A pesar de la campaña del miedo (acusaciones de terrorismo, anuncios de la presidenta Dina Boluarte amenazando con más muertes sobre los que marcharan a Lima y salieran a las calles, amplio despliegue represivo desde días antes, cierre de universidades, presiones y cooptaciones sobre algunos dirigentes, etc.), debemos señalar que la jornada nacional de lucha del 19 de julio se hizo sentir en todo nuestro país expresando que la resistencia contra la dictadura pro yanqui continúa. El gobierno estima, tendenciosamente, en 21 mil los manifestantes, en Lima, cifra mayor que en anteriores marchas. El jefe de gabinete había pronosticado entre 2.000 y 4.000. La participación a nivel nacional ha sido de decenas de miles. Según la Defensoría, hubo movilizaciones en 59 provincias mientras que se bloquearon vías en 64 provincias. Hubo 11 heridos y 6 detenidos. Las fuerzas represivas igualmente tuvieron que acudir a reprimir con gases, palazos y perdigones a la noche en Lima y en varias rutas.

A diferencia de las dos “Tomas de Lima” anteriores, la marcha del 19J en la capital tuvo mayor composición de la clase media limeña. Esto respondería a la ofensiva reaccionaria protofascista que tiene su bunker en el Congreso de la República (caracterizado por variados escándalos de corrupción), y a su fuerza de choque en el grupo denominado La Resistencia (que ha acosado incluso a periodistas de centro derecha liberales). Este se reunió recién con el viceministro de cultura, y se reclama admirador de Hitler. Una acción produce una reacción. En este caso, la convocatoria a la marcha fue hecha también por periodistas filo neoliberales como Rosa María Palacios.

En la marcha participaron algunos partidos y personalidades burguesas como el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, el partido Primero Perú de Martín Vizcarra, y la centroizquierda de Verónika Mendoza, todos ellos de acuerdo con un planteo de “salida política” a la crisis que pasa por el adelanto de elecciones “como punto de consenso”.

El llamado “adelanto de elecciones” tiene como objetivo inmediato sacar a las masas trabajadoras de la movilización y las calles para derrocar al régimen golpista y llevarlas al terreno de la contienda electoralista. Y estratégicamente: mantener el régimen de explotación y opresión capitalistas impidiendo que las masas discutan en una Asamblea Constituyente Soberana cambios radicales en el sistema a favor de los trabajadores.

La consigna de “adelanto de elecciones” no tuvo consenso, no fue votada en el I Encuentro de Organizaciones Sociales, realizado a principios de julio, en Puente Piedra, que es el que convocó a la Jornada Nacional del 19J. Lo que allí se aprobó por mayoría popular, fue movilizarse por la renuncia de la dictadura, el cierre del Congreso, la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la libertad para todos los presos políticos y juicio de responsabilidades para los culpables de las muertes durante la rebelión popular.

Entonces, el “adelanto de elecciones” es una política de contrabando que está metiendo la centroizquierda, haciendo gala de su vocación antidemocrática respecto a lo votado y su objetivo de mantenerse (con algunos retoques) dentro del “orden” capitalista.

En un extremo (¿?) el ex ministro del presidiario Alejandro Toledo, Nicolás Lynch, planteó que habría que llegar a un acuerdo con el establishment. Verónika Mendoza –cuya bancada votó en el parlamento por el golpe-destitución de Pedro Castillo y luego ante la irrupción de la sublevación popular se reacomodó- se apura para inscribir su “nuevo” partido Nuevo Perú en la justicia electoral para poder participar en las elecciones (Tampoco hay que olvidar que Mendoza fue apoyada en la elección donde ganó Castillo por el llamado Encuentro de Puebla que reúne a la centroizquierda y el nacionalismo burgués latinoamericano: kirchnerismo, lulismo, etc.).

