Libertades democráticas
20/12/2025
Exigimos la libertad a los detenidos del Chubutazo
Absolución de todos los condenados. Luchar no es delito.
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Movilizaciones en 2021.
La Cámara Penal de Trelew ratificó las condenas de los vecinos y vecinas de Chubut que fueron injustamente llevados a juicio y condenados por la rebelión popular que en 2021 logró la derogación de la ley de zonificación minera tras una semana de masivas movilizaciones y feroz represión en las calles. El19 de diciembre de 2025, horas después de conocerse el fallo de los jueces Cesar Zariategui, Alejandro de Franco y Adrian Barros, fue librada por la fiscal Florencia Gómez con una celeridad extraordinaria la orden de detención para dos de los manifestantes condenados Naum Vargas y Damián Díaz, cuya condena es de cumplimiento efectivo.
Es muy grave que tengamos en Chubut a dos compañeros presos por defender el agua y el territorio en el Chubutazo, jornadas de las que participamos miles de personas y producto de una causa completamente trucha. Es urgente ser nuevamente miles en las calles para exigir la libertad inmediata de Naum y Damián, y la absolución de todos los condenados. Denunciar la responsabilidad de todo el arco político y volver a decir "no es no".
Condenas dictadas por el poder político
La causa se armó al servicio del poder político, con una gran colaboración mediática y con el claro objetivo de criminalización de la protesta socioambiental y contra la megaminería, en un contexto de intento de avance extractivista y de anuncios del gobernador Ignacio Torres y Milei con intención de avanzar en la explotación del uranio. Hay una gran necesidad del gobierno de Torres de señalar culpables y amedrentar a las asambleas y al activismo ambiental, a las organizaciones que luchan, a los pueblos originarios, a las fuerzas políticas de izquierda y a cualquier vecino de a pie que pretenda hacer uso de sus derechos a la defensa de los bienes comunes como el agua y el territorio.
El peronismo provincial es un actor fundamental en el mismo sentido. Cuando se trata de extractivismo y saqueo no existe grieta ni oposición de los partidos tradicionales que valga: son los primeros responsables de la iniciativa de la zonificación minera, de su tratamiento exprés e ilegal, del rechazo de la iniciativa popular, la represión y la judicialización en todas estas instancias de la mano del exgobernador Mariano Arcioni.
También son manifiestos garantes de todos los negociados extractivistas que se cocinan gobierno tras gobierno y que benefician a los mismos grupos económicos de siempre, en detrimento del ambiente, la salud y las necesidades populares cada vez más descubiertas. Sin ir más lejos, fueron los impulsores del proyecto de resolución que fue aprobado en la Legislatura provincial para pedir que se caiga la probation que les había sido concedida por la jueza Martini y exigir que vayan a juicio, en una clara intromisión de poderes y obsecuencia a los dichos de Torres, que en referencia a la jueza interviniente salió a decir en los medios que si tenía miedo se comprara un perro.
La causa
Todo el proceso estuvo plagado de irregularidades: sin pruebas, con un accionar nefasto de la fiscalía a cargo de Florencia Gómez, con un ensañamiento manifiesto hacia los acusados, con una mayoría de testigos pertenecientes a la misma fuerza policial, con el guiño permisivo de los distintos jueces y juezas intervinientes y la presión patotera del gobernador Torres, el PJ y de las demás fuerzas políticas del régimen.
En agosto se conoció la sentencia dictada por el juez Allende, luego de varios pedidos de impugnación por parte de los abogados defensores por vicios en el proceso y el pedido de recusación de la Jueza Ponce por parcialidad manifiesta. Dos de los acusados fueron absueltos en esa oportunidad, uno de ellos era Lautaro Martínez, quien se había quitado la vida el día anterior de conocerse el fallo, en un contexto de extrema vulnerabilidad y con la persecución del Estado. Lautaro había estado detenido durante parte del proceso.
El 4 de diciembre pasado se desarrolló la audiencia de apelación ante del Tribunal de la Cámara de Apelaciones de Trelew donde nuevamente quedaron expuestas todas las irregularidades, la falta de pruebas y el direccionamiento de la causa hacia condenas netamente políticas. Los jueces Zariategui, De Franco y Barros, haciendo caso omiso y funcionales al poder de turno, confirmaron las condenas. Para la celeridad de la orden de detención se valieron de los cambios recientes en el Código Procesal Penal de la provincia, mediante la cual son suficientes dos instancias para ejecutar las condenas. Tal como advertimos estas modificaciones, así como la reiterancia y otras figuras, fueron graves ataques contra las garantías procesales y un instrumento más de persecución.
El Chubutazo
En diciembre de 2021, luego de que se aprobara “entre gallos y medianoche” la ley del arcionismo que habilitaba la megaminería en la provincia tras casi 20 años de lucha implacable en defensa del agua y del territorio, transcurrieron seis días de masivas movilizaciones y un gran despliegue represivo, que se vivió con mucha intensidad en la ciudad de Rawson como centro neurálgico del poder. El triunfo de esa lucha derivó en la obligatoria derogación de la ley de zonificación minera que tuvieron que aprobar los mismos diputados y diputadas el 21 de diciembre de ese mismo año.
En ese contexto de brutal represión, balas de goma, gases y cacería llevada a cabo por las fuerzas policiales, se presentaron decenas de denuncias por violencia institucional y policial, las cuales fueron rápidamente archivadas quedando vecinos y vecinas que fueron heridos, algunos con mucha gravedad al punto de haber perdido la visión de un ojo o partes de sus piernas, completamente desprotegidos ante un Estado violento y con secuelas no solamente físicas sino también socioeconómicas y psicológicas, que persisten hasta hoy en día.
Desde el Partido Obrero exigimos la libertad de Naum y Damián, presos por luchar, y la absolución inmediata de todos los condenados injustamente. Impulsemos una gran campaña para su liberación. Rechazamos este accionar de persecución y criminalización de la protesta y de la lucha socioambiental que viene escalando ante el intento de arremeter una vez más contra nuestro territorio. Torres, Arcioni y todo el arco político son responsables.
Luchas no es delito. Libertad a los compañeros detenidos.
