Ecuador se levantó el día viernes 12 de septiembre con la noticia de que el gobierno de Daniel Noboa emitía en su decreto N.° 126 la eliminación del subsidio a los combustibles en todo el país. El precio del galón de diesel premium pasó de USD 1.80 a USD 2.80 repercutiendo en un aumento del 100% en los costes de vida diarios de la población trabajadora. Por su parte, el gobierno nacional justificó su ajuste redirigiendo fondos de los subsidios a la asistencia social y otros programas.

Viernes 12: la eliminación del subsidio

Esta medida no cayó nada bien en la población, sobre todo en las federaciones y gremios del transporte que el mismo viernes en las provincias de la región Sierra llamaron a un paro de actividades desde el día lunes 15 de septiembre en rechazo al decreto. Un día después de ese pronunciamiento el gobierno afirmó haber llegado a un acuerdo con las dirigencias del transporte. Sin embargo, el mismo lunes se presenciaron distintos cortes de ruta a lo largo de la Sierra centro y norte del país, donde los camioneros desde muy temprano cortaron las rutas de la provincia del Carchi, Imbabura y Pichincha. A pesar de que sus burocracias dirigenciales en muchos casos llegaron a acuerdos sobre acceso a subsidios diferenciados con el gobierno, esto no fue suficiente para impedir la movilización y el malestar generalizado de los transportistas que salieron a cortar las rutas.

Lunes 15: cortes de ruta y represión estatal

Por su parte, los transportistas el mismo día recibieron violentas represiones por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder despejar las rutas. Ante estas acciones se sumaron más cortes de rutas en otras provincias de la Costa y la Amazonía, reflejando un rechazo al aumento de los combustibles que representa un golpe directo a las economías populares del campo y las urbes. Lejos de que estos recursos se destinen a los sectores anunciados por el gobierno, causará un efecto inmediato en la población y en la producción a través de la subida de los precios de los pasajes, de la canasta básica y del costo de la vida, vulnerando nuevamente contra los más pobres con medidas que no son sino otra cara más del “paquetazo” económico con el que los gobiernos de turno han pretendido golpear a nuestro pueblo.

A estas jornadas se les va sumando el apoyo del FUT (Frente Unitario de los Trabajadores), estudiantes universitarios de Quito y otros sectores sociales organizados para estar en movilización los días que vienen. El protagonista histórico de las rebeliones populares en Ecuador, la Conaie, llamó a todas sus bases campesinas e indígenas a declararse en asamblea permanente, pero no llamó aún a movilizar y adherirse al paro (aunque no descarta usar todos los mecanismo legítimos para enfrentar este decreto), mientras el gobierno nacional dispuso cambiar la sede de gobierno en Quito a la ciudad de la Latacunga ante posibles movilizaciones en la capital. Al momento en que se escriben estas líneas ya hay bases y comunidades de la Conaie que en sus asambleas permanentes resolvieron salir y sumarse al paro con la consigna de luchar hasta derogar el decreto, aunque el consejo de gobierno de la misma organización no se pronunciará hasta mañana al medio día.

Octubre 2019. Apuntes y reflexiones del levantamiento popular

Esta nueva coyuntura pareciera no ser tan nueva. Recordemos que en octubre del 2019 el ex presidente Lenin Moreno pretendió eliminar los subsidios a los combustibles, y fue la lucha en las calles, con cortes y asambleas, lo que permitió poder derogar el decreto. El levantamiento popular de octubre de 2019 fue sin duda una movilización que le puso un freno al paquetazo de los combustibles, pero no significó una lucha a fondo contra el capital y un gobierno capitalista que después de conciliar e institucionalizar el conflicto siguió con su plan de achicar el Estado y hacer recaer el ajuste sobre los trabajadores. Sin duda, ahora es el momento para que el conjunto de los trabajadores (del campo y la ciudad) desarrollen un plan de lucha en que los pilares sean la independencia política y la combatividad gremial para enfrentar de lleno en las calles al gobierno de Noboa, y evitar una salida tibia y conciliadora como la que dejó 2019, donde el avance de la lucha daba para más.

Este decreto llega como consecuencia del alineamiento del gobierno nacional y de la derecha conservadora a las directrices del Fondo Monetario Internacional. El país viene bajo una constante política de ajuste y motosierra: por los recortes en salud, los médicos y pacientes de la red de salud pública protestan ante el deterioro y abandono del Estado; a su vez, docentes y estudiantes de instituciones de educación pública manifiestan su rechazo ante los recortes presupuestarios, sumado a la pobreza que supera el 25% y una situación laboral en la que solo 3 de cada 10 ecuatorianos consiguen un empleo formal y la gran mayoría vive bajo la precarización y/o flexibilización.

Una salida

La clase trabajadora no puede esperar nada del gobierno ajustador y represivo de Noboa. Mientras el régimen se aferra al estado de excepción y la militarización para imponer un ajuste brutal, los trabajadores y el pueblo deben forjar su propia salida. La respuesta es la organización independiente y la movilización en las calles. Es tiempo de que los trabajadores del campo y la ciudad tomen el destino en sus manos, y construyan su herramienta política y luchen por un gobierno que realmente defienda sus intereses. ¡Abajo la militarización! ¡Por una salida de los trabajadores!