Semanas atrás, en el barrio de Parque Chacabuco, una “bala perdida” alcanzó y mató a una joven que viajaba en colectivo. En las inmediaciones, un asalto a una farmacia era repelido drásti­camente por vigilantes privados. De allí partió la bala mortal. En los mismos días, un joven fue baleado por una bandita de arre­batadores en Ingeniero Budge (ver PO 600). Había intercedido entre ellos para que devolvieran el dinero hurtado a una anciana del barrio. ¿Cuál es el nexo entre estos dos hechos, genéricamente vinculados a la cuestión de la “seguridad” y la delincuencia urbana?   

La propiedad y la ‘seguridad’ privadas

El hecho de Parque Chacabuco fue naturalmente presen­tado como una “fatalidad”, y rápidamente colocado en el debe de la “ola de delincuencia”.

Pero esas balas “accidentales” son el producto de las facultades discrecionales con que cuentan los aparatos —públicos o priva­dos— de “seguridad” para re­peler asaltos. Los tiroteos indis­criminados revelan que los guardias tienen ‘vía libre’, cuando se trata de defender ban­cos, fábricas o comercios. Esto es particularmente válido para la seguridad privada, muchas ve­ces reclutada en las filas de los propios policías en actividad. Cuando el estado capitalista es rozado por las lacras que él mis­mo genera —en este caso, un auge delictivo que es producto de' la miseria social creciente— no trepida en Colocar a la propie­dad privada por encima de la vida humana.

La inseguridad pública

Lo ocurrido al joven de Inge­niero Budge termino siendo opa cado por el maltrato y la comple­ta indiferencia que luego recibió la víctima. En la comisaría zonal se negaron a recibir la denuncia argumentando que la víctima... no estaba en condiciones de declarar. La atención médica le fue denegada en dos hospitales de la zona, lo que le provocó la pérdida de una de sus piernas cuando finalmente fue socorrido. En la fiscalía, su caso fue recibido inicialmente con indiferencia. Sólo cuando una movilización de vecinos se apersonó al juzgado, se logró el compromiso del fiscal de concurrir al barrio.

“Peleas de este tipo hay todos los días”, fue el argumen­to con el que se pretendió justifi­car la displicencia judicial. Pero la indiferencia estatal tiene otra razón de fondo: las ‘banditas’ que asuelan los barrios actúan con la indisimulada ‘protec­ción’ de las ‘bandas’ policiales y políticas  (más poderosas) a quie­nes por lo general, los arrebata dores sirven y entregan su ‘diez­mo’. Ninguna bandita ‘opera’ en forma fluida sin la ‘protección’ correspondiente. Las banditas, además, son el mercado —y tam­bién el último eslabón— del más aberrante de los negocios, el trá­fico de drogas. Este, también, sólo puede desenvolverse si cuen­ta con la venia de las mafias poli­ciales. Bajo la forma de una “guerra entre pobres”, se de­sarrolla en el Gran Buenos Aires el último eslabón de una cadena de opresión y violencia contra los trabajadores, que comienza con la desocupación en masa y la mi­seria salarial.

Programa

Todos los representantes pa­tronales han salido a clamar por “mayor seguridad”, enten­diendo a ésta como el reforza­miento general del aparato de represión, y facultades irrestric­tas para los servicios de seguri­dad privados. Los aliancistas han sido particularmente ‘enér­gicos’ en el reclamo. El Frepaso ha estimulado en varios munici­pios la creación del “ombuds­man de la seguridad”. En Ave­llaneda, este funcionario vive gestionando mayores recursos — patrulleros, efectivos —para la ‘bonaerense’. Del mismo modo, se quiere ganar para este recla­mo a la población de los barrios más oprimidos.

Pero los hechos de Parque Chacabuco y de Budge demues­tran que el reforzamiento del aparato estatal sólo puede ser fuente de la mayor inseguridad para la población oprimida y para la vida humana en general. Una seguridad que se ejerce sin escrúpulo alguno hacia la vida humana. Para la población ex­plotada de los barrios, “mayor vigilancia y efectivos” signifi­ca más proliferación de las ‘zo­nas liberadas’ y los ‘diezmos’-, mayor extorsión sobre los jóve­nes desocupados y desesperados para que actúen como “brazo ejecutor” de la violencia esta­tal.

Al coro patronal que clama por mayor represión, opongamos el reclamo de: abajo el Estado policial, desmantelamiento del aparato represivo y de los cuer­pos privados de seguridad. Juicio y castigo de todas las corruptelas y el gatillo fácil. Unidad de la juventud oprimida contra la vio­lencia estatal y la catástrofe so­cial: seguro al desocupado para todo mayor de 16 años, reparto de las horas de trabajo.