"Un milagro político”. Con estas palabras definió el propio Fidel Castro el resultado de las elecciones parlamentarias cubanas de fines de febrero. Cuando, según las cifras oficiales, el 99,6% de la población concurrió a “confirmar” con su voto a los 589 candidatos designados para ocupar las 589 bancas de la Asamblea del Poder Popular. Los votos en blanco y nulos —cifras oficiales— superaron el 7%.

Según “The Economist”, un 4% habría votado sólo por uno de los candidatos y no por la “lista completa” como pedía el gobierno. “En La Habana ... un 14,3% anuló el voto. En algunos lugares de votación en la capital, periodistas extranjeros  que fueron autorizados a inspeccionar el recuento, reportaron que estos votos ‘opositores’ rondaron el 20%” (The Economist, 6/3). Las elecciones sólo han servido como un grosero sondeo de la opinión pública cubana, sin la menor posibilidad de que ésta pudiera expresar sus propios puntos de vista sobre la situación del país y sobre la política del gobierno.

Para el gobierno cubano las elecciones“perfeccionaron la democracia”. ¿Pero de qué elecciones democráticas se habla cuando los candidatos fueron designados con anterioridad por “comisiones” de organizaciones estatizadas a cuya cabeza se encontraba un representante de la super-regimentada Central de Trabajadores de Cuba? Las masas carecen, en Cuba, de la libertad para organizarse independientemente del Estado y para deliberar políticamente. Las recientes elecciones reforzaron esta situación opresiva. En la propia campaña electoral, los candidatos no reclamaban el voto en nombre de plataformas políticas; se limitaron a hacerlo invocando “virtudes” y “antecedentes” individuales. Legalmente los votantes tenían la “opción” de apoyar a todos, a alguno o a ninguno de los candidatos. ¡Pero en el curso de la campaña electoral, el mismo régimen le reclamó a los electores que renunciaran a este mínimo derecho político y que votaran a todos por igual!

¿Qué mandato dieron las elecciones?

Los dirigentes cubanos han señalado que el resultado de las elecciones constituye un “respaldo” a su política ... pero cuál es esta política, si estos mismos dirigentes afirman que su política está fracasando, no importa el “respaldo” con que cuenten. En noviembre de 1992, Carlos Lage, miembro del buró político, “estimaba que ‘1993 corre el riesgo de ser tan difícil si no más que 1992’ y afirmaba que ‘nadie está en condiciones de decir cuánto tiempo puede durar el período especial’... En lo que concierne a las dos prioridades fundamentales del momento, la alimentación y la energía, Carlos Lage es lacónico: ‘los resultados del plan alimentario no corresponden ni a las expectativas ni a las necesidades’. Las importaciones de leche en polvo permiten apenas cubrir las necesidades de niños de cero a siete años a condición de que la distribución se haga regularmente, lo que no siempre es el caso. De cinco huevos por semana se ha pasado a cuatro. ‘La cuenta regresiva ha comenzado’, se lamentan los cubanos ... (Por otra parte), diplomáticos occidentales estiman que el 80% de la capacidad instalada está actualmente paralizada por falta de combustible” (Le Monde Diplomatique, febrero de 1993).

Las elecciones parlamentarias son parte de una política de conjunto votada en el IVº Congreso del PC cubano del año pasado. El punto de partida de esta política ha sido la reforma constitucional, “decidida por el IVº Congreso y aprobada por la Asamblea nacional popular en julio de 1992, tendiente a promover una nueva política económica, asegurar la protección jurídica de los inversores extranjeros, garantizar los beneficios ofrecidos al capital venga de donde venga y establecer reglas claras sobre el derecho de propiedad (el estado cubano, anteriormente propietario de ‘todos los medios de producción’ ahora no tiene a su disposición más que los medios de producción calificados como ‘fundamentales’; es reconocida la constitución de empresas mixtas y de asociaciones económicas y ha sido ablandado el monopolio del Estado del comercio exterior”) (ídem). Mientras tanto al pueblo se le dice que la política oficial es “la defensa de la patria, de la revolución y del socialismo”.

Estas garantías constitucionales eran necesarias para “consolidar” un conjunto de leyes al amparo de las cuales se produjo una verdadera avalancha de inversiones externas en Cuba: en los últimos años se radicaron más de 60 multinacionales en la isla, principalmente europeas y japonesas. Sus actividades van desde el turismo a la biotecnología y la prospección petrolera. El carácter restauracionista de esta política se hace evidente cuando los altos funcionarios cubanos, Fidel Castro en primer lugar, elogian los “éxitos”  del “modelo chino”, que consiste en la penetración más fabulosa del capital imperialista en un Estado obrero de que se tenga noticias.

(Digamos de paso que el trámite de la aprobación de esta decisiva enmienda constitucional —sin debate político ni pronunciamiento del pueblo; votada por un Congreso que deliberó a puertas cerradas— viene a confirmar la absoluta ausencia de libertades democráticas).

