En la madrugada de este martes 28, 2.500 efectivos policiales apoyados por una treintena de vehículos blindados, una docena de camiones de demolición, drones y helicópteros tomaron por asalto las villas/“favelas” del Alemao y Penha, en Río de Janeiro, donde viven unas 300 mil personas. El “objetivo” informado -por el derechista gobernador Claudio Castro, aliado del detenido expresidente fascistoide, Jair Bolsonaro- era poner presos a una cantidad de pandilleros del llamado “Comando Vermelho” (CV), una de las bandas de narcotraficantes más importantes del Brasil, que hace décadas viene actuando bajo distintos gobiernos, incluyendo, por supuesto, el de Bolsonaro. Este recolectó, en su momento, en estas favelas una cantidad importante de sus “milicianos” para formar fuerzas parapoliciales fascistoides. Según un informe citado por The New York Times en 2018, de las 1.000 favelas que había en Río de Janeiro, el 45 por ciento estaba controlado por las “milicias”.

El operativo lanzado por Castro, produjo la mayor carnicería policial de la historia de Brasil. Inicialmente se informó de 64 muertos, pero ya las cifras superan los 130, de los cuales 4 serían miembros policiales. Han surgido fuertes denuncias de que entre las víctimas fatales habría numerosos vecinos completamente alejados de cualquier sospecha delictiva. También se informó sobre 81 detenidos, cifra que ya ha sido elevada a 113. Y se siguen sumando datos. Hay testimonios de muertos por un tiro en la nuca: un ajusticiamiento directo.

Varias organizaciones de derechos humanos –la Defensoría Pública Federal (DPV), Human Rights Watch Brasil, etc.- han planteado la necesidad de realizar una investigación sobre este operativo por evidentes violaciones a los derechos humanos: se habría llevado adelante, en forma inmisericorde, una salvaje política de “gatillo fácil”. La DPV declaró: “Las acciones del Estado relacionadas con la seguridad pública no pueden resultar en ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, ni violaciones de los derechos humanos, especialmente en comunidades históricamente marcadas por la desigualdad y la falta de políticas sociales”. En Brasil, hay una represión permanente sobre la población negra y joven: ser negro tiene 2,7 veces más posibilidades de ser asesinado, según El País de España. La derecha hace mucho tiempo que trata de hacer aparecer como “enemigo interno” y “narcoterrorista” a la población pobre y negra.

El operativo del gobernador Castro es parte de una maniobra política, no meramente policial. Según los analistas la violencia en Brasil ha retrocedido (la más baja en los últimos 11 años), aunque es una de las más altas del mundo. El gobernador bolsonarista y su jefe de seguridad, Víctor Santos, consideran que está en juego la “seguridad nacional” y acusan al gobierno federal de Lula de no darle apoyo. Afirman haber pedido la participación de blindados y de las Fuerzas Armadas en el operativo, lo que habría sido negado. Pero el ministro de Justicia de Lula, Lewandowsky, niega que se les haya informado de la realización del operativo y del pedido de ayuda. En enero, el gobernador Castro pidió la presencia de blindados y un avance en la militarización: cosa que no fue aceptada por Lula, quien planteó los procedimientos para decretar un GLO (trámite para hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en la represión interna).

Lucha de bandas

Comando Vermelho no es la única banda narcotraficante actuante en Río, existen media docena de ellas. Otra banda grande competidora del CV es la llamada “Primer Comando de la Capital” (PCC). Hacía tiempo que no había choques entre las dos bandas en las favelas por el dominio del negocio del narcotráfico, que se calcula mueve alrededor de 6 mil millones de dólares anuales. Esto se debía a que habían establecido un “acuerdo” de división de áreas de “trabajo”. Pero ese acuerdo se había roto hace unas semanas y había preocupación de cómo esto se iba a procesar en nuevos enfrentamientos entre bandas. Existen fuertes sospechas de que el operativo no ha sido ajeno a esta lucha, favoreciendo el avance del PCC.

El negocio capitalista del narcotráfico tiene, aquí, tres pilares: las bandas narcotraficantes, los “milicianos” derechistas que venden “protección” y también participan en los ilícitos y la propia policía que establece acuerdos y participaciones con estos sectores. Los “milicianos” se hicieron tristemente celebres por su participación directa en el asesinato de Marielle Franco, la concejala del centroizquierdista PSOL, que denunció la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión sobre las favelas, que impulsaba el gobierno golpista de Temer, en 2018.

