LGBTI

24/9/2026

La legisladora Vanina Biasi presentó proyecto para ratificar la Marcha del Orgullo para el 7 de noviembre

Jorge Macri busca impedir la movilización.

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Imagen: archivo

Desde la banca del Partido Obrero-FITU en la Legislatura porteña, la legisladora Vanina Biasi presentó un proyecto de ley elaborado por la Federación Argentina LGBT (FALGBT), organización convocante de la Marcha del Orgullo. La iniciativa ratifica la fecha de la marcha -un derecho otorgado a las organizaciones sociales por la Ley 6.482/21- y le exige al Gobierno de la Ciudad que arbitre los recursos necesarios para garantizar la realización del evento en la fecha fijada, como también lo establece la ley del año 2021.

La Marcha del Orgullo constituye desde 1992 una de las principales manifestaciones públicas por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y de otras identidades y expresiones de género de nuestro país. Durante más de tres décadas, organizaciones sociales, activistas y miles de personas han construido esta movilización como un espacio de visibilidad, celebración, memoria y reivindicación de derechos.

Macri, con la Iglesia

El gobierno porteño intenta prohibir la Marcha del Orgullo para responder a la agenda de la Iglesia y la derecha. Bajo la pretensión de garantizar la "seguridad" del jefe del Estado clerical, la gestión de Jorge Macri aplica un veto de hecho sobre una movilización histórica contra la discriminación, la violencia de Estado y la quita de derechos del colectivo LGBTIQ+.

A través de una resolución, el Gobierno de la Ciudad dictó restricciones al uso del espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre de 2026. La medida, escudada en el operativo de seguridad por la visita oficial del Papa León XIV, afecta de lleno a la 35 Marcha del Orgullo LGBTIQ+, cuya fecha, 7 de noviembre, había sido definida e informada por la comisión organizadora desde diciembre de 2025.

El propio marco legal de la Ciudad (Ley 6.482) reconoce de forma explícita que la definición y organización de la Marcha del Orgullo corresponde al ejercicio del derecho a la movilización de las organizaciones sociales, activistas e independientes del colectivo LGBTIQ+, y no al arbitrio del Poder Ejecutivo.

Este ataque no es un hecho aislado; se da en un marco generalizado de recortes en salud pública, vaciamiento de programas de diversidad y un recrudecimiento de la violencia hacia las personas trans, travestis y no binarias que se promueve desde el poder político, con Milei a la cabeza.

Subordinar esta histórica movilización a la agenda de la Iglesia Católica y a los requerimientos de la diplomacia vaticana configura una injerencia estatal inaceptable y un avasallamiento sobre los derechos de reunión, expresión, protesta y movilización popular.

Garantizar la Marcha del Orgullo el próximo 7 de noviembre no es solo defender un evento masivo, sino defender las libertades democráticas conquistadas con décadas de lucha en las calles.

Exigimos la anulación de la prohibición implícita del Gobierno porteño y el pleno respeto a la convocatoria dispuesta por el activismo.

Este 7 de noviembre, el orgullo copará las calles y la plaza.

¡No a la prohibición de la 35 Marcha del Orgullo! ¡Abajo la resolución de Macri! ¡Garantización e inmediata cobertura de la fecha resuelta por las organizaciones!

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