Ambiente
11/7/2025
El gobierno de Mendoza entrega el agua a Elsztain y habilita el Proyecto Minero San Jorge
Cornejo facilita permisos de perforaciones al acuífero en zonas restringidas a empresas y avanza con un proyecto minero extractivista.
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Cornejo-Elsztain.
Agua para el capital, contaminación para los pueblos
El superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza entregó nueve permisos de agua en zonas restringidas. Los pozos perforan al acuífero de la Subcuenca El Carrizal, una zona declarada en restricción en agosto de 2024 por su vulnerabilidad y ya afectada por pasivos ambientales de la destilería Luján de Cuyo.
Los permisos de perforación en la cuenca de El Carrizal son para cinco pozos a Cresud para regar 424 hectáreas, dos a Chimpay La Rioja (de Young Woo) para 150 has, dos para 150 hectáreas en el emprendimiento Santa María de Los Andes, y uno de uso industrial y recreativo para Grappolo y Pedro García Mateo para 18 hectáreas.
La provincia tiene un clima árido y semiárido. La población originaria huarpe supo generar “oasis”, recurriendo al agua proveniente principalmente de las nieves derretidas de la cordillera, almacenada en embalses y distribuida a través de una red de canales y pequeñas obras hídricas. “El agua es el bien común más vital y crítico, que permite la organización del territorio en los grandes oasis... La cuestión de las aguas subterráneas es bastante crítica porque se ha evidenciado una sobreexplotación de algunos de los acuíferos, a través de la perforación de pozos bastante más profundos con un potencial de gran extracción, sobre todo en la zona sur del departamento de Luján de Cuyo”, denunció Marcelo Giraud, referente de las Asambleas por el Agua de Mendoza, para Canal Abierto.
El DGI es un organismo autárquico importante porque tiene a su cargo la administración del agua de la provincia. “Es a tal punto así, que al superintendente se lo suele llamar el gobernador del agua”, sostiene Giraud. Este organismo incluye un Tribunal Administrativo de cinco miembros, uno por cada cuenca de los principales ríos. Tradicionalmente había tres consejeros del oficialismo y dos por la oposición, pero actualmente los cinco consejeros responden al gobernador. El oficialismo tiene mayoría en las dos cámaras de la Legislatura, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia provincial le tributan, y tiene un control bastante fuerte sobre el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Universidad Nacional de Cuyo.
El valor de la tierra depende de la posibilidad de acceder al agua, por ende, el permiso de un pozo para bombear agua puede multiplicar por diez este valor. Así fue que el anterior intendente, Eduardo Frigerio, renunció para evitar su enjuiciamiento por otorgar permisos fuera de regla a barrios privados y fincas con viñedos. Su sucesor, Marinelli, fue nombrado por Cornejo. Este gobernador radical es uno de los más cercanos a Milei, casualmente representante de los intereses económicos del dueño de IRSA, que viene teniendo una expansión en actividades extractivas en todo el país, tanto en agronegocios, minería, proyectos inmobiliarios, generación de energía, etc.
Avanza el proyecto San Jorge, audiencia pública amañada
Para cumplir con los procedimientos administrativos de habilitación del Proyecto minero, se realizará el 2 de agosto una audiencia no vinculante en una zona de difícil acceso, en la alta montaña a 40 km de Uspallata.
Este proyecto es rechazado por la comunidad. Así lo demuestran las sucesivas luchas que tuvieron un punto culminante con la persecución penal sobre dos referentes: Mauricio Cornejo y Federico Soria, ambos defensores del ambiente y promotores del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaderas, alternativa comunitaria al proyecto minero.
Antecedentes siniestros de la minera y los gobernantes
La Minera San Jorge forma parte del holding suizo Solway, empresa offshore radicada en paraísos fiscales, denunciada por la prensa internacional por sobornos, contaminación, persecución, criminalización de la protesta social, apremios ilegales y asesinatos de opositores e indígenas, en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Macedonia, Congo y Liberia. Según el Sitio Andino, este proyecto de extracción de cobre y oro está impulsado por el grupo Zonda Metals, del holding Solway y el Grupo Alberdi, encabezado por el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.
Alfredo Cornejo, durante su primera gobernación (2015-2019), fue denunciado por sus vínculos con la minera Vale, dado que cuando la empresa abandonó el manejo de la mina Potasio Río Colorado, el gobernador diagramó un esquema mediante el cual tres exfuncionarios de su elenco se quedaron con sus activos. A su vez, en ese periodo le adjudicaron 19 de los 34 proyectos mineros en la región más rica en cobre del país a exfuncionarios suyos (Página 12, 7/10/2024).
En este caso particular, las asambleas de Uspallata y de defensa del agua se oponen al proyecto porque compromete la calidad y cantidad de agua de las comunidades de la cuenca y genera dispersión de contaminantes originados en las sucesivas explosiones. Respecto del primer aspecto, José María Cortés, investigador del Conicet, ha elaborado y presentado un informe sobre los aspectos hidrogeológicos del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto, demostrando que existe un flujo hidrológico desde la mina San Jorge (zona de recarga del acuífero) hacia el Río Mendoza (nivel de base del acuífero), en contraposición al informe minero que pretende imponer un relato falaz sobre la supuesta existencia no demostrada de obstáculos que impedirían la contaminación de la Cuenca del Río Mendoza.
La resistencia
La resistencia social a la megaminería en Mendoza no es nueva, probablemente sea tan vieja como el régimen menemista de Promoción a la Inversiones Mineras. Un hito fue la sanción en 2007 de la Ley 7722, norma que es un símbolo de defensa del agua, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. En 2019, un intento del gobierno provincial de derogar la norma generó masivas movilizaciones y piquetes durante días hasta lograr su restitución. El gobernador y los legisladores tuvieron que retroceder, derogar la reforma y reponer la Ley.
La audiencia está convocada en plena alta montaña, a más de 2.400 metros de altura y a unos 40 km de Uspallata. La información oficial (incluido el Informe de Impacto Ambiental y los dictámenes técnicos) es de difícil acceso sobre todo para las comunidades con escasa conectividad.
Mientras el gobierno provincial insiste en realizar la audiencia pública en el campamento minero ubicado propiedad de la empresa en el cerro San Jorge, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata lanzó una contraofensiva: convocó para el mismo día, el 2 de agosto, a otra audiencia, pero en la villa cordillerana: "La verdadera audiencia será en el pueblo", remarcaron en un comunicado del 10 de julio.
Conclusión
Apoyamos las luchas de las asambleas comunitarias y defensoras del agua de Mendoza.
La gestión del agua superficial y subterránea debe estar subordinada a comités integrados por las comunidades que habitan las cuencas involucradas, teniendo en cuenta las actividades productivas y culturales necesarias para preservar su calidad de vida.
Rechazamos las actividades extractivistas futuras y proponemos la expropiación de las existentes para que sean gestionadas por sus trabajadores en el marco de una gestión ambiental comunitaria.
