Libertades democráticas
2/3/2026
Derrotemos la reaccionaria Ley Penal Juvenil
La criminalización de la juventud es una política de estado.
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Imagen: archivo.
El Senado sancionó el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Por la aprobación votaron los senadores mileístas, radicales, el PRO y Provincias Unidas; por el rechazo lo hizo el fracturado bloque peronista de Unión por la Patria. De esta forma, la Cámara Alta convirtió en ley la media sanción previamente votada en Diputados con 149 votos positivos y 100 negativos.
Cristina, Pichetto y la baja de la ley de imputabilidad
Por estos días, Cristina Kirchner recibió a Miguel Ángel Pichetto en su domicilio, donde continúa detenida. Esta fue la noticia política más relevante en la agenda de la exvicepresidenta, quien no abre la boca desde hace dos meses. Cristina no rompió el silencio ni siquiera para referirse a la aprobación de la reforma antiobrera votada en el Congreso, lo que no debería llamar la atención, siendo que la titular del PJ nacional ya hace mucho tiempo que clama por "la modernización de las leyes laborales", o sea por la reforma laboral. El coqueteo con Pichetto y el acuerdo implícito de no remover el pasado –como pide el derechista Guillermo Moreno– le pasa el trapo a la no tan lejana pertenencia al macrismo del hoy diputado por Encuentro Federal. El veterano carrerista, que ensaya un retorno al peronismo "moderno", votó a favor de la reforma del Régimen Penal Juvenil.
Para los seguidores de Cristina, esta convergencia con el pichetto-morenismo respondería a una táctica para ponerle límites a las aspiraciones presidenciales de Kicillof, quien se quedó con la jefatura del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ocultan de esta forma que también Cristina Kirchner apoya la baja de la edad de punibilidad hasta los 14 años. En vísperas de la votación en el Congreso circuló un viejo video de Cristina Kirchner, entonces presidenta, donde declaraba que le parecía "lógico" bajar la edad de encarcelamiento de los menores de 16 a 14 años. Para cubrirse, afirmaba que la disminución de la edad no podía ser una medida aislada, sino que debía enmarcarse en una ley de Derecho Penal Juvenil votada por el Congreso. Esto es lo que terminó ocurriendo el 27 de febrero con el paquetazo del Régimen Penal Juvenil de Milei, de cuya legalidad se jacta Patricia Bullrich por haber sido votada por la amplia mayoría de los "representantes del pueblo". Ninguna legalidad ni legitimación, porque la baja de la edad de punibilidad entra en contradicción con tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Las promesas de derogaciones futuras si el peronismo vuelve al gobierno en 2027 son puro humo por parte de un peronismo adaptado a la ofensiva derechista. Ni La Cámpora de Máximo ni el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof tomaron la menor iniciativa de movilización popular contra este atropello a las libertades públicas y ataque a la juventud.
Los que rechazaron y los que votaron a favor
En el fragor de la agenda reaccionaria impuesta por Milei, pasaron relativamente desapercibidas las argumentaciones de los senadores peronistas que votaron en contra. Para el chaqueño Capitanich, "este proyecto de ley sin financiamiento es letra muerta". En la misma tónica, al voluble senador por Santiago del Estero, Zamora, le preocupa el costo que pueda tener la ley aprobada y de dónde saldrá la plata. Los gobernadores de Provincias Unidas –que instruyeron a sus senadores para votar la ley– manifestaron "preocupaciones" similares.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, pidió el financiamiento adecuado para que la ley "no quede en un discurso". Para el peronismo cordobés, la cuestión radica no en el contenido reaccionario y persecutorio del Régimen Penal Juvenil, sino en quién va a poner los recursos y de dónde van a salir los 23.700 millones de pesos anunciados. Mientras regatea y rapiña, la "tercera vía" sigue votando todo lo que le pide Milei. El pan-peronismo que entusiasma a Pichetto y, por extensión, a Cristina, apoya la criminalización de los menores y es un apéndice de la barbarie liberfacha.
Sergio Berni vuelve a escena
Otra noticia que no ha tenido la suficiente trascendencia es la designación de Sergio Berni –por cuenta de Máximo Kirchner– como jefe de bloque del peronismo bonaerense en el Senado. Berni vuelve –ahora rescatado por el kirchnerismo– a las primeras planas de la política bonaerense, a las que supo elevarlo el gobernador Axel Kicillof cuando lo designó ministro de Seguridad y jefe de la Bonaerense durante su primer mandato. Las críticas de Berni a la ley penal juvenil, tratándola de ineficaz, son el colmo del cinismo, al punto tal que fueron compartidas por diputados y senadores "libertarios". Para el jefe de bloque peronista, el delito "no tiene edad", poniendo como ejemplo a países como Brasil, donde las penas carcelarias son aplicables a los menores de 12 años, y al "civilizado" Reino Unido, donde niños de 10 años fueron condenados a prisión de por vida. Quiere carta blanca para encarcelar a niños aún más chicos.
Berni es un defensor a ultranza de la punibilidad de los menores, al igual que de la mano dura, el gatillo fácil y la doctrina Chocobar, coincidiendo en esto públicamente con Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de Milei. El reciclado Berni tiene muy en claro que no hay política represiva ni carcelaria que se sostenga sin la impunidad policial. Que Berni conduzca el bloque de senadores peronistas en la Legislatura es toda una definición del rumbo derechista que adopta el kirchnerismo.
