Educación
23/4/2026
Escuelas de Córdoba: ¿qué hay detrás de las amenazas en escuelas?
Operativos e imputaciones que no dan una salida a una crítica situación de la que es responsable el Estado.
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Amenaza.
Días atrás, en escuelas de la provincia de Córdoba se encontraron escritos en los baños con amenzas de tiroteos masivos. El tema tuvo una cobertura en la que el gobierno de la provincia deslizó una posición punitivista, promoviendo la imputación de al menos 29 estudiantes, para abordar una situación en la que se reportaron sucesos de este estilo en 9 escuelas, algunas de la capital y otras de La Falda, Cruz del Eje, Cosquín y Jesús María.
Recientemente, el Ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó que las familias de los adolescentes que hagan amenazas en escuelas deberán pagar los costos de los operativos. Se trata de una criminalización de la juventud, sin que por ello la medida aborde las causas en las que se producen los mensajes intimidantes.
Las explicaciones del Ministro de Educación con las que se abordan el tema sostienen que "se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok", es decir que repite lo dicho por otros ministros de la misma airea de otras provincias. Confunden el síntoma con la enfermedad.
En la misma línea, Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, declaró: "Este fenómeno que surgió después del hecho en San Cristóbal se contagió a todo el país”, rápidamente armó toda la explicación sobre esa base: “Hubo una pista muy firme que siguió la fiscal y nos llevó a hacer un allanamiento (..) Estaría vinculado a la comunidad TCC, el True Crime Community, que tiene fascinación por la violencia y la glorificación de los perpetradores”.
Cuando el funcionario señala que “no estamos frente a la travesura de un adolescente, estamos ante la comisión de un hecho delictivo. Y como tal, vamos a actuar", plantea una completa aplicación de la baja de la edad de imputabilidad y actúa en consecuencia.
Las amenazas concluyeron con allanamientos, secuestros de armas e imputaciones. Como si perseguir adolescentes fuese salida para abordar una crisis de conjunto. Y cuando en primer lugar, la gravedad de la situación en las escuelas exige que se termine con el ajuste estructural sobre la educación.
Lo que el ministro Quinteros y el ministro de Educación Ferreyra soslayan es que esos adolescentes que tanto quieren criminalizar son los pibes que se crían viendo un mundo en el que ir a la escuela significa comer, no aprender. La violencia no nace de un repollo, sino que tiene a los gobiernos y al Estado como precursores. Ahí está la represión y el discurso de odio del presidente Milei, y en la provincia el gobernador organiza operativos represivos contra la docencia.
La violencia y sus discursos son parte de una política de Estado. En este cuadro, el gobierno de Llaryora no desarrolla un programa para darle futuro a la juventud, en particular de las barriadas populares; sigue al pie de la letra las políticas ajustadoras y represivas del gobierno nacional.
En términos educativos, lo único que trajo el “Transformar CBA” de Llaryora es vaciamiento y precarización laboral; en toda esa reforma no hay una sola coma con respecto a los gabinetes psicopedagógicos, cada vez más inexistentes, o a los cargos de portería y preceptoría que se cierran y no se vuelven a abrir. A eso debe sumarse el hacinamiento áulico: dejan solo a los docentes como única recepción y sostén ante los casos de violencia que se manifiestan en las instituciones escolares.
La docencia viene advirtiendo sobre la escalada de violencia, un proceso que se agudiza con la creciente desigualdad social que trae aparejada exclusión y estigmatización de los estudiantes. Ante hechos de extrema violencia como el tiroteo en San Cristóbal, la respuesta del gobierno nacional es alentar la tenencia de armas y las respuestas provinciales son la criminalización de las juventudes.
El problema de la violencia en las escuelas no se soluciona de manera punitivista y denigrante, se soluciona destinando recursos materiales y humanos para la contención de nuestros alumnos. Esta problemática tiene como solución mayor presupuesto para cubrir los cargos, seguimientos ante situaciones de violencia, realización de talleres, cuidado de la salud mental y todo lo que sea necesario para sostener, acompañar y contener a toda la comunidad educativa.
Para combatir el problema de la violencia es necesario comprender que la misma nace de los salarios de pobreza, de los cierres de fábricas, del desempleo, de jubilaciones de miseria del vaciamiento y el ajuste; el problema de la violencia parte de las políticas de Estado.
La crisis educativa tiene por un lado “las escuelas posibles” imposibles y por el otro una docencia que no baja el reclamo de salir de la pobreza en pleno conflicto paritario. Esa violencia, hecha bronca, hay que transformarla en la organización de toda la comunidad educativa para que tome en sus manos la defensa de la educación pública, porque con escuelas unidas y de pie podemos intervenir para cambiarlo todo.
