Mientras la comunidad educativa se organiza para enfrentar la ola de ataques, amenazas y denuncias, que tienen como eje la supuesta viralización de pintadas con amenazas en los establecimientos educativos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza y su ministra de educación salieron a reforzar el protocolo para el ingreso directo de la polícia en las escuelas porteñas.

En la conferencia de prensa Macri dijo textualmente que “no hay chistes y que habrá represalias”, refiriéndose a quienes hacen este tipo de pintadas, amplificadas por las redes sociales y los medios de comunicación. Como se ve, en medio de una de las peores crisis sociales de la historia reciente, con aumento de pobreza, despidos, discursos de odio promovidos desde el Estado, recortes a programas sociales y educativos, la respuesta al reclamo de los estudiantes, docentes y familias, frente a este malestar educativo, es el ingreso de la policía armada a las escuelas ante denuncias de la institución, que ya está provocando la requisa de mochilas a los pibes como si fueran delincuentes.

El clima que se está viviendo es de intimidación, poniendo bajo sospecha a toda la comunidad educativa, que reclama recursos, presupuesto para profesionales, atención en salud mental y respuesta a los reclamos históricos del sector. 

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No se puede estudiar ni trabajar con esta persecución, ni con la represión creciente, como ya lo expresó públicamente el sindicato Ademys rechazando todo tipo de intromisión de la policía. Necesitamos otro tipo de respuesta.

El síntoma del malestar educativo

Las escuelas están reflejando sin dudas una violencia social creciente que, en primer lugar, se promueve desde el Estado. Cuando el presidente Milei ataca a las personas con discapacidad, a las jubiladas, a los opositores políticos, a las mujeres y diversidades sexuales y de género, con insultos, agravios y, finalmente con represión, se promueven discursos de odio que habilitan distintas formas de discriminación y agresión en otros niveles de la sociedad. Si esto es acompañado por una política de ataque directo a las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora y sus hijos, una respuesta punitiva sólo alimenta la persecución, la penalización de los menores, como ya avanzó la ley en el Congreso Nacional, y ninguna respuesta a los problemas psico-sociales que padecen las víctimas de estas políticas.

Y partimos de ahí, como lo ha denunciado Vanina Biasi en la Legislatura porteña, marcando las responsabilidades políticas del gobierno, porque de otro modo se le “carga” la responsabilidad a lxs trabajadores y lxs que estamos en las escuelas conocemos la falta de recursos que tenemos para atender las dificultades de lxs jóvenes y adolescentes que, a veces expresan sus problemáticas pero sin atención adecuada por la falta de recursos y profesionales. 

No minimizamos el efecto que provocaron los asesinatos en Santa Fe y la forma interesada que los gobiernos y los medios lo conectaron con acontecimientos en Estados Unidos, pero atendiendo justamente a lo que generan estos casos, nos preguntamos las raíces de estos episodios, que no se pueden generalizar y hay que atenderlos en su dimensión concreta. Lo que advertimos es que estamos viviendo una escalada de represión estatal, que se expresa como ya dijimos en cada protesta social, en la persecución a migrantes, entre otras, y que con estas medidas se extienden al ámbito educativo. 

La respuesta es de lxs trabajadores, lxs estudiantes y las familias 

Además de la organización del rechazo en cada escuela, para contrarrestar esta ola reaccionaria, es importante que articulemos una respuesta común.

La cantidad de profesionales del DOE (Departamento de Orientación Escolar) no alcanzan y éstos son llevados a establecer registros nominales sin que tengan garantizada una atención de ese estudiante para aquellos que necesiten un tratamiento particular por parte de los organismos oficiales como la defensoría del niño, niña y adolescentes o las guardias legales, para luego responsabilizarlos como trabajadores. Tampoco hay turnos para atención psicológica en los hospitales, por lo que uno de los reclamos más sentidos es el aumento de profesionales interdisciplinarios en cada establecimiento.

Además, lxs estudiantes que necesitan por alguna problemática o situación particular acompañantes y que asisten a las escuelas de nivel no son apoyados por profesionales, las aulas muchas veces se presentan como un “desborde” por lo que otro reclamo sería acompañantes para cada estudiante y, para quien lo necesite, educación de modalidad especial que hoy está vaciada.

Reconocimiento de los equipos ESI, académica y salarialmente, que hoy son sostenidos por la voluntad de la docencia.

La constitución de mesas de trabajo por la salud integral, para articular entre docentes, DOE, equipos directivos, centros de estudiantes, representantes sindicales, referentes ESI, acciones tendientes a elaborar censos sobre salud mental, jornadas de reflexión coordinadas por estudiantes y docentes, formación para la comunidad educativa incluyendo a las familias y elaboración común de las demandas hacia el Estado y los ministerios de educación. Esta propuesta, que ya tiene experiencia en algunos colegios, puede ser una forma que nos permita tomar en nuestras manos el tema, como parte de una planificación democrática de la acción educativa.

Por supuesto, la restitución de los programas socioeducativos como las orquestas infantiles que están siendo cerradas, los comedores escolares en escuelas medias, la mejora en la alimentación escolar, el boleto educativo y el aumento del presupuesto educativo.

Desde el Partido Obrero-Frente de Izquierda en colaboración con docentes, estudiantes y profesionales estamos elaborando un proyecto que recoge varias de estas medidas urgentes y que ponemos a disposición de toda la comunidad para luchar por nuestros derechos y frenar esta militarización en las escuelas.