Preparada con mucha anticipación -como anunciáramos en nuestra nota anterior, el miércoles 15 se realizó en Perú una jornada nacional de movilización. Decenas de miles marcharon en todo el país, con epicentro en la capital, Lima. Una de las consignas centrales de la jornada de lucha anunciada, era la caída de la presidenta Dina “Asesina” Boluarte. Esta fue, sorpresivamente, destituida el viernes 10, por mayoría (casi unánime) parlamentaria, nombrando en su lugar como presidente provisional del Perú a José Jerí, el presidente del parlamento Unicameral.

El nuevo presidente declaró que su gobierno era de transición hasta las elecciones generales que se realizarán en seis meses, convocando al “diálogo" político. Quiso abortar la realización de las marchas del 15. Prometió atender las demandas de la Generación Z (“están exigiendo cambios y debemos construir acuerdos mínimos”), que viene constituyendo la masa de las movilizaciones juveniles. Recibió también a Aldo Mariños, alcalde del pueblo minero de Pataz, quien llegó el domingo 12 a Lima, tras caminar durante 45 días y recorrer 900 kilómetros para pedir al gobierno y al Congreso obras (un hospital) y medidas para garantizar la seguridad. Había adherido y llamado a movilizarse el 15, pero al salir de la reunión con el presidente, declaró que ya no participaría en las siguientes protestas. Esto desató indignación en los convocantes a la marcha del 15, acusando a Mariños de haber sido cooptado.

La marcha del miércoles 15 fue multitudinaria no solo en Lima. Decenas de miles se movilizaron y fueron fuertemente reprimidos. Fue una represión planificada por la conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP). Dispararon con perdigones a la cabeza y al cuerpo. Cayó asesinado Eduardo Ruiz Sanz, un conocido rapero (Trkvo) de 32 años. Le dispararon a quemarropa, policías vestidos de civil: los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra. “Terna” es una rama especial de policías de civil que en Perú se infiltran en las movilizaciones populares armando provocaciones y deteniendo activistas. También está internado, con coma inducido por trauma cráneo encefálico, Luis Reyes Rodríguez, otro joven manifestante y hay más de medio centenar de heridos y varias decenas de detenidos.

Crisis

El nuevo jefe de gabinete, el ultraconservador Ernesto Alvarez Miranda, justificó el accionar represivo contra la manifestación planteando que se trataría de un “accionar subversivo” para impedir o condicionar las elecciones. Similares posiciones levantó el general Óscar Arriola Delgado (especializado en Inteligencia), nuevo comandante de la PNP, nombrado días antes de la “vacancia” de Dina “Asesina” Boluarte.

Las pruebas existentes (videos, testigos) llevaron a que se anunciara que los suboficiales Magallanes y Saavedra fueron detenidos acusados del asesinato de Ruiz Sanz. El presidente Jerí declaró “duelo nacional” con la puesta de la bandera “a media asta”, anunció que el tratamiento del activista internado descerebrado será solventado financieramente (evidenciando el desastre de la salud pública) por el Estado y que estudiará ayudas económicas para los heridos y sus familias.

Pero estos “gestos” fueron rápidamente “compensados” por un acto, fuertemente publicitado, para homenajear la intervención policial en la represión del miércoles 15. Allí se anunció la distribución de “canastas” especiales para todos los efectivos que participaron de dicho accionar. Un premio al “gatillo fácil” y al cachiporrazo policial. El acto contó con la presencia protagónica del presidente Jerí y su jefe de gabinete.

El acto se habría hecho para aventar temores en las filas policiales, ante las versiones de que se reestructurarían los mandos. Estos habían sido favorecidos, bajo el gobierno Boluarte y la Unicameral, con una “ley de amnistía”, que excluía de cualquier sanción a los responsables de la matanza de más de 60 jóvenes, trabajadores y campesinos en oportunidad del golpe que destituyó al presidente Pedro Castillo.

La devoción represiva no se ha manifestado en el desarme del accionar mafioso que recorre desde hace meses Lima y otras ciudades, donde se pide el pago de “protección”, especialmente a propietarios de transportes y también a sus choferes. Decenas de conductores de buses han sido asesinados por las mafias. Al día siguiente de la marcha, el jueves 16, fueron acribillados mientras manejaban, dos choferes de una combi, en el distrito de Lurín (Lima). Esto originó un “paro de motores” simbólico este viernes 17.

¿Cómo se enfrenta el accionar terrorista contra el pueblo de las mafias sicarias?

La policía se dedica a reprimir los reclamos populares. El nuevo jefe de Policía viene con un expediente acusatorio de haber cubierto, para impedir su detención, a un grupo mafioso. Las manifestaciones exigen “medidas firmes” contra el sicariato. Darle más poder a las fuerzas represivas es colocar al zorro asesino al “cuidado” del gallinero. El “nuevo” gobierno ha anunciado que tomará drásticas medidas declarando la “situación de emergencia” en Lima, lo que significará la eventual supresión de libertades democráticas (allanamientos etc.), incluido el eventual “toque de queda”, y… la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Sería una militarización y un eventual “golpe” cívico/militar, como “transición” hasta las elecciones de abril 2026.

Todo esto para mantener sumergidas en la miseria a la juventud y a las masas trabajadoras. Perú es, según la OCDE, el quinto país en el mundo con mayor proporción de jóvenes que ni estudian, ni trabajan (un millón y medio). No hay futuro alguno, salvo la degradación, para la juventud trabajadora. Las movilizaciones han logrado postergar (pero no ha sido derogada) la reforma previsional por la que todo joven al cumplir 18 años debía aportar un 2% a las AFP en manos privadas. Una exacción directa que movilizó a la juventud, incluso sin relación salarial de dependencia.

Existe gran confusión sobre cómo enfrentar la “crisis de seguridad”. Hay quienes piden una “mesa de diálogo”. Suelen ser usadas para cooptar (como acaban de hacer con el intendente de Pataz) en apoyo a la estructura del poder. Es ridículo pedir a las trasnacionales y a los capitalistas que dejen de explotar a los trabajadores y esquilmar las riquezas del país y a las mafias sicarias que dejen de matar a los pobres. El pueblo debe autoorganizarse: asambleas populares en los barrios y asambleas y plenarios en empresas y sindicatos para organizar la autodefensa. La PNP debe ser disuelta por ser un nido de corrupción y represión contra el pueblo. La central obrera (CGTP), dirigida por una histórica burocracia sindical partidaria del colaboracionismo de clases, está ausente. Suele “adherir” a las marchas a último momento, sin aportar a las mismas. Es necesario impulsar un real centro de coordinación de todas las manifestaciones y medidas de lucha: plenarios regionales y nacional de delegados elegidos y mandatados en asambleas obreras y barriales, para discutir un programa reivindicativo y un plan de lucha nacional.

Las consignas en las manifestaciones plantean “Que se vayan todos”. Una Asamblea Constituyente Soberana debería discutir el destino de la Nación. Para que sea realmente soberana y no un remedo del poder, deberá ser impuesta por el movimiento de lucha del pueblo trabajador. Hace falta avanzar en construir una organización socialista revolucionaria que intervenga y ayude a guiar este difícil camino.