Ambiente
17/4/2026
Las devastadoras consecuencias de la minería en América Latina
Los capitalistas mineros devastan el ambiente en búsqueda de ganancias. Los pueblos resisten.
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Cerro de Pasco, Perú.
La aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, que consagra el saqueo de la cordillera en favor de las grandes multinacionales mineras, se hizo en nombre de hacer de Argentina una "potencia minera" si sigue los pasos de Chile o Perú, como una vía para salir de la crisis. La realidad es que en esos países la minería no solo no significó ningún progreso social, sino que incluso ha tenido consecuencias catastróficas en el ambiente. Por eso es que los trabajadores y las comunidades originarias han venido librando peleas en defensa de sus condiciones de existencia y contra la depredación ambiental.
La contaminación, el robo de las riquezas naturales, la explotación de los trabajadores y la expropiación de las riquezas de los países por parte de empresas latinoamericanas y extranjeras, que cuentan con el respaldo de los distintos gobiernos, afecta fuertemente a los pueblos de la región. Tomaremos los casos de Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, que, si bien no representan el problema en su totalidad, son parte de una tendencia a la penetración del capital minero en América Latina que se viene profundizando hace tiempo.
Brasil
En el país carioca, las explotaciones mineras se expandieron sustancialmente durante las últimas dos décadas. Y hay en danza varias solicitudes para avanzar en otros proyectos, muchos de los cuales suponen la invasión de territorios indígenas. Lula encabezó la COP30 en Belém el año pasado, donde se puso de manifiesto el contraste de la ciudad utilizada para realizar el evento con la realidad socioambiental de sus habitantes. Ahí está el vertedero de Aurá para demostrarlo.
De hecho, la minera Vale, responsable de dos de los mayores desastres ambientales de Brasil -colapso de la represa de Bento Rodrigues (2015) y de Brumadinho (2019)-, financió obras para hacer "sostenible" Belém. Esa empresa es conocida por gozar de beneficios fiscales y haber subfacturado exportaciones, así como también por precarizar a sus trabajadores. Hay muchos conflictos derivados de la explotación minera para la "transición energética".
Brasil concentra el 83,3% de la deforestación amazónica. En esa región, donde también tiene lugar la minería ilegal, imperan altos niveles de pobreza y el salario mensual promedio de los trabajadores formales es de apenas 468 dólares (City En Línea, 16/7/2025). El 94,8% de las personas indígenas de nueve aldeas yanomami en la Amazonia brasileña tiene altos índices de contaminación por mercurio. Más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonia se produjo en Brasil. Varios territorios indígenas se ven amenazados por el avance de la minería ilegal.
El municipio amazónico de Barcarena sufrió 30 accidentes en los últimos 20 años, 16 relacionados con las empresas Norsk Hydro (noruega) e Imerys (francesa). Se han producido derrames, incendios e incluso se formó una nube de hollín que cubrió un barrio de la ciudad. El número de muertes por cáncer se disparó un 636% durante ese mismo período, según datos del Ministerio de Salud. Se han registrado, además, daños en el desarrollo infantil y casos de párkinson.
En 2021, en la Amazonia, una empresa minera vertió desechos tóxicos contaminando un arroyo y dos ríos que pasan por una reserva indígena. En el municipio de Itinga, en el estado de Minas Gerais, la minera canadiense Sigma Lithium genera residuos que ya ocupan 560 mil metros cuadrados del área y se acercan a las casas de los vecinos.
A principios de abril, centenares de indígenas, parte del campamento Tierra Libre, movilizaron a Brasilia para rechazar proyectos mineros, denunciando que implican la violación de sus derechos territoriales (Cadena 3, 7/4). Las mujeres indígenas del estado de Pará han venido luchando también tras la aprobación de una licitación para un proyecto minero. En febrero, tras multitudinarias protestas que duraron poco más de un mes, Lula tuvo que revocar un decreto que permitía concesiones privadas para vías navegables.
Perú
Según Bram Willems, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, existen en el país más de 6.000 pasivos mineros, de los cuales 2.800 son considerados críticos por su potencial de contaminación sobre el aire, el agua y el suelo.
Por ejemplo, Cerro de Pasco, donde opera la minera Volcan -mayor productor de zinc y plata de Perú y cuyo mayor accionista es la suiza Glencore-, es conocido por ser uno de los lugares más contaminados del mundo, y más afectados por la concentración de metales pesados, que afecta hasta la comida y los espacios públicos y puede provocar cáncer y otras enfermedades. Allí viven unas 80.000 personas. El cadmio, un metal pesado, es potencialmente mortal.
En agosto de 2024 se produjo un derrame en el río Plata, en la provincia de Pallasca, lo que puso en riesgo el suministro tanto de agua potable como de proyectos de irrigación. También se ha denunciado el avance del negocio minero -y de la tala que trae consigo- en la región del Amazonas. La profundización de los negocios mineros en Perú ha producido desplazamiento de comunidades, desocupación, aumento de la pobreza y violaciones a los derechos humanos.
A la par, se ha expandido la minería ilegal, negocio con el que a menudo se vinculan narcos y varias empresas comercializadoras de oro. En la región de Madre de Dios (Amazonia), hay más de 31.000 obreros informales y más de 9.000 ilegales que trabajan en las minas de oro (Mongabay, 1/8/2022).
En Perú, según la Defensoría del Pueblo, la mitad de los conflictos sociales tiene su origen en problemas ambientales y el epicentro (64%) en la cuestión minera. Pueblos indígenas como Awajún y Wampis se encuentran en lucha porque el avance de la minería ilegal pone en peligro sus tierras ancestrales. Y ha habido luchas en 2019 contra un megaproyecto de minería a cielo abierto en el sur del país. En Arequipa hubo un paro regional de tres días contra el proyecto megaminero Tía María.
