Según los resultados oficiales difundidos por la cadena Telesur (27/5), el oficialismo se quedó con 23 de las 24 gobernaciones en disputa y con más de dos tercios de los diputados (253, sobre un total de 285) en juego en las elecciones regionales del domingo 25. Recuperó tres provincias que estaban en manos opositoras (Barinas, Nueva Esparta y Zulia), pero perdió Cojedes. Se eligió también un gobernador para el Esequibo, región rica en petróleo en disputa con Guyana. La oposición de derecha se dividió entre un ala que boicoteó los comicios (la que lidera María Corina Machado) y otra que optó por participar (Alianza Democrática, de Timoteo Zambrano, que logró 13 bancas y, lo que es más significativo, un frente de Henrique Capriles y el gobernador saliente de Zulia, Manuel Rosales, que obtuvo el tercer lugar, con 11 diputados propios).

El gobierno de Nicolás Maduro se apresuró a señalar que estas elecciones mostraron la “fortaleza de la democracia venezolana”, pero, incluso si se toman como referencia las cuestionadas cifras oficiales, la participación fue bajísima, de apenas el 43 por ciento, en la misma línea que las regionales de 2021, que habían marcado, a su vez, un desplome de veinte puntos respecto a elecciones previas. El régimen venezolano no se ha plebiscitado, como en sus mejores momentos, sino que arrastra una crisis de legitimidad, por decir lo menos. El Partido Comunista, que rompió con el gobierno hace algunos años, denunció una “parodia electoral” marcada por la intervención judicial de partidos, las proscripciones y las inhabilitaciones.

Lo que compensa en gran medida la baja participación, para el oficialismo, es la crisis de la oposición derechista, que le permite mantenerse -ante la ausencia de una variante de recambio- en el poder. Todas las estrategias de esa oposición de derecha han fracasado. Después de la frustrada tentativa golpista de Juan Guaidó, no logró llevar a Edmundo González Urrutia a la presidencia por la vía electoral, tras los comicios del 28J de 2024, que denunció como fraudulentos. Ahora, teniendo en cuenta ese antecedente, Machado llamó a la abstención, pero Capriles consideró esa táctica como estéril y se propuso conquistar bancas y gobernaciones, sin gran éxito, como atestiguan los resultados.

En estas condiciones, el imperialismo está volviendo a apretar las clavijas sobre Venezuela. Además de revocar el estatus de protección temporal de 350 mil migrantes, el presidente Donald Trump relanzó la política de sabotaje petrolero. En marzo frenó la autorización de varias compañías multinacionales para exportar crudo venezolano, y ahora dejó caer la licencia de Chevron. Amenazó, también, con imponer aranceles a aquellos que compren crudo a Caracas. En las críticas condiciones económicas y sociales de Venezuela, y teniendo en cuenta, además, su dependencia extrema del petróleo, estas medidas terminarán agravando la situación de las masas. El rechazo a las sanciones imperialistas debe ser contundente. Sin embargo, no hay que perder de vista que la línea que desenvuelve Maduro consiste en el ajuste, la persecución de los sectores obreros en lucha y la reprivatización petrolera, por medio de asociaciones y acuerdos leoninos con el capital extranjero.

Sigue planteado, por todo esto, el desarrollo de una intervención política independiente de los trabajadores contra el régimen de Maduro y la oposición proimperialista.