidad de actividades económicas, planteándole al régimen capitalista una reconversión que solamente es viable bajo un gobierno obrero.
La prohibición de las actividades contaminantes es motivo justo de movilización de infinita cantidad de colectivos ambientales. Pero no es una salida en sí misma, por el simple hecho de que el conjunto de las relaciones sociales capitalistas, basadas en la anarquía, la competencia, la propiedad privada de los medios de producción y la reproducción ampliada del capital, son contaminantes y están llevando al planeta a un colapso. En un planteo socialista hay que integrar en primer lugar la defensa de los puestos de trabajo. Esto requiere una reorganización integral que debe partir de una nacionalización de las ramas estratégicas de la producción, bajo un gobierno obrero, para reconvertir la producción sobre otras bases sociales.
Con la posición del MST es imposible desarrollar una crítica seria a la megaminería que actúa en Santa Cruz, donde no ha habido grandes movilizaciones contra sus consecuencias ambientales y en general existe una adaptación de un gran sector de la población a este tipo de explotación. Un debate serio del problema tiene que poner en la balanza todos los componentes del tema.
Discutamos y profundicemos
Con esta intervención buscamos abrir un debate con el activismo obrero y popular de Santa Cruz, en términos fraternales, para tratar, colectivamente de llegar a una mejor comprensión del problema. Es un debate necesario cuando vamos a tener que movilizarnos para enfrentar la ley de glaciares y todos los nuevos ataques de Milei a las condiciones de vida del pueblo trabajador y al ambiente. Desarrollemos y profundicemos este intercambio.
