Ambiente
25/3/2026
Ley de Glaciares: una “audiencia proscriptiva” para beneficiar a las mineras
El oficialismo cercena a más de 100.000 participantes y hay convocada una manifestación de repudio frente al Congreso de la Nación.
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Audiencia Congreso.
Este miércoles 25 de marzo se encuentra previsto el funcionamiento de la primera etapa de la audiencia pública convocada por el gobierno nacional en el Congreso de la Nación para reformar la Ley de Glaciares en beneficio de las mineras y las multinacionales extractivistas, y con una oposición masiva de la población y el activismo ambientalista que convocó a movilizar contra la reforma y contra la proscripción y censura a las más de 100.000 personas que solicitaron participar de las audiencias.
La convocatoria oficial solo habilitó a 200 participantes, en una metodología viciada que, como s nombre lo indica, debe ser de acceso público para toda la población y los interesados debido a la importancia de los temas a tratarse: en este caso la defensa de los glaciares en el territorio nacional y de las millones de personas que dependen de su función como reguladores de gran parte de las cuencas hídricas del país.
Por estos motivos, existe una convocatoria a las 17 hs en el Congreso de la Nación para manifestarse contra la censura oficial y contra la modificación de la Ley de Glaciares, para hacer defender un negocio millonario de un puñado de mineras multinacionales, con el cuento de la “generación de empleo”, cuando crecen los despidos y el trabajo informal y con la minería entre los rubros que menos empleos generan, y el ingreso de divisas por regalías –cada vez menores gracias a Milei.
El diputado nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola denunció que “Estas audiencias no tienen nada de democráticas: son un operativo de proscripción de las voces que enfrentan la megaminería y un trámite armado para legitimar una entrega ya decidida”, quien también manifestó que “detrás de esta farsa y del ataque contra la Ley de Glaciares están los gobernadores de todas las provincias, incluidos los peronistas, que actúan como socios directos de las corporaciones mineras y del capital financiero, y que colaborarán, como lo vienen haciendo, con esta nueva ofensiva parlamentaria del gobierno de Milei”.
Las restricciones impuestas por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, en manos de los libertarios, buscan cercenar el derecho de activistas, especialistas, personalidades y referentes de la lucha ambiental y de la población en general de pronunciarse sobre las consecuencias dañinas que producirían las modificación planteadas por el gobierno nacional, permitiendo la actividad minera en las zonas glaciares y periglaciares del país. La restricción también alcanza a los diputados y diputadas que no integran ambas comisiones, dejando a las claras que se trata de una puesta de escena para que todo pase sin mayores “sobresaltos”.
Las reformas que busca introducir el gobierno de Milei inciden no solo en la calidad de vida de las comunidades cercanas a los glaciares, sino también en millones de personas y en la biodiversidad de la región. Se trata, en especial, de la afectación de zonas comprendidas en la Cordillera de Los Andes, donde se encuentran las nacientes de los ríos que abastecen a casi la mitad de las cuencas hídricas del país.
Romina Del Plá, también diputada del FIT U y el Partido Obrero, señaló que “hay que impulsar la movilización en cada lugar donde sea posible para derrotar esta avanzada. No podemos dejar pasar un nuevo atropello contra los bienes comunes bajo el disfraz de audiencias públicas que no deciden nada”, reivindicando "el derecho a veto de las comunidades frente a los emprendimientos extractivos y la necesidad de terminar con este régimen de saqueo, que además criminaliza a quienes lo enfrentan, como lo demuestran los 52 luchadores y luchadoras que defienden el agua y el ambiente, que tienen causas penales en cuatro provincias”.
Si prospera la orientación de saqueo del gobierno nacional y de los gobernadores los glaciares serán entregados a los negocios capitalistas en detrimento de los derechos de la población, por lo que necesitamos la nacionalización de los bienes comunes bajo control de los trabajadores y las comunidades, para terminar con la depredación ambiental.