Desde ya que Lynch se opone a la convocatoria de una Constituyente sobre la base de la caída del actual régimen golpista. Declaró que “el problema con la Constituyente chilena fue que no hubo acuerdo con el establishment político pinochetista”. Al contrario, la Constituyente chilena fue una salida del régimen pinochetista de Sebastián Piñera, producto de un acuerdo entre las fuerzas reformistas de izquierda y la derecha. La Convención Constituyente no fue ni libre ni soberana. Es decir que sesionó como un apéndice subordinado al poder constituido por el presidente y el Congreso Nacional. Por eso, la Constituyente tutelada no pudo resolver ninguno de los problemas nacionales. Un intento de liberar a los presos políticos del alzamiento popular contra Piñera fue bloqueado y delegado al parlamento manejado por la derecha (hasta el día de hoy, todavía hay presos políticos, ahora en las cárceles de Gabriel Boric).

El planteo de Lynch de convocatoria a elecciones significa que estas sean convocadas por la presidenta y/o el parlamento golpista responsable de 70 muertos, casi 2.000 heridos y otros tantos detenidos y procesados. Régimen que se ha empeñado en ir copando todos los estamentos estatales (justicia electoral, etc.) para garantizar futuros fraudes que hagan imposible la irrupción de candidaturas que no sean del agrado del establishment. Y garantizar que la casta política –con pequeñas variaciones- siga gobernando bajo el mismo régimen explotador capitalista. Cambiar moco por babas.

¿Que se vaya Otárola y que se quede Dina?

Fredy Vracko, de la Asociación de movimientos regionales, ha planteado que en aras del diálogo y de dar una salida a la crisis política, el premier Alberto Otárola debe ser cesado para luego sentarse a conversar con la dictadora. Una salida capituladora. En el cálculo de este y otros personajes, vinculados al Partido Morado, “es necesario crear una grieta al interior de la dictadura para debilitarla”. El cambio del premier no necesariamente la va a debilitar, al contrario, le lava la cara a la dictadora Boluarte, permitiendo recomponer su imagen, confundiendo a las masas. En verdad, es un eventual salvavidas el que le tira Vracko a la dictadura.

Pero esta posición de Vracko es una variante de la que levantan otros sectores centroizquierdistas y burocráticos. La burocracia de la central obrera, CGTP, dirigida por el PC estalinista, no ha llamado a parar el 19J y se empeña en reclamar a la presidenta golpista que renuncie para no “polarizar a la sociedad” y convoque a elecciones adelantadas. Clama por la “paz social”, que no es otra cosa que los trabajadores acepten la superexplotación capitalista.

Boularte, durante la jornada de movilización, hizo declaraciones en favor de iniciar un “diálogo social”, no político -declaró. Una política de claro propósito de cooptación de dirigentes opositores.

Gerónimo López, del secretariado de la CGTP,  se adelantó y días antes del 19J, ya se sentó  a negociar con el ministro de Trabajo del gobierno golpista la eventual puesta en marcha del Consejo Nacional del Trabajo, un organismo tripartito con las patronales y el Estado.

Jorge Pizarro, referente público de Nuevo Perú, declaró: “En tiempos de crisis general no hay fórmulas rígidas sino de gran creatividad”. Oponiéndose oblicuamente al derrocamiento revolucionario de la dictadura y pronunciándose a favor de un remanido “frente social por el cambio en democracia para superar la crisis política y social”.  Búsqueda, también, de un frente “popular” con sectores del establishment, dándole garantías de que no va a evolucionar hacia una revolución que instale un gobierno de trabajadores.

Vigorosa reacción combativa de la Conul

La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (Conul) ha sacado rápidamente un comunicado nacional haciendo un balance. Parte en primer lugar de reivindicar la plataforma de lucha votada en el Plenario Nacional donde plantea claramente:

“El total de pueblo movilizado a nivel del Perú son más de un millón de peruanos y peruanas que se han expresado en diversas formas de protesta democrática por la plataforma siguiente: 1) Renuncia de Dina Boluarte, 2) Cierre del Congreso, 3) Asamblea Constituyente para una nueva Constitución; 4) Libertad de todos los presos políticos (desde el 7 de diciembre en adelante) y cese de la persecución política, judicial contra los luchadores sociales 5) Sanción a los responsables mediatos y directos de más de 70 peruanos asesinados y 1.800 heridos, así como justicia y reparación para las familias de las víctimas, 6) Defensa de la soberanía nacional: fuera las tropas yanquis del Perú, 7) No a la privatización de la educación, la salud, el agua, y otros derechos fundamentales, y básicos del pueblo; ¡no a la renovación de los entreguistas contrato – ley, por la transformación e industrialización del litio, y otros recursos naturales estratégicos para el desarrollo nacional; por el apoyo y desarrollo del agro y la seguridad alimentaria para el pueblo, por el apoyo a la pequeña y mediana empresa, y trabajo para todo el pueblo”.

Y sale a responder el llamado al “diálogo” de Boularte:

“Llamamos al pueblo peruano a continuar la jornada de lucha hasta lograr nuestro objetivo planteado en la plataforma de lucha, no habrá y no cabe ¡ningún dialogo! No puede haber ningún diálogo con un gobierno usurpador, asesino (repudiado por 95% de pueblo peruano y sin legitimidad), con un congreso controlado por mafiosos y delincuentes, entreguista que se han atrevido permitir la invasión del territorio nacional con tropas extranjeras norteamericanas, abdicando la soberanía y libertad de los peruanos y peruanas! Rechazamos y repudiamos la traición de algunos Gobernadores Regionales y alcaldes y reiteramos nuestros llamado al pueblo que heroicamente continúa su lucha por la nueva democracia y defensa de la patria para la presente y futuras generaciones…”. Convocando a diversas medidas de movilización hasta el sábado 29 de julio.

El domingo 30 se reunirá de nuevo el Plenario Nacional de la Conul que votará el curso a seguir. Allí, seguramente, se desatará un importante debate entre los que quieren negociar una salida con elecciones anticipadas y los que se oponen planteando la caída de Dina y el Congreso fujimorista y que se imponga una Asamblea Constituyente. Para una salida democrática revolucionaria, la Constituyente debe ser soberana, tomando en sus manos el gobierno directo del país, mientras va discutiendo, votando y ejecutando las medidas que satisfagan las necesidades del pueblo trabajador y la nación explotada.

Lima, la capital del Perú y el centro político del país, está en retraso respecto a las luchas que vienen desarrollando las comunidades campesinas y de los pueblos originarios del interior (especialmente del Sur). La dictadura está preocupada para que se mantenga este apartamiento de las masas capitalinas de la rebelión popular nacional. Incluso se ha lanzado a recorrer barrios prometiendo “obras” (agua, etc.) para apartar cualquier tendencia a sumarse a la lucha nacional. Pura verborragia demagógica.

Pero, efectivamente, el Perú del interior está en gran medida alzado, luchando por terminar con el golpe, mientras que en la capital, los obreros no terminan de sumarse en forma organizada a las movilizaciones. La conflictividad de las masas del interior se ha incrementado notablemente contra los monopolios mineros que hunden las zonas donde actúan en desastres ambientalistas. Pero los 150 mil obreros mineros no han sido movilizados, a pesar de que en gran medida están tercerizados, precarizados, etc. La burocracia de la CGTP no sale a organizar a los trabajadores, no baja a las fábricas y empresas para armar planes de lucha por las reivindicaciones salariales y sindicales, no desenvuelve un método de lucha democrático de organizar asambleas de fábricas para organizar, concientizar y sumar a los trabajadores a la lucha nacional contra el gobierno golpista.

Por asambleas y plenarios que reclamen la convocatoria a un congreso nacional de delegados elegidos en asambleas de empresa, para votar un plan de lucha consecuente, hacia la huelga general, que barrería con el golpe.

Los sectores de izquierda y de vanguardia deben concurrir al II Plenario de la Conul con mandatos de asambleas para imponer la continuidad del plan de lucha por la plataforma fundacional.

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-el-reclamo-por-la-vivienda-en-visperas-de-la-toma-de-lima