Ambiente
13/4/2026
Ni glaciares, ni renta minera, todo para los monopolios
Demos continuidad a la movilización popular contra la nueva ley y su aplicación.
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Foto Anred
La aprobación de la reforma a la ley de protección de glaciares y áreas periglaciares desnudó a las distintas fuerzas políticas, que, salvo el Frente de Izquierda, dejaron sus huellas en este salvoconducto a la depredación ambiental y al saqueo nacional. Como la reforma laboral esclavista respecto de los derechos de los trabajadores, esta reforma es un golpe a años de lucha que arrancaron la ley de protección de “presupuestos mínimos” de los inmensos y vitales reservorios de agua dulce del país y un golpe a tantos años de lucha de las comunidades y del movimiento ambiental.
Pero, en el lado positivo, queda la reactivación del debate y de la movilización de importantes sectores en todo el país. Las conclusiones tienen que servirnos a la clarificación y al mismo tiempo a dar continuidad a esa explosión que fueron las 106.000 personas anotadas en la Audiencia Pública, que a su vez, como la sesión, deliberó con manifestaciones callejeras que crecieron contra las vallas de la represión del régimen. En ese proceso se integran una cantidad de iniciativas como la mesa redonda en el aula magna de la Universidad de San Juan organizada por las asambleas ambientales de la provincia, la Audiencia Pública en el Congreso organizada por el FIT-U con presencia de diputados de otros bloques, las intervenciones de Greenpeace en el Congreso (represión incluida), como el proyecto parlamentario del PO y el FIT-U por los 52 luchadores procesados en la defensa del agua y contra la megaminería,las firmas de apoyo a la demanda colectiva de Greenpeace, Farn y Abogados Ambientalistas, lanzada por Greenpeace tiene ya 816,000 adhesiones; entre muchas otras iniciativas.
Alguien puede decir "ya está", es ley la vía libre para las mineras. Es cierto, pero también fueron ley las zonificaciones promineras en Chubut y en su momento la defensa de la 7.722 en Mendoza y la movilización popular los hizo retroceder, una perspectiva que Romina Del Plá señaló en la sesión de Diputados. Aunque finalmente la derecha y el peronismo la hicieron pasar en Mendoza, no sin lucha. No así en Chubut, que casi le cuesta la gobernación al massista Arcioni. La nueva ley es claramente un cuerpo destinado a que las provincias interpreten y autoricen qué áreas son o no sujeto de protección. La lucha popular tendrá que vérselas en cada rincón para lidiar contra esas interpretaciones, hasta reunir la fuerza para voltear por completo la reforma votada.
Qué estamos discutiendo
Los argumentos elegidos para hacer pasar la reforma fueron por momentos absurdos. Como que la ley vigente frenó el desarrollo minero, cuando entre 2019 y 2024 se informaron inversiones, según Caem, en total entre U$S 55.000 millones y U$S 65.000 millones.
Los especialistas denunciaron que en realidad la reforma es, por ahora, un traje a medida de algunos proyectos ya en marcha: Vicuña y el Pachón en San Juan, proyectos de cobre, oro, molibdeno y plata, de la Lundin Mining y Glencore; Agua Rica, también de Glencore en Catamarca, claramente ubicada en zona glaciar y periglaciar según informes oficiales; Fijo Colorado, otra vez de Glencore por uranio, tierras raras, oro y cobre; Los Azules, de McEwen Copper con participación de Río Tinto, mina de cobre también en San Juan y el Proyecto Rincón, en Salta, de la minera Río Tinto para extraer litio.
Estas minas ya empezaron trabajos preparatorios de caminos y otras intervenciones que violan la ley reformada, la 26.639. Hay tomas áreas varias, especialmente las logradas por Greenpeace que testimonian estas violaciones, por supuesto avaladas por los gobiernos provinciales respectivos. Es decir que la reforma a la ley con sanción definitiva en Diputados el miércoles 8 de abril, es una ley a la medida de lo que los que las mineras ya hacen. El poder de estos monopolios pone las cosas al revés, en vez de tener que cumplir las leyes vigentes, se aprueban leyes para justificar su accionar.
La ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y áreas periglaciares disponía la prohibición lisa y llana de cualquier intervención sea minera, inmobiliaria o de cualquier otra índole sobre el objeto de la protección. Para ello se realizó un inventario por el instituto especializado el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que vio la luz en 2018. Como lo señaló agudamente Alicia Rodríguez de Tribuna Ambiental, ocho años después de la sanción de la ley y, agregamos nosotros, diez años después del veto de Cristina Kirchner a la primera versión de la ley en 2008. En esos diez años las mineras destriparon la cordillera a “gusto y piaccere”. De manera que la lucha contra la reforma aprobada tuvo y tiene un carácter apenas defensivo de un fenómeno agresivo de vasto alcance. La nueva ley transforma las prohibiciones en meros insumos y al Ianiglia en un instituto (sin financiación) de consulta para las administraciones provinciales que reinterpretarán la calificación del inventario y definirán los permisos a las compañías mineras. Un completo vaciamiento de la protección.
Hay que señalar aunque sea brevemente que los glaciares están en retroceso en todo el mundo por el calentamiento global, constituyendo una amenaza para toda la humanidad que dispone de menos agua de la que usamos. También están en marcado retroceso en la Argentina los 17.000 glaciares que tenemos, incluido el más conocido y turístico glaciar Perito Moreno. Un reciente artículo publicado en Neuquén indica que “un consorcio de científicos de Cambridge, Chicago y Nueva York presentó una propuesta inédita de construir una barrera submarina de 80 kilómetros y hasta 150 metros de altura en la Antártida para frenar el deterioro del glaciar Thwaites” porque todos los mares del planeta pueden subir otros 65 cm cuando el retroceso de ese glaciar ya explica cerca del 4% del aumento anual del nivel del mar.
¿Separar lo hídrico?
El diputado Massot y otras y otros devenidos a fanáticos defensores de las mineras, incluso diputados radicales que antes habían votado la ley que ahora destruyen, argumentaron que la vieja ley está mal. El argumento buscado es separar los glaciares que son fuentes hídricas de los que no lo son. Y sobre todo decir que los glaciares de roca, mal llamados glaciares de escombros, son eso, rocas, cuando está probado que esconden enormes masas de agua bajo la forma de hielo. Se trata de reservas absolutamente estratégicas en un país cuyo territorio está compuesto en un 67% por superficies áridas o semiáridas. Por eso provincias como San Juan, Mendoza, La Pampa y las demás de la Patagonia son las grandes afectadas por los retrocesos de los glaciares que constituyen tanques de agua que drenan luego todo el año y que cumplen una función contracíclica respecto de las sequías.
La descalificación de los valorados técnicos del Ianigla, como si ignoraran la función hídrica de los glaciares y las áreas circundantes, no sólo es propia de ignorantes, es más bien propia de los empleados a sueldo de las mineras, como el secretario nacional de Minería, Luis Lucero, que fue 20 años abogado de la Cámara de Empresas Mineras. Milei es un empleado de todos los monopolios y los ministros y secretarios involucrados son empleados de las mineras.
El argumento de separar los glaciares con función hídrica de los que no la tienen sólo tiene por objeto poner en manos de las provincias, dominadas por las mineras, la recalificación de todo.
Mekorot, Aysa, el paquete de Milei y el rol los nacionales y populares
La privatización de Aysa no es ajena a la liquidación de la ley de protección de los glaciares. Se trata nada menos que de la privatización del manejo del recurso que, no hace falta explicarlo, es vital para una sociedad y no debe ser mercantilizado. El agua es mercantilizada y con ella los glaciares no se conciben como sujetos de protección colectiva, sino como un elemento más del manejo comercial del recurso número uno para la vida, el agua.
