Ambiente
27/11/2025
MENDOZA
Declaración frente a la censura, los aprietes en el Conicet y el avance del lobby minero
La ciencia no se calla. El agua y la vida no se negocian.
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Agrupación Naranja CyT
Movilización en defensa del agua.
A continuación, reproducimos la declaración de la agrupación Naranja Ciencia y Técnica frente a la censura en Conicet, en Mendoza.
Mientras en la Legislatura mendocina se intenta aprobar cuatro proyectos mineros, un informe del Conicet que advertía sobre graves riesgos ambientales, sociales e hídricos del Proyecto Minero San Jorge fue reemplazado en el sitio oficial del organismo por un comunicado alineado con el gobernador Cornejo, el gobierno nacional y las empresas mineras.
Lxs trabajadorxs del Conicet denunciamos públicamente las presiones y maniobras de censura que buscan silenciar la producción científica ante el avance del lobby minero. Lo que está en juego no es una disputa de “opiniones”, sino la capacidad del Estado de tomar decisiones basadas en evidencia, proteger el ambiente y resguardar el interés público frente a intereses corporativos.
Múltiples organismos públicos, como la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (Func), el Iadiza–Conicet, el Departamento General de Irrigación, la Facultad de Ciencias Médicas, entre muchos otros, han redactado informes que identifican deficiencias graves, datos insuficientes y riesgos ambientales y sociales que deben ser abordados antes de aprobar un proyecto extractivo de esta magnitud.
Lejos de considerar estas advertencias, asistimos al intento de deslegitimar o invisibilizar el trabajo científico para beneficiar intereses privados. Este intento por acallar las voces científicas se suma al ataque sostenido y reiterado a las distintas asambleas, organizaciones vecinales de pobladores locales y comunidades originarias cuyas voces siguen siendo excluidas del debate público y parlamentario.
¿Qué muestra la evidencia científica que se intenta callar?
1- Riesgo crítico sobre el agua:
Los aforos del arroyo El Tigre usados por la empresa tienen caudales insuficientes para cubrir la demanda del proyecto, comprometiendo además el caudal ecológico indispensable para sostener el ecosistema.
Los modelos hidrológicos presentados son precarios, con errores metodológicos y sin información adecuada para descartar impactos sobre las aguas subterráneas que alimentan la cuenca del río Mendoza, por lo que existe riesgo de contaminación para toda la población aguas abajo.
2- Información insuficiente y desactualizada sobre biodiversidad:
La línea de base es incompleta y en algunos casos incorrecta. No hay información adecuada para evaluar impactos reales sobre flora, fauna, vegas altoandinas y especies endémicas. Sin estudios serios, no es posible estimar ni mitigar los daños.
3- Impacto socioeconómico y patrimonial sin evaluar:
Los datos poblacionales están desactualizados y no existen análisis fundados sobre empleo, servicios, vivienda, salud o sinergias con otras actividades económicas.
El valle de Uspallata posee un patrimonio arqueológico de valor excepcional, incluido el Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La explotación minera afectaría bienes no renovables y vulneraría derechos de comunidades originarias Huarpe, sin cumplir con la normativa nacional e internacional.
4- Riesgo de drenaje ácido minero:
El estudio incluye un número insuficiente de muestras y presenta conclusiones parciales. La falta de datos impide estimar adecuadamente un riesgo ampliamente documentado en proyectos de cobre a nivel global.
La censura no es un hecho aislado: es un intento de condicionar el conocimiento público
Cada una de estas observaciones surge de equipos científicos especializados y de organismos estatales que actuaron conforme a la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública: velar por el interés general por encima del interés privado.
Intentar silenciar estas advertencias no solo es un acto de censura: es un intento deliberado de vaciar de contenido técnico el proceso de evaluación ambiental para llegar a una aprobación política sin respaldo en la evidencia. Cuando la ciencia incomoda al negocio, se la intenta callar. Y como hemos denunciado previamente, este no es un hecho aislado, sino que el gobierno intenta establecer un estado de vigilancia, persecución y castigo. Casos previos, como los del Inti y el Cenpat dan prueba del modus operandi del gobierno.
Defendemos la ciencia pública y el derecho de la sociedad a información completa y transparente
El Conicet es una institución pública al servicio de la sociedad. Su tarea es producir conocimiento, no bregar por la viabilidad de proyectos empresariales. La ciudadanía mendocina tiene derecho a conocer los riesgos reales, los vacíos de información y las consecuencias ambientales, sociales y patrimoniales que este proyecto puede generar.
Por eso exigimos:
Que ningún estudio científico sea censurado.
Que el directorio de Conicet se exprese públicamente garantizando la libertad para investigar y comunicar los resultados cuando la información sea de interés público.
Que el estudio de impacto ambiental sea ampliado antes de avanzar con cualquier aprobación.
Que se garantice el acceso público a todos los informes técnicos sin modificaciones políticas.
Que el gobierno provincial respete la evidencia científica y actúe en defensa del interés público.
La real soberanía energética y científica van necesariamente de la mano de un esquema de desarrollo, científico y tecnológico pensado desde la clase trabajadora. Por ello decimos que sin licencia social no debe haber proyecto.
Callar la ciencia es poner en riesgo el agua, el ambiente, la salud, el patrimonio cultural y los derechos de las comunidades. Frente a la censura y el intento de amedrentamiento, reafirmamos nuestro compromiso con las luchas populares, aportando evidencias científicas que se sumen a la defensa del bien común.
La ciencia no se calla. El agua y la vida no se negocian.