Lapidario informe de la Comisión Provincial por la Memoria
La vulnerabilidad de las niñeces ha sido una constante que atravesó a todos los gobiernos. La CPM denuncia que las leyes provincial y nacional de la niñez carecieron en los últimos veinte años de los recursos necesarios para hacerlas operativas y efectivas. Es decir, que son un relato fraudulento. La contrapartida –destaca la Comisión Provincial por la Memoria– son los incrementos de los fondos y presupuestos para las fuerzas de seguridad, que "lejos de prevenir los delitos, los regulan pactando con las redes del narcotráfico y otros delitos complejos que crecen en los territorios". La baja de la edad de responsabilidad penal no termina en los catorce años y representa una tendencia fascistizante a juzgar y a encerrar a niños y jóvenes cada vez más pequeños. Disciplinamiento social y represión ejemplificadora. En su Informe Anual, la CPM es tajante cuando denuncia que la Ley Penal Juvenil de Milei consagra el fracaso de las políticas de defensa de las niñeces anteriores y que esta responsabilidad le cabe en primer lugar al Estado.
Refiriéndose a la justicia penal juvenil, subraya que, en lugar de profundizar la especialización del fuero, su proceder se asemeja cada vez más a las prácticas judiciales de los adultos. Los resultados de esta criminalización de la juventud y de la pobreza son lapidarios. "Los lugares de encierro para niños y jóvenes son cárceles donde el régimen puede incluso ser más grave que el de las cárceles de adultos". En la provincia de Buenos Aires –donde ocurren casi la mitad de los hechos delictivos de todo el país– los menores de 18 años cometieron 88 homicidios dolosos; de estos, 25 correspondieron a menores de 16 años. En el mismo año ingresaron a las cárceles de jóvenes 1236 menores de 18 años, de los cuales 276 eran menores no imputables al momento. El informe 2025 agrega que, en la mayoría de estos casos, los jóvenes arrastraban problemas de consumo problemático de drogas o habían sido captados por redes delictivas, cayendo en la reincidencia. Bajar la edad de punibilidad –concluye– solo redundará en más detenciones por delitos menos graves y no resuelve la inseguridad ciudadana.
Kicillof buscó en su momento diferenciarse de aquellos que apoyan la baja de la edad de imputabilidad. Una vez votado el Régimen Penal Juvenil, el gobernador bonaerense mantiene un "prudente" silencio para no perder aliados en la interna por la conducción del peronismo nacional. En enero de este año, Javier Alonso –sucesor de Sergio Berni al frente de la cartera de Seguridad provincial– aclaraba, por si hacía falta, que la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires permite "privar de la libertad" a los menores de 18 años. La reeducación y el derecho al futuro del que habla Alonso son desmentidos por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Dice el informe citado que "el tiempo de aislamiento supera las 18 horas diarias, el acceso a la educación o formación laboral es nulo o deficiente, los internos menores son sometidos a torturas y malos tratos y falta el abordaje con la familia y el entorno de los jóvenes para acompañar su reinserción". No hay reeducación sino castigo y violencia. En 2025, la CPM constató 1.416 hechos de violencia contra menores detenidos, que van desde la tortura, agresiones físicas, agresiones verbales o psicológicas, a la falta y deficiente asistencia de la salud, de acceso a la justicia, junto a la afectación del vínculo familiar y limitación exprofeso de actividades deportivas, culturales, recreativas y laborales. En síntesis, un régimen vejatorio donde los traslados y requisas violentas son moneda corriente. Esto es lo que ocultan los "nacionales y populares".
Régimen penal clasista y criminal
El gobierno "libertario" y la burguesía festejan la aprobación de una ley que permite condenas de hasta quince años de cárcel para menores. Los que hablan de combatir la delincuencia juvenil –el porcentaje de menores de 18 y 16 años involucrados en delitos de sangre es menor al 2 %– son los mismos que desmantelan el sistema de salud pública, los hospitales y centros dedicados a la atención de adicciones, y los que persiguen a las organizaciones políticas populares y piqueteros que luchan en los barrios contra el flagelo de los narcos, asociados a punteros patronales y capos de la Bonaerense y la Federal. La criminalización de la juventud está al servicio del fortalecimiento del aparato jurídico, policial y represivo del Estado capitalista. Bajo el capitalismo, las cárceles –cuya brutalidad es sancionada como un acto de justicia y revancha– son maquinarias de aniquilamiento de la voluntad humana y escuelas del delito. El latiguillo reaccionario de los bukeles argentinos machaca y repite que los "derechos humanos" no son para los delincuentes, dando vía libre a la brutalidad policial y a las razzias en los barrios.
La violencia institucional es una política de Estado que está dirigida principalmente contra los trabajadores y los jóvenes que luchan, se organizan, ganan la calle y ocupan las fábricas en defensa de los puestos de trabajo, los salarios y los derechos laborales. Como denunciaron los diputados del Partido Obrero, Néstor Pitrola y Romina Del Plá, el Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de punibilidad son una declaración de guerra contra la juventud pobre. Quienes desfinancian la educación, pagan becas de miseria, precarizan el empleo y persiguen a los jóvenes son los autores de esta ley infame, que debemos rechazar y derrotar. Será una de las banderas fundamentales el próximo 24 de marzo, cuando se cumpla el 50 aniversario del golpe genocida de 1976.
