Este miércoles se cumplen cinco años de que Facundo Astudillo Castro fue retenido en Bahía Blanca, en la Ruta Nacional 3 por miembros de la policía Bonaerense, por "violar" la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. Nunca se lo volvió a ver, nadie dio información ni había registros de su ingreso en las comisarías (que luego se confirmó con allanamientos). Sergio Berni, que era el ministro de Seguridad de Kicillof, apoyó incondicionalmente el accionar de la bonaerense, que luego se probó criminal.

El 15 de agosto de 2020 su cuerpo fue hallado en un cangrejal en la localidad de Cerri, confirmándose posteriormente que su muerte fue producida por asfixia por sumersión -es decir, ahogado. Desde la confirmación de que el cadáver hallado era de Facundo, la lucha central de la familia, las organizaciones sociales, políticas y de DD.HH. se concentró en impedir que este crimen quedara impune.

Como hiciera Bullrich en su momento con Santiago Maldonado, el gobierno de Kicillof intentó instalar (con ayuda judicial y mediática) que Facundo se había ahogado solo, en un intento por rescatar a la Bonaerense. Es así que desde un primer momento, el encubrimiento político primó sobre el caso.

Mediante testigos implantados e incongruentes, la policía al mando de Berni negaba haberlo detenido, pero durante el allanamiento en la comisaría de Buratovich (conquistado únicamente por la lucha de los familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos), se encontró un objeto de madera que le pertenecía al joven. Es el mismo intendente de Villarino, el massista Carlos Bevilacqua, quien está señalado por entregar listas falsas de patentes con horarios cambiados, desviando el curso de la investigación. También fue apartada la jueza Marrón de la causa por falta de imparcialidad. Desde un principio se negó a ordenar las acciones más sustanciales: secuestrar celulares de comisarios, oficiales y suboficiales de la Bonaerense y allanar las comisarías donde ya se encontraron objetos y rastros del ADN de Facundo. Durante la investigación, la querella denunció ataques y persecuciones hacia testigos y familiares, por citar algunos ejemplos.

Hoy, la causa por desaparición seguida de muerte está abierta, pero la estancaron. Hay cuatro policías bonaerenses imputados, son Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Siomara Flores. Fue el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez quien primero los consideró sospechosos del crimen. El mismo fiscal que luego, en acuerdo con el Poder Ejecutivo provincial, embarró la causa hasta donde pudo y finalmente terminó renunciando al caso.

La impunidad en el caso de Facundo fue el antecedente de la utilización de esa misma Bonaerense para desalojar a un millar de familias sin techo en Guernica. El reforzamiento del aparato represivo que hoy promueve Bullrich viene de larga data, y así lo enfrentamos en su momento peleando por echar a Berni. Ahora, que reprimen a los jubilados y persiguen a luchadores piqueteros para ilegalizar la protesta social y la organización de los trabajadores, también otorgan carta blanca a las fuerzas de seguridad y allanan el terreno para nuevos caso como el de Facundo Astudillo Castro.

La justicia por Facundo Castro y la solución al flagelo del gatillo fácil no va a venir de los partidos que lo promueven y lo llevan a cabo. Hay que luchar, de manera independiente de todos los gobiernos, contra el manto de impunidad que protege a Berni y la Bonaerense, y contra la represión y persecución de los trabajadores y la juventud, que es sobre lo que se apoya.

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