Gracias a la enorme campaña, la Justicia mendocina concedió el aplazamiento de la audiencia contra Lorena Torres, dirigente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera de Mendoza, embarazada a término y perseguida por luchar.

Lorena Torres se encuentra imputada por participar de movilizaciones populares, enfrentando el hambre y el empobrecimiento que se cierne sobre la población gracias a las políticas oficiales, y que Alfredo Cornejo replica en Mendoza. Nuestra compañera podría ser condenada por denunciar lo que vivimos todos los trabajadores: un ajuste brutal en la asistencia social en un cuadro inflacionario que parece no tener techo, tarifazos en todos los servicios y licuación de salarios y jubilaciones.

La defensa viene pidiendo la postergación de una audiencia judicial, que estaba fijada para el día 26 de marzo, considerando que Lorena está por dar a luz. La justicia denegaba el pedido argumentando “problemas de agenda”, lo que constituye un grave hecho de violencia de género y una vulneración al derecho a la maternidad. Finalmente la lucha le impuso al gobierno provincial que respete el derecho a maternar de Lorena.

Lorena no es la única procesada por luchar. Martín Rodríguez fue condenado mediante un juicio abreviado, habilitado mediante la extorsión de un encarcelamiento indefinido, a lo que se suma las imputaciones a Jimena Báez y Ernesto Huerta, dirigentes de la izquierda y movimientos piqueteros; el procesamiento de Nora Moyano, activista de las asambleas del agua; la audiencia de elevación a juicio contra Raquel Blas y Roberto Macho; y el pedido de desafuero de Carina Sedano, secretaria general del sindicato de trabajadores de la educación Sute.

La política de Alfredo Cornejo es además un ensayo general de lo que Javier Milei y Patricia Bullrich están intentando aplicar a escala nacional con el protocolo antipiquetes y el endurecimiento de la legislación represiva. Este 24 de marzo seguiremos luchando por el archivo de todas las causas y el fin de la persecución a los luchadores.