El DNU 941/2025, publicado a comienzos de enero, lejos de haber quedado como un hecho administrativo más del verano político, se perfila como una pieza central del andamiaje represivo que el gobierno de Javier Milei viene montando contra las libertades democráticas. Bajo el pretexto de “actualizar” el sistema de inteligencia, el decreto consolida un salto cualitativo en las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fortaleciendo lógicas de espionaje interno que las experiencias de lucha en Argentina han asociado históricamente con la persecución política y social.

Este reforzamiento del aparato de inteligencia no ocurre en el vacío. Se inscribe en un cuadro general de ajuste brutal, ofensiva contra las organizaciones obreras y criminalización de la protesta social, y se completa con un dato político decisivo: el DNU lleva la firma del teniente general Carlos Alberto Presti, recientemente designado como ministro de Defensa, lo que ha sido ampliamente cuestionado como un quiebre de la “conducción civil” de la cartera desde 1983. Un corrimiento que no es simbólico: expresa la voluntad del gobierno de integrar cuadros militares al dispositivo de control estatal interno y de vigilancia sobre los conflictos sociales en línea con la rehabilitación política de las Fuerzas Armadas, un rasgo político tallado en el ADN del gobierno de Milei tras elegir como vicepresidente a la defensora de genocidas Victoria Villarruel. A esta orientación se suma la reciente publicación en Boletín Oficial del DNU 34/2026, que establece cambios en la Ley para el Personal Militar (N.° 19.101), con el objetivo de habilitar al personal de las Fuerzas Armadas que ocupen cargos políticos, no solo en el Ministerio de Defensa, a seguir prestando servicio efectivo.

Qué cambios introduce el DNU 941

El DNU reconfigura el sistema de inteligencia para ampliar el poder operativo, presupuestario y territorial de la Side sobre el conjunto del Estado. Declara que toda actividad de inteligencia es “encubierta” (art. 2 bis) y define la “investigación de inteligencia” en términos tan amplios que habilita un uso discrecional (art. 2 ter). Reorienta el eje hacia la contrainteligencia, incorporando como “amenazas” nociones difusas, como acciones de “sabotaje”, “injerencia”, “interferencia” e “influencia” y obligando a aplicar medidas en todo el Sector Público Nacional (art. 2 quater). Crea la CITN (Comunidad de Inteligencia Nacional) y la CIFN (Comunidad Informativa Nacional) para centralizar el flujo de información bajo conducción de la Side, integrando fuerzas federales, áreas militares y organismos civiles como Migraciones y Renaper (arts. 10 bis a 10 quinquies). En los hechos, además obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la Side. A la vez, concentra el control de presupuestos y gastos reservados (art. 7 bis) y habilita el apoyo de Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad a requerimiento de la Side (art. 10 octies). El punto más grave es que otorga al personal de inteligencia facultades de seguridad y la posibilidad de detener personas, sin orden judicial, en el marco de actividades de inteligencia o “flagrancia” (art. 10 nonies), combinando secreto, discrecionalidad y capacidad compulsiva en un esquema diseñado en función del disciplinamiento de la conflictividad social.

Inteligencia y migrantes

En este sentido, los recientes operativos antiinmigrantes en Villa Celina, en La Matanza, son una señal de alerta. Bajo la cobertura de “procedimientos migratorios”, se desplegaron acciones que incluyeron tareas de inteligencia territorial, relevamiento de personas y un fuerte componente de hostigamiento estatal. La intervención de la Agencia Nacional de Migraciones, en coordinación con fuerzas de seguridad, mostró cómo la política migratoria comienza a ser utilizada como una vía indirecta para el control social, abonando un clima de sospecha permanente sobre amplios sectores populares. El hilo internacional de este giro represivo es directo: el gobierno de Milei ensaya una versión local del dispositivo que Donald Trump consolidó con el ICE en Estados Unidos, basado en redadas, detenciones masivas y despliegue federal sobre barrios obreros y comunidades migrantes, una ofensiva que ya ha producido los asesinatos a sangre fría del trabajador de la salud Alex Pretty y de Renee Good y, en consecuencia, movilizaciones y una huelga general en Minneapolis, estado de Minnesota, el pasado 23 de enero. 

