La colaboración de los gobernadores con el ajuste de Milei no se ve solo en el acompañamiento que le dan a su plan de gobierno general o en los votos que le otorgan a sus leyes. También pasan la motosierra en sus provincias, dándole con fuerza al presupuesto educativo. En 2024, según un informe de Argentinos por la Educación, 21 de las 24 provincias redujeron su gasto real en Educación en comparación con el año anterior, lo que impactó fuertemente en los salarios. No por nada la docencia ha encabezado luchas en varias de ellas, rechazando también reformas reaccionarias de los planes de estudio y el vaciamiento de las escuelas.

El estudio analiza los gastos presupuestarios del periodo 2014-2024. Se ha registrado que 19 provincias tienen niveles de gasto que están por debajo de los de 2014 –cerca del 90% de los fondos se destinan a salarios. Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos son algunas de las jurisdicciones que han picado en punta en términos de recorte real de presupuesto. Más en general, en la totalidad de las provincias el financiamiento se redujo y el salario docente ha quedado rezagado frente a la marcha de la inflación (Ámbito, 13/11).

Concretamente, esta avanzada ajustadora se ha visto en Chubut con el intento de cierre de profesorados; en Buenos Aires con el cierre de cursos y la imposición de un régimen laboral de 10 horas en Primaria; en Córdoba con una reforma en la educación técnica que implica la eliminación de los séptimos años y recortes en el turno noche de las escuelas; en CABA con el cierre de cursos, grados y escuelas; en Río Negro con una reforma que habilita cierres de secciones; y la lista sigue. Son los mismos gobernadores que apoyan la esencialidad educativa para restringir el derecho a huelga, instrumento que tiene la docencia para enfrentar estos ataques contra la educación.

Por esto es que ha habido movilizaciones y paros en algunas provincias, como en Buenos Aires y Córdoba, en reclamo de presupuesto educativo y aumentos de salario. Y que ha habido procesos de recuperación de sindicatos como en Uepc-Capital de Córdoba, Adep Jujuy, Adosac Santa Cruz y Unter Río Negro. En esos gremios, las listas combativas se han impuesto sobre las listas de las burocracias que pactan con los gobiernos y no convocan ninguna medida de lucha para enfrentar el ajuste. La burocracia de CTERA representa una losa y es responsable del cuadro imperante.

Los gobernadores han trasladado sobre las escuelas y la educación en general el ajuste de Milei, que eliminó el Fonid –que representaba entre el 7 y el 10% del salario bruto– y efectuó recortes en programas relacionados con la formación docente, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, becas estudiantiles, y con la infraestructura y equipamiento escolar. En 2024, el gasto educativo nacional representó un 0,8% del PBI, cuando en 2015 lo hacía en un 1,59%. El Presupuesto 2026 que Milei buscará aprobar con la colaboración de los gobernadores ajustadores significa la continuidad de esta política de desguace.

Este estipula un gasto en Educación y Cultura equivalente al 0,75% del PBI, el nivel más bajo en 10 años. También la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional –según el cual el Estado tiene la obligación de invertir el 6% del PBI en el área, lo que viene siendo burlado desde su implementación–, y la reducción de la inversión en Ciencia y Tecnología, del Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional y del Programa de Formación Docente en Alfabetización (Ámbito, 30/10).

Por otro lado, el ajuste estipulado para las universidades es del 30%. El Consejo Interuniversitario Nacional solicita que se asignen 7,2 billones de pesos para el gasto de mantenimiento y una recomposición salarial, pero el gobierno ofrece 4,8 billones (Periferia, 16/11). En este marco, Milei sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso a fuerza de importantes movilizaciones de la docencia y los estudiantes de las casas de estudio.

Preparemos la lucha para derrotar al gobierno y sus cómplices.

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