La última semana hubieron importantes novedades sobre el glifosato, herbicida que bajo el nombre de Roundup es producido en Argentina por Bayer-Monsanto, siendo utilizado masivamente en la agroindustria.

Un estudio mundial del que participó el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos reveló que el glifosato causa leucemia en las primeras etapas de la vida. Durante veinte años se suministró a ratas de laboratorio agua con glifosato en dosis equivalentes a las que la Unión Europea considera inocuas para el consumo humano, y el resultado comparativo demostró que las muertes por leucemia observadas en las crías ocurrieron en menos de un año de vida como resultado de alteraciones prenatales, demostrando que la exposición materna al glifosato antes de la concepción afecta mortalmente a la descendencia. El estudio ratificó los resultados de otro realizado en seres humanos en 2021, publicado por National Library of Medicine, un sitio web oficial del gobierno de EEUU.

También se conoció un informe del proyecto Pesticidas Introducidos Silenciosamente (PIS) revelando que la CABA lidera los casos positivos de glifosato en orina, comparada con distritos de la provincia de Buenos Aires (Tiempo Argentino, 29/10). Estos datos confirman los resultados del proyecto Sprint sobre centros urbanos de diversas localidades bonaerenses, que fueron censurados por las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

A pesar de este intento de ocultamiento, hace pocos días la justicia de Mercedes (provincia de Buenos Aires) se apoyó en los datos aportados por los voluntarios del proyecto Sprint para producir un fallo que ordenó establecer una zona de protección de mil metros para las fumigaciones terrestres con agrotóxicos respecto de la planta urbana, poblaciones y viviendas rurales, pozos de extracción del agua del servicio de red domiciliaria y todos los emprendimientos agroecológicos en el partido de Marcos Paz. El fallo ordenó a la empresa ABSA (Aguas Bonaerenses) a entregar bidones sellados de agua potable en las escuelas, centros de salud y amparistas con domicilios dentro de su área concesión. Fue decisiva para alcanzar este fallo la acción del Suteba de Marcos Paz, ya que enfrentó los intentos de las autoridades de impedir el ingreso de los funcionarios que debían recoger muestras de agua en las escuelas para su análisis.

El proyecto Sprint, subvencionado por la Unión Europea y con el apoyo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), estudia el impacto de agroquímicos en la salud humana, animal y el ambiente. Argentina adhirió a mediados de 2020 a través del Inta, al igual que universidades e institutos de investigación de otros diez países europeos. En nuestro país 73 habitantes de zonas rurales y urbanas participaron de este estudio brindando muestras de sangre, materia fecal, orina, la portación de una pulsera que captó durante una semana la cantidad de agroquímicos a los que se tuvo contacto por el aire y, por último, muestras de polvo de las aspiradoras de cada hogar. Los resultados revelaron datos preocupantes: de 2 a 10 plaguicidas en sangre (lo que el cuerpo ya no puede detoxificar y comienza a circular por el organismo), 6 a 13 plaguicidas en orina (lo que bebemos), hasta 18 plaguicidas en materia fecal (lo que comemos), y de 7 a 53 plaguicidas en pulseras (lo que respiramos).

El 21 de junio pasado la doctora Virginia Aparicio tenía que publicar estos resultados del proyecto Sprint en Argentina y el análisis de los datos con respecto a las distintas matrices estudiadas (humanos, animales, suelos, agua y aire), y la comparación de las mismas con respecto a los otros países participantes. Pero seis días antes recibió una carta de su superior, el director del Inta, quien le instruyó suspender la presentación del informe y le advirtió que analizaban su desempeño dentro del organismo porque el “mapeo biológico humano” no estaba dentro de su incumbencia institucional. Para la comunidad científica se trató de “un acto artero de censura y persecución”, según denunciaron en un comunicado con cientos de adhesiones de organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas, movimientos campesinos, sindicales y los mismos ciudadanos voluntarios que formaron parte de la investigación.

El Inta viene actuando en todos los terrenos como lobbista del capital agrario. Sus exposiciones en la Cámara de Diputados negando el daño ambiental y hasta de la importancia de preservar los humedales en la Argentina fue clave en el bloqueo oficialista y opositor a una ley de protección de humedales.

La diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes para que el presidente del Inta, Mariano Garmendia, se presente en la Cámara a dar explicaciones sobre el ocultamiento de información ambiental tan relevante, vulnerando leyes y acuerdos internacionales firmados por el país. Esta iniciativa es un aporte a la lucha de los pueblos fumigados para terminar con el envenenamiento sistemático de poblaciones enteras.

https://drive.google.com/file/d/1_VHRdtWITHidbP7vckF75zSzfhtug3MQ/view?usp=sharing

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