No es casual que esta deriva se produzca en paralelo al fortalecimiento de la Side. La combinación entre inteligencia estatal y política migratoria represiva recuerda los peores antecedentes de criminalización por origen nacional, ahora reconfigurados bajo un discurso “modernizador” que habla de eficiencia, orden y lucha contra el delito. En clave histórica, el engranaje Side-Migraciones-fuerzas federales recupera, con ropaje “securitario” contemporáneo, una matriz de Estado de clase que Argentina ya conoció desde principios del siglo XX. La Ley de Residencia de 1902 fue un instrumento explícito para perseguir y expulsar militantes obreros socialistas y anarquistas bajo la acusación de “alterar el orden”, usando la condición migrante como palanca represiva. 

El antecedente de la causa contra el Polo Obrero

Desde la asunción de Milei, el uso político de la inteligencia estatal tuvo una expresión concreta en la causa armada contra el Polo Obrero, donde la persecución judicial se apoyó en la recopilación sistemática de información sobre el funcionamiento interno de la organización, su estructura, sus vínculos políticos y su inserción territorial, un tipo de relevamiento que excede cualquier auditoría administrativa y remite directamente a prácticas de inteligencia política. Este antecedente confirma que el DNU 941/2025 no inaugura una orientación nueva, sino que viene a darle cobertura legal a un modo de operar ya ensayado por el gobierno, en el que la Side y el aparato estatal de información funcionan como herramientas para anticipar, vigilar y reprimir la organización de la lucha social.

Crecen los pronunciamientos contra el DNU 941

Desde el 2 de enero en adelante se acumularon pronunciamientos públicos que confirman que no estamos ante un “retoque técnico”, sino ante un salto cualitativo. En ese marco, la APDH reclamó el rechazo inmediato del decreto, denunciando el debilitamiento de garantías básicas y la ampliación discrecional del poder de la Side. El Cels y Amnistía Internacional, junto a otras 20 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran también Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Vía Libre, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), ANDHES, la Fundación Huésped y Greenpeace, alertaron sobre la inconstitucionalidad del DNU 941 y señalaron que elevarán el reclamo a la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las libertades democráticas se defienden luchando y en las calles

El fortalecimiento de la Side como actor central de la vida política interna marca un retroceso histórico. No solo porque reinstala prácticas de espionaje que nunca fueron desmanteladas del todo, sino porque lo hace en un contexto de crisis social profunda. El gobierno de Milei necesita un aparato de control reforzado porque sabe que su programa económico es incompatible con cualquier forma de consenso social duradero. La licuación salarial, los despidos, la destrucción de conquistas sociales y el ataque sistemático a las organizaciones obreras generan resistencias que el oficialismo busca anticipar y neutralizar. Es desde esta perspectiva que el DNU 941/2025 debe ser leído como una herramienta preventiva contra las luchas que vendrán.

El DNU 941/2025 se inscribe en una secuencia de avances sobre las libertades democráticas producidos en el marco del régimen democrático. Durante el macrismo, por ejemplo, se institucionalizó el ciberpatrullaje sobre redes sociales como herramienta de vigilancia preventiva, una práctica que fue profundizada y normalizada bajo el propio gobierno de Milei, con seguimiento de activistas, periodistas y organizaciones sociales en nombre de la “seguridad”. En una perspectiva más larga, la Ley Antiterrorista sancionada bajo el kirchnerismo constituyó un punto de inflexión al introducir figuras penales vagas y abiertas que habilitaron la criminalización de la protesta social. Estos antecedentes confirman que el DNU 941 no surge de la nada, sino que lleva a un nuevo nivel un entramado represivo construido en democracia por distintos gobiernos y que hoy el mileísmo radicaliza y centraliza bajo la conducción de la SIDE.

Mantener este decreto en el centro de la agenda política, exigir su rechazo y organizar una respuesta desde el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los sectores populares es una tarea urgente. En esa pelea, las bancas del Partido Obrero y del Frente de Izquierda Unidad constituyen un punto de apoyo para dar la lucha en el terreno parlamentario y exigir que el DNU 941 sea rechazado de inmediato por el Congreso Nacional ni bien se inicie el período de sesiones extraordinarias convocado a partir del 2 de febrero. Los políticos que se reivindican “republicanos” deberán dar explicaciones si permiten que siga en pie una policía secreta del régimen, que operará mediante grupos de tareas con cuantiosos fondos secretos, mientras se niegan recursos a la universidad, la discapacidad y los jubilados. La defensa de las libertades democráticas en Argentina, hoy amenazadas por el fortalecimiento de la Side, requiere una movilización sostenida en las calles, inseparable de la pelea contra el ajuste, la criminalización de la protesta y el régimen autoritario que el gobierno de Milei pretende consolidar.

La crisis de “los de arriba” en la Argentina de Milei y la lucha de los trabajadores

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