Dieciocho millones de electores votarán el próximo domingo, 12 de abril, para elegir presidente, legisladores y autoridades provinciales y comunales del Perú. Deberán optar entre ¡36! listas que presentan candidaturas presidenciales: una oferta electoral dispersiva inédita. El boletón electoral que deberán marcar los votantes ha roto un record Guinness. No se trata de un “exceso de democracia”, sino de una profunda descomposición del régimen. Estas elecciones se realizarán luego de tres golpes de Estado, impulsados por una oligarquía política parlamentaria (con el apoyo de las Fuerzas Armadas y demás factores de poder), que el pueblo ha calificado como “pacto mafioso”.

En diciembre de 2022 fue destituido el presidente Pedro Castillo que había sido elegido por el voto popular en julio de 2021. La presidente Dina Boluarte, que participó del golpe contra Castillo, fue a su vez derribada en octubre del 2025. Nombrado José Jeri, estuvo menos de cuatro meses hasta febrero de este año. En su lugar, fue nominado José María Balcazar, casualmente del mismo partido de Castillo (Perú Libre), que votó en aquel momento su destitución y encarcelamiento. Pero este también tuvo su crisis: se vio obligado a pedir la renuncia de la primer ministro, jefa de gabinete, Denise Miralles. En el armado del nuevo gabinete ministerial, fue nombrado Jefe el general de división retirado, Luis Enrique Arroyo Sánchez, que era hasta ese momento ministro de Defensa. Y en el ministerio del Interior, un alto funcionario policial. No casualmente, el nuevo gobierno ha vuelto a declarar el “Estado de Emergencia” que prohíbe las manifestaciones, restringe las libertades democráticas y da vía libre a la intervención de las fuerzas armadas y policiales (allanamientos, etc.). Las elecciones del 12 de abril se realizarán bajo este signo represivo: con el presidente constitucional depuesto y en prisión, con la militarización, especialmente de la capital, etc.

Democracia oligárquica

La destitución golpista de Castillo abrió una etapa de creciente reacción política (limitaciones al escaso derecho al aborto existente, etc.). El parlamento reaccionario avaló todos los arbitrarios “cambios institucionales” (Juntas Electorales, etc.) colocando a elementos de trayectoria antidemocrática a su frente. Realizó una “reforma constitucional” antidemocrática, terminando con el régimen parlamentario unicameral y creando un Senado cuya forma de elección proscribe, incluso, la presencia de minorías. Esta es la “democracia” peruana, donde un centenar de diputados corruptos, con decenas de acusaciones (incluso legales) han venido transformando las “instituciones” republicanas a espaldas de cualquier consulta popular. Según las encuestas realizadas por diversas organizaciones, más del 90% de la población repudia no solo a los presidentes golpistas, sino, particularmente, al parlamento “mafioso”.

El volcán de la crisis social

Pero casi toda la clase burguesa nacional e imperialista saluda, por encima de la inestabilidad política, la “estabilidad económica” que habría sido impuesta por el accionar del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Que ha actuado como el verdadero poder durante los últimos 20 años, bajo todos los gobiernos, al estilo libertario (de los Milei). Se le atribuye un éxito en la “macro” economía: tras 8 trimestres de déficit fiscal, ha logrado un trimestre de superávit el año pasado, no eliminando el déficit pero sí disminuyéndolo; tiene superávit en el comercio internacional (los monopolios mineros extranjeros y los nuevos monopolios del agropower exportan a lo loco, etc.), lo cual ha redundado en 97 mil millones de dólares de reservas (un 30% del PBI), etc.

Pero la situación social es calamitosa: 7 millones de trabajadores ganan por debajo de la mitad del costo de la canasta familiar e incluso del salario mínimo vigente; el 42% está subempleado; más de 9 millones están debajo de la línea de pobreza; el hambre avanza: según un estudio de Infobae (5/4) “el hambre en Perú alcanza cifras de hace 15 años”. Pero las exportaciones del agropower aumentan, llenando los bolsillos de la oligarquía exportadora. “Esta paradoja se refleja también en cifras recientes: más del 51% de peruanos enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a cerca de 17.6 millones de personas” (ídem). Comida hay, lo que no hay es plata para comprarla a precios internacionales. El 70% de los trabajadores está en negro y/o con contratos temporales que se renuevan constantemente y no terminan nunca.