En esta misma dirección se introdujo en el país a Mekorot, la empresa israelí responsable de la usurpación del agua al pueblo palestino por parte del Estado sionista. Esto como parte del bloqueo criminal a Gaza y Cisjordania, creando no sólo un muro de apartheid, un bloqueo comercial y de tránsito a los palestinos, sino también un control del agua que debía ser comprada por los palestinos, hasta que directamente la cortaron para ser parte del genocidio que sigue hasta hoy, porque Gaza depende de esa provisión, de alguna planta desanilizadora y acuíferos locales en vía de extinción.
Los contratos de doce provincias argentinas con Mekorot, de carácter confidencial, forman parte de un alineamiento estratégico argentino con el Estado sionista y su política. Y no fue introducida en el país ni por Macri ni por Milei, lo fue por Wado de Pedro, el senador y casi candidato presidencial del kirchnerismo. Una muestra más del contenido estratégico de los nacionales y populares, porque, además, las doce provincias son absolutamente “transversales”: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, La Pampa y Neuquén, a las que hay que agregar la propia Aysa. Recordemos también que el kirchnerismo es decano de la asociación con las mineras a través de Fomicruz, un emprendimiento mixto con Patagonia Gold.
Así se comprende porqué la ley antiglaciares fue aprobada por 137 votos en Diputados a los que hay que sumar tres abstenciones sólo por una disidencia con el artículo 3º. El peronismo hizo demagogia, pero como en todas las leyes de Milei, que no tiene mayoría en las Cámaras, dijo presente.
Ni glaciares, ni renta minera, ni concertación federal
Es claro que los legisladores y gobernadores estuvieron dispuestos a esta grave vía libre a la depredación ambiental en función de intereses económicos. Pero conviene examinar aunque sea brevemente la cuestión. Las regalías mineras son del 3%, un porcentaje ridículo por donde se lo mire, pero que tampoco se cumple. El secretario de producción de San Juan contestó a quién escribe estas líneas que es cierto que la ley nacional establece un 3% de regalías, pero que su provincia suscribió un convenio especial por el cual ese porcentaje se calcula no sobre “boca de mina”, sino sobre la facturación de las mineras. Es interesante, no sólo porque siguen siendo migajas, sino porque confirma que el mecanismo histórico es la “declaración jurada en boca de mina” de las compañías mineras, el expediente de fraudes de todo tipo. Por otro lado sobre ese porcentaje se descuentan todos los procesos posteriores a la extracción, molienda, concentración, lixiviación y otros que agreguen valor al mineral extraído. Un robo.
Las exportaciones mineras en 2025 pegaron un salto del 29,2% a U$S 6.037 millones. Una renta exorbitante que es apropiada enteramente por los pulpos internacionales sobre un recurso no renovable. En estos números opera el salto del precio del oro, refugio de valor en tiempos de aguda crisis capitalista como la actual. La onza de oro pasó de U$S 1.100 en 2016 a U$S 5.300 en los extremos de los últimos meses.
A la nueva ley de glaciares se la llamó “concertación federal” durante todo el debate parlamentario. Una estafa para liquidar la protección nacional mediante el dominio provincial de los Estados mineros. Lo único federal que hemos visto en años son las movilizaciones populares contra el alineamiento vertical y unitario de la legislación al servicio de un puñado de monopolios mineros internacionales.
La renta minera, como la petrolera y la gasífera, sea por el oro, el litio, el cobre o los hidrocarburos, serían palancas fundamentales para volcar a la industrialización del país en manos soberanas. Algo que sólo podrá ocurrir en manos de un gobierno de trabajadores mediante la nacionalización integral de la minería, bajo control de los trabajadores y con derecho a veto de las comunidades en protección ambiental. Por supuesto, con el acompañamiento de un programa que incluye el monopolio del Estado del comercio exterior y la banca. La burguesía y sus partidos son socios menores del saqueo nacional.
