Educación
9/2/2026
Santa Cruz
La baja en la edad de punibilidad es un ataque directo a nuestros estudiantes
Encubre la responsabilidad del Estado y criminaliza a la niñez y adolescencia que sufre el ajuste.
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Un relato punitivista sin sustento.
El gobierno nacional va por la baja de la edad de imputabilidad penal a 14 años en un contexto de ajuste brutal sobre la educación, recortes a la asistencia a la niñez y adolescencia, y creciente precarización de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. En Santa Cruz la docencia ve todos los días las consecuencias: escuelas con necesidades básicas sin cubrir, estudiantes que llegan sin haber comido, trayectorias educativas interrumpidas, problemas de salud mental sin dispositivos de atención, y docentes sobrecargados trabajando por salarios que no cubren la canasta básica. Frente a esta realidad el gobierno responde con discursos de mano dura y reforzamiento represivo.
Los datos oficiales son claros: los menores de 18 años representan una parte muy pequeña del total de delitos, alrededor del 2% y han bajado en los últimos 10 años. La mayoría de las causas que los involucran son contra la propiedad, no por hechos violentos graves. No existe ninguna “ola de delincuencia juvenil” que justifique bajar la edad penal. Aun así, el gobierno utiliza casos aislados, amplificados por los medios, para instalar la idea de que los chicos son el problema. Mientras tanto, se recortan programas socioeducativos y se violan sus derechos.
El discurso del gobierno sostiene una falacia de que “a delitos de mayores, condenas de mayores”. No existen los delitos de mayores ni de menores, solo existen delitos a secas en el Código Penal. Lo que sí existe es que, según se sea mayor de edad y por lo tanto se considere que se tiene pleno dominio y conciencia de los propios actos y sus consecuencias, el autor de un delito será penalizado; y si es un niño o una persona que no tiene el control y la conciencia mencionados, recibirá un tratamiento de otras características enfocado a su reinserción social. La edad de 16 años es tomada hoy como aquella en que los jóvenes ya pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo, pueden votar y asumir diversas responsabilidades legales. Bajarla a los 14 años es criminalizar a la niñez.
También se usa el avance del narcotráfico como excusa. Pero cuando los pibes aparecen vinculados no son jefes ni beneficiarios sino mano de obra descartable. Bajar la edad penal no toca a las redes narco, no afecta el lavado de dinero, ni la complicidad policial y judicial. El encarcelamiento temprano no resuelve nada. Los institutos y cárceles juveniles profundizan la exclusión y la violencia.
Esta discusión no es ajena a las y los trabajadores de la educación: la baja de imputabilidad es un ataque directo a nuestros estudiantes. Desde el sector docente tenemos una responsabilidad clara: defender a nuestros estudiantes y a la escuela pública. No podemos aceptar que, mientras se ajusta la educación, se proponga cárcel para los niños y adolescentes.
En Santa Cruz solo existen equipos profesionales interdisciplinarios en el nivel secundario y estos se desbordan por las incontables situaciones sociales que atraviesan a los pibes e impactan en la escuela. La docencia sostiene lo pedagógico en convivencia con la diversidad de problemáticas. Los gobiernos quitan becas, abandonan los edificios, desfinancian proyectos, y la propuesta es criminalizar a los mismos niños a los que no se les ofrece ninguna contención.
Este 11 de febrero llamamos a la docencia de Santa Cruz a movilizarse y organizarse también en defensa de nuestros alumnos.
Contra la baja de edad de imputabilidad y la reforma laboral. Por presupuesto educativo, equipos interdisciplinarios en todos los niveles, y atención de salud mental para niñeces y adolescencias.
