Internacionales
6/10/2026
España: la rebelión por la vivienda y el adelanto electoral
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Pedro Sánchez anunció el 5 de octubre elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara sus dos decretos de vivienda. Ese mismo día, UGT y Comisiones Obreras acordaron convocar una huelga general de 24 horas.
La movilización que ocupó la Puerta del Sol y se extendió por España hizo estallar una crisis política. La coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar no pudo aprobar siquiera medidas de emergencia arrancadas por la presión callejera, bloqueado por la oposición parlamentaria de la derecha.El presidente busca convertir la indignación en votos para renovar su gobierno (RTVE, 5/10/2026).
El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, el 23 de septiembre, expuso la violencia que sostiene el negocio inmobiliario. Después de 71 años alquilando en la misma vivienda de Madrid, fue expulsada por la policía y trasladada al hospital. La resistencia al desalojo, las marchas y la acampada consiguieron que regresara a su hogar. Esa conquista mostró que la organización colectiva puede modificar una relación de fuerzas presentada como inalterable (Prensa Obrera, 28/9)
El 3 de octubre, cuatro columnas confluyeron en el centro de Madrid. El Sindicato de Inquilinas calculó 500.000 participantes . La marcha se orientó hacia la huelga general. Sus pancartas reclamaron reducir los alquileres y expropiar sin indemnización a fondos, bancos y grandes propietarios (EFE y Europa Press, 3/10/2026).
El viernes 2, el Partido Popular (PP), Vox y Junts (partido nacionalista de la burguesía catalana) habían encabezado el bloqueo a los decretos. El primero cayó por 178 votos contra 172; el de renovación automática de contratos, por 184 contra 166, con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) entre sus opositores. Los textos combinaban protección frente a desalojos, regulación de alquileres y restricciones a compras especulativas con beneficios fiscales para propietarios. La maniobra del gobierno de separar el conjunto de medidas y presentar una ley por separado referido la estabilidad contractual , el punto mas ríspido del paquete con la esperanza de conseguir otros apoyos y que ,al menos , se aprobaran los demás puntos resultó un fiasco ( EFE, 2/10/2026). Junts exhibió el contenido social de su nacionalismo: el conflicto con Madrid no le impide alinearse con la derecha española cuando están en juego los ingresos de los propietarios. Los aliados burgueses de Sánchez para sostener la gobernabilidad rechazan concesiones a los inquilinos cuando consideran amenazada la renta inmobiliaria.
Esto no convierte al gobierno en representante de los desalojados. Los decretos respondieron tardíamente a la movilización. El paquete impulsado por el gobierno patea la pelota para adelante y está lejos de ser una salida de fondo al problema dela vivienda. El conflicto estalló después de años de gobiernos progresistas que mantuvieron la vivienda sometida a la rentabilidad privada.
Quiénes se movilizan
El drama de la vivienda afecta a un universo muy variado, incluido aquellos que vienen afrontando sus alquileres. Es el caso de, precisamente, de Maricarmen Abascal amenazada de desalojo, aunque estaba al día con el pago del alquiler. Pero los propietarios tenían otros planes sobre el destino de la vivienda y no le tembló la mano a la hora de tomar la decisión de dejarla en la calle. El despotismo y arbitrariedad patronal terminó siendo el detonante de una situación que se vuelve cada vez más explosiva.
La protesta reúne a jóvenes asalariados que no pueden independizarse, estudiantes, jubilados amenazados de desalojo y familias cuyo ingreso se consume en el alquiler. Quien dispone de un contrato puede reclamar su renovación, pero quien alquila una habitación, vive sin contrato o enfrenta discriminación por ser migrante necesita un blindaje muy superior a las normas en vigencia. Incorporar a estos sectores es decisivo para abarcar a quienes ni siquiera acceden al mercado formal de alquileres.
Conseguir un empleo no garantiza disponer de una casa. La precariedad laboral se prolonga en la imposibilidad de organizar una vida independiente. Los trabajadores que sostienen los servicios urbanos son expulsados hacia periferias distantes, dedicando más tiempo al transporte y más salario al alojamiento. La crisis agrava las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y la dependencia de las familias respecto del propietario.
La conversión de viviendas en alojamientos turísticos permite buscar rentas superiores a las que paga un trabajador. Fondos e inmobiliarias explotan esa diferencia. Construir más tampoco asegura una salida si las nuevas unidades se destinan a inversiones o a compradores cuyos ingresos superan los salarios de quienes necesitan habitar allí.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas registró 53 convocatorias entre el 2 y el 5 de octubre, con llamados en Valencia, Tenerife, Palma y La Coruña, además de acciones en Cataluña y las capitales vascas. En Asturias continuó la acampada de Oviedo.
En Madrid, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos encabeza las convocatorias. En las concentraciones de Puerta del Sol confluyen diversos colectivos en defensa de la vivienda popular y de reclamos sociales que vienen deliberando en asambleas donde se ha aprobado la continuidad del acampe y se discuten nuevas medidas para extender la movilización y conquistar los reclamos (El País, 2/10/2026).
El Movimiento Socialista interviene con organizaciones propias: en Madrid, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) impulsó una marcha nocturna después del rechazo de los decretos. En Cataluña participa el Sindicatd’Habitatge Socialista; en EuskalHerria, el Sindicato Socialista de Vivienda, que convocó acciones junto a otras redes de sindicatos habitacionales que no pertenecen a esa corriente.