La derecha en las encuestas electorales

Las encuestas preelectorales venían dando, hasta el mes de febrero, que ningún candidato superaba mucho más del 10% de la intención de voto y que un 25% tenía la intención de votar en blanco o nulo. La primacía la llevaban dos candidatos derechistas: el ultraderechista ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con el 13% y Keiko Fujimori (hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, Fuerza Popular) con el 9%, que sería la cuarta vez, a lo largo de un par de décadas, que iría a una segunda vuelta de ballotage. Dominaban las propuestas de “mano dura” frente al crecimiento de la inseguridad con el accionar de bandas de sicarios. Pero… el cierre oficial de publicidad de encuestas, realizado este domingo 5, una semana antes del escrutinio, ha presentado un nuevo panorama: Keiko Fujimori se colocó primera, subiendo al 15% y López Aliaga, con un 7% retrocedía a un incómodo cuarto puesto. Emergía la figura de un outsider populista derechista, el cómico Carlos Alvarez (País para Todos) con un 9%, ocupando el segundo lugar en el podio de las encuestas preelectorales. En el tercer (o segundo) puesto, se destacaba Roberto Sánchez Palomino (Juntos Por el Perú,  JPP) que había saltado del 3 a casi el 9%.

Roberto Sánchez aparece en el plano electoral como la “izquierda”. Surgido en el Partido Humanista, hace varios años, armó un frente electoral el año pasado con Antauro Humala, un aventurero populista, y ahora ha terminado constituyendo un frente centroizquierdista. En las elecciones del 2021 integró el frente Nuevo Perú, que llevaba a la centroizquierdista Veronika Mendoza, lista que fue apoyada por casi toda la centroizquierda y el nacionalismo burgués latinoamericano (kirchneristas, lulistas, etc.). Al ganar Pedro Castillo la primera vuelta, Roberto Sánchez pasó rápidamente a apoyarlo contra Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Por ello, Roberto Sánchez fue nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. Es de destacar que fue el único ministro que no fue cuestionado por los juzgamientos parlamentarios y que se mantuvo toda la gestión de Castillo, en el marco de numerosas crisis y cambios de gabinete. JPP se ha empoderado como sucesor del detenido Pedro Castillo: Roberto Sánchez usa -igual que Castillo- un sombrero de ala ancha y recibió, en los últimos días, el apoyo explícito del ex presidente.

¿Canalizará los votos de oposición popular al curso derechista que siguió el régimen peruano después del derrocamiento del presidente Castillo?

Castillo no produjo ninguna modificación del cuadro político-social. Fue de una nulidad e impotencia casi total. Pero su derrocamiento produjo una movilización popular intensa, especialmente en las comunidades indígenas, cuya represión dejó casi 80 muertos y decenas de detenidos.

Roberto Sánchez ha planteado que indultará a Pedro Castillo, decretando su libertad. Desde el punto de vista de su programa repite generalidades (mucho menos radicalizadas) como las que planteaba Castillo cuando ganó en el 2021. Prometiendo mejoras en la educación pública se “comprometió” a “declarar a la educación, como un derecho fundamental consagrado en la Constitución”. Declarar derechos es puro bla, bla. También anunció  su propósito de “reconocer formalmente a los mineros, vendedores informales y a los 10 millones de micro y pequeños empresarios del país. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer los beneficios para agricultores y pescadores artesanales dentro de un régimen que democratice el acceso a oportunidades”. Más bla, bla. No se plantea la expropiación de las mineras, ni de las fincas monopólicas del agropower, ni ningún cambio trascendental en materia previsional, de salud, etc. Dentro de este frente actúa Alternativa Socialista, con una política oportunista, apoyada por la Liga Internacional Socialista (LIS) que aplica sus tesis de construir “partidos amplios” y participar de listas electorales con sectores burgueses si esto le facilita un posible rédito electoral (ver "Sobre el III Congreso de la Liga Internacional Socialista", en revista En Defensa del Marxismo).

Participan del frente electoral en el centroizquierdista Juntos por el Perú, con la candidatura de Sofía Martínez, que estaría “al servicio de levantar un programa socialista, anticapitalista e internacionalista, que permita un voto consciente, incorruptible y coherente, en un escenario dominado por el oportunismo y la demagogia. No prometemos cargos ni privilegios: prometemos coherencia, lucha y compromiso con el pueblo”, llamando a la  “unidad anticapitalista frente a la ultraderecha”, dice la declaración de Alternativa Socialista.

Por una estrategia de independencia obrera

De todas maneras, la emergencia de la lista de JPP -y muy cerca de ella del centroizquierdista Alfonso López Chau (del Partido Ahora Nación)-  ha puesto nerviosos a varios centros de poder. Keiko Fujimori se había adelantado planteando la necesidad de combatir a la izquierda, promoviendo una segunda vuelta entre ella y López Aliaga.

Existe una amplia vanguardia que se reclama de izquierda, pero que no ha logrado reagruparse en torno a una orientación estratégica de independencia política. Este es el problema fundamental que deberá resolverse luego de la jornada electoral del domingo 12: la necesidad de poner en pie un agrupamiento político obrero y socialista, partidario de la lucha estratégica por un gobierno de trabajadores.

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