Ambiente
27/3/2026
“Han habido derrames en todos los países en que actúan estas multinacionales mineras, es un saqueo del agua y la energía"
Voces en la audiencia trucha sobre la modificación a la Ley de Glaciares.
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Concentración en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares: Foto: Federico Imas.
La audiencia pública convocada por el Congreso para tratar la modificación a la Ley de Glaciares terminó siendo una manifestación categórica de rechazo popular. Justamente por su carácter trucho, por proscribir a más de 100 mil personas y militarizar toda la zona, y por la concentración que lo denunció, quedó en evidencia lo que quisieron ocultar: el masivo repudio al proyecto que entrega el agua para habilitar nuevos negocios a la megaminería.
Santiago Vasconcelos, diputado por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda hasta febrero pasado en Chubut, intervino denunciando en primer lugar el carácter proscriptivo de las audiencias y la represión, y refutando los argumentos que los partidos capitalistas lobistas de las mineras usan para justificar el impulso a dicha modificación.
“Quiero tirar por la borda cualquier intento por hacer pasar esta reforma con la idea del federalismo ambiental. El Río Chubut es el que alimenta al 50% de la población de la provincia y nace en Río Negro. Su naciente viene siendo privatizada, como el Lof Cayunao lo denuncia, y ahora el gobierno de Weretilneck está aprobando el cateo minero en la zona de sus nacientes. Las estimaciones más optimistas dicen que se va a perder el 7% del caudal, que ya es muy bajo”, señaló.
Dijo que Chubut es una provincia que ya perdió el lago Colhué Huapi y que por responsabilidad de los gobiernos se incendia todos los veranos como consecuencia de sus políticas de entrega. También se refirió a la idea de que con estas políticas se van a generar puestos de trabajo: “se pierde más empleo por los impactos ambientales en el resto de las áreas productivas que el que se gana”.
“Quien puede pensar que a este gobierno -refiriéndose al de Milei- le importa el empleo cuando acaba de hacer pasar una reforma laboral que aumenta los despidos, cuando ataca a los trabajadores de los programas sociales, cuando los de Fate tienen que tomar la planta para defender sus puestos de trabajo”, agregó.
Vasconcelos, que además milita en Tribuna Ambiental, mostró la complicidad de los partidos patronales con las mineras al recordar que en su momento el PJ presentó un proyecto en la Legislatura para perseguir a los vecinos que luchaban en defensa del agua. En el marco de esos juicios, en medio de una extrema vulnerabilidad y con la persecución del Estado encima, uno de los condenados, Lautaro Martínez, se quitó la vida. “Eso es lo que trae la megaminería”, dijo. También denunció al diputado Sebastián López del PRO, que fue filmado mientras pedía coimas a las mineras.
En este sentido denunció que la Legislatura descartó iniciativas populares con miles de firmas en una provincia con más de 20 años de lucha en defensa del ambiente. Además, denunció que el proyecto de ley fue redactado al servicio del saqueo del país por parte de empresas como Barrick Gold.
Maximiliano Villarreal, abogado defensor de derechos humanos y activistas perseguidos en Mendoza, denunció que en la ley se dejan de lado los criterios científicos que protegen una porción chica del territorio del país pero que “es central para alimentar con agua y vida principalmente los territorios cordilleranos y a quienes habitamos esos territorios”. Agregó que “se está priorizando un criterio burocrático y comercial, así como los acuerdos que tengan los gobernadores cordilleranos con las mineras para explotar esas porciones de territorio que ocupan los glaciares”.
Asimismo, señaló que esta política es para priorizar tanto el pago de las deudas provinciales como el acuerdo con el FMI que mantiene el gobierno de Milei. “Entregan el agua para financiar los negocios de algunas multinacionales que van a terminar destruyendo el agua”, dijo.
También denunció la represión de los gobiernos a favor de los pulpos mineros. “En Mendoza hay 32 perseguidos por luchar en defensa del agua y contra la instalación de la megaminería en el proyecto San Jorge. Hemos tenido situaciones de tortura en espacios públicos como la Legislatura provincial y la dirección de turismo. Enfrentamos causas y persecución”, indicó.
Alicia Rodríguez, ingeniera química, especialista en ciencias químicas del ambiente y militante de Tribuna Ambiental, también se refirió al proyecto San Jorge denunciando las cantidades significativas de agua que va a usar para funcionar. “Son proyectos en continua expansión, gran parte del caudal que usan lo devuelven contaminado, no tienen ninguna tecnología interesante y cualquier ingeniero puede hacer un pozo y usar un valle como pileta para hacer lixiviación y obtener minerales”, dijo.
“Ha habido derrames en todos los países en que estas siete u ocho multinacionales mineras han trabajado, han muerto muchísimas personas. En San Juan hay 18 proyectos, funcionan 2 o 3 y ya es un desastre, imagínense son 18”, agregó, y denunció que cuando la policía minera se acerca a las zonas donde hay derrames es para “destruir la escena del crimen y ponerse del lado de las empresas”. También denunció cómo la Universidad de San Juan fue cooptada por el gobernador vinculado a pymes que abastecen a las mineras. “Por eso la universidad ni se interesa por el río y no ve qué agua están tomando los pobladores”, dijo.
Denunciando a todos los gobiernos nacionales y provinciales (recordemos, por ejemplo, que en el pasado Cristina Kirchner vetó la Ley de Glaciares) por representar al capital minero, Rodríguez mencionó que estamos ante un paquete de saqueo para entregar el agua del glaciar y también la energía eléctrica ya que “son privilegiadas las mineras respecto del resto de los campesinos productores de la zona”. En este sentido denunció el Rigi y sus exenciones impositivas, el acuerdo comercial con Estados Unidos, y que las empresas pagan regalías muy bajas contribuyendo al desplume del país.
No a la modificación de la Ley de Glaciares.
