Ambiente
9/4/2026
Glaciares: el Congreso como escribanía de las mineras, la lucha popular como respuesta
La disputa por el agua expone el régimen de saqueo ligado a la deuda y la guerra, y reabre el camino de la movilización popular.
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Foto: Juan Diez @ojoobrerofotografía.
El gobierno de Milei logró la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados, tras la media sanción previa en el Senado y luego de dos audiencias públicas completamente fraudulentas, montadas para simular un debate condicionado desde el inicio. Todo el trámite legislativo estuvo atravesado por presiones del lobby minero, la intervención directa de los gobernadores y un operativo represivo contra quienes se movilizaron en defensa del agua y los bienes comunes.
Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el gobierno alcanzó el quórum con 129 presentes. Desde ya las bancas de LLA, el PRO y la UCR, pero también con el aporte decisivo de bloques que no pertenecen formalmente al oficialismo, como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y Elijo Catamarca, junto a los diputados de Unidos (Rizzotti, Aresca, Núñez, Capozzi, Torres y Scaglia). Cabe señalar que seis de esos diputados ingresaron al Congreso por listas de Unión por la Patria: tres del bloque hoy denominado “Independencia”, alineado con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y tres de “Elijo Catamarca”, referenciados en Raúl Jalil. Sin ese quórum, no había media sanción. Aún más, dos diputados de UP de San Juan votaron a favor de la reforma prominera.
"Si hoy el gobierno y los gobernadores logran salirse con la suya, la lucha va a continuar, en la justicia y especialmente en las provincias donde ya hubo grandes rebeliones ambientales y las va a volver a haber en defensa del agua y el ambiente" @Solanopo pic.twitter.com/gimUntLWiK
— Prensa Obrera (@prensaobrera) April 8, 2026
Fisuras en el oficialismo, censura a la prensa y delimitaciones frente a la guerra imperialista en Medio Oriente
La sesión comenzó con casi una decena de votaciones (apartamientos del reglamento) que dejaron un dato político significativo: el gobierno fue derrotado en todas ellas. Aunque se trataba de iniciativas que requerían mayorías especiales de dos tercios y no prosperaron, la seguidilla de traspiés expone fisuras en el bloque oficialista y abre interrogantes sobre la consistencia y la fidelidad de sus aliados, en el marco del vendaval político y los escándalos de corrupción que salpican al gobierno que venía a “terminar con la casta”.
En este marco, la sesión la abrió la docente y diputada Romina Del Plá, que solicitó el tratamiento de un proyecto contra la censura del gobierno nacional a periodistas acreditados en Casa Rosada. “Entre los afectados se encuentran Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, FM La Patriada, A24 y El Destape. Desde el bloque del Frente de Izquierda planteamos no solo la gravedad de esta persecución a las y los trabajadores de prensa, sino también la afectación directa al derecho a la información de la población”, dijo Romina.
En el marco de las votaciones especiales, el bloque de Unión por la Patria, con el diputado Marino a la cabeza, presentó un proyecto para sostener la “neutralidad” de Argentina frente a la guerra imperialista en Medio Oriente. Frente a esta votación, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda - Unidad se abstuvieron y explicaron su posición. “Abajo la guerra imperialista contra Irán, la guerra contra Líbano y el genocidio del pueblo palestino del gobierno sionista, por la derrota de EEUU e Israel. Así fundamentamos nuestro voto hoy. No somos neutrales como propuso el peronismo”, señaló el diputado Néstor Pitrola desde su cuenta de X. Es decir, no se trata de un conflicto lejano para la Argentina, sino de una disputa por el control de recursos estratégicos que tiene su correlato directo en América Latina y en la ofensiva sobre nuestros bienes comunes, como expresa el avance de la megaminería sobre los glaciares.
Entre los apartamientos también se coló con fuerza el caso de corrupción del “deslomado” Adorni, tema que atravesó toda la sesión. En este punto se expresó una mayoría efectiva a favor de su interpelación y de avanzar en una moción de censura que podría implicar su remoción, si es que antes el gobierno no entrega su cabeza.
Movilización nacional y operativo represivo para blindar la reforma prominera
La movilización en defensa de la Ley de glaciares, se logra abrir paso hacía el Congreso.
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Diputados se encuentra debatiendo un proyecto del oficialismo y los gobernadores en favor de un puñado de multinacionales mineras para hacer negocios a costa de un profundo deterioro… https://t.co/ZjRDOY0utL pic.twitter.com/hpuiURgKck
La sesión en Diputados estuvo rodeada por una importante movilización nacional en defensa del agua y los glaciares, con epicentro en el Congreso Nacional, la cual fue respondida con operativos represivos. En CABA, la Policía de la Ciudad, bajo el mando de Jorge Macri, y la Gendarmería avanzaron para impedir el acercamiento de las columnas al Congreso, desplegando acciones contra manifestantes sobre la 9 de Julio y Avenida de Mayo, a varias cuadras del recinto. El Congreso volvió a ser militarizado, como ya había ocurrido durante las audiencias públicas, lo que pone de manifiesto el carácter de una reforma que se intenta imponer de espaldas a la población y en función de los intereses de las corporaciones mineras. Las movilizaciones se reprodujeron en distintas provincias del país en defensa del agua, y en Mendoza se registró la detención de diez manifestantes, en un nuevo episodio de criminalización que acompaña el avance de la agenda megaminera, en un cuadro donde hay decenas de luchadores procesados y condenados en todo el país por enfrentar el saqueo del agua y las comunidades.
