Libertades democráticas
4/11/2025
Juicios lesa humanidad
Causa “Villazo”: un fallo a medida de la impunidad de Acindar
Absolvieron a los represores. Redoblemos la movilización popular hasta conseguir justicia.
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Foto: Laura Benítez
El martes 4 de noviembre, bajo una intensa lluvia, un conjunto de militantes obreros y populares con nuestras organizaciones esperamos la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad en la “Causa Villazo” (formalmente “Juicio Pellegrini”) frente al Tribunal Oral Federal Número 1 de Rosario.
El juicio llegó 50 años tarde, luego de mucha presión de los sobrevivientes de la represión ilegal y sus familiares para que haya justicia. Pero esta no se alcanzó: el tribunal formado por Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci absolvió a los 18 imputados en la causa. Fue con el voto en disidencia en dos casos de Sutter Scheneider, presidente del tribunal, lo que será una punta para la apelación que realizarán los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas (APDH y Cels).
La causa investiga secuestros, torturas y asesinatos contra 67 trabajadores, la mayoría de ellos activistas sindicales antiburocráticos del gremio metalúrgico y vecinos de Villa Constitución que participaron del levantamiento obrero popular conocido como el “Villazo” en 1974. Un proceso ligado a la lucha por expulsar a la burocracia sindical metalúrgica, que derivó en que la Lista Marrón Metalúrgica ganara las elecciones sindicales en 1975. Como reconoce el juez que votó en disidencia, los crímenes cometidos estuvieron motivados en perseguir a esos activistas por razones sindicales y políticas.
Los imputados eran 18 personas, la mayoría de efectivos de la Policía Federal, un policía de la Guardia Rural de Santa Fe y dos exempleados jerárquicos de la multinacional Acindar -entre ellos Roberto Pellegrini, cuyo apellido caratulaba la causa, quien era entonces jefe de personal de la empresa. Fue el responsable de entregar a los represores los legajos de los obreros, es decir de “marcarlos” para que los grupos de tareas pudieran llevar adelante la secuestros, torturas y asesinatos en esa zona industrial entre el 20 de marzo de 1975 y enero de 1976, como respuesta a la histórica protesta.
El Ministerio Público de Acusación marcó que las privaciones de la libertad se prolongaron por meses o años, según los casos. El pedido de penas iba de la presión perpetua a los 22 y 18 años de cárcel.
“Serpiente Roja del Paraná”
Dado que el corazón de la causa era juzgar las responsabilidades empresariales en la represión ilegal de Estado, es evidente que el fallo buscó blindar a la empresa Acindar, que financió y propició la “cacería” de obreros combativos para silenciar sus reclamos. A tal extremo fue así que dentro de la empresa funcionó un centro clandestino de detención y tortura denominado "Albergue de Solteros", señalizado en 2022 como sitio de memoria. El tribunal también rechazó reconocer legalmente este hecho, terminando el trabajo de impunidad de este grupo capitalista que apenas terminó la dictadura genocida demolió el sitio para eliminar pruebas, como ocurrió con muchos centros clandestinos.
Estos hechos ocurrieron mientras el general de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, que terminaría siendo ministro de Economía de la dictadura genocida. Por eso, esta resolución de ninguna manera puede tapar que el interés patronal estuvo detrás de estos crímenes de lesa humanidad, ni que la represión ilegal empezó antes del golpe de Estado de 1976 bajo el gobierno constitucional de Perón-Perón.
En este caso fue “Isabelita” quien en 1975 desplegó el Operativo Serpiente Roja del Paraná enviando más de 4.000 efectivos policiales, de Gendarmería, de Prefectura, elementos de la patota sindical y de la Triple A al norte de la provincia de Buenos Aires, a Villa Constitución y a San Lorenzo para descabezar a los obreros “rojos”. Junto con el Operativo Independencia, este otro operativo fue parte del ensayo general de lo que sería la represión sistemática y genocida de Videla, Massera y Agosti, en beneficio de la clase capitalista.
Un fallo a medida de Milei
Es inescindible este fallo del hecho de que gobierna Milei y su alumno Pullaro en Santa Fe. Tampoco puede omitirse que pasaron 50 años desde que ocurrieron estos crímenes y ningún gobierno impulsó la causa, seguramente para ocultar el rol criminal de las patotas y la Alianza Anticomunista Argentina bajo el último gobierno de Perón.
Mientras a nivel nacional se lanzan las reformas reaccionarias del FMI y Trump contra el pueblo trabajador de la Argentina, con la complicidad de la CGT y de buena parte del Congreso, el Poder Judicial quiere dar la señal de que para los trabajadores no habrá ni justicia. Ratifica el derecho de los gobiernos y del Estado de aplicar los métodos más brutales e inhumanos para defender los planes de ajuste, justo cuando Milei y Bullrich despliegan un arsenal de medidas para criminalizar la protesta social.
De cara a la apelación de este fallo vergonzoso la conclusión es que tenemos que redoblar la lucha y la movilización popular por conseguir justicia, que nunca vendrá de la mano de un régimen corrupto y venal al servicio de la impunidad para los capitalistas y sus mulos.
