Libertades democráticas
30/12/2025
El fallo que declara que el protocolo antipiquetes de Bullrich es ilegal
Vamos a defender el derecho a luchar contra este gobierno ajustador y represor.
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Represión.
El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por el gobierno de Javier Milei y aplicado bajo el mando de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. El fallo hace lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la cual el Partido Obrero fue parte, y establece que el protocolo es ilegal por presentar vicios en su conformación jurídica y violar garantías constitucionales elementales.
En su resolución, el magistrado señala que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva al Poder Legislativo, vulnerando la división de poderes. El protocolo, que fue impuesto por una simple resolución ministerial, buscó establecer un régimen de excepción permanente contra la protesta social, habilitando la intervención represiva de las fuerzas de seguridad y el cercenamiento del derecho a manifestarse.
La aplicación del protocolo antipiquetes tuvo como contracara una escalada represiva concreta contra los sectores más vulnerables y los luchadores populares. Bajo las órdenes de Bullrich se desplegaron operativos brutales contra jubilados, con adultos mayores golpeados y heridos por las fuerzas de seguridad, niños gaseados en movilizaciones y el caso emblemático de Pablo Grillo, quien recibió un disparo en la cabeza durante una represión. En total, segun el Cels, se contabilizan 1.400 heridos desde que se aplica dicho protocolo.
Bullrich amparó al gendarme Guerrero —procesado como responsable del ataque a Pablo Grillo— y avaló una política de gatillo fácil que refuerza la impunidad policial. La represión también alcanzó a personas con discapacidad y se complementa con la persecución judicial a luchadores, dirigentes piqueteros y organizaciones que enfrentan el ajuste, confirmando el carácter profundamente represivo del régimen que este fallo viene a desnudar.
El fallo constituye un golpe a la política represiva del gobierno libertario, que desde el inicio de su gestión intentó disciplinar al movimiento obrero y popular mediante la criminalización de la protesta. No es casual que el Ejecutivo haya anunciado de inmediato que apelará la decisión judicial, reafirmando su decisión de sostener un dispositivo ilegal y antidemocrático.
La defensa a ultranza que el gobierno hace del protocolo antipiquetes parte de la necesidad de montar un dispositivo represivo que le permita avanzar con su agenda antiobrera. Milei y Bullrich necesitan la criminalización de la protesta para imponer una reforma laboral regresiva, nuevos ataques a las jubilaciones, despidos, privatizaciones y un ajuste brutal contra el pueblo trabajador, consciente de que ese programa solo puede aplicarse enfrentando y reprimiendo la resistencia popular.
Sin embargo, lejos de cumplir el objetivo que Milei y Bullrich se trazaron, el protocolo antipiquetes fracasó en su intento de terminar con las manifestaciones callejeras. A pesar de su aplicación, el país fue escenario de grandes movilizaciones de trabajadores, jubilados, estudiantes, organizaciones piqueteras y sectores populares contra el ajuste, los despidos, la licuación salarial y el ataque a la educación y la salud públicas.
Este fallo se inscribe, además, en un contexto de creciente resistencia social frente a un plan de guerra contra las condiciones de vida de las mayorías. El gobierno pretende defender el protocolo como una herramienta para imponer la reforma laboral, avanzar en nuevas privatizaciones y profundizar un ajuste brutal que beneficia al capital financiero y a los grandes empresarios a costa de los trabajadores.
La declaración de ilegalidad del protocolo antipiquetes refuerza la lucha en defensa del derecho a la protesta y expone nuevamente el carácter reaccionario del gobierno de Milei y Bullrich. Solo la movilización popular, en las calles y con independencia política, podrá derrotar el plan de ajuste y represión del régimen libertario.