Las organizaciones enroladas en el Movimiento Socialista en conjunto con otros colectivos y agrupamientos plantean expropiar a los especuladores, impedir el uso lucrativo de la vivienda y planificarla según las necesidades sociales. La CJS reivindica una organización política independiente de la clase trabajadora. (Diario Socialista, 29/9 y 3/10/2026)
Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes constituyen un núcleo político muy protagónico. Proponen ampliar la acampada hasta que los sindicatos convoquen una huelga general y confluir con la huelga educativa madrileña anunciada para el 14 de octubre. Reclaman expropiaciones, contratos indefinidos y una rebaja del 50% de los alquileres. Para concretar esa confluencia, el emplazamiento a las direcciones sindicales debe acompañarse de asambleas laborales y una organización que pueda vencer sus resistencias (Izquierda Revolucionaria, 1/10/2026).
La situación dio un salto el 5 de octubre. La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) acordaron convocar una huelga general de 24 horas por la vivienda y los salarios. El acuerdo debe ser ratificado por sus órganos de dirección y la fecha se definirá con el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales (comunicado de UGT y CCOO, 5/10/2026). La presión de las calles consiguió que las principales centrales asumieran el reclamo del paro. La relación entre alquileres y salarios pasa a convertirse en un eje de acción común. Esta decisión introduce un factor que el adelanto electoral no puede absorber fácilmente. Las direcciones sindicales, sin embargo, mantienen como horizonte un pacto social y político, y Álvarez adelantó que el paro no tendrá lugar durante la campaña electoral (UGT y RTVE, 5/10/2026). Está planteada una disputa sobre los objetivos y la continuidad de la lucha. Para impedir que la convocatoria no se realice o se limite a una jornada de presión subordinada a la recomposición del gobierno, es necesario prepararla mediante asambleas laborales, delegados elegidos y una coordinación con los sindicatos de vivienda.
La experiencia del 15M y la salida electoral
Las puestos y asambleas en Puerta del Sol remiten a los indignados de 2011. Vuelven la solidaridad cotidiana y el rechazo a una representación política que no satisface necesidades elementales. El 15M nació después de la crisis de 2008, atravesado por el desempleo, las hipotecas y los rescates bancarios. La protesta actual concentra su fuerza en la vivienda y dispone de sindicatos y redes barriales con experiencia acumulada
En 2011, la impugnación del bipartidismo abrió expectativas en una renovación institucional que Podemos capitalizó y que concluyó una gran frustración. Su integración al gobierno con el PSOE, y la posterior formación de Sumar, hablan por sí mismos de los limites insalvables de esa experiencia política, que pregonaba reformas sociales en el marco y dentro de las fronteras del orden social capitalista vigente. Quienes prometieron traducir la movilización en transformaciones desde el Estado participaron de gobiernos bajo los cuales persistieron los desalojos y el dominio del capital inmobiliario. Ese balance coloca la independencia política del movimiento en primer plano.
La movilización cuestiona la idea de una juventud uniformemente capturada por la ultraderecha. La lucha común permite combatir el racismo que presenta al migrante como rival por una vivienda escasa. Exigir iguales derechos y rechazar la persecución de quienes carecen de papeles es indispensable: la competencia entre pobres beneficia a quienes cobran alquileres y pagan salarios insuficientes.
El adelanto electoral busca intervenir sobre esta crisis. Sánchez reclama una mayoría “progresista más amplia” y presenta la elección como una alternativa entre su gobierno y la ultraderecha. Busca recomponer el apoyo de quienes protestan contra una situación que su administración no resolvió. El Ejecutivo anunció, además, que volverá a aprobar medidas de vivienda para someterlas a la Diputación Permanente, donde espera una relación de fuerzas más favorable. Su aprobación está pendiente (RTVE, 5/10/2026).
El Sindicato de Inquilinas respondió: “Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral” (El País, 5/10/2026). Sostener esa decisión implica organizar la continuidad de las acciones, defender las conquistas obtenidas y controlar las promesas oficiales desde las asambleas. La amenaza de PP y Vox exige combatir su ofensiva, sin otorgar un cheque en blanco a quienes gobernaron durante la crisis. El movimiento perdería fuerza si aceptara suspender sus reclamos para preservar una coalición cuya política dejo intacto el negocio inmobiliario y sus abusos, lo que está en la base del descontento de la población que está explotando e intenta beneficiarse la derecha.
La situación reclama convertir los reclamos en torno a la vivienda en una causa nacional, lo cual pone en el candelero la preparación de una huelga general y plantea llevar el conflicto a los centros de trabajo, elegir delegados y coordinar sindicatos y asambleas de vivienda y enarbolar un programa de acción, que abrace a todos los afectados La defensa del salario debe incorporar el costo de la vivienda y la lucha por contratos estables debe abarcar a quienes quedan fuera de ellos. Por la expropiación sin indemnización de las viviendas de fondos, bancos y grandes tenedores, y ponerlas bajo control de sus trabajadores y habitantes. Por un plan de construcción pública de viviendas, bajo control de los trabajadores y organizaciones de inquilinos, capaz de enfrentar el poder que sostiene la especulación. Para imponer ese programa, la rebelión necesita convertirse en una fuerza política propia de la clase obrera, capaz de abrir un nuevo rumbo en España dirigido disputar el gobierno a los administradores del negocio inmobiliario y a los partidos y representantes políticos que han sido tributarios y actuado como correa de transmisión de sus intereses.
