Educación
9/1/2026
Docencia y Discapacidad
Coronel Rosales: el Estado ajusta y la discapacidad vuelve a quedar en último lugar
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Escuela n°3 Stella Maris.
Más de 80 adolescentes y jóvenes con discapacidad que asisten al Centro de Formación Integral (CFI) de Coronel Rosales (provincia de Buenos Aires) se encuentran desde hace años privados de condiciones educativas dignas. El caso del CFI no es una excepción: es la expresión concreta del vaciamiento de la educación pública y de las políticas de discapacidad, descargado sobre los sectores más vulnerables de la clase trabajadora.
Desde la pandemia, el CFI funciona sin edificio propio. El inmueble alquilado donde desarrollaba sus actividades fue declarado en riesgo de derrumbe y, desde entonces, el Estado nunca restituyó un espacio adecuado. La llamada “solución provisoria” fue el traslado a un sector detrás de la Escuela Primaria N°3, una ubicación improvisada que no cumple con ninguno de los criterios mínimos de accesibilidad, seguridad ni planificación pedagógica.
Las y los estudiantes del CFI comparten un pequeño patio dividido por una “línea imaginaria”, baños y comedor con una escuela primaria que ya cuenta con una matrícula numerosa. Los días de lluvia, el predio se inunda y los estudiantes deben circular mojándose, exponiéndose a riesgos innecesarios. Esta situación es incompatible con cualquier discurso oficial sobre inclusión.
Talleres sin condiciones y educación degradada
Los talleres, eje central de la formación integral que brinda el CFI, se desarrollan en condiciones absolutamente precarias. El Taller de Servicios, donde se realizan actividades de producción de bienes, funciona dentro de un aula de carpintería, incumpliendo las normas básicas de higiene y seguridad que la propia currícula establece. No existe una cocina adecuada para prácticas específicas, las aulas son reducidas y la organización escolar se sostiene sobre la improvisación permanente.
En el CFI estudian jóvenes de entre 14 y 21 años con diversas discapacidades: intelectual, trastornos del espectro autista, sordera y disminución visual. Muchos provienen de las escuelas de educación especial 501 y 502. Como cualquier estudiante de la provincia de Buenos Aires, tienen derecho a una educación pública que garantice igualdad real de condiciones, no un simulacro de inclusión montado sobre la precariedad.
Reclamos ignorados y complicidad política
Los reclamos fueron presentados formalmente ante el Consejo Escolar, autoridades municipales y diferentes gremios docentes. No hubo respuestas concretas. Ante este abandono, las familias comenzaron a denunciar públicamente la situación, recurrieron a los medios de comunicación y solicitaron una banca en el Concejo Deliberante para ser escuchadas.
Sin embargo, mientras el CFI continúa sin edificio, durante la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a la ciudad —en plena campaña electoral— se anunció la donación de un terreno para una institución privada que responde a necesidades similares. Al mismo tiempo, se confirmó que el predio “Indio Fermín”, originalmente donado al CFI, fue apropiado por el municipio durante la gestión de Mariano Uset, hoy funcionario del gobierno nacional de Javier Milei.
Este doble estándar desnuda una orientación política clara: el Estado tiene tierras y recursos, pero los destina a privados mientras abandona a la educación pública de discapacidad.
No es falta de recursos, es ajuste
La situación del CFI demuestra que el problema no es técnico ni administrativo. Es una decisión política. El ajuste que recorre la educación y la discapacidad se expresa en edificios que no se construyen, terrenos que no se restituyen y dispositivos públicos que se dejan degradar hasta el límite de su cierre de hecho.
En este escenario, la disolución de la Andis y la reducción de la discapacidad a una cuestión sanitaria profundizan el abandono, dejando a la educación especial y a la formación integral sin ningún respaldo estatal real.
Organizarse para defender la educación pública
El CFI no reclama privilegios. Reclama derechos básicos: un edificio propio, condiciones dignas de enseñanza y el cumplimiento efectivo del derecho a la educación. Defender al CFI es defender la educación pública y los derechos de las personas con discapacidad frente al ajuste.
Desde Tribuna Docente señalamos que esta pelea no puede quedar aislada. Es necesario un sindicalismo combativo que se ponga al servicio de estos reclamos, como impulsan las seccionales Multicolor del Suteba organizando a la docencia y a la comunidad educativa para imponer una salida progresiva.
Llamamos a la docencia y a las familias de Coronel Rosales a organizarse de manera independiente para exigir la restitución del terreno donado al CFI y la asignación inmediata de un edificio adecuado.
Porque sin edificio y sin presupuesto, la inclusión no es política pública: es una farsa.