El mismo Congreso del PC que votó las “garantías al capital externo”, propuso la sustitución del sistema electoral indirecto. La adopción del voto directo “no fue un reclamo de la población” (Fidel Castro, en Propuesta, 4/3) sino una concesión al “imperialismo democrático”, que viene reclamando desde hace años “elecciones libres” y es un primer paso en este camino. La cuestión electoral se convirtió casi inmediatamnente en motivo de una enorme crisis política cundo en octubre del año pasado fue “renunciado” Carlos Aldana, el dirigente de mayor responsabilidad después de los hermanos Castro, poco después de afirmar que cualquier cubano podría presentarse como candidato.

A la luz de la estrategia de conjunto de la dirección cubana, aparece claro que el papel político que jugará el nuevo parlamento es promover y garantizar las concesiones políticas y económicas al capital externo.

La votación plebiscitaria del 24 de febrero habilita a Castro a emprender una negociación política con el imperialismo en la medida en que, frente a la burguesía mundial, ha demostrado ser el único “interlocutor válido” en la isla. Inmediatamente después de las elecciones, Fidel Castro llegó a decir que “si los Estados Unidos levantan el embargo... está dispuesto a ‘negociar’ su alejamiento del poder” (entrevista a la cadena norteamericana ABC, reproducida por La Prensa, 7/3). Que esto no fue una mera declaración lo revela un cable de Ansa desde La Habana en el que se informaba, antes de que Castro fuera reelegido presidente, que “la comisión nacional para las candidaturas está efectuando una serie de consultas entre las organizaciones de masas y los 589 diputados ... para elegir al sucesor de Castro ... La declaración fue leída por los observadores como una posibilidad de que el cargo de jefe de gobierno sea confiado al actual secretario del Consejo de Ministros” (La Nación, 10/3). En ocasión del Encuentro de Managua del Foro de San Pablo, una ponencia votada por la delegación del PC cubano reclamaba “la reinserción de Cuba en la OEA”.

La política del imperialismo

Poco antes de las elecciones cubanas, Clinton nominó como candidato a ocupar la secretaria adjunta de Asuntos Latinoamericanos a un negro de origen cubano, Mario Baeza, un abogado de Wall Street especializado en la privatización de empresas públicas latinoamericanas y participante del simposio de “Euromoney” sobre “oportunidades de inversión en Cuba” (ver aparte). Su nominación fue respaldada por amplios círculos capitalistas e incluso por sectores de la “emigración” de Miami. Aunque Clinton debió desistir de la nominación por la presión de la gusana Fundación Cubano-Americana dirigida por Mas Canosa, el “gesto político” hacia el gobierno cubano es evidente. El castrista The Militant (26/2) informa que varios miembros del “Inter-American Dialogue”, un centro de estudios de Washington que “argumenta fuertemente a favor de una reducción parcial del embargo”, son ahora miembros del gabinete de Clinton, entre ellos Warren Christopher, canciller, y Bruce Babbit, secretario de Interior.

Son evidentes las tendencias de la burguesía norteamericana a integrar, política y económicamente, a Cuba. La “Ley Torricelli”, que sanciona a los países que comercien con Cuba y prohíbe el comercio con la isla de las subsidiarias norteamericanas en el exterior, fue violentamente atacada por un conjunto de grandes pulpos capitalistas porque, argumentan, “le niega a los Estados Unidos un mercado comercial de 11 millones de consumidores que otras naciones están explotando” (The Militant, 26/2). El mismo diario constata “la existencia de una creciente disputa en la clase dominante norteamericana acerca del embargo”, en el cual “prominentes conservadores” se han pronunciado por una reducción, parcial o total.

Que en la segunda conferencia de “Euromoney” —convocada después de la reforma constitucional y de las elecciones que, según los dirigentes cubanos,  “fueron un voto por la revolución y el socialismo”— participe un mayor número de pulpos multinacionales  que hace un año atrás, es un enorme voto de confianza del capital mundial a la evolución restauracionista de la dirección cubana.

Contradicciones

La creciente radicación de capitales externos y la política de concesiones de la dirección cubana va produciendo una  creciente diferenciación social. La burocracia, entrelazándose con el capital externo en las “empresas mixtas” y valiéndose del mercado negro va acaparando una parte creciente del ingreso nacional: según la propia Granma Internacional (marzo de 1993), “la magnitud del mercado negro es difícil de cuantificar. Sin embargo, el economista Julio Carranza señaló que en 1990 circularon 2.000 millones de pesos por el mercado negro. Esta cifra se elevó espectacularmente en dos años, situándose en unos 14.000. Esto duplica la circulación oficial minorista que es de sólo unos 7.000 millones”.

La conocida Janette Habel, autora de varios trabajos sobre Cuba, se pregunta “¿Cuánto tiempo soportarán los cubanos las contradicciones suscitadas por el desenvolvimiento de islotes capitalistas reservados a los extranjeros mientras que los ‘mercados libres campesinos’ están prohibidos. La coexistencia de dos lógicas económicas —agrega— es más explosiva (porque) las autoridades imponen una estructura de comando monolítico” (Le Monde Diplomatique, febrero de 1993). Las elecciones no han dado —ni hubieran podido hacerlo— una salida a estas tensiones.