Este 24 de marzo la movilización independiente del Encuentro Memoria Verdad y Justicia volverá a levantar las banderas de los 30 mil detenidos desaparecidos y la exigencia de juicio y castigo a los genocidas, pero también ocupará un lugar importante el reclamo del cese de la criminalización de la protesta social y la persecución política a los luchadores, como sucede particularmente en Mendoza.

En esa provincia el gobernador, Alfredo Cornejo, persigue con especial saña a dirigentes del Polo Obrero, como Lorena Torres, quien se encuentra procesada por luchar contra el hambre en la provincia. Lorena es embarazada a término y su defensa está pidiendo la postergación de la audiencia donde la jueza deberá resolver si eleva a juicio las imputaciones que pesan sobre ella, puesto que está en fecha de dar a luz. Un pedido elemental que sigue sin ser concedido.

Con este avasallamiento, el objetivo de Cornejo es amedrentar a quienes se organizan en oposición al brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y se replica en Mendoza, junto al protocolo antipiquetes inconstitucional de Patricia Bullrich.

Otro dirigente del Polo Obrero de la provincia que sufre la persecución política es Martín Rodríguez. Martín fue detenido en su casa de manera arbitraria bajo la figura inconstitucional de la “reiterancia”, luego de la movilización del 24 de enero en el marco del paro de la CGT, tras un proceso de persecución judicial que lleva más de dos años, una detención previa y el armado de ocho causas. Fue luego condenado en el marco de un juicio abreviado arrancado a base de la extorsión de una encarcelación indefinida, a la espera de un juicio de fecha incierta, y amenazado con una condena de hasta 16 años de prisión.

Víctor da Vila, dirigente del Partido Obrero y exlegislador de la provincia, también enfrenta una causa judicial luego de haber sido detenido en plena movilización del 24 de enero. Recientemente viajó a CABA para denunciar esta criminalización a la protesta del gobernador Cornejo, y se reunió con ese fin con diputados nacionales, dirigentes sindicales y referentes de la lucha por los derechos humanos para difundir que el 20 de marzo se realizará en Mendoza una audiencia en defensa del derecho constitucional a manifestarse.

A esto se agregan las imputaciones a Jimena Báez y Ernesto Huerta, dirigentes de la izquierda y movimientos piqueteros; el procesamiento de Nora Moyano, activista de las asambleas del agua; la audiencia de elevación a juicio contra Raquel Blas y Roberto Macho; y el pedido de desafuero de Carina Sedano, secretaria general del sindicato de trabajadores de la educación Sute. Mendoza se ha transformado en un laboratorio de la persecución a los luchadores populares y opositores políticos, violando las libertades democráticas.

La política de Alfredo Cornejo es además un ensayo general de lo que Javier Milei y Patricia Bullrich están intentando aplicar a escala nacional con el protocolo antipiquetes y el endurecimiento de la legislación represiva. Es a la vez una orientación de Estado en provincias gobernadas por distintos colores políticos; como en Chubut, donde mantienen procesados a luchadores que defienden el agua contra la meganinería contaminante, como el diputado de el Partido Obrero en el FIT-U, Santiago Vasconcelos; o en Jujuy, donde el sucesor de Gerardo Morales mantiene procesado a Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero, por organizar la lucha contra la reforma constitucional reaccionaria y el ajuste a los salarios.

Solo podremos defender las libertades democráticas mediante la lucha, y por eso es fundamental que este 24 de marzo en todo el país se escuche bien fuerte el repudio a la política persecutoria de Cornejo y el reclamo por la absolución de todos los luchadores y el cierre de las causas.

Defendamos nuestro derecho a luchar y organizarnos, porque los que deberían estar condenados son quienes nos han llevado al hambre, miseria y pobreza en este país. Es una de las principales banderas que vamos a llevar este 24 de marzo a las plazas de Argentina.