El 14 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados, promovido por el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de ley que considera “ilegal” la dictadura franquista y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil,  con  173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. Aún tiene que pasar por el Senado, a la vuelta del receso de verano, para conseguir su aprobación definitiva.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática fue votado favorablemente por las dos fuerzas mencionadas, el PNV (Partido Nacionalista Vasco) Bildu, PdeCAT (una fuerza catalana), Más País (de centroizquierda) y Compromís (grupo de Valencia), y rechazado por el PP, Vox, Ciudadanos (estos tres últimos, de derecha), Junts (un partido catalán) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular, de Cataluña). Por su parte, Esquerra Republicana (ERC, de Cataluña) y el BNG (Bloque Nacional Gallego) se abstuvieron expresando que, si bien aprecian avances, les resultan insuficientes.

La principal medida de este proyecto de ley es que se ordena al Estado, por primera vez, a la búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura, reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, ya que actualmente la búsqueda de los cuerpos de las víctimas corre a cargo principalmente de las asociaciones de familiares y de las regiones autónomas. Asimismo, prevé multas de incluso 150.000 euros en casos concretos como la destrucción de fosas o lugares de memoria.

EL presidente Pedro Sánchez reconoció en la sesión del pasado jueves 14: “hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos” (…) somos, después de Camboya, el país del mundo con más desaparecidos”.

El proyecto considera víctimas a aquellos que sufrieron daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Tendrán derecho al “reconocimiento y reparación integral”, al “resarcimiento” de los bienes incautados.

También establece la creación de un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, así como a la creación de un mapa de todas las fosas comunes de España.

Asimismo, se dispone la anulación de las sentencias dictadas por la justicia franquista contra los republicanos o la comunidad homosexual, y la creación de una fiscalía dedicada a “estudiar” las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, ya que sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977.

Respecto al patrimonio histórico El Valle de los Caídos -donde estuvo enterrado Franco hasta 2019- pasará a llamarse Cuelga muros y sólo podrán estar enterradas personas fallecidas durante la contienda. Esto supondrá la reubicación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera -fundador de la Falange- que ocupa un lugar principal en la basílica.

Por otra parte, un punto relevante del proyecto de ley en relación a la historia de España se refiere al acceso libre, gratuito y universal a todos los archivos -públicos y privados- con material relativo a todo el periodo comprendido entre el golpe de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Críticas al proyecto

El 14 de abril de 2010, con fundamento en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo representadas en la “Querella argentina”  presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, el cual estaba a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la Querella 4591/2010, nominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”, la cual no pudo continuar por presión del gobierno español, quien amenazó con romper lazos diplomáticos con Argentina si se avanzaba en la investigación.

Con respecto a la ley de Memoria Democrática, las organizaciones de derechos humanos que componen la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) expresaron en su manifiesto del 1 de julio: “el proyecto contiene una serie de mejoras importantes en relación con la situación legal anterior, como no podía ser de otra forma, dado el poco desarrollo de la Ley de Memoria vigente y la lucha e insistencia de las organizaciones memorialistas. Aun así, vemos con preocupación que el proyecto resultante sigue asentándose en los pilares fundamentales que conforman el régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo que venimos arrastrando desde hace ya 45 años”.

Respecto al ámbito de la verdad, refirieron: “consideramos que el reconocimiento de la misma es parcial e interesado, pues sigue invisibilizando y, por ello, protegiendo a los victimarios. Si no hay investigación judicial no puede establecerse una ‘verdad jurídica’ sobre los hechos acaecidos. Además, el mantenimiento en vigor de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos. Igualmente, el hecho de que la proposición de Ley de Bebés Robados esté paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace dos años, está contribuyendo a que queden impunes estos graves delitos”.

En lo que respecta al derecho a la justicia, “los déficits son mayores, pues se siguen cerrando las puertas de los tribunales del Estado a las exigencias planteadas por las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo: asesinatos, desapariciones, bebés robados, trabajo esclavo, torturas, cárcel, exilio, expolio patrimonial… Parece que la investigación que se supone llevaría a cabo el Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria que se crearía, derivaría hacia la jurisdicción voluntaria y no hacia la penal. Por si fuera poco, la Ley de Amnistía de 1977 no se anula ni deroga y el derecho internacional referido a esta materia sigue sin ser reconocido, con lo que nos hace temer que no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura y la Transición” (…) “Evidentemente, si partimos de una verdad parcial e interesada y de la negativa a acceder a la Justicia, la reparación derivada de lo anterior, lejos de ser integral, se queda, como ya está ocurriendo en muchos casos, en algo puramente mediático-administrativo, en el terreno “moral” y no jurídico, que es como señala el derecho internacional. Y, hasta el momento, se cierra la posibilidad de que los expolios patrimoniales padecidos sean revertidos y los daños causados sean justamente compensados e indemnizados”.

Concluyen que “debido al silenciamiento, protección y amparo otorgado a los victimarios y a la ya señalada negativa a abrir las puertas de la Justicia a las exigencias de las víctimas, las garantías de no repetición de las vulneraciones de derechos humanos padecidas durante el franquismo quedan muy en entredicho. Reclamamos a los grupos que conforman el Gobierno y a todos aquellos que han afirmado la necesidad de acabar con el actual régimen de impunidad para con los crímenes franquistas, que no cierren en falso esta oportunidad histórica y actúen en consonancia con las reiteradas exigencias de los organismos internacionales y del propio movimiento memorialista. Porque cerrar las heridas aún abiertas por los crímenes del franquismo exige algo más que conformarse con las mejoras parciales que el Proyecto de Ley de Memoria Democrática contiene”.

Finalizan haciendo un llamamiento expreso a los grupos parlamentarios para que exijan, en esta última etapa, la incorporación de las demandas expuestas y que resultan imprescindibles para revertir el modelo de impunidad actual, ya que en caso contrario, una vez más, se dejará en el más absoluto desamparo judicial a las víctimas del franquismo y sus familiares.