Ambiente
2/1/2026
CÓRDOBA
Importante logro ambiental de los vecinos de la Asamblea de San Marcos Sierras y la Comunidad Indígena Tulián
La Justicia suspendió la Licencia Ambiental del proyecto del Perilago de Cruz del Eje por graves irregularidades ambientales.
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El monte es vida.
La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial de Trabajo y Familia de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, se pronunció a favor del amparo ambiental colectivo interpuesto por la Comunidad Indígena Territorial Comechingona Sanavirón Tulián, junto a vecinos de San Marcos Sierras nucleados en la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs, con el patrocinio de las abogadas Maria Laura Carrizo Morales y Ananda Maria Lavayén.
El amparo fue realizado contra de la Provincia de Córdoba ante el daño ambiental presente y futuro con origen en la aprobación del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del “Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje” presentado por la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad.
La Justicia resolvió hacer lugar parcialmente a la medida cautelar, ordenando la paralización inmediata a todas las obras vinculadas al proyecto. Esta decisión, supeditada a la caución juratoria de los amparistas, se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva o surjan nuevos elementos que alteren la situación actual, debiendo notificar formalmente a la Provincia para su cumplimiento efectivo. La medida dictada tiene en cuenta las graves irregularidades detectadas en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el riesgo de daño ambiental, cultural y arqueológico que podría causar.
En su resolución, el Tribunal aplicó de manera expresa el principio precautorio, destacando que cuando existe peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede justificar la inacción del Estado. En este sentido, sostuvo que permitir el avance de las obras podría generar impactos irreversibles sobre el ambiente, la biodiversidad, el bosque nativo y el patrimonio cultural y arqueológico de la zona.
Entre los puntos más relevantes señalados por la Justicia se encuentran: graves falencias en el Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo contradicciones técnicas y falta de información clave; violación del derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana, ya que la audiencia pública fue meramente formal y sin participación real de la comunidad; ausencia de consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena, a pesar de tratarse de un proyecto emplazado en su territorio ancestral y dentro de la Reserva Arqueológica Provincial Quilpo; falta de evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de las distintas obras proyectadas en la zona; riesgo de afectación a zonas de bosque nativo protegidas y al equilibrio del perilago del Dique Cruz del Eje.
Para la Comunidad Indígena Tulián este fallo representa una nueva conquista histórica. En 1806, la comunidad obtuvo judicialmente el reconocimiento de su territorio frente a la Corona Española. En 2014, la comunidad logró el cierre de la mina Cerro Negro en Quilpo, mina que sólo permaneció 24 horas en su territorio. Hoy, esta resolución vuelve a reafirmar que la comunidad sigue ejerciendo su rol ancestral como guardiana del territorio.
Para la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de San Marcos Sierras la sentencia es un reconocimiento al enorme esfuerzo y meses de trabajo y movilización, que comenzó con pedidos de informe, análisis minucioso del proyecto, reuniones con autoridades, de tejer redes, de difundir lo que sucedía, de cuidar el territorio con guardias permanentes para evitar que sigan desmontando, de conseguir el apoyo económico de los vecinos y buscar asesoramiento legal, para lograr que la justicia se pronuncie ante los graves daños que causaría el proyecto y que llevó a presentar la medida cautelar favorable junto a la Comunidad Tulián.
Este fallo es el resultado de la organización, de la deliberación colectiva y resoluciones en asamblea, y de la movilización sostenida en las calles. Demuestra, que la lucha sirve, que cuando el pueblo se organiza de manera independiente de los gobiernos y partidos ecocidas, con sus métodos de acción directa y movilización en defensa del territorio, para cuidar el agua, el monte y la vida, pueden frenar los proyectos que el Estado provincial y sus socios empresariales intentan imponer desprolijamente para desarrollar sus negocios inmobiliarios, extractivistas o agrícola ganaderos.
La suspensión de la licencia ambiental es un golpe a la impunidad con la que avanzan la Lotería de Córdoba y el Ministerio de Ambiente y Economía Circular (un ministerio con vida corta, porque el gobierno acaba de anunciar su reducción a secretaría, dos años después de crearlo). El fallo también representa un precedente clave en la defensa del ambiente y de los derechos de las comunidades, y reafirma que el desarrollo no puede avanzar vulnerando normas ambientales, culturales y constitucionales.
El siguiente paso es conseguir que los 40.000 millones de pesos destinados a esta obra sean redirigidos teniendo en cuenta las voces de la comunidad. Porque hay otro progreso posible, en lugar de los grandes proyectos que benefician a una minoría de empresarios y sus gobiernos afines. Ese dinero debe destinarse a un proyecto productivo basado en las posibilidades locales, para generar puestos de trabajo para toda la población. Que contemple la crisis hídrica actual y genere un plan definitivo que garantice la provisión de agua, que tenga en cuenta que todos los vecinos accedan a los servicios, que incluya el tratamiento de los residuos, respetando el ambiente.
