Ambiente
26/3/2026
Ley de Glaciares: la audiencia más militarizada y menos “pública” del mundo
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Movilización por los Glaciares.
La primera de las dos audiencias “públicas” convocadas en el Congreso Nacional por la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno de Milei a pedido de las mineras, y que ya tiene media sanción del Senado, ha sido un fraude más que clarificador.
Al margen de que más de 100 mil expositores no podrán hacer uso de la palabra durante las audiencias, quienes lograron quedar en la lista de la primera jornada tuvieron que pasar entre cinco y siete retenes, incluido uno de la Gendarmería Nacional ubicado sobre la calle Riobamba. El nivel de militarización en las inmediaciones del Congreso fue de tal envergadura que hasta los trabajadores de la casa tuvieron dificultades para ingresar. La Gendarmería obstaculizó el libre paso incluso a vecinos y vecinas de la ciudad que viven en las cuadras aledañas al parlamento.
Durante la jornada, numerosos expositores confirmados denunciaron que no pudieron ingresar a la Sala 2 del Anexo C, donde se convocó la audiencia con expositores presenciales, que por cierto tenía numerosas sillas vacías. De hecho, la audiencia fue levantada cerca de las 21 horas y se cortó la trasmisión oficial de forma sorpresiva, con varios expositores presentes en la sala, que tuvieron que reclamar para que se los dejara hablar.
La mitad de la sala, una de las más grandes del Congreso, fue ocupada por un bloque de diputados y diputadas de LLA que oficiaron de patota contra los expositores, interrumpiendo las alocuciones en muchos casos (como sucedió con Marta Maffei, una de las autoras de la Ley de Glaciares) y con presencias destacadas como la racista confesa Karen Reichardt, la defensora del genocidio en Gaza, Sabrina Ajmechet, el pseudo periodista Sergio “Tronco” Figliuol, y figuras menores pero elocuentes del oficialismo, como el diputado chubutense César Treffinger, conocido por haber hecho campaña contra la megaminería como candidato en 2021. Por otro lado, fue obscena la presencia de representantes del sector minero en la audiencia, por ejemplo de Fernando Godoy Carrizo, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), o de Carlos Scatizza, un itinerante vocero de las mineras disfrazado de científico.
A pesar de las maniobras y el carácter abiertamente fraudulento de la audiencia, que no fue convocada durante el “debate” en el Senado, producto de una enorme campaña en las semanas previas, pudo escucharse en el Congreso la voz de muchos defensores y defensoras del agua de numerosos territorios, como asambleístas, integrantes de comunidades indígenas, científicos, abogados y figuras destacadas como Adolfo Pérez Esquivel. Las voces críticas no dejaron de denunciar en primer lugar la proscripción de miles de personas, que encontraron en las afueras del Congreso, tras los retenes, el lugar para realizar una especie de contra-audiencia, a partir de las 17 hs, sobre la calle Riobamba, hasta bien entrada la noche. En paralelo, se desarrolló una convocatoria de la Uocra, liderada, cuando no, por el ex Batallón 601 Gerardo Martínez, en apoyo a la modificación de la Ley de Glaciares, el mismo sindicalismo peronista que transó con la reforma esclavista. Existen numerosos antecedentes en las provincias de este tipo de prácticas patoteriles por parte de la burocracia sindical, extorsionar a los trabajadores, utilizarlos como fuerza de choque con la excusa de una casi nula creación de puestos de trabajo.
En términos políticos, la audiencia permite sacar varias conclusiones. En primer lugar, la masividad de los anotados a la audiencia dan cuenta de la existencia de un movimiento de lucha que es la expresión de las diferentes resistencias que se han plantado frente al avance megaminero en los últimos años, como lo fue en el caso de Mendoza, Chubut y Jujuy, que han protagonizado verdaderas puebladas con eje en la defensa del agua y los bienes comunes.
Por otro lado, no hay que dejar de destacar la intervención oportunista del bloque peronista, que tiene a muchos de sus gobernadores como representantes directos del lobby megaminero, y que han prestado a Milei votos claves en materia de saqueo ambiental, tanto en la aprobación de la Ley Base o para la aprobación del Rigi (en este caso, senadores como Guillermo Andrada, de Catamarca, Carolina Moisés, de Jujuy, y Sandra Mendoza, de Tucumán). Lo hicieron en el pasado y lo harán nuevamente para apoyar la destrucción de la Ley de Glaciares. Pero la colaboración peronista ha tenido otra característica: el ala más progre, con intervenciones como la del diputado Leo Grosso, ha intervenido durante la audiencia con una línea de defensa de la megaminería en aquellos lugares donde no estarían involucrados los glaciares y periglaciares. “Es ahí donde no queremos que haya megaminería, es ahí donde no queremos que haya cianuro y explosivos. Cada cosa en su lugar, en el resto del territorio pueden hacer, y hacen lo que quieren”, dijo Grosso. Es una línea al fin y al cabo coherente, pues en las últimas grandes luchas en defensa del agua han apoyado políticamente al lobby megaminero.
En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni avanzó en 2021 con la ley de zonificación minera durante el gobierno de Alberto Fernández, y como delfín de su mentor político Sergio Massa, que declaró en la campaña presidencial de 2023 que quería partir la “Cordillera como una torta” para hacer minería como en Chile, la misma línea discursiva de Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias el último 1 de marzo. El peronismo también tributó a las mineras recientemente en Mendoza, durante la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, en Uspallata. También aportó votos para la reforma constitucional de Gerardo Morales en Jujuy, que tenía un capítulo que afectaba los salares y el agua de las comunidades indígenas. La salteña Flavia Royón fue funcionaria en el área de minería con el Frente de Todos y también con Milei. Sin ir más lejos, fue Cristina Fernández de Kirchner quien vetó la Ley de Glaciares y se fotografió al lado de los jerarcas de la Barrick Gold. Que no vengan con el debate del “modelo económico”, el kirchnerismo es megaminero desde que nació.
Es necesario impulsar un frente único en las calles para enfrentar este nuevo ataque al agua y los bienes comunes, pero es necesario también clarificar que con excepción del bloque del Frente de Izquierda-Unidad, el apoyo político al lobby megaminero es transversal a todos los partidos patronales. Los vasos comunicantes entre el capital minero, el capital financiero y el imperialismo que se disputa minerales estratégicos para garantizar sus cadenas de suministro en una carrera tecnológica y militar cada vez más agudizada, explican la subordinación sin fisuras de todos los bloques capitalistas.
De este modo, las audiencias públicas convocadas en torno a la reforma de la Ley de Glaciares no constituyen más que un engranaje de una maniobra fraudulenta destinada a consumar, con ropaje “participativo”, una orientación ya resuelta en favor de las corporaciones extractivas. Lejos de abrir un debate real, funcionan como un dispositivo de legitimación de una política de saqueo que cuenta con la complicidad activa de los gobernadores y del conjunto del régimen político, decidido a avanzar sobre los bienes comunes en línea con las exigencias del capital financiero.
Frente a esta ofensiva es necesario rechazar de plano la reforma de la Ley de Glaciares e impulsar la movilización independiente, así como el planteo de la nacionalización de los bienes comunes bajo control de los trabajadores, con derecho a veto de las comunidades frente a cualquier emprendimiento extractivo.
Redoblemos los esfuerzos para enfrentar una política que combina entrega, depredación ambiental y persecución a quienes resisten.
