Ambiente
3/8/2026
Temporales e inundaciones: El Niño expone el ajuste, mientras Milei profundiza la destrucción ambiental
El 6 de agosto movilicemos en contra una ley al servicio de los terratenientes, los especuladores inmobiliarios y las inundaciones.
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El fenómeno meteorológico denominado El Niño ya se está manifestando en la Argentina con las primeras crecidas, evacuaciones y emergencias en el Litoral, anticipando un escenario que los organismos internacionales prevén como uno de los episodios más intensos de las últimas décadas. El gobierno nacional responde a esta situación con reuniones protocolares y un plan sin presupuesto, apoyado en organismos que el propio ajuste “libertario” se encargó de desmantelar.
El denominado Plan Federal Enos, ideado para estas contingencias, no contempla inversiones para obras ni refuerzos materiales. Traslada la responsabilidad a municipios y provincias y deja a la Nación como último recurso. Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y Vialidad Nacional -presentados como pilares del operativo- llegan a esta emergencia luego de despidos, recortes presupuestarios y pérdida de capacidades técnicas producto del ajuste.
La experiencia reciente demuestra el resultado de esta política, con la ciudad de Bahía Blanca como un símbolo del abandono estatal frente a la catástrofe social que generan las inclemencias climáticas. Aquel desastre terminó con el veto presidencial al fondo de reconstrucción votado por el Congreso y con miles de damnificados librados a subsidios insuficientes. Ahora el gobierno pretende enfrentar un fenómeno de escala nacional con el mismo esquema de improvisación.
La orientación oficial adquiere un carácter todavía más reaccionario cuando se observa qué recursos existen y dónde terminan. Mientras numerosas obras hídricas permanecen paralizadas, los fondos creados por ley para prevenir inundaciones fueron empleados en instrumentos financieros del Tesoro. El gobierno utiliza dinero destinado a proteger a la población para sostener el pago de la deuda, mientras posterga obras cuya ejecución ya resulta tardía frente a la inminencia del fenómeno.
La mayor intensidad del fenómeno del El Niño no puede separarse del calentamiento global, cuya aceleración responde a un modelo de producción basado en la depredación ambiental. Los desmontes, las quemas sistemáticas, la destrucción de humedales, la expansión de la frontera agropecuaria y el negocio inmobiliario multiplican el riesgo de inundaciones y potencian fenómenos climáticos cada vez más extremos.
Precisamente cuando las consecuencias de esa política comienzan a hacerse sentir, el oficialismo impulsa en el Congreso la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la tan criticada y nefasta modificación de la Ley de Tierras: una iniciativa que busca blindar jurídicamente a los grandes propietarios rurales, especuladores inmobiliarios y terratenientes (locales y extranjeros) responsables de buena parte de la devastación ambiental.
Las inundaciones también vuelven a poner de relieve una geografía profundamente atravesada por la desigualdad social, con countries levantados sobre humedales y explotaciones ubicadas en las zonas más altas que esperan una campaña agrícola excepcional, mientras los barrios populares construidos en márgenes de arroyos y terrenos inundables enfrentan evacuaciones, pérdidas materiales y el abandono liso y llano. Para los grandes exportadores El Niño promete una cosecha récord, pero para los trabajadores significa la amenaza de perderlo todo.
Las recientes olas de calor que provocaron miles de muertes en Europa muestran que no se trata de episodios aislados, sino de una crisis climática global cuyos efectos recaen sobre las mayorías trabajadoras. El negacionismo de Milei y el vaciamiento de los organismos científicos constituyen una política criminal que agrava las consecuencias de cada emergencia.
La lucha contra las inundaciones exige obras públicas bajo control de los trabajadores y vecinos, el fortalecimiento inmediato de los organismos técnicos con mayor presupeusto, la utilización de los fondos hídricos para su destino original y el fin de la destrucción ambiental impulsada por los intereses capitalistas. También reclama derrotar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que pretende garantizar la impunidad de quienes lucran con esa devastación mientras las consecuencias las pagan los trabajadores y los sectores populares. Para lo cual promovemos una fuerte campaña contra la sanción de esta ley nefasta, con una movilización masiva el próximo 6 de agosto al Congreso y a las principales ciudades del país.
