Libertades democráticas
29/10/2025
Gestión Bullrich en Seguridad: 1.300 heridos en represiones y el delito en ascenso
Fracasó en su objetivo de "terminar con los piquetes" a fuerza de represión y persecución judicial.
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Foto: archivo.
Patricia Bullrich expuso en la Comisión de Presupuesto un balance sobre su gestión en seguridad, destacando que "ya no hay más bloqueos de empresas ni piquetes" y anunciando nuevas inversiones en la materia. La política de "seguridad" del gobierno nacional consiste en reprimir duramente las luchas de los trabajadores, las cuales, contra lo que sostiene la ministra, no han cesado de existir.
Según el Cels, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 hubo aproximadamente 1.300 personas heridas en el marco de las represiones ejecutadas por el gobierno nacional contra manifestaciones, algunas de ellas de gravedad como el fotoperiodista Pablo Grillo. Milei y Bullrich han demostrado su disposición a ir a fondo en una política de choque armado contra los trabajadores para imponer las reformas que reclama la clase capitalista.
Durante ese periodo, de acuerdo al informe confeccionado por el Cels, los libertarios reprimieron 79 manifestaciones; en promedio resultaron, por protesta, 16 personas heridas. Solo en febrero de 2024, mientras tenía lugar la primera sesión por la Ley Bases, las tropas de Bullrich hirieron a 280 manifestantes, entre ellos el abogado en materia de derechos humanos Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo.
En septiembre, la policía gaseó a una niña de 10 años y a un jubilado con bastón; el policía Cristian Rivaldi fue procesado por ello y se ha pedido la elevación a juicio de su expediente. En marzo de este año, Pablo Grillo recibió un disparo en la cabeza mientras cubría una movilización en defensa de los jubilados, y sufrió una grave lesión craneal; su atacante, el gendarme Héctor Guerrero, está procesado.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó alrededor de 1.251 personas heridas solo en represiones contra movilizaciones durante el primer semestre de 2025. Entre las víctimas hubo 179 periodistas, 132 adultos mayores, 20 defensores de derechos humanos y 4 niños, niñas y adolescentes.
El gobierno empezó a fortificar el aparato represivo del Estado ni bien asumió. Una de sus primeras medidas fue aplicar el protocolo antipiquetes, que constituye una suerte de estado de sitio, emitido para hacer frente a la movilización del 20 de diciembre de 2023 contra el gobierno organizada por el movimiento piquetero combativo y distintas agrupaciones sindicales y políticas. Milei y Bullrich impulsaron, casi a la par, una campaña persecutoria contra las organizaciones populares y piqueteras que incluyó allanamientos a comedores y locales y causas judiciales.
Por otra parte, atacó a periodistas, utilizó la Side para espiar opositores y acaba de firmar un acuerdo con el FBI para reforzar la persecución. También pertrechó a la Policía con nuevo armamento y decretó la introducción de las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna en las fronteras.
Aún así, no pudo evitar que los trabajadores siguieran impulsando luchas contra su plan de ajuste. Las movilizaciones de todos los miércoles de los jubilados lo demuestran, así como también las jornadas de lucha universitaria, los paros y las protestas de los trabajadores del Garrahan y del sector Discapacidad, la toma de la gráfica Morvillo y las distintas medidas de acción que se han venido abriendo paso a lo largo y ancho del país. Sigue habiendo, como se ve, piquetes y bloqueos.
El gobierno necesita policías, gendarmes y milicos fuertes para imponerles a los trabajadores la ofensiva de los capitalistas: reforma laboral, previsional e impositiva. Esto sirve, asimismo, para atemorizar a la población. La función de las fuerzas represivas es defender el dominio de los capitalistas sobre la sociedad, no garantizar la seguridad de la población.
Se sabe que están involucradas en el narcotráfico y otros negocios espurios como las redes de trata. Patricia Bullrich, que anunció un aumento del presupuesto de "combate" contra el narco, está implicada en el narco: su campaña electoral de 2023 habría sido financiada por Lácteos Vidal, empresa ligada a Fred Machado, narco y amigo de José Luis Espert. Al atacar a las organizaciones sociales, el gobierno favorece la proliferación del narcotráfico, ya que aquellas representan una barrera frente a su avance siendo una plataforma de organización de la juventud.
Abajo el gobierno represor.
