19/11/20266 min lect.

Secundarios: fuera la policía de las escuelas porteñas

Macri avanza con un régimen de control y represión.

Policía de CABA.

El gobierno de Jorge Macri en CABA avanza sobre la convivencia escolar con una resolución que establece un protocolo para la intervención policial dentro de los establecimientos educativos, incluso sin orden judicial previa. Esta medida se suma a la política impulsada por Javier Milei a través del "0800 buchón": una línea nacional que recibe denuncias por supuesto “adoctrinamiento” en las aulas. Es decir, controlar a los docentes y su libertad de cátedra.

Se trata de la la Resolución Conjunta Nº 1/MEDGC/26 y estamos frente a un intento del Estado de avanzar sobre la vida cotidiana de las comunidades educativas. Mientras se promueven canales para que estudiantes denuncien a docentes que no piensan como el gobierno, se establecen mecanismos para que las autoridades escolares se vean obligadas a denunciar a estudiantes, incluso por hechos que no sucedan en las escuelas.

Se pretende instalar una lógica de vigilancia y disciplinamiento cuando se está implementando la Reforma BA Aprende, que ataca a docentes y estudiantes por igual, recortando contenidos y despidiendo docentes. Es justamente contra la aplicación de esta reforma que los docentes vienen realizando paros con movilizaciones y que los estudiantes vienen tomando las escuelas. Casualmente, la resolución represiva de Macri aparece después del inicio de las tomas.

A la vez, eventuales problemas de convivencia entre estudiantes y docentes corren el riesgo de trasladarse al terreno judicial y policial. En lugar de promover instancias de resolución colectiva, reforzando los gabinetes y equipos de orientación que están vaciados y sin profesionales para atender las problemáticas de los estudiantes, se busca introducir mecanismos de control que deterioran la confianza entre docentes y estudiantes.

Esta orientación del gobierno de Jorge Macri es posible gracias a la reforma del Régimen Penal Juvenil impulsada por el gobierno de Javier Milei. La aprobación de la Ley 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, representa otro avance de una política que busca responder a los problemas sociales mediante el castigo, criminalización y encarcelamiento de cada vez más jóvenes.

La posibilidad de que adolescentes sean sometidos a procesos penales y reciban penas privativas de libertad expresa una concepción profundamente represiva de las juventudes. Mientras se recortan recursos destinados a la educación, la salud y las políticas sociales, el gobierno amplía las herramientas del sistema penal.

No se trata de negar el problema de la inseguridad ni el dolor de las víctimas. Se trata de cuestionar una respuesta que pretende resolver las consecuencias de la desigualdad criminalizando a quienes más sufren sus efectos, ¿o no son los pibes más empobrecidos los que terminan como carne de cañón para las redes de narco que no paran de avanzar en los barrios gracias al gobierno de Milei, que ajusta a la educación y a los comedores populares? Incluso es la propia policía la que organiza junto a esas redes el delito, y tenemos casos como Luciano Arruga, que tenía 16 años cuando desapareció, y hoy sabemos que fue asesinado por la Policía Federal por negarse a robar para ellos. La pobreza no es un delito y los pibes no somos el enemigo.

Tanto Milei a nivel nacional como Jorge Macri en CABA impulsan medidas que avanzan sobre nuestros derechos. Mientras las escuelas atraviesan problemas edilicios, falta de presupuesto y escasez de profesionales, los gobiernos destinan sus esfuerzos a ampliar los mecanismos de vigilancia y castigo. El Estado que no garantiza condiciones dignas de vida es el mismo que busca aumentar su capacidad de intervención punitiva sobre las juventudes.

Desde la UJS, sostenemos que no puede existir una política de seguridad desligada de las condiciones materiales de vida. No alcanza con aumentar las penas ni con multiplicar los mecanismos de vigilancia si no se combate la desigualdad, la precarización laboral, la falta de acceso a la vivienda y el vaciamiento de los servicios públicos. La seguridad también significa poder estudiar, tener un trabajo digno, acceder a la salud y vivir en condiciones adecuadas.

La aprobación de la reforma penal juvenil y la resolución represiva de Macri en las escuelas de CABA demuestran la necesidad de que los estudiantes secundarios intervengamos políticamente frente a los ataques a nuestros derechos. No podemos permitir que las decisiones sobre nuestro futuro se tomen sin nuestra participación.

Los centros de estudiantes, los cuerpos de delegados y las organizaciones estudiantiles tenemos que impulsar asambleas, pronunciamientos y acciones en cada institución contra la intromisión policial en nuestras escuelas para vigilar y castigar nuestra lucha por presupuesto y una educación de calidad. Necesitamos construir una respuesta colectiva junto a los trabajadores de la educación y sus organizaciones, porque el ajuste y la represión forman parte de una misma orientación política.

La escuela tiene que ser un espacio de formación, pensamiento crítico, participación y construcción colectiva. No queremos a la policía para vigilar las medidas que tomemos frente al ajuste que vivimos ni queremos estudiar bajo un régimen de persecución y disciplinamiento. Defendemos una educación que garantice nuestra libertad de expresión, organización y participación.

Frente al ajuste y la represión de Milei y Macri, los secundarios tenemos que organizarnos. No queremos más policías ni mecanismos de persecución: queremos más derechos, educación y futuro. Este 28 de noviembre te esperamos en el Congreso Nacional de la UJS para debatir cómo enfrentar estos ataques y organizar una respuesta desde los secundarios. Vamos por: derogación de la Ley 27.801 y rechazo a la baja de la edad de imputabilidad; rechazo a la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 y al ingreso de la Policía a las escuelas; rechazo a la reforma antipedagógica BA Aprende; aumento del presupuesto para la educación pública y mejoras en la infraestructura escolar; titularización y aumento salarial para nuestros docentes; fortalecimiento de los Departamentos de Orientación Escolar (DOE) y creación de equipos interdisciplinarios en todas las escuelas; incorporación de profesionales de salud mental para garantizar el acompañamiento de los estudiantes; becas estudiantiles que permitan sostener la continuidad educativa; acceso gratuito a clubes, actividades deportivas, culturales y recreativas; presupuesto y herramientas para la implementación de la ESI laica y científica para trabajar la problemática de las violencias en las escuelas; trabajo genuino, salarios dignos y derechos laborales para las familias trabajadoras; presupuesto y acceso a la salud, la educación y la vivienda como derechos fundamentales; participación de los centros de estudiantes y las organizaciones juveniles en la discusión de las políticas que afectan a nuestras vidas.

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