Chile
La minería es uno de los principales pilares de la economía chilena. Se estima que por cada tonelada de cobre generada se producen más de 200 toneladas de relaves, es decir, residuos con metales pesados y otras sustancias tóxicas (El Extremo Sur, 4/2). Hay más de 700 relaves activos, inactivos y abandonados que siguen afectando tanto ecosistemas como la salud de los pueblos.
Los capitalistas mineros han causado desastres. La Barrick destruyó más de la mitad de tres glaciares, en el marco de la etapa de exploración del proyecto Pascua Lama. La minera estatal Codelco también aportó lo suyo: produjo la casi desaparición de dos glaciares rocosos en la región de Valparaíso.
En 2010 se produjo una catástrofe: un terremoto terminó con la vida de cientos de personas e hizo colapsar el relave Las Palmas. Una familia murió sepultada bajo un cerro de desechos tóxicos generado por una minera. En 2019, una minera derramó 40 mil litros al mar en la región de Magallanes. En 2024, fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un tanque de relaves en Las Cenizas, en Valparaíso, lo que llenó de metales pesados canales y cursos de agua usados por comunidades rurales y actividades agrícolas.
Más de 100.000 personas se movilizaron contra el gobierno de José Antonio Kast, que quiso suspender planes de descontaminación en zonas críticas (DW, 28/3). En octubre de 2025, bajo el gobierno de Boric, las comunidades del Atacama protestaron contra proyectos de extracción minera.
Venezuela
En Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez viene de reunirse con inversores mineros y funcionarios norteamericanos, interesados en sus tierras raras. Trump no promovió el golpe contra Maduro únicamente por el petróleo. Hace poco la Asamblea Nacional votó una nueva ley de minas para atraer inversiones privadas y extranjeras, retirando el control exclusivo del Estado sobre la explotación de minerales.
Se estima que Venezuela posee una de las mayores reservas de oro y de minerales sin explotar del mundo. Los yacimientos más importantes de oro y otros minerales están en el Arco Minero del Orinoco; organizaciones defensoras del ambiente denunciaron la devastación de áreas protegidas en esa región, e informes de la ONU denuncian violaciones a los derechos humanos y esclavitud.
En 2020, el gobierno de Maduro autorizó la explotación de minerales en seis ríos del sureño estado de Bolívar, lo que produjo el rechazo de trabajadores que realizaron protestas denunciando que el proyecto impactaría negativamente en el ambiente.
En el país hay regiones mineras corroídas por la actividad de bandas mafiosas, narcos y militares corruptos, donde miembros de comunidades originarias son sometidos a realizar trabajo forzado. La minería ilegal creció bajo el gobierno de Maduro, por ejemplo en el estado suroriental de Bolívar. En la Amazonia venezolana se identificaron más de 3.700 puntos de actividad minera ilegal. Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap), entre 2016 y 2020 "se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosque primario en Venezuela" (El País, 27/2/2025).
Ecuador
En Ecuador, entre 2009 y 2020 se registraron 7.748 casos de contaminación asociada con la explotación minera. El 80% de las empresas no realizan estudios de impacto ambiental; la complicidad estatal no podría ser más evidente. Un estudio advirtió sobre las altas concentraciones de arsénico y mercurio en ríos del sur de Ecuador. En el país operan mineras canadienses como Silvercorp Metals y Salazar Resources, también conocidas por su labor contaminadora y violatoria de los derechos humanos.
El páramo de Kimsacocha, donde nacen cinco ríos que proveen de agua a cuencas, está amenazado por el proyecto minero Loma Larga. Asimismo se han registrado casos de este tipo en lugares como las laderas occidentales de los Andes del centro de Ecuador o en el cantón de Nabón (Rights of Nature Tribunal).
En el país también tiene lugar la minería ilegal, en la Amazonia ecuatoriana, que ya ha afectado las tierras ancestrales de pueblos como el Shuar Aruta y produjo la desaparición de playas, bosques y pequeñas cascadas.
En septiembre del año pasado, miles se movilizaron en rechazo al proyecto minero Loma Larga y contra la eliminación del subsidio al diésel que impulsó el gobierno derechista de Daniel Noboa.
Derrotar a los capitalistas y sus gobiernos
A modo de resumen, puede decirse que la minería ha venido avanzando porque los gobiernos de la región son representantes generales de los intereses de los capitalistas del sector. El capitalismo es un régimen social que expolia los recursos naturales hasta la devastación, que somete el ambiente a sus propias leyes usufructuándolo como una fuente de riquezas pasibles de ser acumuladas y valorizadas. Esto sin contar que superexplotan a los trabajadores que laboran en las minas.
Mientras tanto, una cantidad gigantesca de personas se enferman y mueren. Las masas de América Latina no han visto los supuestos beneficios de la explotación minera: en los países priman el atraso económico y altos niveles de informalidad laboral y pobreza, lo que tiende a profundizarse.
En medio de la crisis capitalista, la tendencia de los empresarios a llevar al extremo la depredación ambiental y la explotación de los trabajadores para acrecentar su tasa de beneficio y competir en un mercado mundial dominado por la guerra comercial se intensificará. América Latina es un botín en disputa por Estados Unidos, China y distintas potencias europeas. Se está viendo con la creciente injerencia del imperialismo yanqui en la región, con el golpe en Venezuela y con las amenazas contra Cuba. En Argentina, Milei opera como un títere de Trump.
Para una producción planificada, racional y compatible con el ambiente, es necesario luchar por gobiernos de trabajadores en toda América Latina. Salvemos el planeta del capitalismo y sus lacayos.