La intervención del Partido Obrero y el Frente de Izquierda
Néstor Pitrola denunció la represión montada para blindar la sesión, señalando que “da cuenta de la naturaleza de lo que se está discutiendo y de lo que se pretende votar: una democracia de infantería para atacar los derechos de los trabajadores y avanzar en la entrega del país”. Caracterizó el carácter de clase del Estado y apuntó contra el rol del peronismo, que “se vuelve a desdoblar en distintas variantes pero responde a los monopolios mineros”, en sintonía con bloques como Provincias Unidas, expresión de las burguesías provinciales asociadas al capital extractivo. También rechazó la idea de “federalismo”: “es una de las leyes más unitarias, responde a un puñado de monopolios internacionales que imponen un régimen común de saqueo en todas las provincias”.
Pitrola vinculó esta ofensiva con la disputa geopolítica internacional por los recursos que es un parte fundamental de la guerra imperialista en Medio Oriente como lo fueron los bombardeos a Venezuela: “es muy claro que vienen por el subsuelo, que van por el petróleo y el gas del mismo modo que aquí vienen por el subsuelo minero sin restricciones de ninguna naturaleza”. Y la ligó a la cuestión de la deuda: “el gobierno colonial de Milei busca garantizar el repago de una deuda fraudulenta mediante la entrega de nuestros recursos. Quieren los dólares de la minería, aunque el Rigi habilita que esos dólares ni siquiera ingresen al país”. En ese cuadro, destacó el rol de Mekorot: “son quienes trajeron a Mekorot mediante contratos confidenciales con 12 provincias, la empresa responsable de contribuir con el genocidio palestino”. Frente a este escenario, concluyó: “desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero nos pronunciamos por la nacionalización de los recursos petroleros, mineros y gasíferos, bajo control de los trabajadores y las comunidades”.
Casi en el cierre del debate, la docente y diputada Romina Del Plá advirtió que “ya hubo momentos en que creyeron que habían aprobado estas leyes y después tuvieron que retroceder frente a rebeliones populares”, en referencia a Mendoza y Chubut, y cuestionó las audiencias públicas por su carácter fraudulento: “se inscribieron más de 100.000 personas y decidieron escuchar arbitrariamente a 200; aun así, la enorme mayoría rechazó el proyecto”. La intervención también apuntó contra el relato del desarrollo minero: “la minería paga un 3% de regalías sobre lo que declaran las propias empresas, no deja un mango para las provincias y solo llena los bolsillos de un puñado”, contrastando con los niveles de pobreza en las provincias mineras. Finalmente, vinculó esta ofensiva con el carácter del régimen en su conjunto: “este es un sistema al servicio del saqueo rápido, que incluso pretende arrastrarnos a guerras imperialistas mientras destruye recursos irreemplazables como los glaciares”, concluyendo que “la única respuesta es la movilización popular para derrotar esta ley y todo este régimen de entrega”.
Qué implica la reforma de la Ley de Glaciares
Los intereses favorecidos con la reforma son concretos y tienen nombre y apellido. La destrucción de la Ley de Glaciares busca despejar el camino a proyectos como Vicuña, El Pachón, MARA en Andalgalá, Los Azules o Rincón, ligados a minerales estratégicos para las cadenas globales. Detrás de estas iniciativas operan gigantes como Lundin, BHP, Glencore o Rio Tinto, junto a fondos de inversión y bancos internacionales como JP Morgan o BlackRock. La llamada “transición energética” aparece así como cobertura ideológica de una renovada ofensiva extractiva.
Pero el relato del desarrollo minero, repetido en la sesión por distintos bloques, choca con la realidad social. San Juan presenta un 34% de pobreza, por encima del promedio nacional. Catamarca alcanza el 35,7%. La minería representa menos del 1% del empleo total y no resuelve el problema estructural del trabajo. Las regalías están topeadas en el 3% y sujetas a deducciones, mientras regímenes como el RIGI profundizan la apropiación privada de la renta y habilitan la fuga de divisas. Incluso en el debate parlamentario se reconoció la necesidad de “atraer inversiones”, es decir, de profundizar este esquema de concesiones.
Avanzaron en el parlamento: la lucha popular es la respuesta
La reforma de la Ley de Glaciares debe leerse, entonces, junto con la guerra y la deuda, pilares a su vez del gobierno de Milei. El sometimiento al FMI y la validación de una deuda fraudulenta empujan a los gobiernos a ofrecer los recursos naturales y los bienes comunes como garantía de repago, en un contexto de disputa geopolítica creciente donde las potencias imperialistas buscan asegurarse el control de minerales estratégicos, energía y agua.
La aprobación parlamentaria no cierra esta pelea. La historia reciente demuestra que cuando el pueblo trabajador irrumpe, puede derrotar estos planes de saqueo: así ocurrió en Mendoza en 2019 y con el Chubutazo en 2021, donde la movilización popular hizo retroceder leyes al servicio de las mineras. Frente a una reforma impuesta con represión, lobby y complicidad política, la única salida vuelve a estar en las calles. Retomar ese camino, unificar las luchas en todo el país y profundizar la organización independiente será decisivo para derrotar esta ley y defender el agua y los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.