Ofensiva derechista

En octubre de 2026 habrá elecciones presidenciales en Brasil. La derecha bolsonarista y sus aliados están entrando en la campaña hacia las elecciones usando el problema de la lucha por la seguridad, contra los “narcos” y “terroristas”. En el medio está presente la intervención directa del presidente yanqui, Donald Trump. Este ha reclamado que se anule la condena contra Bolsonaro por haber intentado un golpe de Estado. La justicia –impugnada por Trump- lo condenó a 27 años de cárcel. Y el presidente norteamericano anunció aranceles del 50% a exportaciones brasileñas en represalia. La derecha parlamentaria (el Centrao y los bolsonaristas) han lanzado una campaña por la “amnistía” para Bolsonaro y sus “milicianos” civiles y militares juzgados y/o procesados (en la Argentina hay una cantidad de bolsonaristas, que se han fugado de la justicia brasileña, reclamado se los reconozca como “refugiados políticos”).

No parece casual que el gobernador Castro haya elegido este martes 28 para lanzar su operativo contra el “narcoterrorismo” en las favelas, en onda con la campaña de bombardeos y hundimientos de barcos que viene realizando Trump contra Venezuela con la misma “bandera”. Flávio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, declaró hace poco que “Estados Unidos debería bombardear la Bahía de Guanabara (en Río de Janeiro) donde hay narcotráfico”.

Los lulistas consideraban hace unos días que Trump había dado un paso atrás en su reclamo por la libertad de Bolsonaro y su presentación electoral, para centrarse en acuerdos económicos con Lula (etanol, tierras raras, aranceles, etc.). Pero en el encuentro que Trump y Lula tuvieron el reciente domingo 26, en Malasia, no parece haber surgido un acuerdo. Lula trató de convencer a Trump que Bolsonaro “ya había pasado” y ofreció acuerdos en todos los reclamos económicos: “Si quiere hablar de minerales críticos, tierras raras, etanol, azúcar, no hay problema. Estoy dispuesto a hablar de todos los temas”. Lula planteó que había “acuerdos” que ahora tendrían que redondear los ministros de ambos países. Trump fue mucho más cauto.

Concreto es, también, que el Tribunal Supremo del Brasil va a revisar esta semana las sentencias dictadas contra Bolsonaro y sus cómplices golpistas.

El gobierno nacional de Lula no presenta una política diferenciada para terminar con el narcotráfico y no está reaccionando frente a la derechista acción terrorista policial –no da respuesta a la violencia creciente contra los negros y los pobres- que tratan de crear un clima derechista nacional. Por el contrario, se adapta a la derecha. Y, socialmente, no toma medidas a favor de las masas de trabajadores y jubilados. Se escuda que en el parlamento sus mínimas iniciativas sociales (elevar el monto mínimo para la aplicación del impuesto a las ganancias para los salarios, etc.) se encuentran bloqueadas por la derecha parlamentaria. Pero las organizaciones de masas (centrales obreras, campesinas, de vivienda, estudiantiles) se mantienen paralizadas bloqueando una masiva intervención de las masas para recuperar las conquistas perdidas bajo los gobiernos de Temer y Bolsonaro. Una parálisis que beneficia a la derecha y su prédica represiva.

Completa independencia de las organizaciones obreras respecto al gobierno que concilia con los patrones, la policía, la represión y el imperialismo. Abajo las reformas laborales, previsionales, educativas antiobreras y reaccionarias. Poner en pie de lucha por sus reivindicaciones y contra los acuerdos criminales/policiales, al pueblo y la juventud trabajadora. El narcotráfico es un negocio capitalista (no marginal) que se asienta en la acción de los traficantes, los bancos que blanquean sus ingresos, la policía y la justicia de la clase patronal. Y este negocio no pretende ser desmontado ni por Lula en Brasil, ni por Trump en Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico, transformado por Trump en “narcoterrorismo”, es una excusa para la intervención directa, político/militar imperialista. Nacionalizar la banca y colocarla bajo control obrero, abriendo sus libros contables, desnudará la esencia de esta rama de ganancias capitalistas. La policía cómplice y los “milicianos” vendedores de protección no frenarán, sino incentivarán este accionar delictivo.

¡Fuera la agresión militar estadounidense contra Venezuela y toda presencia imperialista en América Latina!

Unamos las luchas de los pueblos latinoamericanos con la de los trabajadores estadounidenses contra Trump. Declaración internacional -

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