El domingo 1 de enero, Lula asumió la presidencia de Brasil. Más allá del desdén de Bolsonaro, que un par de días antes se fue a Miami, y de la negativa del general Mourao, que, en su carácter de vicepresidente, se negó a traspasar los símbolos del mando al nuevo gobierno, la gran mayoría de la clase capitalista nacional e imperialista le dio a Lula el apoyo para que lleve adelante un plan de ajuste que disminuya el déficit fiscal bloqueando una reacción popular.

El gabinete nombrado es un reflejo fiel de los condicionamientos que Lula se ha autoconstituido. Pretende que el suyo sea un gobierno de coalición, no solo con “aliados” liberales, sino también con sectores bolsonaristas. El ministro de Economía es Fernando Haddad, un hombre del PT. Y está acompañado por Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente, y ahora nominado como ministro de Industria y Comercio. Alckmin es un reconocido derechista liberal, y un representante del gran capital industrial y comercial. Por otro lado, Simone Tebet, opositora al PT hasta la segunda vuelta electoral, de reconocidísima trayectoria liberal, fue nominada para dirigir el ministerio de Planeamiento. Se trata de un puesto clave, mediante el cual se orienta y controla la aplicación del presupuesto. Al frente del Banco Central continúa el neoliberal Campos Neto, nombrado por Bolsonaro (no fue impugnado por Lula), que permanecería hasta el 2024.

Como ministro de Agricultura fue nombrado Carlos Fávaro, hombre del agronegocio (en particular del sector sojero), procedente de Mato Grosso, región central de ese “modelo”. Es un sector productivo capitalista que fue base de sustentación social-electoral de Bolsonaro. Este actuaría también como contrapeso de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva (del partido Rede), que ha sido vista con cierta aprensión por las bancadas del agropower. Esta ha declarado que una de sus prioridades es levantar las restricciones impuestas por la Unión Europea (en torno a la defensa de la Amazonia) y formalizar el acuerdo UE-Mercosur.

En materia de empresas públicas, Lula no plantea la reestatización de las que privatizó Bolsonaro (Electrobras, etc), solo “suspendió” las privatizaciones que había anunciado el gobierno saliente en caso de ganar las elecciones, que en 4 años de mandato no concretó. La suspensión de la continuidad de la privatización de Petrobras, Correos y otras 5 empresas, fue justificada en base a la necesidad de “garantizar un análisis riguroso de los impactos de la privatización en el servicio público o en el mercado“. Pero este anuncio, unido al mantenimiento circunstancial de la suspensión de impuestos sobre los combustibles hecho por Bolsonaro (como maniobra electoral) y al anuncio de modificar los techos presupuestarios inflexibles reglados por el gobierno Temer, provocó una “reacción de los mercados”. Estos techos de gastos implican que los presupuestos, durante 20 años, se ajustan -teóricamente- por inflación. Es un límite objetivo para que no se incrementen los gastos sociales (salud, educación, etc). Los enfermeros, por ejemplo, consiguieron hace unos meses, luego de una masiva huelga general, un aumento de salarios, pero no se termina de concretar su pago por el “techo salarial”.

La bolsa cayó este lunes un 3,1%, fundamentalmente por un desplome de la “estatal” Petrobras (empresa mixta que cotiza en la bolsa). El dólar, por su parte, subió 1,6% en un día. Los mercados, es decir el gran capital, marcan el territorio del nuevo gobierno.

El enviado especial de Clarín afirmó que “la reacción parece sin embargo exagerada, estimó el diario Folha de San Paulo, que dijo en su editorial que ‘no conviene tomar ceremonias de este tipo como indicadores del rumbo del nuevo gobierno”. Justifica que Lula necesite decir cosas que “conformen” a su base popular. Pero lo que es evidente es que Lula no se propone derogar las fuertes medidas antiobreras tomadas por el bolsonarismo (reforma laboral y previsional, etc).

El gobierno de Lula ha estado funcionando activamente desde antes de asumir. Su mandato no inició el 1° de enero. El fascista Bolsonaro no se opuso a ello. Lula y sus “equipos de transición” negociaron con el bloque parlamentario del “centrao” una ampliación del presupuesto para financiar el aumento de los planes sociales que decretó hace unos meses Bolsonaro, y que no tenía banca presupuestaria. Bolsonaro llevó los planes a 600 reales (112 dólares) mensuales. Pero el gobierno, que autoproclamó como su principal objetivo luchar contra el hambre, anunció por boca de su ministro de Desarrollo Social, Wellington Diaz, que su propósito es reformular los “planes sociales”, o sea, avanzar en recortes (cualquier semejanza con los “ajustes” que hace el gobierno argentino no es casualidad).

La eliminación de los impuestos a los combustibles ha sido extendida hasta fin de año para el gasoil y otros que usan las empresas, y solo hasta el 28 de febrero para las naftas que usan los particulares.

El nuevo gobierno pretende usar el carisma de Lula para hacer pasar un ajuste. Para ello ha recreado el Consejo de Desarrollo Económico Social, con el propósito de fomentar el “diálogo social” (¿un nuevo pacto social con la central obrera para paralizar los reclamos de los trabajadores?) y fortalecer la cooptación y corrupción de los liderazgos populares.

El nuevo ministro de Economía declaro: “El marco fiscal que pretendemos enviar al Congreso en un primer momento tendrá premisas confiables y demostrará técnicamente la sustentabilidad de nuestras finanzas. Un marco que abarque el financiamiento del paraguas de los programas prioritarios de gobierno, garantizando la sostenibilidad de la deuda pública”. Un plan de ajuste para que no se dispare el gasto público y se sostenga el pago de la deuda pública.

La relación con el Congreso pasará por acuerdos con el bloque mayoritario del “centrao”, dirigido por Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, quién habilito la votación de la exención al techo presupuestario para pagar los planes sociales. Lula y el PT se habrían comprometido a apoyarlo para que vuelva a ser reelecto presidente de esta cámara en un par de meses.

Una vieja promesa del PT es la de eliminar el llamado “presupuesto secreto”, fondos que cada parlamentario recibe para gastar a su disposición en obras locales. Bien visto, es un remedo del “mensalao”, fondos que repartía el anterior gobierno de Lula para constituir mayorías en las votaciones a través de la corrupción directa. La Corte Suprema del Brasil viene de declarar que el “presupuesto secreto” es anticonstitucional. Pero, rápidamente, sin la oposición de Lula, el parlamento ha votado que el 50% de ese presupuesto vaya para la caja estatal y que el 50% restante sea administrado por los legisladores, con una nueva figura institucional.

El leit motiv de Lula y sus ministros es la defensa de la democracia. Este caballito de batalla va a ser utilizado para sostener el apoyo a Lula y paralizar los reclamos obreros y populares con el espantapájaros de no desestabilizar al gobierno, ante el peligro de un golpe derechista bolsonarista. Las políticas de ajuste están en el centro de los planes del gobierno.

Los trabajadores deben tener en claro que para luchar consecuentemente por sus reivindicaciones inmediatas e históricas tienen que organizarse de forma independiente y pelear por la recuperación de los sindicatos. Ningún apoyo al gobierno del frente de colaboración de clases.

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