Un Tribunal de segunda instancia dio lugar a un recurso de revisión de sentencia con la que sobreseyeron a Emanuel Berardo, Soledad Díaz y otrxs luchadores imputadxs por marchar contra el hambre en abril del 2023. El fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, fue quien impulsó un recurso con el que se pretende continuar una persecución judicial que representa un tiro por elevación al conjunto del movimiento obrero y popular.

Cabe recordar que, a fines de abril del corriente año, la Cámara de Acusación de la Justicia de Córdoba resolvió por unanimidad sobreseer a quienes estaban imputados en la causa denominada “Berardo y otros”. En este fallo se establece claramente que quienes fueron imputadxs no cometieron ningún delito, e incluso da a entender que se debe denunciar a los responsables de esta persecución política: los fiscales, la policía y el propio gobierno.

Sin embargo, y a pesar de que hay sobradas pruebas de que se trata de una causa armada, hasta con un espionaje contra quienes fueron imputados, el fiscal Leiva insiste en que se realice un juicio. Para ello se basa en un fallo inconstitucional, ilegal y arbitrario que emitió el juez Fernández López, que resolvió dar lugar a un habeas corpus que en su momento presentaron capitalistas amigos del poder.

Luego del sobreseimiento de luchadores, el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6), emitió un comunicado expresando su rechazo. Posteriormente, el fiscal de Cámara presentó el mencionado recurso de Casación.

Hay que tener en cuenta que el fiscal de acusación, bien visto, es el representante del Estado; y hay que decir que fueron los gobiernos de Schiaretti y Llaryora los que persiguieron y persiguen a luchadores populares. El carácter de clase del Estado salta a la vista.

El fallo que el juez López Fernández emitió en los primeros meses del 2023 ahora es vuelto a traer a colación en momentos en que Córdoba es un reguero de luchas por una recomposición salarial, y contra despidos. Todas demandas que tienen el denominador común de rechazar que, a lo Milei, Llaryora pretende cerrar paritarias de pobreza.

El fallo que absuelve a lxs luchadores fue arrancado con la movilización popular. En ese sentido, el Polo Obrero nunca abandonó las calles, y en esa tenaz lucha, y a medida que el ajuste contra salarios y jubilaciones continuó por parte de quienes gobiernan, hay cada vez más trabajadores que abrazan el método de la acción directa: piquete y asamblea.

En el fallo absolutorio se descartó de plano que existan elementos que califiquen a la movilización realizada en abril del 2023 como un delito. La insistencia en querer criminalizar el derecho a la protesta se da en momentos en que el gobierno facholibertario decretó la supresión del derecho a huelga sin que por ello la burocracia sindical de la CGT mueva un dedo al respecto.

Es claro que no hay "Justicia independiente"; el fiscal actúa por cuenta y orden del gobierno de Córdoba. En oposición a la política de ajuste y represión de quienes gobiernan es necesario seguir construyendo la unidad de lxs luchadores en el camino del plan de lucha, el paro, y la huelga general.

El próximo plenario de trabajadores y la juventud que se realizará en los próximos días será un refuerzo de conjunto a la lucha obrera y popular. El derecho a la protesta, y todas las demás libertades democráticas se defienden en la calle.

Dólar "libre", trabajo esclavo

Hay que frenarlos con la huelga general. -

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